La camarera Caroline Kraetzer gana US$40 por hora, el doble de lo que cobra la mayoría del personal de los restaurantes en San Francisco, California.
Pero claro, comer donde ella trabaja es muy caro.
Con un precio fijo de US$140 por persona, La Cigale es uno de los pocos restaurantes estadounidenses que pagan mejores salarios a sus empleados y no permite propinas.
“Lo que ves es lo que pagas. No aceptamos propinas; sus amables palabras y sus visitas recurrentes serán suficientes”, se lee en un mensaje a los clientes.
En Estados Unidos, la ley establece que quienes trabajan en rubros que reciben propinas cobren salarios significativamente menores que en otras actividades, y que la mayor parte de su sueldo no la tenga que pagar el empleador, sino los clientes con la propina adicional.
El salario mínimo nacional en sectores con propinas es de US$2,13 por hora, mientras que en el resto de la economía el mínimo es de US$7,25.
En los negocios que sirven comida, los clientes reciben una sugerencia de propina a adicionar al pagar, que no es el 10%, sino del 18%, 20%, 22% y hasta 25% de la cuenta (en algunos se incluye en la factura sin preguntar).
Kraetzer asegura que es positivo no depender de la generosidad de desconocidos para pagar las facturas.
Si bien los camareros de otros restaurantes pueden ganar mucho dinero con las propinas, ella lo matiza: “A menudo estás allí dos horas antes del servicio y otras dos cuando cierras, después de que los clientes se van, por lo que estás ganando el salario mínimo en esas horas”.
¿Más justo para los empleados?
En el otro extremo de EE.UU., Rachel Miller, cocinera y propietaria de Nightshade Noodle Bar en la ciudad de Lynn, Massachusetts, adoptó un modelo sin propinas hace cinco años, cuando reabrieron sus puertas tras cerrar por la pandemia de covid-19.
Su motivación era lograr un trato más justo para el personal de cocina.
“Los que se deslomaban en la cocina, a menudo los menos visibles y reconocidos, se llevaban a casa una fracción de lo que ganaba el personal de sala en propinas por las mismas horas”, asevera.
En Estados Unidos, los restaurantes sugieren un mínimo de 18% de propina.
A Miller le resultó “profundamente inquietante” ver que el personal masculino blanco recibía mejores propinas que los demás.
“Las propinas permiten a los clientes, consciente o inconscientemente, pagar a las personas de manera diferente según su género, raza u orientación sexual, y no estaba dispuesto a que eso determinara los ingresos de mi equipo”, explica.
Para pagar mejores salarios al personal, Miller también subió los precios en el restaurante franco-vietnamita.
Sus menús de degustación se venden a partir de US$102 por siete platos antes de las 18:00 y US$126 por nueve platos.
“Nuestros precios son más altos que los de un restaurante similar porque cubren el costo total de pagarles a los empleados como es debido”, dice Miller. “Así es el negocio, y lo defiendo”.
Rachel Miller afirma que prohibir las propinas es más justo para su personal de cocina.
Propinas y precios
No todos los restaurantes que han adoptado el modelo sin propinas han tenido éxito, ya que a veces los clientes rechazan que el menú muestre precios más altos.
El restaurante Talulla de Massachusetts eliminó las propinas en 2020 y pasó a remunerar a su personal de forma más equitativa, pero las volvió a implementar en septiembre del año pasado.
“Intentamos mantener nuestro modelo sin propinas simplemente subiendo los precios de nuestro menú un 23%, pero solo pudimos sostenerlo durante los meses de invierno”, dice Danielle Ayer, una de las dueñas.
“Gestionar un restaurante sin propinas resulta más caro en general”, añade.
Esto se debe a que las propinas no se consideran parte de los ingresos de la empresa.
Si un establecimiento sube los precios, su facturación se incrementa y debe pagar más impuestos.
William Michael Lynn, profesor de gestión de alimentos y bebidas en la Universidad de Cornell y autor de The Psychology of Tipping (“La psicología de las propinas”), sostiene que el problema de eliminar las propinas radica en que a los clientes les cuesta comprender los cálculos.
“Los precios más altos en el menú hacen que comer fuera parezca más caro porque la gente no tiene en cuenta que ya no deja propina”, argumenta, “y eso lleva a una menor demanda”.
Amanda Cohen dice que los clientes se alegran cuando se dan cuenta de que no tienen que dar propina.
En Nueva York, el restaurante vegetariano Dirt Candy fue uno de los primeros en prohibir las propinas allá por 2015.
“Quería que fuera más equitativo para todos”, relata la cocinera y propietaria Amanda Cohen, que ahora paga a su personal unos US$30 la hora.
Muchos clientes “se sorprenden gratamente cuando se dan cuenta de que no tienen que dejar una propina del 20% adicional”, comenta.
Cassidy Van der Kamp es una cineasta cuyo documental Tipless (“Sin propina”) se inspiró en su propia experiencia trabajando en un restaurante en Oakland, California, que dejó de aceptar propinas.
Mientras que otros camareros renunciaron, Van der Kamp, a quien originalmente le pagaban unos US$10 la hora más propinas, decidió quedarse y, tras el cambio, ganó US$21 la hora.
“Por primera vez tuve estabilidad, ya que sabía cuánto ganaba (…) y no tenía que preocuparme por las propinas bajas y pensar qué había hecho mal”, recuerda.
“Cansancio por las propinas”
En Estados Unidos, la propina no necesariamente es un agradecimiento por el buen servicio, sino solamente el pago directo al camarero por su trabajo.
Si bien a Van der Kamp le gustó la medida, Lynn dice que uno de los mayores desafíos de pasar a un sistema sin propinas es que puede ser difícil atraer y retener a los camareros a los que les gusta recibirlas.
De todas formas, existe un auge de lo que se ha denominado “cansancio por las propinas”, el creciente malestar de la gente por tener que pagar propinas elevadas.
¿Dejarán más restaurantes de lado esta práctica?
“A pesar del cansancio que genera el sistema de propinas, no creo que vaya a eliminarse a gran escala en un futuro próximo, ya que las desventajas económicas de quitarlo superan las ventajas”, opina Lynn.
De vuelta en Nightshade Noodle Bar, Miller no se arrepiente de su decisión: “La prueba más clara es que el personal se queda”.
“La rotación de personal en este sector es brutal, y tenemos empleados que llevan aquí desde que hicimos el cambio. Tanto mis clientes como mi equipo lo valoran enormemente”.
Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.
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En mayo abrió sus puertas una nueva tienda en la decadente calle principal de la ciudad escocesa de Greenock. Anik African Store ha traído un pedacito de Nigeria, vendiendo ñame, plátano macho, okra y bagre.
No es la única tienda de comida africana que hay aquí; hay otra a pocos metros, lo que muestra los cambios demográficos de la zona.
Según los locales, hace cinco años era raro ver a una persona negra en Greenock. Ahora, cientos de africanos y refugiados se han mudado a la zona.
De hecho, el ayuntamiento local ha ideado un plan para atraer aún más gente a esta zona del oeste de Escocia como medio para frenar el descenso de su población.
Los escoceses “son encantadores y hospitalarios”, afirma Christianah Omilana, propietaria de Anik, quien llegó al Reino Unido en 2021.
“Los inmigrantes vendrán cuando haya trabajo”, añade.
Christianah dice que la gente de Greenock ha sido muy acogedora y amable.
Sin embargo, la falta de empleo ha sido un factor clave en la despoblación de Greenock y la región de Inverclyde. Ninguna otra zona en Escocia se ha visto más afectada por el descenso demográfico.
Los residentes en Inverclyde son 22.000 menos que en 1981. Y se prevé que su población actual, de 78.000 habitantes, disminuya un 16% más en las próximas dos décadas.
La principal prioridad del ayuntamiento es solucionar el problema de la falta de población, logrando que más residentes permanezcan en la zona y atrayendo a otros a nuevos habitantes.
Es un pueblo encantador y acogedor, comenta Sunday, uno de los clientes de Anik, que acaba de mudarse aquí desde Devon.
Él comenzó a trabajar en un hospital de Glasgow y ha venido a Greenock para reunirse con su esposa, quien trabaja en el hospital local, el Inverclyde Royal.
“Si el ayuntamiento local puede proporcionar puestos de trabajo, todo en Greenock cambiará, porque a la gente [de África] le gustaría venir”, agrega Sunday.
“Sugaropolis”
La mayor parte de la población africana de Greenock trabaja o estudia en Glasgow o Paisley, y se ha sentido atraída por la ciudad debido a la vivienda asequible. Muchos han llegado con visados de trabajo cualificado, conocidos como patrocinios, lo que contribuye a reforzar la plantilla del sector sanitario y asistencial.
La estrategia de repoblación del Ayuntamiento de Inverclyde se basa en intentar animarlos a que se establezcan aquí, así como en atraer a otros inmigrantes legales y a personas a las que se les ha concedido el estatus de refugiado para que se muden al lugar.
Sin embargo, la falta de empleo es la raíz de los problemas de la ciudad.
“Es un pueblo fantasma”, dice Tiffany, madre de un niño pequeño, a quien conocemos en un grupo local de padres y bebés. “No hay absolutamente nada. No hay nada que hacer, no hay tiendas. No hay trabajo”.
Esta mujer de 29 años se mudó de Greenock para trabajar, pero regresó para criar a su hijo. Ahora, dice que se enfrenta a la posibilidad de marcharse de nuevo.
“Me cuesta encontrar trabajos que se adapten tanto al cuidado de mis hijos como a mi vida personal. He considerado mudarme de aquí a Paisley porque allí hay muchas más cosas que hacer”.
Si indagas en la historia industrial de Greenock, descubrirás un legado singular: en el siglo XIX, su estatus como centro mundial de refinación de azúcar le valió el apodo de “Sugaropolis”. Además, en esta ciudad costera se construyeron miles de barcos durante casi 300 años.
Más recientemente, el fabricante de ordenadores IBM empleaba a más de 5.000 personas en su campus cerca de Greenock. Pero las instalaciones cerraron definitivamente en 2016.
De hecho, en los últimos cuatro años, se han perdido otros 1.500 puestos de trabajo. Amazon, EE y otras empresas se han trasladado a otros lugares.
Esta misma semana, el astillero local anunció el recorte de aproximadamente una cuarta parte de su plantilla. Mientras tanto, los seguidores del Greenock Morton, el equipo de fútbol local, han creado un fondo de ayuda para intentar evitar la quiebra del club.
La ciudad ha quedado desolada; no es de extrañar que el primer ministro de Escocia, John Swinney, tenga previsto visitarla este mes para conocer de primera mano los problemas.
Si bien muchos africanos trabajan en puestos relacionados con la salud y la asistencia social, las oportunidades laborales para los nacidos en la zona y los refugiados pueden ser difíciles de encontrar.
“Cuando desaparece el trabajo, desaparece la gente”, dice Muriel, una de las decenas de residentes de edad avanzada reunidos en el Lyle Gateway Community Cafe, a tiro de piedra de la calle principal.
Muriel y Pamela charlaron con nosotros en una cafetería ubicada en su iglesia local.
Entre partidas de ping-pong y almuerzos abundantes y económicos, el grupo recuerda una ciudad vibrante, llena de gente y tiendas a las que querían ir.
Ahora reina el desánimo, y palabras como “deprimente” y “vacío” salpican la conversación. Los jubilados también se muestran escépticos ante la estrategia de repoblación del ayuntamiento. Si bien les agrada la llegada de inmigrantes, se preguntan hasta qué punto sería sostenible dicha afluencia.
El ayuntamiento necesita cientos de inmigrantes más cada año solo para mantener estable la población.
—¿Dónde podrían trabajar? —pregunta Pamela—. La gente de Greenock no consigue trabajo, ni hablar de traer a otras personas.
Más funerales que bautizos
Visitamos la cafetería que se encuentra en Lyle Kirk, donde Jonathan Fleming ha sido el pastor de la Iglesia de Escocia durante los últimos cinco años.
Él experimenta de primera mano la crisis de despoblación de la ciudad. Su iglesia celebra “muchos más funerales que bodas y bautizos”, explica.
“Y ese cambio es mucho más drástico que antes”.
La iglesia ha estado apoyando recientemente a algunos refugiados iraníes, y su experiencia es aleccionadora, afirma Fleming. Están desesperados por encontrar trabajo remunerado, pero no lo consiguen.
“Quieren contribuir a la comunidad. Quieren ser independientes y no depender de la ayuda financiera, pero no pueden hacerlo; de hecho, en cierto modo, están atrapados en ella”.
El pastor Jonathan Fleming cuenta la experiencia de la comunidad iraní en Inverclyde.
El número de personas que llegan a Inverclyde procedentes del extranjero se ha triplicado en los últimos tiempos, hasta alcanzar las 750 al año desde 2023. Cientos de migrantes africanos se han asentado en la zona, así como refugiados de Ucrania, Afganistán y otros países, muchos de ellos con historias positivas que contar.
Como parte de su plan de repoblación, el ayuntamiento ofrece clases de inglés para quienes las necesiten y ayuda para acceder a empleos cualificados. Asimismo, se apoya a los centros educativos para que impartan una educación inclusiva y antirracista.
Mo Almalarashid llegó a Greenock en 2018 como refugiado sirio sin saber una palabra de inglés. Dice que encontró una comunidad que lo apoyó y, tras estudiar mucho, ahora trabaja como instructor en un gimnasio local. “Siempre hubo gente dispuesta a ayudarme”, afirma.
Pero han habido tensiones.
Un adolescente local fue condenado a 10 años de prisión el año pasado por planear un asesinato en masa en la mezquita local.
Y en junio, una protesta frente a un hotel local que alojaba a solicitantes de asilo resultó en la acusación de una mujer por un delito de odio y en heridas a tres agentes de policía.
Sin embargo, en las elecciones al Parlamento escocés de mayo, Reform UK, que hace campaña activamente para reducir la inmigración a nivel nacional, quedó en un distante tercer lugar en Inverclyde, a unos 8.500 votos del candidato ganador del SNP (Partido Nacional Escocés), a pesar de haber presentado a su líder escocés en la circunscripción.
Razones para quedarse
Otras áreas administrativas locales se enfrentarán al mismo desafío de despoblación que Inverclyde en los próximos años. Se prevé que la población de Escocia, Gales e Irlanda del Norte comience a disminuir en la próxima década.
Stephen McCabe, quien ha liderado casi exclusivamente el consejo municipal de Inverclyde, controlado por el Partido Laborista desde 2007, cree que su plan de repoblación está empezando a surtir efecto. Según él, la población se ha estabilizado en los últimos dos años, principalmente gracias a la inmigración.
La repoblación es la base de todo lo que el Ayuntamiento de Inverclyde espera lograr, afirma McCabe, desde proyectos de vivienda y la renovación de edificios escolares hasta, quizás lo más importante, la creación de empleo.
De pie a orillas del río Clyde, McCabe vislumbra oportunidades en los sectores marítimo, de energías renovables y de defensa, reimaginando el uso del río para el siglo XXI; aunque para ello necesitarán un importante apoyo de los gobiernos escocés y británico.
Cuando se le pregunta sobre los solicitantes de asilo, a quienes en su mayoría no se les permite trabajar mientras esperan las decisiones del Ministerio del Interior, el político reconoce que existe “cierta inquietud”.
Si bien el ayuntamiento ha participado “voluntariamente” en un programa de reubicación del Ministerio del Interior, acogiendo a más de 200 personas que solicitaban asilo, él cree que a la zona “se le ha asignado una parte desproporcionada”, y se dice que un contratista del Ministerio del Interior compró varias casas en la zona.
Pero los inmigrantes y refugiados que pueden trabajar son bienvenidos en Inverclyde, afirma McCabe.
“Sin esas personas, nuestro sistema de salud estaría en serios aprietos… Los refugiados que han llegado han traído beneficios a esta zona. Traerán ambición. Traerán niños a esta zona”.
La población de Greenock no solo está disminuyendo, sino que también está envejeciendo. La falta de niños ha provocado el cierre de una guardería, mientras que las personas mayores tienen mayores necesidades de salud.
Si a esto le sumamos los altos niveles de pobreza en la zona, la presión sobre los servicios públicos aumenta en un contexto de disminución de la base impositiva. Quienes permanecen en la zona pagan más: el impuesto municipal aumentó casi un 8% este año.
Para Matthew Quinn, los políticos deberían centrarse en “los servicios públicos y en garantizar que tengamos un buen entorno para que la gente viva”.
Sin embargo, no hace falta buscar muy lejos para encontrar una visión diferente de Greenock.
A tan solo 15 minutos en coche se encuentra el centro de Gourock, que en su día fue una zona igualmente desfavorecida, y que ahora cuenta con una pequeña y próspera calle principal con comercios independientes, impulsada por una reciente inversión municipal de 5 millones de libras (casi US$7 millones) y por unos residentes con mayor poder adquisitivo.
Matthew Quinn, residente local de 19 años y antiguo miembro del Parlamento Juvenil Escocés, afirma que Gournock ha asumido su futuro como “ciudad dormitorio” y cree que otras partes de Inverclyde deberían seguir su ejemplo.
Matthew opina que el enfoque del ayuntamiento en la creación de numerosos puestos de trabajo locales es erróneo. Afirma que mucha gente ahora trabaja desde casa y que se debería aprovechar la proximidad de la zona a Glasgow, a unos 40 minutos de distancia.
“Si aceptáramos que los puestos de trabajo están en Glasgow, entonces deberíamos centrarnos en los servicios públicos y en garantizar un entorno agradable para vivir. Creo que entonces tendríamos mucho más éxito”, afirma.
“No es que [la gente] esté desesperada por irse, es que no hay razón para quedarse.”
Derek Mitchell espera convertir una refinería de azúcar en desuso en un centro educativo.
“Hay potencial”
Ese es un reto que algunos residentes de Greenock están intentando afrontar.
Derek Mitchell, rebosante de un optimismo contagioso, pretende convertir una antigua refinería de azúcar situada junto a un aparcamiento de Aldi en un centro dinámico que enseñe y motive a los jóvenes.
Según él, centrarse en la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas les proporcionará las habilidades necesarias para el futuro.
“Si se crea un sentimiento de pertenencia, de forma natural y orgánica, la gente no querrá irse”.
Adquirió el edificio como parte de un grupo de vecinos, quienes estiman que necesitará una inversión de 5 millones de libras esterlinas mientras continúan buscando socios.
“Mucha gente está empezando a tomar las riendas de su vida”, afirma. “Ven que hay potencial; están hartos de esperar”.
En un momento en que gran parte de Reino Unido está preocupado por la inmigración, la decisión de Inverclyde de acoger a migrantes y refugiados la distingue.
Su escasez de población es grave, y su solución, sorprendente. Otras comunidades pronto se enfrentarán a un desafío de despoblación similar y podrían tomar como ejemplo lo que está haciendo Greenock.
Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.
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Eliana Yaynes e Iván Venencio se conocieron una mañana en un programa de radio. “¿Vos venís por el tema de la deuda?”, le preguntó ella con total naturalidad. “Sí”, respondió él, como si fuera lo más normal del mundo.
Y es que hoy, en Argentina, tener deudas es muy común. Tan común que -según cifras del Banco Central y de consultoras locales- más de 20 millones de ciudadanos están endeudados y aproximadamente 6 millones están en mora (aquellos que se han retrasado en el pago de sus deudas o simplemente ya no las pagan).
Eso significa, como concluyó la consultora Analytica, que uno de cada tres argentinos tiene problemas para cancelar la deuda que adquirió, sea con un banco, una billetera digital, una casa de electrodomésticos o un prestamista.
El 20 de agosto, el mismo día que Iván y Eliana fueron entrevistados, se realizó en Buenos Aires la primera marcha de ciudadanos endeudados que reclamaban mecanismos para refinanciar sus deudas y protestaban contra la decisión del gobierno de Javier Milei de no intervenir en esta crisis.
Funcionarios del gobierno argentino han definido esta situación como “un asunto entre privados”. El presidente, incluso, llegó a preguntar en una entrevista del medio La Nación+ si “les pusieron una pistola en la cabeza” para endeudarse.
BBC Mundo se comunicó con Presidencia de la República Argentina para solicitar comentarios sobre estas palabras del mandatario, pero no obtuvo respuesta hasta el momento de la publicación de este artículo.
Eliana, quien celebró el triunfo de Milei hace dos años, dice ahora que le parece surreal escuchar este tipo de razonamientos.
“No pueden pensar que una lo hizo de capricho. Una suerte de ‘estaba aburrida y creí que lo mejor para mi vida iba a ser endeudarme’. Esa subestimación es tristísima y es degradante”, le dice a BBC Mundo desde Buenos Aires.
Ella y su marido están pagando cuatro préstamos. “No hice un cálculo fino pero, antes del cuarto préstamo, yo calculaba que debía unos 10 millones de pesos (US$6.620)”.
La postura de Milei generó críticas en grupos de personas endeudadas.
“Si vos no podés sanear las deudas y querés pagar, tenés que tomar crédito. El gobierno lo hace cuando va al FMI (Fondo Monterario Internacional), ¿por qué los de la micro(economía) no lo vamos a hacer?”, dice Iván, quien no votó por Milei ni por su rival peronista en la última elección.
Él y su mujer tienen hoy deudas con bancos y con familiares: “En las dos tarjetas con mi banco debo 10 millones de pesos en cada una. En las dos tarjetas de mi mujer en su banco se deben 8 millones (US$5.295) en una y 9 millones (US$5.957) en la otra”.
Una deuda “impagable”
Iván se acuerda perfectamente del día en que todo empezó a descontrolarse: el 9 de febrero de 2025.
Hasta ese momento, ambos trabajaban como asalariados y, además, él sumaba un segundo ingreso como conductor de automóvil para una aplicación.
Gracias a ese segundo ingreso podían permitirse, por ejemplo, las vacaciones que habían planificado en Brasil ese febrero. Pero al llegar al país vecino con su “familia ensamblada” -él con su hija y su mujer con su hijo- se enteró de que su suegro había muerto.
“Entonces sacamos pasajes para mi mujer y su hijo para que pudieran volver. Eso fue un gasto que no teníamos planificado y, obviamente, se ‘tarjeteó’. Luego mi mujer pierde un embarazo en marzo y, sumado a la pérdida de su padre, arranca con licencia psiquiátrica en su trabajo”, le cuenta a BBC Mundo desde la capital argentina.
En agosto de 2025 se incendió el auto con el que Iván sumaba un segundo ingreso. El seguro solo pagó la mitad y tuvo que endeudarse más para pagar la reparación. A eso hay que sumar que ese segundo ingreso era cada vez menor.
“Mucha gente en el país se fue quedando sin trabajo y empezó a trabajar con el auto. Para que te des una idea, yo cuando empecé en 2021 ganaba un 1,8 millones de pesos (US$1.191) manejando medio tiempo. Cuando pasaron los meses estaba facturando menos de un millón (US$660). Y el alquiler del departamento, la luz y el gas seguían aumentando”.
En noviembre, Iván entró en depresión. Después, tanto su mujer como él se quedaron sin trabajo. Ella ha logrado recientemente uno nuevo y él ahora maneja su auto entre 10 y 12 horas al día para poder pagar los gastos mínimos de la familia, pero no la deuda.
“Cuando empezás a mirar los intereses, es una cosa que se nos tornó totalmente impagable. Ya no intentamos negociar una refinanciación porque no la podemos pagar”.
Iván Venencio y su familia.
El problema de los morosos
Para Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que elaboró un informe sobre el endeudamiento en el país sudamericano, el número de 20 millones de personas endeudadas no es el dato más preocupante.
“A ver, si voy a comer hoy a la noche y pago con la tarjeta, entre el momento de la cena y el momento en que pago estrictamente, estoy endeudado. Para mí el problema son los 6 millones de morosos, es decir, los que tienen 90 días de retraso en el pago de su deuda”.
Para colmo, añade, el 55% de los casi 6 millones -unos 3 millones y medio aproximadamente-, tiene deudas que, técnicamente, se consideran irrecuperables, como la que Iván considera impagable.
El otro factor a tener en cuenta es por qué la gente se endeuda. Si uno pide un crédito para comprar un teléfono móvil -señala Letcher- eso es positivo para la economía. Pero si el préstamo es para pagar la comida del día o los servicios básicos es lo opuesto.
“He hablado con varios presidentes de bancos que me confirman que, más o menos, el 90% del atraso en el pago de tarjetas de crédito son compras en supermercado, básicamente, alimentos”, señala.
En su opinión, la cifra tan alta de deudores morosos es consecuencia de la caída del ingreso de los hogares argentinos, que se ha compensado con endeudamiento.
“Mirá, yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, aquí el subte aumentó 2.000%, el tren 1.800%, los servicios 850%, pero el salario subió un 300%. Y estoy hablando de gastos que uno tiene que pagar sí o sí, porque yo no puedo dejar de tomar el ‘bondi‘ (autobús). Entonces, cuando tomo una deuda para pagar la luz, al mes siguiente tengo que pagar otra vez la luz y aún tengo la deuda”.
Los precios aumentan más que los sueldos en Argentina.
La deuda y sus consecuencias
Eliana no recuerda un día en particular en que todo se fue de control. Fue más bien un proceso gradual
A principios de 2025, ella trabajaba como responsable de un local de decoración y revestimiento pero, en busca de un mejor sueldo, consiguió un trabajo en ventas en un negocio mayorista.
“El problema es que cuando empiezo en mi nuevo trabajo el cuerpo no me dio porque yo trabajé en ventas hasta mis 30 años, y le pateaba, metía, iba, visitaba clientes, pero ahora con 47, el cuerpo me pasó factura. Cada día era salir, intentar y morir en el intento, hasta que lo dejé”.
Paralelamente, su pareja, que desde hacía años trabajaba como conductor de aplicaciones (Uber, Cabify…), vio cómo sus ingresos se reducían debido a la cantidad de gente que comenzó a trabajar también detrás del volante.
“Entonces esa superpoblación hizo que obviamente nos baje a nosotros muchísimo el ingreso acá. Y al no trabajar yo, se empezaron a pagar con tarjeta cosas que antes no se pagaban así, como los gastos del auto: combustible, repuestos, cambios de aceite y filtros”.
La tarjeta que usaban era una extensión de la tarjeta del padre de Eliana y, ante la escasez de efectivo, la única herramienta que tenían para pagar era a través de una billetera virtual.
“Y lo que hacíamos era tratar de financiar todo en cuotas, pero en algún punto era como una mentira, pensar que como lo ‘cuoteás’, las cuotas son chiquititas, pero después, por más que sean chiquititas, si son muchas, se hace una bola de nieve”.
En enero de este año, a Eliana le diagnosticaron un cáncer de mama, que ella atribuye -en parte- a la angustia por las finanzas familiares, y esto la sorprendió sin su cobertura médica privada.
“En octubre del año pasado, por las complicaciones económicas, dejamos de pagar la cuota de la medicina prepaga, pero ahora esto vuelve a ser prioridad y hay que ponerse semi al día con estos pagos, así que cada mes pagamos la cuota más vieja que debemos porque no tenemos dinero como para ponernos completamente al día con toda la deuda”.
“Culpa y vergüenza”
La manifestación del 20 de agosto fue organizada por la CGT (Central General de Trabajadores) en defensa de los trabajadores endeudados, pero también participaron grupos como Endeudadxs Organizados, que se han constituido a partir del acercamiento espontáneo entre personas con deudas.
Fernando Moyano, uno de los tres voceros de este grupo, dijo a BBC Mundo que todo empezó con una deuda que no podía cancelar. Pensaba “que era un fracaso mío personal, pura y netamente”, dice. Hasta que comenzó a contactar con otras personas en su misma situación.
En sus conversaciones con personas endeudadas ha encontrado desde jóvenes que no pueden acceder a un trabajo formal y a un salario decente, hasta jubilados que han perdido el acceso a ciertas medicinas en la salud pública y se endeudan para pagar estos medicamentos.
También habló con gente que se endeudó en apuestas deportivas, ruletas digitales o juegos del celular.
“La cuestión de lo instantáneo, que te permite, por ejemplo, sacar un crédito en minutos desde tu teléfono en una billetera virtual, trae problemas similares a los del juego. La gente prueba suerte porque piensa que eso no le va a cambiar mucho su economía financiera, hasta que llegan las deudas por juego y con eso, la culpa y la vergüenza”.
El principal reclamo de Endeudadxs Oranizados es la declaración a nivel nacional de una emergencia crediticia, que implique un reconocimiento oficial de que esta crisis está ocurriendo y lleve a tomar medidas para contrarrestarla como, por ejemplo, una regulación de lo que se puede cobrar en intereses a los deudores.
Aunque no espera una reacción positiva por parte del gobierno de Milei, Moyano apuesta a los proyectos de ley que se han presentando en el Congreso por parte distintas bancadas.
Muchos argentinos están pidiendo préstamos para costear las compras de productos básicos.
La precarización de la deuda
Hernán Letcherz, de CEPA, explica que los bancos, luego de 180 días de mora, pueden renegociar la deuda con el cliente, no prestarle más mientras le exige el pago de la deuda o vender esta cartera a una agencia externa de cobranza.
Cuando la persona no puede recurrir más al banco, la otra alternativa que tiene -más allá de familiares y amigos- es pedirle prestado a una billetera virtual o a una fintech, empresas que usan la innovación digital para ofrecer servicios financieros rápidos, fáciles y accesibles.
“Es muy fácil sacar un crédito en estas aplicaciones. Yo abro la aplicación, aprieto un botón y tengo la plata en mi cuenta. Después la tengo que pagar. Yo creo que esta facilidad también ayudó a incrementar el nivel de endeudamiento”, dice Letcher.
Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, señala que la adopción de estas billeteras virtuales se consolidó en Argentina durante la pandemia y que estos proveedores de servicios financieros digitales se orientaron desde el inicio al creciente sector informal: trabajadores sin contratos de empleo seguros, prestaciones laborales, protección social o representación sindical.
“Argentina tiene un problema de informalidad muy grande y lo que hacen las fintech es apuntar a ese público. Ellos les dicen a los bancos ‘yo le voy a prestar a alguien a quien vos no le prestás’ y sostienen que lo que hacen es ‘inclusión financiera’”.
Los niveles de morosidad de los deudores de billeteras virtuales suelen ser mayores que los de los bancos y, como las entidades bancarias, las fintech pueden vender estas carteras de morosos a empresas que se dedican exclusivamente a la cobranza.
Estas empresas, indica Letcher, pueden llamar a todas horas a la persona endeudada e incluso divulgar su condición de moroso: “Es muy traumático, yo conozco mucha gente a la que llamaron a su empresa diciendo que estaba endeudado”.
Fernando Moyano junto a las otras dos voceras del grupo, Oriana Fernández y Vanesa Bitocco.
El tercer paso de la precarización del endeudamiento -tras no poder solicitar un crédito a un banco o a una billetera digital- es pedirle dinero a un prestamista con una tasa de interés absolutamente desregulada. La forma de cobranza puede implicar que ingresen a la casa de la persona en mora para llevarse una cocina o el televisor, señala Letcher.
Javier Alonso, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, gobernada por el peronismo, dijo a medios locales que este tipo de cobros se está volviendo cada vez más violento:
“Se han duplicado los hechos delictivos -homicidios, intentos de homicidios, amenazas, tiros en las piernas- porque tenían deudas de dinero con delincuentes, con estructuras de narcomenudeo que están prestando plata. Las familias empiezan pidiendo un millón de pesos y en cinco meses deben 25 millones (US$16.545)”.
Las tasas de interés detrás de la deuda
Cuando BBC Mundo consultó al vocero de Endeudadxs Organizados sobre los obstáculos que encontraba la gente que quería pagar sus deudas pero no lo lograba, Fernando Moyano destacó tres:
“Las tasas de interés abusivas que existen en billeteras virtuales y en los bancos mismos; los salarios, que están congelados y pisados por abajo de los niveles de la inflación, y las tarifas (de los servicios básicos), que están por encima de la inflación”.
Con respecto a las tasas de interés, Caprarulo señala que, mientras la política fiscal del gobierno de Milei no cambió -siempre apostó por la “motosierra” y el recorte de gastos-, la política monetaria y el manejo de las tasas de interés fue más errática.
“Esto generó saltos muy fuertes en las tasas de interés y mucha volatilidad; cuando comenzó a aumentar la mora, las tasas de interés para las familias quedaron en niveles muy altos respecto de la inflación”.
El director de Analytica indica que la tasa nominal anual (TNA) está “en los bancos que prestan más barato” en un 70%, y la inflación proyectada por los próximos 12 meses está, aproximadamente, en un 30%.
Esta información de los bancos es más precisa que la que se tiene sobre otros actores como las billeteras virtuales, explica Caprarulo, porque estos servicios digitales muchas veces modifican las tasas dependiendo del cliente y del préstamo que va a tomar.
Tanto Javier Milei (izq.) como su ministro de Economía, Luis Caputo (der.) han declarado que el Estado no va a intervernir en esta crisis.
“Vos abrís tu celular con una billetera y a vos te va a decir, por ejemplo, que te presta a tal tasa -por tu récord crediticio, por tus ingresos-, que puede ser mejor de la que me va a ofrecer a mí. Al mismo tiempo, el sector fintech presta por plazos mucho más breves: vos podés sacar un préstamo por 10 días y entonces la tasa es distinta”.
Para Letcher, director de CEPA, “cuando pasás de un banco a una billetera, pasas de un costo financiero total (el valor total del crédito o financiamiento que incluye las tasas de interés, los gastos de otorgamiento, de cancelación, IVA y adicionales) de 180% a un costo financiero total que puede llegar al 1.500%, y el nivel de exigencia en la cobranza no es el mismo”.
Las fintech suelen defenderse indicando que le prestan dinero a personas del sector informal que tienen un mayor riesgo de no poder pagar los créditos, por lo que a mayor riesgo, mayor tasa.
Cuando BBC Mundo se comunicó con el Ministerio de Economía para conocer la posición del ministro Luis Caputo sobre los niveles de endeudamiento, el rol del Estado y las tasas de interés que cobran las billeteras virtuales, la vocera del Ministerio nos remitió a una conferencia de prensa del pasado 13 de agosto.
Ese día, consultado sobre tasas de interés de los servicios financieros digitales cuyos valores oscilan entre 400% y 700%, Caputo respondió:
“Si están cobrando tasas de 400% y 700%, obviamente que son abusivas. Hoy no hay nada que les impida a ellos hacerlo. Esa es la realidad”.
Cuando se le preguntó si el Estado iba a intervenir, el ministro reiteró que era un “tema entre privados” y concluyó:
“No hay que confundir la empatía con las políticas públicas”.
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El gobierno de Canadá anunció este martes una serie de aranceles sobre productos de Estados Unidos en una respuesta a las medidas similares que ha tomado el presidente Donald Trump en las últimas horas.
Entre una amplia gama de productos sobre los que Canadá añade impuestos de importación por US$20.000 millones están el acero, los productos lácteos, los electrodomésticos.
La medida es una respuesta a los aranceles del 50% impuestos por el gobierno de Trump a un pequeño porcentaje de productos canadienses tras el fracaso de las negociaciones comerciales.
EE.UU. ya había impuesto aranceles sobre el acero, el aluminio, los automóviles y la madera canadienses.
Los aranceles anunciados por Canadá van en un rango de entre el 15% y el 50% y entrarán en vigor a la medianoche del 8 de septiembre.
En el anuncio, el ministro de Finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne, dijo que su país se enfrenta a un “desafío sin precedentes” de EE.UU., pero agregó que “los canadienses estarán a la altura de las circunstancias”.
Aseguró que las medidas también incluyen un paquete de apoyo por unos US$5.400 millones para los trabajadores y las empresas de su país.
“Cuando Canadá se mantiene unido, nada puede detenernos”, enfatizó.
Entre los principales productos de EE.UU. en el objetivo de Canadá están:
Un arancel del 50% sobre los productos de acero y aluminio que anteriormente solo estaban sujetos a un contrarancel del 25%.
Un arancel del 50% sobre otros productos diversos, entre ellos la miel natural, los muebles, la ropa y las prendas de vestir.
Un arancel del 25% sobre productos como electrodomésticos, productos lácteos (como el queso), pescado y mariscos, y ciertos productos derivados del acero y el aluminio.
Un arancel del 15% sobre ciertos tipos de herramientas y maquinaria, incluyendo montacargas y equipos de aire acondicionado.
La ministra de Industria canadiense, Mélanie Joly, hizo un llamado a los canadienses a consumir los productos de su país para apoyar a los negocios y la industria local: “Si ven un producto canadiense, por favor, apóyenlo”.
“Cuando eligen un producto canadiense, no solo están ejerciendo presión sobre Estados Unidos en este momento, sino que también están protegiendo empleos”, dijo en el anuncio de este martes.
“No podemos esperar a que Washington decida nuestro futuro. Estamos fortaleciendo nuestra economía y construyendo un Canadá más soberano”.
Negociaciones rotas
Las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá se rompieron el viernes y los nuevos aumentos de aranceles por parte de EE.UU. han intensificado las tensiones entre ambos países.
El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció el viernes que no continuaría con el diálogo con Washington, afirmando que las condiciones propuestas por Estados Unidos eran “injustas, antieconómicas y ponían en duda la confiabilidad de cualquier acuerdo”.
En respuesta, Trump impuso un arancel del 50% a algunas exportaciones canadienses. Acusó a su vecino del norte de “estafar” a EE.UU. durante años y de ser una de las “peores naciones del mundo con las que tratar”.
El lunes, el presidente estadounidense anunció que aumentará los aranceles sobre los autos, camiones y piezas automotrices canadienses al 50% a partir de enero, el doble del 25% actual.
Por su parte, Carney también dijo que igualaría los aranceles de Trump “dólar por dólar” en las exportaciones estadounidenses a partir del 8 de septiembre.
“No pudimos aceptar lo que Estados Unidos nos ofreció, ni pudimos dar lo que nos pidieron”, dijo el primer ministro canadiense el lunes.
Agregó que Trump quiere “destruir” las grandes industrias de Canadá, incluida su industria automotriz.
Canadá y EE.UU. comparten una de las fronteras más grandes e integradas del mundo.
“En el peor momento para los republicanos”
Por Gary O’Donoghue, analista de BBC News
Ahora que Canadá ha anunciado sus aranceles de represalia “dólar por dólar”, la escalada de esta guerra comercial no podría haber llegado en peor momento para los republicanos.
Las posibles repercusiones amenazan a varios de los estados que podrían decidir el control del Senado de EE.UU.
Maine, Ohio, Michigan y Alaska dependen de industrias como la pesquera, las piezas automotrices y la madera que cruzan la frontera norte, y en todos ellos se libran reñidas contiendas por el Senado.
La senadora republicana de Maine Susan Collins, uno de los principales objetivos de los demócratas este año, advirtió que las repercusiones perjudicarían a las empresas y a los consumidores estadounidenses, y citó como ejemplos las langostas y los arándanos.
Iowa, aunque no es un estado fronterizo, considera a Canadá como uno de sus mercados de exportación más importantes.
Un importante y respetado analista de las contiendas electorales recientemente movió a Iowa de la columna de “tendencia republicana” a la de “reñida”.
Dado que la asequibilidad es la principal preocupación de los votantes, a los republicanos -que defienden no solo escaños en el Senado, sino también su estrecha mayoría en la Cámara de Representantes- les vendría muy bien evitar este enfrentamiento con su vecino del norte.
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¿Qué margen de maniobra tiene realmente Canadá en la creciente disputa comercial con Estados Unidos, si cerca del 70% de sus exportaciones dependen de su vecino del sur, que además es la economía más grande del mundo?
Canadá es el principal cliente de 26 de los estados estadounidenses, entre ellos Maine, Michigan y Wisconsin. Asimismo, se encuentra entre los tres primeros para 45 de los 50 estados de EE.UU., lo que sugiere que el primer ministro Mark Carney tiene opciones en el actual enfrentamiento.
Por ahora, los aranceles de represalia que Carney planea imponer a EE.UU. son contramedidas estratégicas “dólar por dólar” centradas en el acero, los productos lácteos, los electrodomésticos, los equipos agrícolas, la electrónica, la pulpa y el papel, aunque la lista aún se está ultimando.
Las encuestas sugieren que la mayoría de los canadienses estarían descontentos si su gobierno tomara el camino contrario y hiciera concesiones significativas a EE.UU.
Este sentimiento lo comparte el primer ministro de Ontario, Doug Ford, uno de los críticos más acérrimos de Donald Trump al norte de la frontera, quien respondió a las amenazas arancelarias diciéndole al presidente estadounidense que “se fuera al diablo”.
El Ministerio de Finanzas de Canadá anunció que este martes se darán a conocer medidas adicionales para proteger a los trabajadores y las empresas.
Estas son algunas áreas en las que Canadá puede ejercer presión económica.
Energía y minerales críticos
Carney señaló el sábado que Canadá suministra la gran mayoría de las importaciones estadounidenses de gas natural y electricidad, y alrededor del 60% de las de petróleo crudo.
“No creo que quieran que dejemos de enviar esa energía”, dijo.
Presionar a EE.UU. en materia energética no forma parte de las contramedidas actuales, aunque varios funcionarios han dicho explícitamente que esta opción no está descartada, y no todas las autoridades provinciales se han mostrado dispuestas a utilizar esa ventaja.
Canadá es el principal proveedor de electricidad, gas y petróleo de EE.UU., una ventaja que Ottawa estudia utilizar.
Ford, cuya provincia de Ontario alberga la industria automovilística de Canadá, está abierto a ver hasta dónde puede llegar la disputa y ha dicho que “un recargo energético está sobre la mesa”.
El mandatario regional sugirió brevemente la posibilidad de aplicar un recargo del 25% en 2025 a todas las exportaciones de electricidad a EE.UU., lo que, según estimaciones de su gobierno, afectaría a 1,5 millones de hogares y empresas en Michigan, Minnesota y Nueva York.
El país es también una importante fuente de materias primas clave, como la potasa, un producto utilizado en la fabricación de fertilizantes del que Canadá es el principal proveedor mundial.
“Me encantaría ver a (Trump) hacer funcionar los autos sin petróleo. Me encantaría verlo cultivar verduras y frutas sin potasa”, declaró Ford el lunes.
“El presidente Trump nos subestima, y ese es el mayor error”, agregó.
Canadá también posee importantes reservas de minerales críticos como litio, níquel y grafito.
EE.UU. es el principal destino de las exportaciones minerales de Canadá, otro punto en el que Ottawa podría ejercer presión.
Ford también tomó la iniciativa, declarando en una entrevista con Associated Press que EE.UU. “no obtendrá ni un grano de arena de Ontario”.
Expertos estiman que los nuevos aranceles encarecerán las importaciones y les costarán a los estadounidenses unos 1.100 dólares al año.
Poder adquisitivo
Canadá ya ha demostrado que puede causar problemas económicos en EE.UU.
Incluso antes de que fracasaran las negociaciones comerciales, la decisión de la mayoría de las provincias de prohibir la venta de alcohol estadounidense en las licorerías, en respuesta a la primera oleada de aranceles impuestos por Washington a principios del año pasado, asestó un golpe devastador a ese sector.
El vino estadounidense sufrió un desplome significativo en sus exportaciones, que el Instituto del Vino calificó como “la perturbación de mercado más importante en décadas”.
Las exportaciones de vino estadounidense a Canadá cayeron un 78% interanual, lo que representa una pérdida de US$357 millones en valor de exportación, según datos del gobierno.
La asociación de destiladores reportó cifras similares, indicando que las prohibiciones provinciales han provocado una caída de más del 70% en las exportaciones de licores estadounidenses.
El boicot se mantiene vigente en 11 de las 13 provincias y territorios canadienses. Esta prohibición es motivo de gran frustración para la administración Trump.
Si bien ese boicot al alcohol ha sido impuesto por líderes políticos, también existen decisiones ciudadanas de muchos canadienses que han perjudicado la economía de su vecino, como abstenecerse de viajar a EE.UU.
A pesar de un ligero repunte en los viajes por carretera a EE.UU. en abril, los canadienses realizaron 800.000 viajes menos ese mes en comparación con el mismo período de 2024, antes de que Trump volviera al cargo, según datos nacionales.
El boicot turístico provocó una pérdida de ingresos de aproximadamente US$2.350 millones a EE.UU. el año pasado. Algunas ciudades y estados estadounidenses han hecho un llamamiento a los canadienses para que regresen mediante anuncios específicos y ofertas especiales.
Ante la caída en el número de turistas canadienses, algunas ciudades de EE.UU. han lanzado campañas y ofertas para atraerlos de vuelta.
Presión política
El momento oportuno y la voluntad política canadiense también podrían ser una herramienta para las negociaciones.
Los canadienses saben que sufrirán las consecuencias económicas de esta disputa: los analistas financieros estimaron que los aranceles más recientes del 50% sobre importaciones canadienses por valor de unos US$20.000 millones podrían reducir el PIB del país entre un 0,3% y un 0,6% a corto plazo.
Aun así, la mayoría de los ciudadanos respalda ampliamente la decisión de Ottawa de negociar con firmeza con la administración Trump, y otros líderes políticos canadienses han mostrado un frente unido.
Una encuesta realizada el fin de semana por Angus Reid indicó que alrededor del 76% de los canadienses apoya la decisión de Ottawa de abandonar las negociaciones comerciales, a pesar de la preocupación que sienten por la seguridad de sus propios empleos.
Las elecciones legislativas de mitad de mandato en EE.UU. se acercan rápidamente, con la economía como tema central para los votantes y el control republicano del Congreso pareciendo precario.
Dos de las contiendas senatoriales más importantes se libran en Michigan y Maine, estados que limitan con Canadá y a los que envían la mayor parte de sus exportaciones.
El Laboratorio de Presupuesto de Yale calcula que, según la legislación actual, los aranceles globales de Trump costarán a los hogares estadounidenses unos 1.100 dólares anuales.
Cualquier aumento adicional en los costos de los bienes y el impacto más amplio de la disputa comercial en las empresas podrían generar un mayor descontento del público estadounidense con respecto a la economía.
Canadá es uno de los principales mercados de la industria automotriz de EE.UU. y los nuevos aranceles amenazan con golpear las ventas.
El lunes, Carney afirmó que los trabajadores estadounidenses se verán perjudicados por la reciente amenaza de Trump de aumentar los aranceles sobre los automóviles y las autopartes procedentes de Canadá al 50% después del 1 de enero.
“¿Qué mensaje se transmite a los trabajadores de Michigan, Ohio, Kentucky y Alabama? Estos trabajadores dependen absolutamente de Canadá, su mayor consumidor”, afirmó, y añadió que Canadá compra más autos estadounidenses que la Unión Europea (UE) y otros países.
El lunes, en la cadena de noticias estadounidense CNN, el primer ministro de la Columbia Británica, David Eby, señaló que los consumidores estadounidenses verán el impacto de los aranceles en una gran variedad de productos.
“Si estás construyendo una casa nueva, la madera contrachapada te saldrá más cara; si estás cambiando el suelo, también las chapas de madera; si te vas a casar, las flores de la decoración; y, si vas a pescar, las cañas de pescar también te saldrán más caras”, ilustró.
“Es una política extraña para los estadounidenses. Les va a perjudicar”, remató.
Ford, uno de los líderes canadienses que más ha cuestionado los aranceles de la administración Trump, tampoco descartó la posibilidad de tomar medidas de represalia específicas contra los estados gobernados por los republicanos de EE.UU. y así “asegurarse de que la economía estadounidense sufra las consecuencias”.
En cuanto a las próximas elecciones legislativas de noviembre, Ford dijo: “Si me lo permitieran, estaría allí tocando puertas”.
Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.
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Cuba reúne unas condiciones más que favorables para producir los alimentos que necesitan sus aproximadamente 9 millones de habitantes.
Cuenta con abundante tierra fértil, temperaturas cálidas, frecuentes lluvias, acceso al mar por los cuatro costados y una población relativamente pequeña.
La realidad, sin embargo, es muy distinta.
El país importa alrededor del 80% de los alimentos que consume y gasta en comprarlos unos US$2.400 millones cada año, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU.
Esta enorme dependencia del exterior se ha vuelto aún más problemática a medida que la producción nacional se desploma cada año.
Entre 2018 y 2023, Cuba produjo un 95% menos de carne de cerdo, un 87% menos de arroz, un 70% menos de frijoles y un 58% menos de leche, según las estadísticas oficiales recopiladas por el organismo de Naciones Unidas.
La escasez de estos alimentos básicos se percibe en los mercados de la isla, donde no aparecen o lo hacen a precios inalcanzables para el bolsillo medio, y también en la cada vez más reducida libreta de abastecimiento, incapaz desde hace años de cubrir las necesidades nutritivas a precios subvencionados.
En su Plan Estratégico para Cuba 2026-2030, el PMA advierte que la dieta del hogar promedio en el país aporta menos energía de la necesaria y carece de suficiente variedad y calidad nutricional.
Los mercados estatales cubanos, donde años atrás la población accedía a alimentos, hoy están desabastecidos.
Una historia vinculada al azúcar
La dependencia alimentaria de Cuba no responde a un solo factor y sus orígenes se remontan a muy atrás, cuando gran parte de la economía nacional gravitaba en torno a un solo producto.
“Parte del problema que enfrenta hoy Cuba se remonta al hecho de que durante muchas décadas, incluso un siglo o más, hubo un enorme énfasis en la producción azucarera”, explica a BBC Mundo William A. Messina, economista agrícola de la Universidad de Florida.
El modelo era sencillo: Cuba producía azúcar, lo vendía en el exterior —sobre todo a Estados Unidos— y utilizaba esos ingresos para comprar parte de los alimentos que necesitaba.
“Los acuerdos comerciales hacían muy rentable tanto producir y exportar azúcar como importar otros alimentos”, señala Messina.
Los grandes ingenios azucareros eran el motor de la economía cubana a inicios del siglo XX.
Eso tampoco quiere decir que Cuba no produjera otros alimentos: entre 1955 y 1959, la isla obtenía en promedio unas 183.000 toneladas anuales de carne de vacuno, 39.000 de cerdo y 775.000 de leche, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
La producción de arroz también había aumentado durante la década de 1950 y ya cubría casi la mitad de las 326.000 toneladas disponibles para el consumo nacional, mientras la cosecha de papa rondaba las 108.000 toneladas al año.
Esa producción nacional convivía ya con una importante dependencia del exterior: Cuba compraba arroz, manteca, carne de cerdo o harina de trigo a Estados Unidos, que para 1958 suministraba el 86% de las importaciones agrícolas cubanas.
Así, aunque Cuba produjera y exportara otros alimentos, dependía en gran parte de los ingresos del azúcar para importar otros productos de los que carecía en cantidad suficiente.
Y, siempre que los precios y la demanda exterior del azúcar cubano fueran estables, esa especialización funcionaba sin problema.
Los cambios tras la Revolución de 1959
Tras la Revolución de 1959, EE.UU. pasó a ser el enemigo, al tiempo que la Unión Soviética se consolidaba como principal socio político y comercial.
Moscú comenzó a comprar azúcar cubano a precios preferenciales —por lo general muy superiores a los del mercado mundial— y a cambio le suministraba petróleo, fertilizantes, maquinaria y otros bienes.
La nueva Cuba de Fidel Castro intentó al principio romper la dependencia histórica del azúcar, al impulsar a comienzos de la década de 1960 la diversificación agrícola y la sustitución de importaciones.
Sin embargo, la producción azucarera cayó de 6,8 millones de toneladas en 1961 a 3,8 millones en 1963 y las autoridades renunciaron a la diversificación para centrarse de nuevo en el azúcar, logrando 8,5 millones de toneladas en la campaña de 1970, un récord histórico pero por debajo del objetivo de 10 millones.
Mientras, la producción de otros alimentos como arroz, tubérculos, hortalizas o cítricos fue aumentando gradualmente, aunque de forma desigual, bajo un modelo intensivo en maquinaria, fertilizantes, pesticidas, combustible y piensos que llegaban casi por completo del bloque socialista.
En cuanto a la ganadería, el gobierno de Castro impulsó programas de mejora genética y grandes explotaciones estatales, con resultados diversos.
Entre 1961-1966 y 1987-1991 la producción por habitante de vacuno cayó de 20,92 a 12,30 toneladas por cada 1.000 habitantes, mientras la de cerdo aumentó de 4,07 a 8,53 y la de pollo de 3,49 a 8,83, según datos de la FAO.
La producción de leche fresca, que había caído a unas 350.000 toneladas en 1961, se recuperó hasta alcanzar el millón en 1979, nivel que se mantuvo aproximadamente hasta finales de la década de 1980.
Pero la dependencia exterior persistía: a finales de los años 80, Cuba todavía importaba entre el 44% y el 57% de las necesidades calóricas de la población, según estimaciones.
Fidel Castro convirtió a la vaca Ubre Blanca, que batió récords de producción de leche en 1982, en símbolo de su visión de crear una “supervaca” cubana mediante cruces genéticos, un proyecto que no logró eliminar la dependencia de leche importada ni el racionamiento.
El impacto del Período Especial
Aunque la estatalizada industria azucarera fue perdiendo eficiencia, a finales de la década de 1980 Cuba producía cerca de 8,5 millones de toneladas anuales, que generaban alrededor del 75% de los ingresos por exportaciones, según datos de la Asociación Estadounidense de Economía Agrícola Aplicada.
Ese intercambio sostenía, hasta cierto punto, la distribución subsidiada de alimentos a través de la libreta de abastecimiento.
“La libreta funcionó razonablemente bien hasta el colapso de la Unión Soviética porque el gobierno complementaba los alimentos disponibles con productos importados”, explica Messina.
La desaparición de la URSS en 1991 y el inicio en Cuba de la grave crisis conocida como Período Especial, llevó a la isla a perder su principal comprador, el suministro de insumos y las condiciones comerciales privilegiadas.
“Al derrumbarse la industria azucarera, se perdieron los ingresos por exportaciones que antes generaba el azúcar para comprar los alimentos necesarios”, resume Messina.
De los 8 millones de toneladas producidas en 1989, Cuba pasó a menos de 150.000 en la zafra de 2024-2025, el peor resultado en más de un siglo, según cálculos de la agencia EFE basados en datos oficiales.
La debacle en esta industria ha sido tal que el país que llegó a liderar las exportaciones mundiales de azúcar ahora también necesita importar este producto para cubrir su demanda interna.
A esto se suma otro factor trascendental: el bloque socialista dejó de enviar fertilizantes, pesticidas, pienso, petróleo, tractores y piezas, lo que asestó un golpe letal a la agricultura.
Según estadísticas oficiales cubanas, la producción de los principales cultivos no azucareros pasó de unos 2,4 millones de toneladas en 1989 a 1,57 millones en 1994, una caída de alrededor del 35%.
El arroz se desplomó de 536.000 toneladas en 1989 a 177.000 en 1993; las hortalizas, de 610.000 a 322.000 en 1994; y otras frutas, de 219.000 a apenas 68.000 toneladas en 1993.
En todo caso, de la estrategia fallida del azúcar y la caída del bloque socialista hace ya más de tres décadas. ¿Por qué Cuba no ha logrado adaptarse a las nuevas circunstancias y aumentar su producción de otros alimentos?
El sistema de producción cubano
Para entender el fracaso de Cuba a la hora de producir alimentos hay que observar cómo funciona el campo desde que el agricultor siembra hasta que entrega su cosecha.
“La agricultura es el ejemplo típico de lo que provoca la falta de mecanismos de mercado”, afirma el economista cubano Pável Vidal, quien sostiene que “el gobierno ha instaurado un conjunto de controles económicos que no han funcionado”.
La industria agrícola se diseñó en torno a Acopio, la empresa estatal que contrata con los productores la entrega de determinadas cantidades de alimentos a cambio de suministrarles combustible, fertilizantes y otros insumos.
El problema, según Vidal, es que Acopio suele comprar a precios “muy bajos”, en ocasiones inferiores a los costes de producción, mientras los recursos prometidos no siempre llegan y la empresa acumula una deuda “multimillonaria” con los campesinos.
“El Estado necesita comprar alimentos para escuelas, hospitales y la distribución subsidiada, pero tiene que salir al mercado, pagar precios de mercado y competir con otros compradores, no imponerse como monopolio”, sostiene.
La baja productividad del campo cubano responde en parte, según expertos, a la falta de incentivos de los campesinos, que no son propietarios de la tierra y viven al borde de la pobreza sin importar cuántos alimentos aporten al sistema.
Messina, por su parte, recuerda que durante décadas el gobierno ha fijado las cuotas que debían entregar las explotaciones, normalmente sin consultar a sus responsables.
“Si los agricultores no cumplían la cuota, dejaban de recibir fertilizantes, productos agroquímicos o cualquier otro suministro, así que estaban realmente atrapados en el sistema”, explica.
A esto se suman los topes de precios, que, según Vidal, no reflejan los costes, la inflación ni el tipo de cambio, por lo que muchas veces producir puede ser menos rentable que revender los recursos recibidos.
“Siempre ha habido un mercado paralelo de diésel y gasolina que supuestamente son para la agricultura, pero se roban y se venden fuera del mecanismo oficial”, indica.
La gestión de la tierra y el mar
La propiedad de la tierra presenta otra singularidad: el 79% de la superficie agrícola es estatal, frente al 13% de campesinos privados y el 8% de cooperativas.
Más del 80% de la producción de alimentos procede del sector cooperativo y campesino, que también explota amplias extensiones de tierra estatal cedidas en usufructo, según datos oficiales de 2024.
Los productores que trabajan terrenos estatales cedidos en usufructo sufren importantes limitaciones para transferirlos, arrendarlos o decidir plenamente cómo explotarlos.
Algunas cooperativas, especialmente las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), “funcionan más como empresas estatales que como verdaderas cooperativas”, afirma Vidal.
Messina, por su parte, señala como contrapunto lo ocurrido durante el Período Especial, cuando el gobierno permitió que los agricultores vendieran en mercados agropecuarios la producción que superara las cuotas estatales.
Esos alimentos se comercializaban a precios de mercado y la producción no azucarera aumentó hasta alcanzar un máximo alrededor de 2004.
“Cuando se permitió vender los excedentes, se vio claramente cómo funcionan los incentivos”, afirma.
En opinión de Messina, la resistencia a ampliar esos espacios responde al temor del gobierno a perder control político si concede demasiada autonomía al sector privado.
Pese a ser una isla, Cuba apenas produce recursos pesqueros y la dieta diaria de la población es pobre en pescados y mariscos.
La pesca presenta una paradoja similar: aunque Cuba está rodeada de mar, apenas obtiene de él alimentos para su población.
La flota estatal, que capturaba unas 100.000 toneladas anuales en aguas internacionales entre 1976 y 1990, según datos del gobierno, fue desapareciendo por falta de inversión, combustible, mantenimiento y una planificación ineficiente.
A ello se suman la sobreexplotación de especies en las aguas del Caribe y el hecho de que el régimen cubano impone estrictos controles a los ciudadanos sobre el uso de embarcaciones para impedir que escapen del país, limitando con ello el desarrollo de la actividad pesquera.
Las reformas
El gobierno cubano lleva años introduciendo reformas puntuales, desde ampliar la entrega de tierras estatales en usufructo hasta conceder más autonomía a productores y cooperativas.
En junio de este año anunció otro paquete, aparentemente más ambicioso, de 176 transformaciones, entre ellas eliminar límites al usufructo, permitir a las cooperativas importar y vender combustible, o medidas para atraer capital extranjero.
Sin embargo, los resultados hasta ahora han sido limitados y hay escepticismo sobre la posibilidad de que el actual gobierno logre revertir la cada vez más grave carencia de alimentos.
“Si realmente implementan las últimas medidas, existe la posibilidad de que haya cambios, pero no tengo mucha confianza en que vayan a aplicarlas de forma efectiva”, afirma el economista William A. Messina.
Pável Vidal, por su parte, cree que algunas de las nuevas directrices podrían atraer capital, como el usufructo de tierras por 99 años, que “prácticamente sería propiedad privada”, asegura.
En todo caso, incluso si las medidas se aplicaran correctamente, lo harían en un campo profundamente descapitalizado, con maquinaria envejecida y escasez de combustible, fertilizantes, semillas, riego, transporte y refrigeración.
La agricultura cubana arrastra décadas de descapitalización: buena parte del campo trabaja todavía con maquinaria obsoleta o tracción animal, mientras extensas superficies permanecen ociosas.
En octubre de 2024, el Ministerio de Agricultura reconoció que el sector recibía apenas el 10% del combustible necesario y que solo el 7% de la superficie agrícola disponía de riego.
También pesan las prioridades de inversión: ese mismo año el 37,4% de la inversión estatal fue a actividades vinculadas al turismo y la hostelería, frente al 2,7% destinado a la agricultura, según datos oficiales.
“En estos últimos años se ha visto esa desproporción: mucha inversión en hoteles y poca inversión en la agricultura”, resume Vidal.
La crisis demográfica agrava el problema: en los últimos años han emigrado más de dos millones de cubanos, la mayoría jóvenes, lo que reduce la mano de obra sin apenas máquinas para sustituirla.
A esto se suman los factores externos: huracanes y sequías dañan cosechas e infraestructuras, mientras los apagones paralizan el riego, la refrigeración y el transporte.
BBC Mundo contactó al gobierno de Cuba para este artículo, pero no obtuvo respuesta.
Las sanciones de EE.UU.
En todo caso, el factor externo que más pesa es el embargo de Estados Unidos, cuyas sanciones dificultan el acceso a financiación, insumos, maquinaria y tecnología.
Aunque Cuba puede importar alimentos desde el país norteamericano, debe hacerlo bajo condiciones restrictivas y con escaso acceso al crédito, mientras las trabas bancarias encarecen muchas operaciones internacionales.
El bloqueo al suministro de petróleo que la administración de Donald Trump impuso este año ha agravado aún más estas dificultades.
El gobierno cubano culpa a Estados Unidos de las carencias que sufre su economía.
La falta de combustible reduce el uso de tractores y bombas de riego, complica el transporte de las cosechas y prolonga los apagones, con efectos directos sobre toda la cadena de producción y distribución de alimentos.
En opinión de Messina, “el embargo y las sanciones tienen, sin duda, un impacto económico sobre Cuba, pero el problema fundamental es la estructura del sistema”.
El potencial puede observarse en los arrozales: en 2025 un proyecto gestionado por una empresa vietnamita en la provincia de Pinar del Río alcanzó un rendimiento de 7 toneladas por hectárea frente a un promedio local de 1,6.
En todo caso, aunque las reformas podrían mejorar la producción de alimentos en Cuba, los economistas se muestran escépticos sobre su implementación, a la vez que advierten del largo camino que llevaría reconstruir un sector deteriorado durante décadas.
Las reformas llegan, de hecho, en medio de una crisis extrema en la economía cubana, con escasez generalizada, prolongados cortes eléctricos y una cadena productiva disfuncional.
Tras la captura del exlíder venezolano Nicolás Maduro en enero, Cuba perdió los envíos de petróleo de ese país y Washington amenazó con aranceles a otros que abastecieran a la isla.
Con una contracción del 15% de su PIB en los últimos seis años, el Estado cubano apenas dispone de divisas, acumula impagos y ha perdido buena parte de sus apoyos exteriores.
El desplome del turismo ha reducido sus ingresos, mientras la inflación y la escasez dejan a cada vez más familias sin una alimentación suficiente.
En ese escenario, señalan expertos, recuperar la producción de alimentos exigiría no solo reformas sino también recursos de los que a día de hoy el país carece.
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Estados Unidos y Canadá han entrado en territorio desconocido.
Las negociaciones entre ambos países para alcanzar un acuerdo comercial se rompieron a última hora del viernes, lo que desencadenó una guerra comercial entre vecinos.
Como resultado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la imposición de un arancel del 50% (el doble del 25% actual) a una serie de productos canadienses.
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ya dijo previamente que igualaría los aranceles de Trump “dólar por dólar” a partir del 8 de septiembre.
Desde la provincia de Quebec aseguró este lunes que su país ha sido “pragmático, paciente y perseverante” en su esfuerzo por alcanzar un acuerdo que proteja a los trabajadores y las familias canadienses, y que respete la soberanía, la lengua francesa y la cultura del país.
La prioridad para Canadá, dijo, es conseguir el mejor acuerdo, y “nunca un acuerdo a cualquier precio o en cualquier plazo”.
“No pudimos aceptar lo que Estados Unidos nos ofreció, ni pudimos dar lo que nos pidieron”, añadió.
Ambas partes se han acusado mutuamente de pedir demasiado.
Trump afirmó este lunes que Canadá quiere “los beneficios de ser un estado [de EE.UU.], sin serlo”, mientras que Carney señaló que Estados Unidos “pidió demasiado y ofreció muy poco”.
Estos aliados y socios económicos de larga data, que han disfrutado del libre comercio durante décadas, se encuentran ahora en una guerra comercial cada vez más intensa, sin una salida clara a la vista.
Para Carney, la decisión de suspender las negociaciones con Trump y tomar medidas de represalia será una prueba política significativa.
“Maniobra de poder”
La decisión de Carney pondrá a prueba la disposición de los canadienses a aceptar ciertas dificultades económicas mientras Ottawa presiona para obtener más concesiones de Estados Unidos.
Tras rechazar las tácticas de alta presión de Trump y optar por contraatacar ante los últimos aranceles, Carney tiene el trabajo de convencer a los canadienses de que el costo económico vale la pena para plantarle cara al gobierno de Trump en busca de un mejor acuerdo a largo plazo.
En declaraciones realizadas el sábado, dijo: “Damos este paso con la confianza de que es lo mejor para Canadá” y acusó a EE.UU. de una “maniobra de poder” al buscar cambios de última hora.
Cuando un reportero le preguntó si EE.UU. y Canadá estaban enzarzados en una guerra comercial, respondió: “Estás en guerra cuando te atacan; a nosotros nos atacaron”.
También señaló que la escalada de la disputa comercial “no fue nuestra elección”, y agregó: “Canadá es fuerte, Canadá está listo, Canadá está unido”.
No hay duda de que esto causará dificultades a ambos lados de la frontera, ya que las empresas enfrentarán mayor presión por los aranceles de EE.UU. y los contraaranceles canadienses.
Canadá envía alrededor del 70% de sus exportaciones a EE. UU., y el país es el principal socio comercial de varios estados de EE.UU., siendo Michigan, Kentucky, Indiana y Ohio algunos de los más expuestos.
“Levantar los codos”
Carney llegó al poder con un llamado a “levantar los codos” -un término del hockey sobre hielo que se refiere a un enfoque agresivo- y prometió luchar por Canadá frente a un gobierno de Trump dispuesto a ejercer presión económica para impulsar su agenda “EE.UU. primero”.
Muchos canadienses han expresado a las empresas de encuestas que están dispuestos a luchar.
Un sondeo reciente de Abacus Data sugirió que alrededor del 36% de los canadienses apoyaría tomar represalias contra los aranceles de EE.UU., mientras que una encuesta de Léger indicó que el 56% de los canadienses quiere que su gobierno adopte una postura firme y no haga más concesiones.
Los canadienses, cada vez más frustrados por los aranceles de EE.UU., ya han optado por evitar viajar a ese país.
El boicot supuso una pérdida de unos US$2.350 millones en ingresos por turismo para Estados Unidos el año pasado.
La decisión de la mayoría de las provincias de retirar el alcohol estadounidense de los estantes de las tiendas ha golpeado duramente a ese sector.
Según datos comerciales del gobierno de Estados Unidos, las exportaciones de vino estadounidense a Canadá cayeron un 78% interanual, lo que representa una pérdida de US$357 millones en valor de exportación.
La asociación de destiladores de EE.UU. reportó cifras similares, indicando que las prohibiciones provinciales han provocado que las exportaciones de bebidas alcohólicas estadounidenses caigan en más del 70%.
La prohibición se convirtió rápidamente en un motivo de frustración para el gobierno de Trump.
Carney ha logrado el apoyo de la mayoría de los primeros ministros de las provincias canadienses.
Durante una semana, parecía que un acuerdo entre Washington y Ottawa estaba al alcance de la mano.
Aún no está claro exactamente cómo se rompieron las negociaciones en las últimas horas, pero, según todas las fuentes, la situación se decidió en el último momento.
Carney afirmó que las condiciones propuestas a última hora por Estados Unidos “eran injustas, antieconómicas y ponían en duda la confiabilidad de cualquier acuerdo”.
Agregó el sábado que esas condiciones incluían exigencias al sector automotriz y restricciones “inaceptables” a los acuerdos comerciales con otros países.
En una frase mordaz, dijo sobre el gobierno de Trump: “Nosotros sabemos que, a veces, su firma está escrita con lápiz”.
Por su parte, el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, señaló que hubo “nuevas exigencias y el retroceso de Canadá en otros compromisos”.
También hubo informes de medios canadienses de que el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, no estaba satisfecho con el acuerdo.
La BBC se ha puesto en contacto con su oficina para obtener comentarios.
Estados Unidos es el destino de la mayor parte de las exportaciones de Canadá.
¿Tiene Carney apoyo político?
Carney tendrá que convencer a las provincias que hasta ahora se han visto menos afectadas por la disputa comercial con EE.UU. de que dar un paso al costado es un riesgo que vale la pena correr.
El sábado les informó sobre la situación actual y, por ahora, están mostrando un frente unido.
El primer ministro de Columbia Británica, David Eby, dijo que está comprometido con el “proyecto nacional en el que estamos”, mientras que el primer ministro de Ontario, Doug Ford, afirmó: “Nosotros no iniciamos esta lucha, pero les puedo asegurar que la vamos a ganar”.
Y a medida que se fueron filtrando detalles sobre un acuerdo comercial provisional con EE.UU. a lo largo de la semana pasada, algunos líderes provinciales, grupos industriales y opositores políticos expresaron su preocupación de que el primer ministro no hubiera cumplido con la lucha que prometió, aunque Carney negó que eso hubiera influido en su decisión.
Ford, quien suele ser uno de los políticos canadienses más críticos con los aranceles de EE.UU., se había mantenido en silencio toda la semana respecto al acuerdo provisional.
Pero, en una carta enviada a Carney, expresó su preocupación de que un acuerdo alcanzado bajo presión “animaría a Estados Unidos a buscar concesión tras concesión”.
La provincia, que cuenta con un importante sector manufacturero y automotriz, ha sido una de las regiones más afectadas en esta disputa comercial.
Por su parte, el líder de la oposición conservadora, Pierre Poilievre, dijo que cualquier acuerdo que incluya aranceles “unilaterales” contra la industria canadiense sería “un mal acuerdo”.
El sábado, respaldó la decisión de Carney de retirarse por el momento, diciendo: “Canadá no puede aceptar aranceles unilaterales que desindustrialicen nuestro país”.
El fracaso de este acuerdo pone en duda el futuro de este tipo de negociaciones, incluida la revisión en curso del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá.
Los líderes de Canadá, México y EE.UU. han estado en conversaciones sobre modificaciones al tratado de libre comercio que tienen.
“Mucho puede pasar en 4 meses”
Por Anthony Zurcher, corresponsal para Norteamérica
Donald Trump ha fijado una fecha de inicio -enero de 2027- para sus nuevos aranceles sobre industrias clave de Canadá.
Los aranceles del 50% que se impondrán a las exportaciones de acero y automotrices serían devastadores para las industrias canadienses.
Pero el hecho de que no entren en vigor hasta el próximo año deja un amplio margen para seguir negociando.
El anuncio de Trump estuvo envuelto en una retórica belicosa -“están estafando a Estados Unidos” y “no necesitamos a Canadá, ellos nos necesitan a nosotros”-, pero en definitiva está ganando tiempo antes de que esta disputa con el segundo socio comercial más importante de Estados Unidos se convierta en una guerra comercial en toda regla.
En cuatro meses pueden pasar muchas cosas. En Estados Unidos se celebrarán las elecciones de mitad de mandato que podrían reforzar la posición de Trump o cambiar la dinámica política en el Congreso, lo que añadiría nuevas restricciones a su poder político.
Podrían prevalecer las mentes más sensatas, si los negociadores canadienses y estadounidenses regresan a la mesa para acordar los detalles lejos del intenso foco internacional.
O bien, esto podría ser simplemente un aplazamiento de un enfrentamiento que podría redefinir aún más las relaciones entre Estados Unidos y uno de sus aliados más cercanos.
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Caminando por un vecindario de El Salvador construido sobre una colina, Adélia Rosales señala hacia un callejón: “Aquí aparecieron cinco muertos”.
Durante años vivió con su esposo y sus dos hijos pequeños en la Campanera, un barrio en las afueras de la capital, San Salvador, que en la última década se ganó la fama de ser uno de los más peligrosos del planeta.
“Íbamos a la iglesia con mis hijos cuando escuchamos el alboroto”, recuerda Adélia. “Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que había muchos muertos en la colonia”.
Maestra de preescolar, cuenta que días como aquel eran comunes en el tiempo en el que la Campanera albergó a líderes del Barrio 18, una de las pandillas criminales que hicieron de El Salvador, un país de seis millones de habitantes, la nación con la tasa de homicidios más alta del mundo en 2015.
Gran parte de las muertes se debieron a la guerra entre el Barrio 18 y su rival, la Mara Salvatrucha o MS-13.
Sin embargo, Adélia dice que en 2022 el escenario empezó a cambiar.
Fue entonces cuando la Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por aliados del presidente Nayib Bukele, decretó un régimen de excepción e impuso medidas drásticas para combatir el crimen.
Entre otras cuestiones, las medidas permiten a la policía arrestar personas sin órdenes judiciales y mantenerlas detenidas por largos períodos antes de una acusación formal, además de dificultar que los detenidos tengan acceso a la defensa.
Desde el inicio de este régimen de emergencia, que todavía está en vigor, unas 90.000 personas han sido encarceladas y acusadas de vínculos con pandillas, incluidos, según Adélia, todos los criminales que aterrorizaron su colonia.
“Ni en sueños imaginaba que algún día eso cambiaría, ¡y que lo haría tan rápido!”, exclama la maestra.
Durante una visita a la Campanera a finales de mayo, este equipo de BBC News Brasil no identificó ninguna señal de presencia de pandillas: los niños jugaban en las calles hasta altas horas de la noche, los clientes comían en los puestos de comida, y decenas de soldados armados con fusiles patrullaban el vecindario.
El “modelo Bukele”
En varias naciones de América Latina, candidatos que prometieron adoptar medidas similares a las del presidente salvadoreño en la lucha contra el crimen se han impuesto en elecciones presidenciales recientes.
El llamado “modelo Bukele” también está ahora en el centro del debate en Brasil de cara a los comicios generales de octubre, con candidatos como Flávio Bolsonaro (PL), Renan Santos (Misión), Ronaldo Caiado (PSD) y Romeu Zema (Novo) que dicen inspirarse en el presidente de El Salvador y prometen adoptar políticas alineadas con sus métodos si ganan.
Bukele se ha convertido en una referencia para políticos de otros países y goza de una gran popularidad en El Salvador gracias a la transformación de la Campanera y de otros barrios que antes estaban controlados por las pandillas.
En julio, un ranking de la consultora CB Global Data señaló a Bukele, con un 67,4% de aprobación en el país centroamericano, como el líder más popular de América Latina.
Para hacer cumplir su política de seguridad, sin embargo, el presidente ha concentrado el poder a un nivel sin precedentes en la historia reciente del país, un escenario que ha llevado a sus críticos a acusarlo de intimidar a la oposición y debilitar las instituciones democráticas. Él niega las acusaciones.
Hoy, 57 de los 60 diputados de la Asamblea Legislativa apoyan a Bukele. La maestra Adélia Rosales reconoce que muchos votantes ni siquiera saben los nombres de los diputados.
“Votamos a ciegas, mientras se comprometan a apoyar al presidente”, admite.
Bukele se ha convertido en referencia para muchos políticos latinoamericanos de derecha.
Otros cambios legales y sentencias recientes han allanado el camino a la posible reelección ilimitada y han extendido el mandato presidencial a seis años.
Bukele ya ha anunciado que se postulará en las elecciones de 2027 en busca de un tercer mandato.
Una victoria lo mantendría en el poder hasta 2033, sumando un total de 14 años en el cargo.
Caída de homicidios, aumento de la pobreza
El equipo de BBC News Brasil estuvo en El Salvador durante 10 días entre mayo y junio, y visitó diferentes regiones del interior y de la costa del país, además de la capital.
Uno de los reflejos más visibles de la mejora en los indicadores de seguridad es el boom inmobiliario que vive el país, impulsado en parte por salvadoreños que residen en el extranjero, apoyan a Bukele y están invirtiendo en su tierra natal.
En los proyectos inmobiliarios que salpican la costa y la capital, San Salvador, un apartamento de tres habitaciones puede llegar a costar más de US$500.000. El país está dolarizado desde 2001.
En 2025, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía de El Salvador creció un 3,9%, por encima del promedio de crecimiento en Centroamérica (2,6%) y del promedio de crecimiento en los cinco años anteriores al gobierno de Bukele (2,4%). El desempleo cerró el año en 4,72%.
Según el Banco Mundial (BM), entre 2019 y 2023 (último año con datos disponibles), la proporción de hogares salvadoreños situados por debajo de la línea nacional de pobreza pasó del 22,8% al 27,2%, mientras que el porcentaje de familias por debajo de la línea de pobreza extrema se incrementó del 4,3% al 8,8%.
El BM señala que el aumento de la pobreza en un escenario de crecimiento económico se explica, en parte, por una disminución de los ingresos y de la calidad del trabajo entre los salvadoreños más pobres.
Muchos salvadoreños entrevistados por BBC News Brasil dijeron que les preocupa la economía, el mercado laboral y el costo de vida en el país.
En el centro de San Salvador, escenario de una reforma urbana que se ha convertido en uno de los principales escaparates del gobierno de Bukele, los contrastes entre el viejo y el nuevo El Salvador son evidentes.
En las pocas manzanas revitalizadas, hay turistas, el cableado eléctrico ha sido enterrado y las aceras y parques están bien cuidados.
Pero en las cuadras vecinas, el panorama es diferente: hay mucha basura en las calles, vendedores ambulantes y edificios en mal estado.
Para José Manuel, vendedor de chatarra, pocos salvadoreños se han beneficiado del impulso económico del país, mientras que la mayoría de la población lucha por sobrevivir.
Según él, la renovación del centro histórico es un “maquillaje para que crean que estamos bien”.
“No hay esperanza de salir de este ciclo, porque no hay trabajos”, dice mientras camina entre televisores viejos, bicicletas usadas y otros objetos desechados.
Para este vendedor, la renovación del centro histórico es “un maquillaje”.
Causas estructurales de la violencia
Para Juan Carlos Torres, analista de seguridad y profesor en la Universidad Don Bosco en San Salvador, Bukele atacó la cara más visible de la violencia, pero no sus causas, como la pobreza y la desigualdad.
Para el experto, la popularidad del presidente se debe, en parte, a su habilidad para comunicar y convencer a los salvadoreños de que viven “en el país más seguro del mundo”.
“Eso hace que la gente crea eso y que levante el teléfono para denunciar si ve a algún delincuente”, afirma Torres.
En 2025, el país registró 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa más baja de las Américas, inferior incluso que la de países como Estados Unidos (4,0), Argentina (3,6) y Canadá (2,0).
En 2015, cuatro años antes del inicio del primer gobierno de Bukele, el país contabilizaba 103 homicidios por cada 100 mil habitantes, la tasa más alta del mundo ese año y el peor indicador jamás registrado en el país.
Bajo el régimen de excepción, El Salvador redujo los niveles de violencia, pero también se convirtió en el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo.
Hoy hay 1.659 presos por cada 100.000 habitantes, el 1,6% de la población del país.
En Estados Unidos hay 542 encarcelados por cada 100.000 habitantes y en Cuba 794, otros dos países que coronan la lista de países con mayor población carcelaria, según World Prison Brief.
Mientras, en Brasil, que ocupa el puesto15 del ranking mundial, la tasa es del 0,46%.
Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos dicen que el hecho de que haya esa cantidad de presos es reflejo del uso de criterios cuestionables por parte de las fuerzas de seguridad salvadoreñas.
Según estas entidades, muchos arrestos se realizan a partir de denuncias anónimas, la apariencia física o pruebas débiles.
El gobierno salvadoreño, por su parte, dice que los arrestos están respaldados por la ley y que unas 9.000 personas detenidas durante el régimen de excepción han sido liberadas después de que las investigaciones concluyeran que no tenían vínculos con organizaciones criminales.
Este grupo representa alrededor del 10% del total de arrestados bajo el régimen.
En la capital, San Salvador, ha habido una explosión de proyectos inmobiliarios en los últimos años.
“Supe de la muerte de mi hijo en prisión por un post de Facebook”
Los hermanos José Alfredo y Vidal Adalberto Vega González fueron arrestados el 17 de mayo de 2022. Vivían en el Bajo Lempa, una zona rural unos 100 kilómetros al sur de San Salvador.
Para llegar a la región, el equipo de BBC News Brasil viajó por caminos de tierra que bordean manglares y atraviesan comunidades humildes.
Su madre, Marta Elena González, dice que sus hijos trabajaban en la pesca de camarón y que nunca tuvieron relación con criminales.
Sin embargo, según ella, ambos fueron detenidos por denuncias anónimas y acusados de tener vínculos con las pandillas.
Marta pasó tres años sin saber nada de sus hijos. Solo conocía el nombre de la prisión en la que se encontraban y, cada mes, acudía allí a entregar comida y artículos básicos de higiene, lo que los familiares de los reclusos llaman simplemente “paquete”.
Lo hizo hasta que en abril de 2025, mientras revisaba Facebook, vio una foto de su hijo menor, José Alfredo, en una publicación que lamentaba su muerte. Era la publicación de una funeraria.
“Así fue como nos enteramos de su muerte. Nadie en la prisión nos avisó”, dice.
Al contactar a la funeraria, Marta dice que averiguó que, antes de morir, su hijo pasó nueve días en un hospital debido a una infección bacteriana.
“Y ni siquiera me avisaron para que pudiera verlo por última vez”, le cuenta la madre a la BBC, con la voz quebrada.
“Cuando se lo llevaron, ni siquiera estaba enfermo”, dice.
“Nos quedan muchas preguntas sin respuesta”.
José Alfredo dejó atrás una hija de 7 años, a la que ahora cría su exesposa.
Él es una de las 537 personas arrestadas durante el régimen de excepción que murieron estando bajo custodia del Estado antes de ser juzgadas, según Ayuda Legal Humanitaria, una ONG en El Salvador.
Madres con hijos detenidos bajo el régimen de excepción se manifiestan en San Salvador.
Organizaciones de derechos humanos afirman que el sistema judicial del país está saturado y no es capaz de gestionar la cantidad de presos que esperan juicio.
Dicen que los detenidos pueden pasar años en la cárcel sin una acusación formal o sin saber de qué se les acusa.
Familiares de presos que hablaron con BBC News Brasil reportaron incluso casos de detenidos que, aun después de que la justicia ordenara su liberación, llevan meses esperando que se cumpla la orden.
BBC News Brasil consultó al gobierno de El Salvador sobre estos casos, pero no obtuvo respuesta.
Reiteradas solicitudes de entrevistas con ministros del gobierno y diputados aliados de Bukele para hablar sobre la política de seguridad del país también fueron rechazadas.
En 2026, para aliviar el sistema judicial, El Salvador puso en marcha juicios colectivos de miles de acusados de pertenecer a facciones. Pero los críticos dicen que estos megajuicios impiden analizar los casos individuales y perjudican el derecho de los acusados a defenderse.
Los militares controlan el acceso a la Campanera, una comunidad que fue durante años el bastión del Barrio 18.
“Una dictadura de otro tipo”
Samuel Ramírez, coordinador del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), un grupo que reúne a familiares de personas encarceladas bajo el régimen de excepción, asegura que El Salvador es ahora una dictadura.
“Él (Bukele) dirige el país como si fuera su propia empresa y no permite que nadie lo contradiga”, dice Ramírez, quien, durante la guerra civil salvadoreña (1979-1992), fue guerrillero del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
El grupo, con ideología marxista y apoyado por la Unión Soviética, luchó contra las tropas gubernamentales financiadas por Estados Unidos.
Tras el fin del conflicto, el FMLN se convirtió en un partido político. Bajo esa agrupación comenzó Bukele su carrera política, cuando en 2012 fue elegido alcalde del municipio de Nuevo Cuscatlán y, en 2015, de San Salvador.
Hoy, el presidente pertenece a Nuevas Ideas, un partido que creó tras ser expulsado del FMLN por desacuerdos internos y que rechaza las etiquetas de izquierda y derecha, aunque los analistas lo describen como conservador.
Sin embargo, Ramírez matiza que no considera la administración Bukele una dictadura clásica, ya que dice que el gobierno intenta presentarse como una democracia.
“[Bukele] no es como Hitler o Pinochet. Nunca ordenó que nos disparen durante una manifestación, nunca ordenó que nos asesinen, porque sabe que hoy todos llevamos un celular”, explica Ramírez.
Este ingeniero habló con BBC News Brasil durante una manifestación en una soleada mañana de mayo, cuando unas pocas docenas de mujeres caminaban hasta la sede de la Fiscalía General de la República, en San Salvador, para entregar una carta pidiendo la liberación de sus hijos.
En 2015 El Salvador registro el mayor índice de homicidios del mundo.
Para el politólogo canadiense y experto en seguridad pública Robert Muggah, los resultados de las políticas de seguridad de Bukele son indiscutibles, pero se dieron “a expensas del sistema democrático”.
“Mi preocupación es que, a largo plazo, esto tiene serias implicaciones para la independencia de los tribunales, para los derechos civiles y para las garantías de los ciudadanos”, dice.
Los críticos acusan a Bukele de perseguir a sus opositores, incluidos periodistas y defensores de los derechos humanos. Muchos han abandonado el país en los últimos años, alegando temer por su seguridad.
El periódico digital El Faro, uno de los medios salvadoreños más críticos con Bukele, trasladó su sede a Costa Rica en abril de 2023.
Representantes del medio dijeron que el cambio se debió, entre otros factores, al miedo de que los periodistas fueran acusados de colaborar con las pandillas, ante la amplia interpretación de la legislación adoptada para combatirlas.
En varias ocasiones, el medio entrevistó a miembros de pandillas sobre supuestos vínculos y presuntas negociaciones entre estos grupos y funcionarios del gobierno.
Bukele niega perseguir a periodistas y organizaciones de derechos humanos.
En diversas ocasiones, dijo que estos grupos parecen estar más preocupados por proteger los derechos de los delincuentes que los de los ciudadanos afectados por la delincuencia.
El artista Melvin Gómez cuestiona que el régimen de excepción siga en vigor en El Salvador.
Muggah también cuestiona la posibilidad de replicar la política de seguridad de Bukele en países más grandes, como Brasil.
Según él, las pandillas salvadoreñas “eran muy territoriales y tenían marcas muy claras, como los tatuajes, que hacían que fuera relativamente sencillo saber quién era quién”.
Además, El Salvador no es un mercado relevante de drogas ni una ruta indispensable para el tráfico internacional, lo que limita el poder y la capacidad de expansión de estas organizaciones, afirma el politólogo.
Mientras tanto, el Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC), las principales agrupaciones criminales brasileñas, “funcionan más como empresas multinacionales que como pandillas callejeras”, lo que hace mucho más complejo combatirlas, según Muggah.
Después de adoptar esta estrategia, el país registró un número récord de homicidios el año pasado.
“Lo que pasó allí fue que la violencia terminó desplazándose a otras áreas”, observa Muggah.
En 2025 El Salvador registró el índice más bajo de homicidios de las Américas.
“El miedo ahora es otro”
Con la disminución de los índices de violencia en El Salvador, algunos se preguntan por qué el gobierno mantiene el régimen de excepción, una medida que debe renovarse cada 30 días.
Para el artista Melvin Gómez, que da clases de pintura a jóvenes en una comunidad pobre en las afueras de San Salvador, “el miedo ahora es otro: que la gente no pueda alzar la voz, su derecho a manifestarse, porque hay un régimen”.
En la Campanera, la maestra Adélia Rosales dice que espera que Bukele se mantenga en el poder durante varios años.
“Siento que aún no ha terminado el proyecto para dejarnos la seguridad ya establecida”, afirma.
Cuando se le pregunta si no teme que en El Salvador se repita una historia ya común en la región, en la que presidentes populares se convierten en líderes autoritarios que se niegan a dejar el poder, ella reflexiona: “Puede pasar. Nada está escrito en piedra, la política es un proceso dinámico”.
Aun así, dice que los cambios en la seguridad promovidos por Bukele la hacen sentirse esperanzada respecto a nuevos avances.
“Algunos pueden decir que la vida está cara, pero comer un plato de frijoles tranquilo no es lo mismo que comer un pedazo de carne pensando que van a tocar tu puerta y que te van a llevar”.
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Si te ofrecieran la posibilidad de elegir entre recibir instantáneamente unos US$50.000 o tener un 50% de probabilidades de ganar US$1.000.000, ¿cuál elegirías?
Ese fue el dilema que les presentó a miles de británicos la firma internacional de investigación y análisis de datos YouGov recientemente.
El 73% prefirió asegurarse £50.000 (unos US$67.000), mientras que el 21% optó por apostar a ganar £1 millón (unos US$1,3 millones), y el 6% dijo que no lo sabía.
Inicialmente, la encuesta sólo se hizo en Reino Unido, y el resultado encendió las redes.
“¡Gran Bretaña debe ser la sociedad más adversa al riesgo del planeta Tierra!”, “¡Este es el problema de Reino Unido!”, opinaban muchos, indignados.
¿Será cierto? ¿Son los británicos (y quizás tú, si entre las dos posibilidades, optarías por la primera) irracionalmente aversos al riesgo?
Uno de los que se unió al acalorado debate en línea fue el editor de economía de la BBC, Faisal Islam, quien explicó la premisa de la indignación.
“En cierto sentido, detrás de esto hay unas matemáticas muy básicas, una especie de cálculo de probabilidades muy sencillo. Las £50.000, aunque son más que 0, son mucho menos que el valor esperado de un 50% de posibilidades de ganar £1 millón.
“Así que, desde una perspectiva muy sencilla sobre cuál es la mejor opción, eso es lo que lleva a algunas personas a pensar que resulta clarísimo que uno debería elegir apostar”.
Pero ese análisis, según Islam, es un poco limitado.
Y el resultado que molestó tanto a tantos, confirma teorías económicas de larga data.
Mejor pájaro en mano…
Si lo pusiéramos en otras palabras, las opciones ofrecidas te propondrían escoger entre recibir una cantidad mucho menor o tirar una moneda al aire para ver si te vuelves millonario.
“Quienes asumen que deberías lanzarte al cara o cruz piensan que están siendo muy sofisticados y que aceptar la certeza de 50.000 es básicamente estúpido. Pero la ironía es que es algo básico, lo que llamamos en economía conductual Teoría de la decisión”, señala Islam.
“Se remonta a casi tres siglos, a Bernoulli, quien no habría pensado que elegir los 50.000 fuera una tontería. Y eso se debe a que el valor esperado, es decir, simplemente multiplicar la probabilidad por el resultado, en realidad no es como funciona nuestro cerebro. No es la forma en la que tomamos decisiones”.
El matemático suizo Daniel Bernoulli (1700–1782) formuló una idea fundamental: no tendemos a valorar las cantidades de dinero de forma puramente matemática.
Por eso no se debe confundir el valor monetario con el valor para la persona.
Una persona puede preferir la oferta garantizada porque el valor que atribuye a contar con esa cantidad de dinero con certeza puede ser mayor que el valor subjetivo de la apuesta.
Ese es el concepto de utilidad marginal decreciente, en el que ‘utilidad’ significa el grado de satisfacción, beneficio o valor que una persona obtiene de algo.
Por ejemplo:
Pasar de tener US$0 a US$50.000 puede cambiarte radicalmente la vida.
Pasar de US$50.000 a US$100.000 también ayuda mucho, pero quizá no tanto.
Pasar de US$950.000 a US$1 millón probablemente cambia muy poco tu situación.
Y, en la apretada situación económica actual de muchos británicos, la garantía de £50.000 es muy atractiva.
Después de todo, son £10.000 más que el salario medio anual de los trabajadores a tiempo completo en Reino Unido, según las estadísticas oficiales.
Pero no es lo único que entra en juego. También interviene lo que se conoce como Teoría de las perspectivas.
El peso de perder
La Teoría de las perspectivas se origina en un artículo escrito por Daniel Kahneman y Amos Zversky en 1979. Es un clásico en economía conductual.
Tras hacer un montón de encuestas controladas, un poco como la encuesta de YouGov en la que la gente tiene que elegir entre diferentes ganancias financieras bajo distintas circunstancias, pudieron extraer muchas observaciones útiles.
Es crucial en la pregunta que te garantizan una cantidad pase lo que pase.
Una de ellas es que la gente tendía a dar más peso del que debería a probabilidades pequeñas y menos peso a las medianas y grandes. La gente también toma decisiones de dinero y riesgo en función de un punto de referencia.
Es más probable que, después de perder US$10 en una apuesta con un amigo, te arriesgues a apostar otros US$10 para intentar recuperarlos, que hubieras aceptado apostar US$20 de una sola vez desde el principio.
No estás pensando en general. Estás pensando en relación con el punto de referencia.
Y luego está la frase más famosa del estudio: “Las pérdidas pesan más que las ganancias”.
“El malestar que experimentamos al perder una cantidad de dinero parece ser mayor que el placer asociado a ganar esa misma cantidad. Las personas valoran mucho la posibilidad de perder cosas que ya poseen.
“Por eso la parte crucial de esta pregunta es que te dicen que vas a recibir las £50.000 pase lo que pase”, subraya Islam.
Es decir: si optas por la posibilidad de ganar un millón y no lo ganas, se siente como si hubieras perdido £50.000.
Y para mucha gente eso es mucha plata: en el caso de Reino Unido, sin contar la vivienda ni las pensiones, solo alrededor del 25% de los británicos tiene una riqueza financiera de £50.000 o más. En el extremo opuesto de la distribución, el 25% tiene menos de £300.
“Así que básicamente lo que esto dice es que £50.000 es una cantidad lo suficientemente transformadora como para que la gente se sienta satisfecha y se alegre con la certeza de recibirla y lo suficiente como para no arriesgarse a rechazarla por la posibilidad de ganar 20 veces esa cantidad.
“Esa es la diferencia entre el valor esperado y la realidad de nuestra relación con el riesgo”, concluye Islam.
Los resultados de la encuesta muestran que existen algunas diferencias entre hombres y mujeres, y entre personas de distintas edades, en cuanto al nivel de riesgo que están dispuestas a tolerar.
Y es perfectamente posible que también haya diferencias culturales.
Quizás los estadounidenses que se unieron al debate que esta encuesta desató en redes pensaron que su país tiene más éxito porque sus compatriotas asumen más riesgos. Así que resultó oportuno que, unos días después, YouGov hiciera la misma pregunta en Estados Unidos.
Y el resultado fue muy similar.
* Este artículo está basado en un episodio de la serie de la BBC “More or Less”. Escúchala en tu app de podcasts favorita
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Con el 250º aniversario del nacimiento del país, la boda de Taylor Swift y la Copa Mundial de Fútbol, es comprensible que los estadounidenses hayan estado distraídos este verano.
Pero los indicios de problemas económicos se han ido acumulando.
Esta semana saltaron a los titulares cuando la deuda nacional de Estados Unidos superó los US$40 billones, lo que generó preocupación tanto a nivel nacional como internacional.
¿Cómo llegamos hasta aquí?
Según Maya MacGuineas, presidenta del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, la deuda nacional de Estados Unidos tardó casi 200 años en alcanzar el billón de dólares por primera vez.
Ese hito de 1981 fue considerado una llamada de atención. “En aquel entonces, el presidente [Ronald] Reagan le dijo a la nación en un discurso televisado: ‘Si como nación necesitábamos una advertencia, que sea esa’”.
“En la actualidad estamos gastando más que eso solo en el pago de intereses de nuestra deuda”.
Se preveía alcanzar la cifra de US$40 billones debido al aumento del gasto público bajo las administraciones de Donald Trump y Joe Biden, pero esto marca un nuevo hito.
La Reserva Federal anunció el miércoles que comenzará a comprar deuda pública a corto plazo.
El aumento desmesurado de los costes de los programas sociales y otros gastos ha superado los ingresos, mermados por las reducciones de impuestos. Las respuestas a crisis financieras como la de 2008 y la pandemia de covid han conllevado un aumento del endeudamiento.
Si a eso le sumamos las tasas de interés más altas en respuesta a los recientes picos inflacionarios, el panorama empieza a verse sombrío.
¿Qué tan grave es?
Al comienzo del primer mandato presidencial de Trump en 2016, la deuda nacional de Estados Unidos ascendía a poco menos de US$20 billones. En la década transcurrida desde entonces, se ha duplicado.
Según el Comité Económico Conjunto del Congreso, esta cifra aumenta en unos US$90.000 por segundo, o US$7.800 millones al día.
“Lo que es muy diferente ahora en comparación con hace una década es el nivel de los tipos de interés”, dice Eric Swanson, profesor de economía en la Universidad de California y execonomista de la Reserva Federal.
“Los tipos de interés a largo plazo en Estados Unidos se encuentran en máximos de varias décadas. En parte se debe a la preocupación por la inflación, pero también a la preocupación por los niveles extremos de endeudamiento del gobierno estadounidense”.
El mercado de bonos exige mayores rendimientos, ya que los inversores desconfían de la magnitud de la deuda estadounidense, pero también porque las empresas tecnológicas que piden prestado sumas astronómicas para invertir en inteligencia artificial compiten con el gobierno por el capital de los inversores.
“Cuánto más suben los tipos de interés, más caro se vuelve financiar el déficit”, afirma el economista Mohamed A. El-Erian, profesor de la Wharton School.
Según El-Erian, los pagos de intereses de la deuda pública son ahora un 15% superiores a los del mismo periodo del año pasado. Representan casi el 20% de los ingresos fiscales, siendo “mayores que los de defensa”, añade.
¿Debería preocuparme?
Estados Unidos se acerca la marca de US$41,1 billones de deuda, y se prevé que aumente a unos US$64 billones para 2036, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Pero la situación aún no es crítica, según los economistas. La posición de Estados Unidos como la mayor economía del mundo y el hecho de que el dólar sea la moneda de reserva mundial le otorgan a la primera potencia mundial un margen mucho mayor para cometer irregularidades fiscales que a otros países, afirma El-Erian.
“Estamos llegando a un punto en el que es una luz amarilla intermitente. No es una luz roja intermitente”, dice.
Swanson afirma que otros países han tenido niveles de deuda similares o incluso superiores.
Aunque la deuda nacional de Estados Unidos asciende al 126% de su PIB, es inferior a la de otros países del G7 como Japón e Italia.
Sin embargo, el interés de los inversores por prestar dinero al gobierno estadounidense mediante la compra de bonos está “disminuyendo”, advierte Swanson, lo que crea un círculo vicioso que obliga al gobierno a ofrecer rendimientos cada vez mayores para que los inversores sigan comprando su deuda.
Y el aumento de los costos de endeudamiento en Estados Unidos inevitablemente se extiende, elevando también los costos de endeudamiento de otros países.
“Lo que sucede en Estados Unidos, siempre traspasa fronteras”, afirma El-Erian.
Por ejemplo, cuando los bonos del Tesoro ofrecen rentabilidades más altas, muchos inversionistas prefieren activos estadounidenses considerados seguros.
El impacto en América Latina podría ser menos inversión extranjera hacia países como México, Brasil, Colombia, Perú o Chile.
Charlie Bean, profesor emérito de economía en la London School of Economics, afirma que si la relación deuda/economía de Estados Unidos alcanza cierto punto, podría desencadenarse una venta masiva de bonos estadounidenses y provocar una gran inestabilidad en los mercados financieros.
“Probablemente exista un punto, pero lamentablemente no sabemos cuál es”, afirma.
“No es que haya una cifra fija que podamos decir, ya sabes, ‘si llega al 150%, ocurrirá un desastre, pero estaremos bien si nos mantenemos en el 145%”.
¿Qué significa para ti?
“Los bajos tipos de interés a largo plazo son importantes porque afectan a las hipotecas, a la financiación empresarial y, en consecuencia, a la actividad económica general”, explica Eiko Sievert, director ejecutivo del sector público y soberano de Scope Ratings.
Según El-Erian, es probable que los hogares se enfrenten a tipos de interés más altos para las hipotecas, los préstamos para automóviles y las tarjetas de crédito como consecuencia de la situación actual, y que las personas con menores ingresos sean las más afectadas.
También existe un efecto secundario en los consumidores, ya que el aumento de los costes de endeudamiento para las empresas suele repercutir en ellos a través de precios más altos.
Así pues, el impacto de la deuda “acaba repercutiendo en los bolsillos de la gente de una forma u otra”, afirma MacGuineas.
Las últimas cifras de Estados Unidos muestran que la economía se ralentizó en los últimos meses, pero aún crece a un ritmo considerable.
Esto es importante porque el crecimiento económico se traduce en mayores ingresos fiscales, que pueden financiar el gasto público, ya sea en programas gubernamentales o en el pago de intereses. Con un crecimiento suficiente, el problema de la deuda se alivia, señala El-Erian.
Pero sin un crecimiento suficiente, Estados Unidos podría tener que considerar otras opciones. Estas podrían incluir la reforma del sistema tributario y del gasto público, o bien la austeridad. La reestructuración de la deuda es otra alternativa.
Los economistas dudan de que el gobierno de Trump tome medidas relevantes para reducir el déficit.
Elecciones de mitad de mandato
La estrategia empleada hasta ahora ha sido una especie de ingeniería financiera, en la que el la secretaría del Tesoro intervino el miércoles para recomprar deuda pública, impulsando la demanda de bonos y reduciendo los tipos de interés.
Pero el impacto fue efímero, ya que los costes de los préstamos a largo plazo volvieron a subir al día siguiente.
Con las elecciones de mitad de mandato acercándose, la Casa Blanca querrá demostrar que está cumpliendo con las expectativas económicas. La asequibilidad es la principal preocupación de los votantes. Sin embargo, las demás opciones no resultan más atractivas y El-Erian duda que el gobierno esté dispuesto a considerar otras medidas.
“No veo que vaya a ocurrir nada que reduzca significativamente el déficit en los próximos dos o tres años. Si nos fijamos en el discurso político, todo gira en torno a recortes de impuestos”.
Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.
