La participación del actual fiscal general interino de EE. UU. será un punto clave en su audiencia de confirmación, que tendrá lugar el miércoles.
Todd Blanche, en ese momento el número dos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, llevaba apenas un par de meses en el cargo en mayo de 2025 cuando se topó con un auténtico dolor de cabeza enfundado en una gabardina de detective y llamado Edward J. Martin Jr.
Martin, un abogado de derecha que defendió la causa de los alborotadores del 6 de enero, acababa de ser destituido como fiscal federal en funciones del Distrito de Columbia. La Casa Blanca lo puso entonces en la sede del Departamento de Justicia, en parte para supervisar un grupo de trabajo encargado de investigar las acusaciones de que el gobierno de Joe Biden había perseguido políticamente al presidente Donald Trump y a sus aliados.
Blanche, quien en su día dirigió el equipo de defensa penal de Trump, no creía que Martin –un provocador con muy poca experiencia como fiscal– tuviera la capacidad ni los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo, según funcionarios actuales y antiguos que pidieron permanecer en el anonimato para hablar de conversaciones privadas.
“Estoy frustrado”, le escribió Blanche a Martin antes de cumplir un mes en el cargo, lo que pone de manifiesto una relación que pasó rápidamente de tensa a irritable.
Actuó con rapidez para controlar a Martin, programando una reunión de seguimiento cada viernes, según un montón de correos electrónicos internos del Departamento de Justicia obtenidos por un organismo de control gubernamental y facilitados a The New York Times antes de la audiencia de confirmación de Blanche como fiscal general, prevista para el miércoles.
Blanche, un metódico exfiscal federal, también creó un plan de organización para el grupo sobre la instrumentalización que asignaba líneas de investigación clave a algunos de sus propios adjuntos. Eso garantizaba, entre otras cosas, que tuviera un control estricto sobre uno de los asuntos más delicados de su agenda: las exigencias de Trump y sus seguidores de identificar, investigar y castigar a quienes en su momento los habían perseguido.
El multifacético retrato de Blanche que surge de las 352 páginas de documentos obtenidos por American Oversight es el de un hombre leal a Trump, comprometido con llevar a cabo la agenda del presidente, pero también decidido a mantener un firme control sobre los procesos dentro de su departamento, quizá porque tiene un control muy limitado sobre las fuerzas que están fuera de él.
La colaboración de Blanche en la campaña de represalias de Trump, tanto como fiscal general adjunto como en calidad de fiscal general en funciones desde la destitución en abril de su predecesora, Pam Bondi, es lo que lo define, según opinan los críticos. Ese será un punto clave en el testimonio de Blanche ante la Comisión Judicial del Senado.
“Todd Blanche supervisó a altos cargos del Departamento de Justicia mientras llevaban a cabo investigaciones con tintes políticos, convocó reuniones periódicas del llamado ‘grupo de trabajo sobre instrumentalización’ y destinó recursos del departamento para impulsar los esfuerzos del presidente Trump contra oponentes políticos, la gestión electoral y otras disputas de gran repercusión”, dijo Chioma Chukwu, directora ejecutiva de American Oversight, que obtuvo los documentos a través de la Ley de Libertad de Información.
“Los senadores deberían juzgarlo no por lo que diga en la audiencia de confirmación, sino por el historial que ya tiene”, dijo.
Los defensores de Blanche sostienen que él ha sido una barrera discreta, pero importante, a los excesos de Trump, al frenar o contrarrestar a Martin y a otros asesores del mandatario, incluido un funcionario federal de vivienda, Bill Pulte.
Los correos electrónicos recién revelados abarcan un aspecto relativamente limitado, pero no por ello menos crucial, de uno de los frentes de batalla durante la gestión de Blanche al frente del departamento: cómo aplicar la orden ejecutiva de Trump del primer día para “corregir las irregularidades pasadas del gobierno federal relacionadas con la instrumentalización de las fuerzas del orden y de la comunidad de inteligencia”.
Durante la primera mitad de 2025, parecía que el grupo del departamento dedicado a la instrumentalización iba a ser una parte importante, quizá central, de la campaña de Trump para castigar a quienes en su día tuvieron el poder de hacerle rendir cuentas.
En gran medida, ese ya no es el caso. Gran parte de la acción se ha trasladado a las fiscalías federales, incluida la de Miami, donde los fiscales han estado trabajando sin descanso para tratar de sustentar lo que los partidarios de Trump describen como una “gran conspiración” de los gobiernos de Biden y Obama, a pesar de la escasez de pruebas.
No está claro, tras más de un año y medio de mandato, si el grupo llegará a ejercer alguna vez el poder que sus partidarios aplaudieron y sus detractores temían.
Pero cuando Martin llegó el pasado mayo, Blanche destinó al grupo a un número significativo de abogados de alto nivel de la oficina del fiscal adjunto, según muestran los registros. Y personas cercanas a Blanche dijeron que seguía siendo un instrumento importante para identificar y abordar las irregularidades, incluso aquellas que no alcanzan el umbral de la criminalidad.
Dos de sus principales colaboradores desempeñaron un papel clave en la supervisión de las operaciones del grupo de trabajo: Emil Bove III, que estuvo a cargo de hacer cumplir la ley en el departamento antes de marcharse para ocupar un puesto de juez federal en septiembre, y Colin McDonald, un colaborador de alto rango al que recientemente se le ha asignado la dirección de la nueva unidad del gobierno contra el fraude.
Uno de los colaboradores de Blanche, Christopher-James DeLorenz, antiguo asistente judicial de la jueza Aileen Cannon –quien fue nombrada por Trump en el Distrito Sur de Florida y presidió el caso sobre el manejo de documentos clasificados por parte de este–, se encargó de investigar posibles irregularidades del fiscal especial Jack Smith. Smith supervisó la investigación sobre los documentos en Florida y otra sobre los intentos de Trump de anular los resultados de las elecciones de 2020.
Kendra Wharton, una colaboradora de larga data de Blanche que formó parte del equipo de defensa penal del presidente, fue asignada para investigar la “coordinación” entre los fiscales federales y Alvin Bragg, el fiscal del distrito de Manhattan que procesó con éxito a Trump. Wharton se recusó más tarde de la investigación, alegando un conflicto de intereses no especificado, según los correos electrónicos. Dejó el departamento a finales de julio de 2025.
Otros miembros de la oficina de Blanche dirigían equipos encargados de recabar información sobre temas políticos candentes: un memorando del FBI que tenía en la mira a un grupo católico conservador de Richmond, Virginia; la investigación federal de miembros conservadores de consejos escolares y los procesos judiciales contra activistas antiaborto en virtud de la Ley FACE, una ley de 1994 que prohíbe la obstrucción y la intimidación en las clínicas para mujeres.
Uno de los equipos que figuraba en la lista interna, dirigido por otro colaborador de Blanche, Paul Perkins, se centró en una sola persona: Tina Peters, una funcionaria electoral de Colorado partidaria de Trump condenada y encarcelada por delitos relacionados con las elecciones estatales, cuya pena fue posteriormente conmutada por el gobernador demócrata del estado.
A Martin se le asignó el control directo de dos investigaciones que llevaba tiempo defendiendo: la investigación de los procesos judiciales contra los alborotadores del 6 de enero –aunque todos los condenados, incluidos los delincuentes violentos, recibieron el indulto de Trump– y una investigación sobre el uso que hizo el presidente Biden de un autopen o máquina de firmar.
Jared Wise, un antiguo acusado del 6 de enero que fue asignado al equipo de Blanche, también trabajó en la investigación sobre los disturbios del Capitolio, pero renunció a principios de este año, y dijo en las redes sociales que solo podía “denunciar los abusos del FBI y del Departamento de Justicia contra los acusados del 6 de enero” desde fuera del gobierno.
Mac Warner, un aliado de Martin y exfuncionario republicano de Virginia Occidental, fue asignado para investigar el fraude electoral. Un correo electrónico muestra que Warner pasó varias horas en la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, una primera señal del papel más amplio que la Casa Blanca tenía previsto para la agencia.
Uno de los miembros más activos del grupo sobre la instrumentalización era Nick Davis, un joven abogado de Iowa con estrechos vínculos con el equipo del senador Chuck Grassley, el presidente republicano de la Comisión Judicial del Senado.
A principios de 2026, Blanche apartó a Martin del comité contra la instrumentalización. Martin conservó su segundo cargo como abogado de indultos, pero se vio obligado a trasladarse a una oficina satélite del Departamento de Justicia al otro lado de la ciudad.
El grupo de trabajo ha acelerado sus esfuerzos desde su destitución, según altos cargos del departamento, al publicar informes sobre un supuesto sesgo contra el cristianismo y otro en el que se critican las investigaciones de la era Biden sobre activistas antiaborto. Ambos han sido criticados por los demócratas por ser parciales. Se espera pronto un tercero, sobre el informe del FBI en Richmond.
Los correos revelan un marcado contraste entre el locuaz Martin –que se regodea en su imagen de detective desaliñado y curioso de la derecha– y el más prudente y estratégico Blanche, que sigue centrado en un objetivo profesional más elevado.
Parecía que los dos estaban destinados a chocar. Los mensajes de Martin con altos cargos del departamento sugieren que él se tomaba sus órdenes como meras sugerencias.
En un correo del 30 de mayo de 2025, Blanche acusó a Martin de hablar de una investigación no especificada que podría haberse presentado ante un gran jurado, y de no haber corregido un comunicado plagado de errores enviado a un periodista que cubría la relación de Martin con un activista antisemita.
“Esto se está convirtiendo en un verdadero problema, Ed”, escribió Blanche, que por entonces ocupaba el cargo de fiscal general adjunto, añadiendo que era la cuarta vez que Martin había incumplido los protocolos con los medios.
Blanche acusó a Martin de violar la norma federal que prohíbe a los funcionarios del gobierno hablar de las pruebas presentadas ante un gran jurado.
“Esto es una investigación”, escribió, y añadió: “Aparte de que hablar públicamente de las investigaciones va en contra de la política del Departamento de Justicia, dar pistas a los medios y al público sobre lo que estamos haciendo no ayuda en nada a la propia investigación”.
Un alto colaborador de Blanche añadió otra crítica: el equipo de Martin había exagerado su cargo en un correo electrónico enviado a un periodista.
“Se hace referencia a Ed como fiscal general adjunto”, escribió. “No es fiscal general adjunto. Es subfiscal general adjunto”.
El error se corrigió antes de que se publicara el artículo del periodista.
Glenn Thrush cubre el Departamento de Justicia y también ha escrito sobre la violencia armada, los derechos civiles y las condiciones en las cárceles y prisiones del país.
