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  • Omán habría propuesto un pago ‘voluntario’ para el estrecho de Ormuz

    Omán habría propuesto un pago ‘voluntario’ para el estrecho de Ormuz

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    A pesar de las objeciones de EE. UU., Irán y Omán avanzan con sus planes de cobrar a los barcos que transiten por el estrecho, según funcionarios y diplomáticos al tanto del asunto.

    Irán y Omán, un país aliado de Estados Unidos, avanzan con sus planes de cobrar a los barcos que transiten por el estrecho de Ormuz, a pesar de las objeciones públicas de Estados Unidos, según un funcionario iraní y cuatro diplomáticos con conocimiento del asunto.

    De concretarse, los planes supondrían un cambio significativo respecto al estatus previo a la guerra en esta vía marítima estratégica, lo que pone de relieve cómo la decisión de Estados Unidos e Israel de atacar Irán el 28 de febrero ha transformado Medio Oriente de formas trascendentales e imprevistas.

    Antes de la guerra, el estrecho de Ormuz era una ruta marítima internacional por la que los barcos navegaban libremente entre Irán y Omán, transportando petróleo y gas del golfo Pérsico al resto del mundo. Durante los combates, Irán bloqueó de facto esta vía marítima que es un importante cuello de botella para el comercio mundial, provocando que los precios de la energía se dispararan.

    Desde entonces, los funcionarios iraníes han declarado en repetidas ocasiones su intención de rentabilizar el estrecho.

    Omán presentó recientemente una propuesta formal a Estados Unidos y a otros aliados occidentales en la que se esbozaba un plan según el cual las compañías navieras pagarían tarifas de servicio por utilizar el estrecho, según el funcionario iraní y un diplomático regional.

    [El mapa muestra las rutas iraníes en rojo y las rutas omaníes en verde, así como las rutas que se utilizaban antes de la guerra, a la izquierda, y la zona de peligro de minas, en el centro].

    Una persona al tanto de la postura de Estados Unidos dijo que los negociadores estadounidenses habían recibido la propuesta de Omán y tenían inquietudes que planeaban discutir con funcionarios omaníes. Tanto esa persona como el diplomático regional afirmaron que la propuesta se refiere a tarifas voluntarias, no a un peaje obligatorio. Todos los funcionarios y diplomáticos citados en este artículo hablaron bajo condición de anonimato para abordar temas diplomáticos delicados.

    El futuro del estrecho sigue siendo un tema central en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo de paz duradero.

    El diplomático regional dijo que la propuesta de Omán está inspirada en parte en los acuerdos del estrecho de Malaca y Singapur, una vía navegable asiática en la que una fundación privada recauda contribuciones voluntarias para garantizar la navegación segura.

    Cualquier tarifa pagada en el estrecho de Ormuz sería voluntaria, señaló el diplomático. No obstante, el funcionario iraní dijo que los pagos serían obligatorios.

    El lunes, el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, dijo que la prioridad de Teherán era alcanzar un acuerdo con Omán. Pero si Omán no está dispuesto a establecer un marco conjunto para gestionar la vía navegable, Irán seguirá adelante por su cuenta, dijo, según declaraciones difundidas por la televisión estatal iraní.

    Omán, un sultanato situado en el extremo sureste de la península arábiga, se ha labrado desde hace tiempo una reputación de neutralidad, actuando como mediador entre Estados Unidos e Irán. El país se ve ahora envuelto en un ejercicio de equilibrio cada vez más difícil, a medida que la guerra aviva las tensiones regionales.

    Cuando en mayo se supo que Omán había planteado la posibilidad de asociarse con Irán para cobrar tarifas de servicio en el estrecho, el presidente Donald Trump amenazó con bombardear Omán si no “se comportaba como todo el mundo”.

    Hace tan solo una semana, Trump calificó de “inaceptable” la idea de cobrar peajes o tarifas por el paso por el estrecho.

    No quedó claro de inmediato si el gobierno de Trump estaría dispuesto a aceptar las tarifas de servicio voluntarias.

    Un acuerdo marco de paz firmado este mes por Estados Unidos e Irán, que detuvo la guerra, abordaba la cuestión del estrecho de Ormuz, garantizando “el paso seguro de los buques comerciales sin ningún costo”, pero solo durante un periodo de 60 días mientras se llevaban a cabo las negociaciones para definir los detalles.

    El acuerdo estipulaba que Irán y Omán debían iniciar un “diálogo” sobre lo que ocurriría después en la ruta marítima.

    La persona que conoce la postura de Estados Unidos dijo que el equipo negociador estadounidense valoraba su colaboración con Omán y confiaba en que podrían resolver las diferencias sobre la propuesta omaní a nivel técnico.

    La pugna por el futuro del estrecho de Ormuz pone de relieve los retos que enfrentan las autoridades omaníes, al ver cómo su país y sus vías navegables se ven envueltos en un conflicto que habían intentado evitar a toda costa.

    Lo que ocurra en el estrecho es “una cuestión de seguridad nacional urgente para ellos”, dijo Anna Jacobs, investigadora no residente del Instituto de los Estados Árabes del Golfo, con sede en Nueva York.

    “Están adoptando una visión a más largo plazo del conflicto y de la seguridad regional, y se enfocan en cómo mantener a Irán en la mesa de negociaciones”, añadió.

    Tres diplomáticos europeos comentaron que, al principio, los responsables omaníes habían dicho que sus esfuerzos eran un intento de encontrar un plan B para facilitar el flujo del comercio marítimo en caso de que el conflicto continuara.

    Aunque a los países europeos les desagrada la idea de las tarifas, actualmente están enfocados en asegurarse de que al menos se haga de una forma que no viole el derecho internacional, señalaron los diplomáticos. Las tarifas voluntarias podrían cumplir ese requisito.

    “Llámalo voluntario si quieres: el estrecho de Ormuz estaba completamente abierto antes de esta guerra, y ahora no lo está”, dijo H. A. Hellyer, investigador asociado sénior del Royal United Services Institute, una organización de investigación con sede en Londres. “Eso no es culpa de Omán; ellos nunca quisieron esto. Todo este lío forma parte de la factura que Washington tiene que pagar por iniciar una guerra mal pensada”.

    El gobierno de Trump ha defendido su decisión de entrar en la guerra, durante la cual Irán logró controlar el estrecho durante meses, descubriendo así una forma eficaz de alterar la economía mundial y presionar a Trump. Los actos de Irán elevaron el precio del petróleo crudo muy por encima de los 100 dólares por barril y encarecieron los combustibles para los consumidores estadounidenses.

    El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo a los periodistas en Baréin la semana pasada que Estados Unidos se opondría a cualquier situación en la que se monetizara el uso del estrecho, independientemente de si se denominaba “tarifa o peaje o donación”.

    “Tenemos que volver a la situación en la que se encontraban los estrechos antes de este conflicto”, dijo.

    Pero los analistas dicen que el nuevo poder de Irán para interrumpir el tráfico por esa vía marítima es una ventaja fundamental que no puede permitirse perder.

    El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró este mes en la televisión estatal que el estrecho de Ormuz no volvería a su situación anterior a la guerra, cuando el paso era libre.

    Mehdi Mohammadi, asesor principal del general Mohammad Bagher Ghalibaf, el principal negociador de Irán con Estados Unidos, dijo en su página de redes sociales que a Irán no le importaba la terminología: “ya sea que lo llames peajes, tarifas de servicio por seguridad o derecho de paso naval”.

    “En ningún lugar del mundo hay ningún servicio gratuito”, dijo.

    La semana pasada, Omán y la Organización Marítima Internacional designaron una ruta segura que solo pasaba por aguas territoriales omaníes.

    Irán respondió atacando un buque de carga en el estrecho. La Organización Marítima Internacional, una agencia de la ONU, suspendió entonces una operación para evacuar a cientos de barcos varados en la vía navegable.

    La escalada de tensiones amenazó con frenar la incipiente recuperación del tráfico marítimo en la zona.

    Gharibabadi dijo que Irán y Omán iniciarían conversaciones la semana próxima para discutir los acuerdos relativos al estrecho, incluyendo el cobro de tarifas a los barcos que lo atraviesen y los cambios en las rutas marítimas existentes, según declaraciones difundidas el lunes por la televisión estatal iraní.

    Públicamente, Omán se ha mostrado más reservado sobre sus planes. El ministro de Asuntos Exteriores del país, Badr al-Busaidi, ha rechazado la idea de cobrar tarifas solo por cruzar el estrecho, alegando que sería ilegal. Sin embargo, ha establecido una distinción entre las “tarifas de tránsito” y las tasas por los servicios prestados por los países del estrecho.

    Al-Busaidi dijo el domingo en una entrevista con Monte Carlo Doualiya, una emisora de radio en árabe, que las responsabilidades para mantener las aguas del estrecho seguras y libres de contaminación, así como de responder a emergencias marítimas periódicas, “sin duda cuestan dinero”.

    “Solo estamos diciendo que quizá podamos aprovechar algunas experiencias ya existentes, de forma voluntaria, entre los países implicados en este asunto”, añadió en la entrevista.

    Mencionó el precedente establecido en los estrechos de Malaca y Singapur. Allí, una fundación privada japonesa gestiona las contribuciones voluntarias de gobiernos, empresas y asociaciones del sector para facilitar la navegación segura por el estrecho.

    Arsenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional, que regula el transporte marítimo mundial, ha dicho que los peajes o cualquier sistema que interfiera con el principio de libertad de navegación por las vías navegables internacionales no se ajustaría al derecho internacional. Pero el lunes, en una entrevista, dijo que un fondo voluntario para el estrecho de Ormuz podría ser viable.

    Dijo que ha mantenido conversaciones con funcionarios omaníes sobre la “gestión del estrecho”, incluidas discusiones sobre el sistema vigente en los estrechos de Malaca y Singapur.

    “Se trata de aprender de algo que ya existe y que se está poniendo a prueba”, señaló.

    El objetivo es encontrar soluciones prácticas a la crisis provocada por la guerra, dijo, y añadió que tenía previsto debatir diferentes opciones con los Estados miembros de la organización “para ver qué es viable”.

    Es probable que la propuesta de Omán genere polémica entre otros países árabes del Golfo, que dependen del estrecho de Ormuz para exportar petróleo y gas.

    En un evento organizado este mes por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan, dijo que el estrecho de Ormuz “debe volver a la situación anterior a la guerra”.

    “¿Por qué deberíamos aceptar ahora, como consecuencia de un conflicto, algún tipo de acuerdo novedoso que se va a imponer?”, preguntó.

    Ismaeel Naar y Jenny Gross colaboraron con reportería.

    Vivian Nereim es la reportera principal para el Times en la cobertura de los países de la península arábiga. Radica en Riad, Arabia Saudita.

    Farnaz Fassihi es la jefa del buró del Times para las Naciones Unidas y dirige la cobertura sobre la organización. También cubre temas iraníes y ha escrito sobre los conflictos en Medio Oriente durante 15 años.

    Erika Solomon es la jefa del buró del Times para Irán e Irak.

    Ismaeel Naar y Jenny Gross colaboraron con reportería.

  • “¿Y si sí?”: México se ilusiona y pasa a octavos del Mundial tras una contundente victoria contra Ecuador

    “¿Y si sí?”: México se ilusiona y pasa a octavos del Mundial tras una contundente victoria contra Ecuador

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    Si los mexicanos estaban llenos de ilusión antes de tener razones deportivas, ahora las tienen.

    Su selección de fútbol le ganó 2-0 este martes a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y dejó una impresión positiva para quienes dudaban de sus aptitudes futbolísticas.

    El partido se jugó en el estadio Azteca, que estuvo a la altura de su mitología con una multitud partícipe del encuentro desde el minuto uno.

    “¿Y si sí?, ¿Y si sí?, ¿Y si sí?”, coreaban las tribunas, en referencia a una frase que se ha hecho famosa estos días como respuesta a la creencia de que México no tiene chances de ganar la Copa del Mundo.

    También cantaron “Cielito Lindo” y “El rey”, rancheras que ofician como himnos nacionales para un pueblo que ha visto en este Mundial, el tercero que alberga, una oportunidad para mostrarle al mundo el poder de su cultura.

    Tras el partido, decenas de miles de personas llenaron la Avenida Reforma de la Ciudad de México entre pirotecnia para celebrar un triunfo que los pone a soñar.

    Ahora México espera al vencedor del partido de este miércoles entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

    El juego de octavos de final, el domingo, será el último partido del Mundial que se juegue en México.

    Y será un nuevo pretexto para los mexicanos de celebrar no solo su fútbol, sino, sobre todo, su orgullo patriotero.

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  • Mundial 2026: consulta cómo quedan los dieciseisavos y octavos de final (y con quiénes se cruzan los países de América Latina)

    Mundial 2026: consulta cómo quedan los dieciseisavos y octavos de final (y con quiénes se cruzan los países de América Latina)

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    Terminada la fase de grupos, 16 equipos se volvieron a sus casas y 32 se disputan un lugar en octavos de final.

    A continuación puedes ver qué equipos siguen con esperanzas de llegar a la final y a quién tendrán que vencer para lograrlo.

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  • El fútbol mexicano nació en un pueblo de montaña. Pero, ¿cuál?

    El fútbol mexicano nació en un pueblo de montaña. Pero, ¿cuál?

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    Una pequeña localidad minera se convirtió en destino turístico por su abolengo futbolero. Una ciudad vecina reivindica el mismo legado.

    El fútbol es el deporte nacional de México. La Copa Mundial que se celebra y el éxito inicial de la selección mexicana han llevado a un país de aficionados incondicionales a salir a la calle para montar fiestas gigantescas que han rayado en lo absurdo.

    Los orígenes de ese fervor se remontan a una región montañosa situada a unas dos horas al noreste de Ciudad de México, la capital. Fue allí donde los mineros de Cornualles, Inglaterra, que llegaron a principios del siglo XIX para rescatar y modernizar la industria minera mexicana en el estado de Hidalgo, introdujeron el fútbol.

    Pero la ubicación exacta, una zona conocida como la “Pequeña Cornualles de México”, varía según a quién se le pregunte. En Mineral del Monte, un pueblo de 16.000 habitantes situado a unos 2700 metros sobre el nivel del mar y que aún conserva vestigios de la influencia de Cornualles, unas cuantas placas y pinturas junto a una antigua mina de plata cerca de la plaza principal conmemoran su lugar en la historia.

    “El fútbol en México nació en un lugar cerca del cielo: Real del Monte”, reza una de las pinturas, utilizando el nombre que los colonizadores españoles le dieron al pueblo y que muchos siguen usando hoy en día. Cerca de allí, una placa afirma que el primer partido se jugó en los patios de la mina Dolores.

    Hay algunos otros recuerdos repartidos por todo el pueblo: una de las panaderías más grandes, donde venden pastes al estilo de Cornualles –empanadillas de carne y papa que se han adaptado con rellenos mexicanos como el mole o los frijoles–, tiene un cartel en la entrada que llama al pueblo “cuna del fútbol mexicano”. En un callejón que rinde homenaje a la tradición futbolística de la localidad, una inscripción en la pared la llama “la semilla y raíz del fútbol en México”. Las noticias de los últimos años han repetido estas afirmaciones.

    Hay quienes no están de acuerdo.

    Sharron Schwartz, una destacada historiadora especializada en la migración de los habitantes de Cornualles a Latinoamérica, dijo que, aunque los mineros de Cornualles llegaron por primera vez en 1824, en un principio trajeron el críquet, ya que en Inglaterra el fútbol no se formalizó hasta la década de 1860. El primer partido de fútbol del que se tiene constancia en México, dijo Schwartz, se disputó en 1889 en Pachuca, la capital del estado de Hidalgo, a unos 30 minutos de distancia. Más tarde, esta ciudad se convirtió en la sede del primer club de fútbol del país.

    Ese primer partido de fútbol en México se disputó entre trabajadores de una mina de Pachuca y de la mina Mineral del Monte, una rivalidad que, según dijo, imitaba las que existían entre las comunidades mineras de Cornualles.

    “Y solo sabemos de ese partido porque derivó en pelea y varios de los mineros acabaron ante el tribunal de Pachuca”, dijo Schwartz en una entrevista telefónica.

    Belem Oviedo Gámez, directora del Archivo Histórico y Museo Minero de Pachuca, que se encarga de las antiguas minas de Mineral del Monte, dijo que “en todo el archivo no existe registro de una cancha o juego de fútbol” que se haya disputado en la mina de Dolores.

    Pero esa no es la historia que han transmitido generaciones de vecinos de Mineral del Monte.

    Edmundo Méndez Tejeda, alcalde del pueblo y cuya familia vende pastes, dijo que sus padres y otras personas le enseñaron de niño que Mineral del Monte, y concretamente los patios de la mina Dolores, fueron el escenario del primer partido de fútbol de México. Otros vecinos del pueblo dijeron que sus abuelos o familiares les habían contado lo mismo.

    Aunque nadie pudo aportar pruebas de esta afirmación, insistieron en que su pueblo ocupaba un lugar legítimo en la historia del fútbol mexicano.

    “Pues sí, efectivamente Pachuca es la cuna, pero antes de la cuna es el nacimiento, y ¿dónde nace el fútbol? En Real del Monte”, dijo Méndez Tejeda, de 45 años.

    En 2014, el Congreso del estado de Hidalgo nombró a Pachuca cuna del fútbol mexicano y sede del primer partido del país. (Pachuca también alberga el Salón de la Fama Internacional del Fútbol).

    Giovanni Romero López, que dirige un consejo dedicado a reconocer la historia del fútbol en Mineral del Monte, dijo que la declaración fue “desgraciadamente lamentable”. Comparó al congreso con los árbitros de un partido de fútbol que toman una decisión de “mala fe”.

    “No defendieron al Real como lo tenían que haber defendido, dijo, señalando una larga lista de figuras del fútbol, desde jugadores hasta directivos, que o bien son originarios de Mineral del Monte o han estado en el lugar, como la leyenda argentina Diego Maradona. (El rey Carlos III, por entonces príncipe de Gales, visitó la ciudad en 2014).

    Rosa María Durán Mejía, de 62 años, dueña de varias pastelerías y presidenta de un consejo de patrimonio cultural de Real del Monte-Cornualles –que organiza cada octubre el festival de pastes más grande del mundo–, dijo que su pueblo tenía “el deber” de preservar su cultura. Pero admitió que su reivindicación de la historia del fútbol se basaba más en relatos orales (en su caso, los de su bisabuelo) y menos en pruebas sólidas para rebatir a Pachuca.

    Es divertido “, dijo, “porque nos damos cuenta de lo complejo que somos como seres humanos de querer tener la razón siempre“.

    El alcalde dijo que los gobiernos anteriores nunca terminaron de construir el pequeño museo que se había planeado para rendir homenaje a la historia futbolística de la localidad, y en su lugar un grupo local gestiona su propia galería privada.

    Tanto él como Romero López dijeron que estaban trabajando para dar mayor visibilidad al legado futbolístico de Mineral del Monte, por ejemplo, erigiendo un monumento a un futbolista hecho a partir de llaves viejas donadas por la gente y fundidas, y otro de un balón de fútbol de metal en el que se lee que la localidad es la “cuna del fútbol mexicano” –el mismo título que se le da a Pachuca–.

    La rivalidad entre Pachuca y Mineral del Monte, dijo Schwartz, no ha desaparecido desde aquel primer partido de fútbol. “Y esa rivalidad es lo que permitió que el fútbol floreciera en primer lugar”, añadió.

    Aunque el alcalde de Mineral del Monte restó importancia a la rivalidad con Pachuca, Romero López dijo que “siempre ha habido peleas entre el real y los pachuqueños” entre las dos comunidades.

    Mientras se disputaba el Mundial en México, Schwartz, que es de Cornualles, dijo que se alegraba de la influencia que su pequeña comunidad en el extremo suroeste de Inglaterra –que ahora cuenta con casi medio millón de habitantes– había tenido en un país latinoamericano donde no se habla inglés. Pero comentó que las pretensiones futbolísticas de Mineral del Monte se han “disparado un poco”.

    Las últimas minas del pueblo cerraron hace 20 años, así que se reinventó como destino de fin de semana y forma parte del registro de pueblos mágicos de la Secretaría de Turismo.

    Schwartz reconoció el mérito del pueblo por haberse convertido en un destino turístico estrella y valoró sus guiños a Cornualles, pero dijo que no le gustaba que la gente de allí “intentara tergiversar la historia” con fines comerciales.

    Méndez Tejeda dijo que al menos el 80 por ciento de la localidad vive del turismo. Según él, cada fin de semana la visitan una media de 30.000 personas, en su mayoría procedentes del área metropolitana de Ciudad de México, lo que suma unos 1,5 millones al año. Tanto él como otros afirmaron que los pasties de la localidad y su historia en general, y no su legado futbolístico, son sus mayores atractivos.

    Mineral del Monte cuenta con varias minas antiguas, una arquitectura colorida y un cementerio de Cornualles del siglo XIX donde todas las tumbas, excepto una, miran hacia el este, en dirección a Inglaterra. Las banderas de Cornualles, Inglaterra, el Reino Unido y México ondean por todo el pueblo.

    En cuanto al fútbol, dijo Schwartz, sería mejor que Real del Monte y Pachuca, juntos en lugar de por separado, reivindicaran que la “Pequeña Cornualles” de México fue el lugar de nacimiento del fútbol mexicano.

    Y su cuna.

    James Wagner cubre noticias y cultura para el Times en América Latina y está radicado en Ciudad de México.

  • EE. UU. obstaculiza el regreso de María Corina Machado a Venezuela

    EE. UU. obstaculiza el regreso de María Corina Machado a Venezuela

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    La líder opositora exiliada se empeña en volver a un país desolado por los terremotos, lo que ha irritado a las autoridades estadounidenses, enfocadas en la recuperación y la estabilidad.

    María Corina Machado, la líder venezolana galardonada con el Premio Nobel de la Paz que vive en el exilio, ha hecho un enérgico intento en la última semana por volver a su país, al decir al gobierno de Donald Trump y al pueblo venezolano que quiere ayudar en la recuperación tras los devastadores terremotos.

    Pero el gobierno de Trump ha rechazado varias veces sus peticiones y le ha hecho saber a la dirigente opositora que se ha convertido en una distracción, lo que ha transformado meses de tensiones latentes en una ruptura abierta con la política más popular de Venezuela, según seis personas al tanto de las conversaciones.

    Algunos funcionarios afirman ahora que no está claro si Machado podrá enmendar su relación con el gobierno de Trump.

    Machado, que en su día fue una protegida muy elogiada por la clase dirigente republicana de Washington, lideró el grupo de la oposición cuyo candidato ganó con holgura las elecciones presidenciales de 2024, según observadores independientes, a pesar de la manipulación generalizada y la supresión de votantes por parte del gobierno. Las elecciones fueron amañadas por el autócrata Nicolás Maduro, que fue derrocado a principios de este año por fuerzas estadounidenses.

    Pero Machado enfrenta a posibles represalias por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas si regresa, y no ha logrado convencer a Trump de que tiene la influencia política necesaria para gobernar Venezuela, un país que él ha descrito en repetidas ocasiones como el mayor éxito de política exterior de su segundo mandato.

    Ni siquiera el gesto inédito de Machado de regalarle a Trump su medalla del Nobel –a pesar de la oposición del comité del premio— ha sido suficiente para convencerlo. Tras vivir en la clandestinidad en Venezuela por miedo a que la detuvieran, se marchó el año pasado para recoger el Premio de la Paz y no ha vuelto.

    Los dos terremotos que devastaron Venezuela el miércoles pasado fueron el punto de ruptura de una relación con Trump que llevaba meses deteriorándose. Machado ha usado la catástrofe para intentar volver a situarse en el centro de la vida política venezolana, redoblando sus esfuerzos por conseguir el apoyo de EE. UU. para regresar al país.

    En cambio, el gobierno de Trump ha dado prioridad a la estabilidad y ha reforzado su alianza con los adversarios de Machado en el gobierno venezolano, figuras que permanecen del régimen de Maduro.

    La Casa Blanca instó a Machado a que mantuviera la paciencia y, cuando la líder de la oposición hizo caso omiso de ese consejo, le comunicó estos últimos días que ahora estaba por su cuenta y que no contaba con el respaldo del gobierno de Estados Unidos, según siete personas al tanto de las conversaciones.

    La pérdida del apoyo de Estados Unidos tiene consecuencias prácticas para Machado y el futuro político de Venezuela.

    Al igual que millones de otros venezolanos que han emigrado, Machado no tiene un pasaporte venezolano válido, consecuencia de la discriminación que el gobierno lleva años ejerciendo contra los ciudadanos afines a la oposición. Por eso, Machado necesita que la comunidad internacional ejerza presión sobre los gobernantes de Venezuela para garantizar su entrada. Dado que Estados Unidos tiene hoy influencia sobre la presidenta interina, Delcy Rodríguez, está en una posición única para asegurar la entrada de Machado.

    “Quiero volver a Venezuela para acompañarnos”, dijo Machado el lunes en un video dirigido a los venezolanos desde la ciudad de Panamá. “El régimen quiere bloquear mi regreso a Venezuela, y el de miles de compatriotas que queremos ir a ayudar”.

    Los opositores de Machado en Washington y Venezuela han logrado convencer a altos cargos de la Casa Blanca de que su regreso implica el riesgo de agravar el ambiente ya de por sí tenso en el país tras los terremotos y de poner en peligro los esfuerzos conjuntos de ayuda humanitaria, dijeron personas al tanto de las conversaciones.

    La Casa Blanca remitió las preguntas al Departamento de Estado y al gobierno de Venezuela, y la oficina de Machado no respondió a las solicitudes de comentarios. Un funcionario del Departamento de Estado se negó a hacer comentarios sobre Machado. El funcionario estadounidense elogió la respuesta del gobierno interino de Venezuela ante los terremotos y dijo que había accedido a todas las peticiones formuladas por el gobierno de Trump como parte de los esfuerzos de ayuda de EE. UU.

    El enfrentamiento entre la Casa Blanca y Machado representa uno de los ejemplos más claros de cómo Trump está trastocando las posturas internacionales de Estados Unidos, antes inquebrantables, al otorgar poder a antiguos adversarios, abandonar a aliados y dar prioridad a los acuerdos comerciales.

    La ruptura de la antigua alianza de Machado con el gobierno de Estados Unidos se produce tras meses de tensiones crecientes sobre cómo debería gobernarse Venezuela tras la caída de Maduro, su enemigo común.

    Después de que las fuerzas estadounidenses arrestaron a Maduro en enero, el gobierno de Trump optó por un enfoque gradualista. Estados Unidos ha reconocido al vicepresidente del autócrata derrocado, Rodríguez, como nuevo líder. El gobierno de Trump quiere que el país se abra a los inversores estadounidenses, con la intención de convocar elecciones libres en una fecha posterior aún por determinar.

    Machado, por el contrario, ha presionado para que haya una transición política de inmediato, argumentando que las elecciones presidenciales amañadas le dieron el mandato para gobernar.

    Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, llevan meses aconsejando personalmente a Machado que posponga su regreso. Los funcionarios estadounidenses han esgrimido argumentos relacionados con la seguridad personal de la líder opositora, alegando que no pueden garantizar su integridad.

    En privado, algunos funcionarios estadounidenses y personas cercanas a la Casa Blanca dijeron que el regreso de Machado complicaría mucho la alianza cada vez más cercana del gobierno de Trump con Rodríguez. Trump ha calificado repetidamente esa relación como un gran éxito.

    Estas diferencias estratégicas, según personas al tanto de las conversaciones, llegaron a un punto de ruptura tras los dos terremotos del miércoles, que se cobraron la vida de al menos 1900 personas y devastaron zonas de la costa del país.

    Tras el desastre, Machado ha intensificado de forma notable sus esfuerzos por volver a participar en la vida política de Venezuela. Ha escrito personalmente a varias personas del gobierno de EE. UU., entre ellas el Departamento de Estado y el Congreso, pidiéndoles apoyo para facilitar su regreso, según una persona que conoce el asunto.

    Esta persona dijo que esta iniciativa tuvo una respuesta tibia, y que algunos funcionarios se mostraron molestos por lo que percibieron como la impaciencia de Machado y su aparente deseo de aprovechar la situación para obtener beneficios políticos.

    En Panamá, Machado ha hecho declaraciones públicas cada vez más contundentes anunciando su inminente regreso. En un discurso el lunes afirmó “el régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedírmelo”, refiriéndose a su regreso.

    Sin embargo, los datos de seguimiento de vuelos mostraron que los aeropuertos provinciales de Venezuela recibieron vuelos comerciales en las horas previas y posteriores a su declaración. (El principal aeropuerto de Venezuela, cerca de la capital, Caracas, ha estado cerrado a todo tráfico comercial tras el terremoto debido a los daños generalizados).

    Las afirmaciones de Machado sobre su inminente retorno han avivado intensos debates dentro del gobierno venezolano sobre cómo reaccionar si se presenta en la frontera, según personas cercanas al gobierno.

    Algunos funcionarios han argumentado que rechazarla de forma pública perjudicaría los esfuerzos de Rodríguez por dar una nueva imagen al partido gobernante –profundamente impopular– como un movimiento más inclusivo y tolerante.

    A otros miembros del círculo de poder, sin embargo, les preocupa que el regreso de Machado pueda desestabilizar su posición y desencadenar un nuevo periodo de conflictos en un país que lleva décadas pasando de una crisis política violenta a otra.

    El gobierno de Rodríguez ya ha sido muy criticado por su respuesta lenta e insuficiente ante la catástrofe y acusado de aprovechar la tragedia con fines propagandísticos. Los vecinos, cada vez más enfadados, han abucheado y, en algunos casos, han echado a los funcionarios que acuden a los edificios destruidos por los terremotos.

    El regreso de Machado probablemente avivaría aún más el descontento, según han argumentado algunas personas cercanas a Rodríguez.

    Este argumento ha encontrado adeptos al interior del gobierno de Trump, que ha redoblado su apoyo a Rodríguez tras el terremoto. Antes de que se produjera la catástrofe, Trump afirmó en repetidas ocasiones que la intervención de EE. UU. había traído una riqueza sin precedentes e incluso una felicidad generalizada a Venezuela, donde la gente tachaba esas afirmaciones de tonterías. Los terremotos se perfilan como el mayor desafío que enfrenta EE. UU. desde que se implicó en el país.

    Machado sigue contando con el apoyo de varios funcionarios del Departamento de Estado, entre ellos Chris Landau, el subsecretario de Estado, y de miembros republicanos del Congreso, según personas familiarizadas con el asunto. Pero su decisión de intensificar su campaña para regresar ha dañado gravemente su relación con los funcionarios estadounidenses que, en última instancia, toman las decisiones en el gobierno de Trump, dijo esa persona.

    Adriana Loureiro Fernandez colaboró con reportería desde La Guaira, Venezuela.

    Anatoly Kurmanaev cubre Venezuela y su gobierno interino.

    Tyler Pager es uno de los corresponsales del Times para la Casa Blanca y cubre al presidente Trump y su gobierno.

    Adriana Loureiro Fernandez colaboró con reportería desde La Guaira, Venezuela.

  • La Corte Suprema de EE. UU. ratifica la ciudadanía por nacimiento

    La Corte Suprema de EE. UU. ratifica la ciudadanía por nacimiento

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    Los jueces bloquearon una orden ejecutiva del presidente Trump que prohibía la ciudadanía por nacimiento para los hijos de migrantes indocumentados y de algunos visitantes extranjeros temporales.

    La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el martes la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que limitaba la ciudadanía por nacimiento, ratificando el principio perenne de que la Constitución garantiza que casi todos los niños nacidos en territorio estadounidense son ciudadanos.

    La sentencia, que se aprobó por 6 votos a 3 para anular la orden ejecutiva del presidente, asesta un duro golpe a una medida que Trump llevaba más de una década defendiendo con el objetivo de evitar que los bebés nacidos de migrantes indocumentados y residentes extranjeros temporales se convirtieran automáticamente en estadounidenses.

    El presidente de la Corte Suprema, John G. Roberts Jr., en nombre de la mayoría, explicó que la orden ejecutiva de Trump violaba un derecho consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución. Los niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados o de padres que se encuentran temporalmente en el país, escribió, son ciudadanos desde su nacimiento.

    “La ciudadanía, tanto entonces como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política”, escribió Roberts. “Quienes escribieron la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’”.

    Y añadió: “Hoy mantenemos esa promesa”.

    Al presidente de la corte se unieron en la defensa de la ciudadanía por nacimiento los tres jueces liberales de la corte, junto con dos compañeros conservadores, los jueces Amy Coney Barrett y Brett M. Kavanaugh. El juez Kavanaugh escribió que anularía la orden ejecutiva basándose en la ley federal, no en la Constitución.

    Trump siguió de cerca el caso, llegando incluso a asistir en persona a parte de los alegatos orales en abril. Fue el primer presidente en funciones en asistir a unos alegatos.

    En una publicación hecha en redes sociales tras el fallo, el presidente calificó la decisión de la Corte Suprema de “muy mala para nuestro País”. Luego afirmó que podría “compensarlo fácilmente en el Congreso mediante Legislación” y que “no hace falta ninguna Enmienda Constitucional larga y engorrosa”. Instó al Congreso a empezar de inmediato a “trabajar para acabar con la Ciudadanía por Nacimiento, que es cara e injusta para nuestro País”.

    Esas afirmaciones parecían contradecir el fallo del tribunal, ya que cinco jueces –la mayoría del tribunal– dictaminaron que la Constitución garantiza la ciudadanía por nacimiento. Cualquier medida, ya sea propuesta como proyecto de ley o como enmienda constitucional, tendría muy pocas posibilidades de salir adelante.

    El texto clave de la Decimocuarta Enmienda dice así: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen”.

    Esa redacción, que data de la década de 1860, se ha interpretado desde hace tiempo como una concesión de la ciudadanía por derecho de nacimiento.

    Roberts remontó los fundamentos de este concepto hasta Inglaterra, señalando que los colonos que cruzaron el océano Atlántico trajeron consigo el “derecho consuetudinario de ciudadanía” por nacimiento.

    La idea de que la ciudadanía se concede automáticamente a los bebés nacidos en suelo estadounidense cobró “especial importancia” en “una nación de inmigrantes”, escribió el presidente de la corte, haciendo referencia a las “decenas de miles de emigrantes del Viejo Mundo, escoceses-irlandeses, franceses, alemanes, galeses y muchos más” que llegaron a las costas estadounidenses, “algunos de los cuales esperaban quedarse solo un tiempo, mientras que otros deseaban no marcharse nunca”.

    El tribunal ya había confirmado el principio de la ciudadanía por nacimiento en la histórica sentencia de 1898 del caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark, escribió Roberts. En ese caso, el tribunal sostuvo que la Decimocuarta Enmienda garantizaba la ciudadanía a Wong Kim Ark, que había nacido en San Francisco de ciudadanos chinos, porque había nacido en territorio estadounidense.

    Tres de los jueces conservadores del tribunal –el juez Clarence Thomas, el juez Samuel A. Alito Jr. y el juez Neil M. Gorsuch– expresaron su desacuerdo. Ni Alito ni Gorsuch estaban presentes el martes, cuando el tribunal emitió su dictamen final del período de sesiones.

    En su voto particular de 91 páginas, al que se sumó Gorsuch, Thomas dijo que la Decimocuarta Enmienda tenía por objeto consagrar la ciudadanía de las personas que habían sido esclavas y de sus descendientes, lo que supuso un rechazo al infame caso Dred Scott, con el que la Corte había negado la ciudadanía a las personas negras.

    “Los negros tenían derecho a la ciudadanía porque eran estadounidenses”, escribió Thomas. “No tenían otra patria, no debían lealtad a ninguna potencia extranjera y no estaban sujetos a ninguna otra autoridad”.

    Thomas dijo que “no se podía decir lo mismo de los hijos de visitantes extranjeros temporales”, que estaban “vinculados a su país de origen”, carecían de “lazos similares con este país” y “no serían llamados en tiempo de guerra”.

    Alito calificó la decisión de “un grave error” y escribió que la interpretación que hace el tribunal de la Constitución “concede la ciudadanía prácticamente a todo aquel que nazca en este país, incluidos los hijos de los ‘turistas de parto’”, personas a las que describió como “mujeres que vienen aquí con el único propósito de dar a luz a un hijo y luego regresan rápidamente a casa”.

    La batalla legal sobre la ciudadanía por nacimiento comenzó el primer día del segundo mandato de Trump, cuando anunció una orden ejecutiva titulada “Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”.

    En la orden, declaró que la ciudadanía ya no se concedería automáticamente a los bebés nacidos en territorio estadounidense. En concreto, los hijos de migrantes que hubieran entrado en el país de manera ilegal ya no serían ciudadanos, ni tampoco aquellos cuyos padres se encontraran en el país de forma legal pero temporal, como los que tienen visados de estudiante, de trabajo o de turista.

    La orden del presidente se enfrentó de inmediato a impugnaciones legales, ya que organizaciones de derechos civiles, grupos de defensa de los inmigrantes y futuros padres presentaron demandas y consiguieron, ante los tribunales, bloquear la orden mientras se resolvían los procesos judiciales.

    La orden nunca entró en vigor, y había pocos indicios de que el gobierno hubiera estado preparando la drástica reestructuración del sistema de ciudadanía que habría sido necesaria de haberse permitido su aplicación.

    Además de la Constitución, los demandantes también dijeron que la orden violaba leyes federales de 1940 y 1952, cuando el Congreso codificó el texto de la cláusula de ciudadanía en la legislación.

    El caso que analizó la Corte Suprema se presentó en New Hampshire en nombre de dos bebés afectados por la orden ejecutiva del presidente, sus padres y una mujer embarazada.

    El gobierno de Trump había afirmado que la orden ejecutiva del presidente “restablece el significado original de la cláusula de ciudadanía”. Los abogados del gobierno también dijeron que la orden solo afectaría a los bebés nacidos después de su entrada en vigor, en un intento por calmar las preocupaciones de millones de estadounidenses que temían que la orden pudiera hacerles perder su identidad nacional.

    Trump también llamó la atención sobre los bebés nacidos a través de lo que él ha denominado “turismo de maternidad”, cuando extranjeros adinerados visitan Estados Unidos con la intención de dar a luz mientras están en el país para que sus bebés sean ciudadanos.

    Tras la sentencia del martes, Cecillia Wang, directora jurídica nacional de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que representaba a los demandantes, celebró la sentencia y escribió que la decisión “reafirma una promesa fundamental de Estados Unidos: si naces aquí, eres ciudadano”.

    “Un presidente no puede cambiar la Constitución por decreto ejecutivo”, escribió en un comunicado enviado por correo electrónico, y añadió: “La garantía constitucional de la ciudadanía por nacimiento se mantiene firme”.

    Erica L. Green, Amy Qin y Aishvarya Kavi Kavi colaboraron con la reportería.

    Abbie VanSickle cubre la Corte Suprema de los Estados Unidos para el Times. Es abogada y tiene una amplia experiencia como reportera de investigación.

    Erica L. Green, Amy Qin y Aishvarya Kavi Kavi colaboraron con la reportería.

  • Familias de jóvenes asesinados en Caracas demandan a Maduro en EE. UU.

    Familias de jóvenes asesinados en Caracas demandan a Maduro en EE. UU.

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    Este caso representa un intento poco habitual de hacer responsable a un jefe de Estado ante un tribunal de Estados Unidos.

    Una madre estaba en la cocina de su casa, en la capital de Venezuela, preparándose un café al amanecer de un día de 2017 cuando, según afirma, vio por la ventana a unos policías con armas largas y cortas. Unos instantes después, uno de ellos estaba forzando la puerta de su casa con una barra de metal.

    Al poco tiempo, el hijo de 20 años de la mujer estaba muerto, asesinado en circunstancias poco claras. Los vecinos dijeron haber oído disparos de la policía horas después de la redada, como si quisieran simular un tiroteo, según una demanda que fue presentada el martes.

    El hijo de la mujer, conocido ahora en los expedientes judiciales como “John Doe 3”, fue una de las al menos 1300 personas asesinadas por una fuerza de seguridad de élite venezolana entre 2017 y 2020 durante una gran ofensiva policial implementada por el presidente Nicolás Maduro, supuestamente para combatir la delincuencia, según la demanda.

    La policía irrumpió en viviendas de barrios de bajos ingresos, obligó a hombres y niños a arrodillarse y les disparó, según pruebas recopiladas por grupos de derechos humanos. Las casas fueron saqueadas y se llevaron cualquier cosa que tuviera el más mínimo valor.

    Ahora, casi una década después de esas redadas en Caracas, la capital venezolana, los familiares de cinco jóvenes asesinados han interpuesto una demanda federal en Brooklyn en la que acusan a Maduro de autorizar los asesinatos.

    Maduro ya está encarcelado en una prisión federal de Nueva York, adonde fue trasladado después de que el ejército estadounidense entrara en Venezuela en enero para detenerlo por acusaciones de delitos relacionados con las drogas.

    Los demandantes han presentado la acción judicial al amparo de la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura, una ley de 1991 que permite interponer demandas civiles ante un tribunal federal de Estados Unidos contra personas acusadas de cometer torturas o ejecuciones extrajudiciales mientras actuaban en el ejercicio de sus funciones oficiales en otro país.

    Este caso representa un intento poco habitual de hacer responsable a un jefe de Estado ante un tribunal de Estados Unidos. También es un caso poco común en el que un alto cargo del régimen autoritario de Venezuela podría tener que rendir cuentas por violaciones de los derechos humanos.

    “No estoy pidiendo nada, estoy exigiendo”, dijo la mujer cuyo hijo fue asesinado en aquella mañana de 2017, y que en la demanda es identificada como Jane Doe 1. “A mí el Estado me mató a mi hijo”.

    Para proteger a las familias de posibles represalias, la demanda se presentó utilizando seudónimos. Aunque muchos familiares de las víctimas han hecho pública su campaña en busca de justicia, los abogados de los demandantes temen por su seguridad ahora que no solo señalan a los agentes de bajo rango, sino también a quien fue uno de los principales responsables del gobierno venezolano.

    La demanda se presentó en nombre de tres madres y un padre, así como de una mujer cuyos dos hermanos murieron durante la operación policial.

    “Yo decidí hacer esta demanda y denunciar el caso de mi hijo y visibilizarlo porque mi hijo no era ningún delincuente”, dijo una demandante identificada como Jane Doe 3. “A mi hijo lo asesinan en su propia habitación”. Ella se marchó de Venezuela después de eso.

    Dijo que la policía se robó la PlayStation de su nieta, y tanta ropa de su hijo que tuvo que comprarle un traje para enterrarlo.

    El Centro Guernica 37, una organización jurídica internacional sin fines de lucro que busca que se rindan cuentas por violaciones graves de los derechos humanos a través de acciones legales transnacionales, interpuso la demanda ante el Tribunal Federal de Distrito.

    “Esta demanda refleja la extraordinaria determinación de las familias de las víctimas para hacer frente a los abusos de poder y afirmar que nadie está por encima de la ley”, dijo Michael Reed Hurtado, uno de los abogados. La demanda solicita una indemnización por daños y perjuicios punitivos y compensatorios.

    El mismo centro jurídico demandó recientemente a un teniente coronel venezolano que llevaba tiempo viviendo en el sur de Florida y trabajando como extra en telenovelas.

    Los asesinatos en los que se centra la demanda comenzaron después de que el régimen de Maduro anunciara la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, una serie de campañas militarizadas. Tras las denuncias de los grupos de derechos humanos sobre la violencia, Maduro rebautizó al escuadrón con el nombre de Fuerzas de Acciones Especiales, más conocido por sus siglas, FAES.

    El abogado de Maduro, Barry Pollack, no estuvo disponible para hacer comentarios tras la presentación de la demanda el martes.

    Un informe de las Naciones Unidas dijo que las fuerzas de seguridad venezolanas mataron al menos a 6856 personas en un periodo de 18 meses entre 2018 y 2019. Además, alteraron las escenas del crimen colocando armas o drogas, o disparando contra la pared para que pareciera que las víctimas se habían resistido al arresto, según el informe.

    A pesar de que abundaban las denuncias, Maduro siguió elogiando a las fuerzas especiales.

    “Todo el apoyo para ustedes, logístico, físico”, dijo en 2019, unas semanas después de que se publicara el crítico informe de la ONU. “Todo el apoyo para el FAES, en su labor diaria de darles seguridad al pueblo. ¡Que viva el FAES!”.

    El gobierno venezolano no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la demanda. En 2019, el viceministro de Asuntos Exteriores del país, William Castillo, insistió en que el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no “reflejaba la realidad de nuestro país”.

    “Exigimos que se corrija su contenido y los instamos a actuar de forma equilibrada y respetuosa”, dijo Castillo a la ONU.

    Como Maduro era presidente cuando se produjeron los asesinatos, es probable que intente acogerse a la inmunidad como jefe de Estado frente a las reclamaciones de la demanda.

    “La reclamará, pero la jurisprudencia está de nuestro lado”, dijo Almudena Bernabeu, una de las abogadas que presentó la demanda. “Presentamos esta demanda porque detrás de los líderes injustos y abusivos siempre hay personas a las que se ignora”.

    En 2022, un juez federal desestimó una demanda presentada por la prometida del periodista asesinado Jamal Khashoggi contra el príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, durante el gobierno de Biden, dijo que el príncipe gozaba de inmunidad.

    El departamento se negó a hacer comentarios sobre la demanda contra Maduro.

    El gobierno boliviano renunció a la inmunidad cuando se presentó una demanda contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su antiguo ministro de Defensa por una masacre. En 2018, un jurado de Fort Lauderdale concedió una indemnización de 10 millones de dólares, aunque la cifra se redujo a una cantidad no revelada tras alcanzar un acuerdo durante la apelación.

    “No tuvimos que demostrar que él supiera de tiroteos concretos o que diera las órdenes, sino que era responsable de la campaña militar en su conjunto”, dijo Beth Stephens, profesora de la Universidad de Rutgers y una de las abogadas que trabajó en el caso.

    En Venezuela, detuvieron a decenas de agentes de policía de bajo rango tras los asesinatos, pero los casos se alargaron o fueron anulados. Y, a veces, apartaban a los fiscales si parecía que se esforzaban demasiado en los casos, dijo otro de los demandantes, identificado como John Doe 4. Su hijo murió cuando la policía irrumpió en su casa sin una orden judicial en otoño de 2020, contó.

    “El verdadero móvil de nosotros para haber dado ese paso es la impunidad en nuestro país”, dijo otra demandante, identificada como Jane Doe 2, cuyo hijo fue detenido en la calle, donde lo golpearon y abatieron a tiros en 2018. “Si no fuera así, no habríamos tenido que recurrir a instancias internacionales”.

    Isayen Herrera colaboró con la reportería desde Caracas.

    Frances Robles es una reportera del Times que cubre América Latina y el Caribe. Lleva más de 25 años informando sobre la región.

    Isayen Herrera colaboró con la reportería desde Caracas.

  • Fallo de la Corte Suprema de EE. UU. sobre la ciudadanía por nacimiento: lo que hay que saber

    Fallo de la Corte Suprema de EE. UU. sobre la ciudadanía por nacimiento: lo que hay que saber

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    Defensores de los derechos civiles y de los migrantes aplaudieron la decisión, pero advirtieron que el miedo causado por la persecución del gobierno de Trump seguiría presente.

    El martes, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el decreto del gobierno de Donald Trump que limitaba el derecho a la ciudadanía estadounidense automática de los bebés nacidos en su territorio.

    Líderes de los derechos civiles y organizaciones de defensa de los migrantes celebraron la decisión, tomada por 6 votos contra 3, que dijeron que reafirmaba más de un siglo de jurisprudencia y los valores que Estados Unidos ha defendido por mucho tiempo. Sin embargo, advirtieron que el miedo causado por la persecución a inmigrantes por parte del gobierno de Trump seguiría.

    Los partidarios de una línea dura en materia migratoria condenaron el fallo de la Corte Suprema y argumentaron que la campaña del gobierno de Trump contra quienes se encuentran de manera ilegal en el país estaba justificada y era más urgente que nunca.

    Kevin Roberts, presidente de la Heritage Foundation, un centro de estudios conservador, lo calificó de “una tremenda traición a la república” que restaba valor a la ciudadanía estadounidense. También, en un adelanto de lo que podría ser el siguiente paso de los opositores republicanos, pidió una enmienda constitucional para corregirlo.

    Esto es lo que hay que saber.

    ¿Cómo llegamos hasta aquí?

    La ciudadanía por derecho de nacimiento, que tiene sus raíces en el derecho consuetudinario, ha sido garantizada por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense desde hace más de 150 años.

    El presidente Trump lleva tiempo prometiendo restringir este derecho, al que ha tachado de una “estafa” que atrae migrantes. El primer día de su segundo mandato, Trump firmó una orden ejecutiva para poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los bebés nacidos en Estados Unidos de inmigrantes indocumentados y residentes extranjeros con estatus legal temporal. Entre ellos se incluían turistas y estudiantes con visa.

    Organizaciones defensoras de migrantes y de los derechos civiles, junto con más de 20 estados y el Distrito de Columbia, impugnaron la orden a través de al menos cuatro demandas importantes. Estas dieron lugar a fallos de tribunales inferiores que impidieron que las restricciones entraran en vigor en todo el país.

    El caso evaluado por la Corte Suprema tiene su origen en una demanda colectiva denominada “Barbara vs. Trump”, presentada en New Hampshire para proteger los derechos de todos los niños nacidos en Estados Unidos.

    ¿Cuál es el impacto inmediato?

    La orden ejecutiva ya no tiene validez. Los estados pueden seguir expidiendo certificados de nacimiento.

    Los padres no notarán ningún cambio ni encontrarán obstáculos legales adicionales a la hora de solicitar certificados de nacimiento, pasaportes o números del Seguro Social. Un certificado de nacimiento estadounidense seguirá siendo prueba de ciudadanía para cualquier niño.

    Según el Pew Research Center, hay más de seis millones de personas nacidas en Estados Unidos que viven con al menos un progenitor que es migrante no autorizado. Esa cifra incluye unos 4,6 millones de menores de 18 años y unos 1,4 millones de adultos nacidos en Estados Unidos.

    Deborah Fleischaker, una exfuncionaria del Departamento de Seguridad Nacional que ahora forma parte del grupo latino UnidosUS, dijo que la decisión era “un enorme alivio”. Expertos en políticas públicas habían advertido que la orden corría el riesgo de crear una clase marginada permanente de niños apátridas, excluidos de la ciudadanía en Estados Unidos y potencialmente rechazados por los países de origen de sus padres.

    ¿Cuáles son las repercusiones políticas?

    Según un análisis de encuestas realizado por The New York Times, la mayoría de los estadounidenses apoya la ciudadanía automática para quienes nacen en territorio estadounidense. Eso incluye a una gran mayoría de los demócratas y a alrededor del 40 por ciento de los republicanos.

    El fallo anula una de las partes más ambiciosas de la agenda migratoria del gobierno de Trump y podría provocar peticiones de legisladores republicanos para impulsar una enmienda constitucional que restrinja ese derecho. Esa sería una batalla legislativa con obstáculos significativos.

    En Washington, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se quejó cuando los periodistas le informaron sobre el fallo de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento. Les dijo que tenía que leer el dictamen, pero sostuvo que “en años recientes se ha abusado gravemente” de ese derecho.

    “Estoy muy decepcionado con este resultado”, dijo, añadiendo que generaría “serios desafíos de cara al futuro” que el Congreso tendría que encontrar la manera de abordar.

    Expertos en inmigración dijeron que a pesar de que Trump perdió el martes, su gobierno estaba transformando de manera fundamental la política migratoria. El fallo fue apenas un revés entre más de 700 restricciones migratorias impuestas desde que Trump inició su segundo mandato.

    La semana pasada, la Corte Suprema puso fin a las protecciones humanitarias temporales para más de 350.000 haitianos y sirios, lo que inició una situación que algunos expertos jurídicos denominan como la mayor “desdocumentación” de migrantes de la historia moderna.

    “A pesar de esta derrota aparentemente histórica, el gobierno de Trump está ganando su guerra contra los migrantes”, dijo Stephen Yale-Loehr, experto en inmigración de la Universidad de Cornell. “Como resultado, Estados Unidos tiene por primera vez en 50 años una migración neta negativa, menos turistas internacionales están visitando el país y las empresas estadounidenses no pueden contratar a los trabajadores que necesitan”.

    David W. Chen y Miriam Jordan colaboraron con reportería.

    Jazmine Ulloa es una reportera de temas de Estados Unidos que cubre migración para el Times.

    David W. Chen y Miriam Jordan colaboraron con reportería.

  • Más de un millón de migrantes solicitan la regularización en España

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    El programa, que inició a finales de abril, está destinado a incorporar a los migrantes indocumentados al mercado laboral formal.

    Más de un millón de migrantes indocumentados en España han solicitado regularizar su situación en el marco de un nuevo programa destinado a incorporarlos al mercado laboral formal, dijo el martes el presidente Pedro Sánchez.

    Sánchez calificó el programa de un “éxito” que ayudaría a sostener la sociedad envejecida del país. El número de solicitantes fue aproximadamente un 25 por ciento más alto de lo que el gobierno había previsto, según proyecciones oficiales de abril.

    El programa, anunciado en enero, ha reforzado la reputación de Sánchez entre la izquierda internacional, ya que se opone a la tendencia de los gobiernos occidentales –a menudo bajo presión de la extrema derecha– de restringir la inmigración. En concreto, agudizó el enfrentamiento entre el presidente Donald Trump y Sánchez, quien, en un ensayo publicado en la sección de Opinión de The New York Times, describió su programa como un antídoto contra las políticas de los “los líderes del estilo del movimiento MAGA”.

    Sánchez y su gobierno han descrito la medida como un gesto humano hacia los migrantes en apuros y, al mismo tiempo, como un paso esencial para la economía española. La tasa de natalidad de España es una de las más bajas de Europa, y desde 2015 las muertes superan a los nacimientos entre las madres residentes.

    Los trabajadores nacidos en el extranjero cubren las carencias de mano de obra en sectores económicos clave, como la agricultura y el turismo. Más de tres millones de personas han llegado a España desde la pandemia del coronavirus, una oleada que, según economistas y responsables del gobierno, ha ayudado a que la economía del país se convierta en una de las de más rápido crecimiento de Europa.

    “Sin inmigración, España perdería un 19 por ciento de su Producto Interior Bruto en 2050”, dijo Sánchez.

    El programa, que se espera que beneficie sobre todo a los migrantes indocumentados de Latinoamérica, ha recibido duras críticas por parte de la oposición conservadora.

    Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular de centro-derecha, ha rechazado la medida “porque es inhumana, porque es injusta, porque es insegura y porque es insostenible”, ya que podría sobrecargar las infraestructuras españolas y agravar la escasez de viviendas. Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox, la ha descrito como “invasión” y ha afirmado que cambiaría el carácter de la sociedad española.

    Los migrantes indocumentados que llevaban al menos cinco meses viviendo en España antes de que se abriera el plazo de solicitud podían pedir la regularización.

  • Orlando Gill, el arquero que pasó de tener que vender su uniforme para salvar a su bebé a convertirse en el héroe de Paraguay en el Mundial

    Orlando Gill, el arquero que pasó de tener que vender su uniforme para salvar a su bebé a convertirse en el héroe de Paraguay en el Mundial

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    Orlando Gill detiene un penatli de Alemania

    Reuters
    Orlando Gill detuvo dos penaltis en la victoria de Paraguay sobre Alemania en dieciseisavos de final.

    El guardameta paraguayo Orlando Gill ha pasado por momentos muy duros, pero ahora se ha convertido en el héroe de Paraguay en la Copa del Mundo.

    El portero de 1,98 m de estatura detuvo dos penaltis para asegurar la victoria 1(4)-1(3) del combinado paraguayo sobre Alemania y el pase a los octavos de final.

    A sus 26 años, ha sido uno de los mejores porteros de este Mundial. Pero hasta hace unos cuantos meses, era un desconocido.

    Hasta enero de 2025 solo había disputado tres partidos con el primer equipo de su club, San Lorenzo de Almagro, de la primera división de Argentina.

    Incluso hace menos de cuatro años se vio obligado a vender su uniforme para mantener a su esposa e hijo, quien tuvo complicaciones al nacer prematuro.

    Un héroe en la familia

    Gill jugó en las categorías juveniles de los clubes paraguayos Club 13 de Junio y CS San Lorenzo.

    Fue convocado para la selección de Paraguay para el Campeonato Sudamericano Sub-20 a principios de 2019. Hizo su debut en primera división con San Lorenzo en septiembre de 2020.

    Solo había disputado dos partidos cuando su esposa, Melissa Ávalos —con quien se casó en enero de 2021— quedó embarazada en 2022.

    Se esperaba que su hijo naciera el 31 de diciembre de ese año, pero debido a problemas de salud, Melissa fue hospitalizada y le indujeron el parto el 7 de diciembre.

    Sin embargo, el bebé, llamado Lautaro, no nació hasta el día siguiente debido a complicaciones graves que obligaron a Melissa a someterse a una cirugía de emergencia, quedando el pequeño en cuidados intensivos.

    La familia pudo regresar a casa a tiempo para Navidad, pero “no teníamos nada y Orlando vendió sus prendas del club donde jugaba en ese entonces, para poder solventar los gastos”, publicó Melissa en Instagram el año pasado.

    “Nuestro hijo luchó por su vida y su papá siempre estuvo. Vendió todo, vendió su camiseta de la selección de la Sub-20 (no pudo guardarla de recuerdo), vendió sus prendas, sus championes (zapatos). Literal vendió todo”, contó la esposa.

    Un héroe en la cancha

    Aproximadamente un año después del nacimiento de su hijo, y tras haber disputado apenas dos partidos con el primer equipo, a Gill se le presentó la que resultó ser una oportunidad que le cambió la vida.

    San Lorenzo de Almagro apostó por él y lo fichó en calidad de préstamo.

    Terminó el 2024 jugando en el equipo de reservas y se convirtió en titular del primer equipo apenas en 2025, lo que llamó la atención del seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro.

    Tras ser convocado en marzo y junio, y con Paraguay ya clasificado para el Mundial, Gill debutó con la selección mayor en el último partido de clasificación contra Perú el pasado septiembre.

    A partir de ahí jugó cinco partidos amistosos, ganándose el puesto de portero titular de cara al Mundial.

    Orlando Gill posa con el trofeo al mejor jugador del partido de Paraguay vs. Alemania

    Getty Images
    Gill se llevó el premio al mejor jugador de la eliminatoria de Paraguay y Alemania.

    El debut mundialista vino con un gran tropiezo: Gill y Paraguay sufrieron una goleada 4-1 ante Estados Unidos, uno de los anfitriones.

    Sin embargo, desde entonces Gill solo ha recibido un gol en tres partidos, incluida la prórroga contra Alemania, atajando 16 de los 17 tiros que han ido a la portería.

    En la tanda de penaltis del lunes, Gill realizó dos excelentes atajadas, lo que le valió el premio al mejor jugador del partido otorgado por la FIFA.

    Dedicó el premio a su familia, en particular a su sobrino Alexander, quien, según reveló, se encuentra actualmente hospitalizado en su país.

    Tras ver a su hijo sobrevivir a un parto traumático, Gill ahora intenta darle a su sobrino la fuerza para seguir luchando mientras él y Paraguay continúan su insólito camino en el Mundial.

    “Esta clasificación es para un sobrino mío que la está pasando muy mal, internado. Esperemos que se mejore pronto. Yo prometí que si salía figura, esta clasificación iba ser para él”, dijo el joven arquero.

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    BBC

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