La Corte Suprema de EE. UU. ratifica la ciudadanía por nacimiento

Los jueces bloquearon una orden ejecutiva del presidente Trump que prohibía la ciudadanía por nacimiento para los hijos de migrantes indocumentados y de algunos visitantes extranjeros temporales.

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el martes la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que limitaba la ciudadanía por nacimiento, ratificando el principio perenne de que la Constitución garantiza que casi todos los niños nacidos en territorio estadounidense son ciudadanos.

La sentencia, que se aprobó por 6 votos a 3 para anular la orden ejecutiva del presidente, asesta un duro golpe a una medida que Trump llevaba más de una década defendiendo con el objetivo de evitar que los bebés nacidos de migrantes indocumentados y residentes extranjeros temporales se convirtieran automáticamente en estadounidenses.

El presidente de la Corte Suprema, John G. Roberts Jr., en nombre de la mayoría, explicó que la orden ejecutiva de Trump violaba un derecho consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución. Los niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados o de padres que se encuentran temporalmente en el país, escribió, son ciudadanos desde su nacimiento.

“La ciudadanía, tanto entonces como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política”, escribió Roberts. “Quienes escribieron la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’”.

Y añadió: “Hoy mantenemos esa promesa”.

Al presidente de la corte se unieron en la defensa de la ciudadanía por nacimiento los tres jueces liberales de la corte, junto con dos compañeros conservadores, los jueces Amy Coney Barrett y Brett M. Kavanaugh. El juez Kavanaugh escribió que anularía la orden ejecutiva basándose en la ley federal, no en la Constitución.

Trump siguió de cerca el caso, llegando incluso a asistir en persona a parte de los alegatos orales en abril. Fue el primer presidente en funciones en asistir a unos alegatos.

En una publicación hecha en redes sociales tras el fallo, el presidente calificó la decisión de la Corte Suprema de “muy mala para nuestro País”. Luego afirmó que podría “compensarlo fácilmente en el Congreso mediante Legislación” y que “no hace falta ninguna Enmienda Constitucional larga y engorrosa”. Instó al Congreso a empezar de inmediato a “trabajar para acabar con la Ciudadanía por Nacimiento, que es cara e injusta para nuestro País”.

Esas afirmaciones parecían contradecir el fallo del tribunal, ya que cinco jueces –la mayoría del tribunal– dictaminaron que la Constitución garantiza la ciudadanía por nacimiento. Cualquier medida, ya sea propuesta como proyecto de ley o como enmienda constitucional, tendría muy pocas posibilidades de salir adelante.

El texto clave de la Decimocuarta Enmienda dice así: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen”.

Esa redacción, que data de la década de 1860, se ha interpretado desde hace tiempo como una concesión de la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Roberts remontó los fundamentos de este concepto hasta Inglaterra, señalando que los colonos que cruzaron el océano Atlántico trajeron consigo el “derecho consuetudinario de ciudadanía” por nacimiento.

La idea de que la ciudadanía se concede automáticamente a los bebés nacidos en suelo estadounidense cobró “especial importancia” en “una nación de inmigrantes”, escribió el presidente de la corte, haciendo referencia a las “decenas de miles de emigrantes del Viejo Mundo, escoceses-irlandeses, franceses, alemanes, galeses y muchos más” que llegaron a las costas estadounidenses, “algunos de los cuales esperaban quedarse solo un tiempo, mientras que otros deseaban no marcharse nunca”.

El tribunal ya había confirmado el principio de la ciudadanía por nacimiento en la histórica sentencia de 1898 del caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark, escribió Roberts. En ese caso, el tribunal sostuvo que la Decimocuarta Enmienda garantizaba la ciudadanía a Wong Kim Ark, que había nacido en San Francisco de ciudadanos chinos, porque había nacido en territorio estadounidense.

Tres de los jueces conservadores del tribunal –el juez Clarence Thomas, el juez Samuel A. Alito Jr. y el juez Neil M. Gorsuch– expresaron su desacuerdo. Ni Alito ni Gorsuch estaban presentes el martes, cuando el tribunal emitió su dictamen final del período de sesiones.

En su voto particular de 91 páginas, al que se sumó Gorsuch, Thomas dijo que la Decimocuarta Enmienda tenía por objeto consagrar la ciudadanía de las personas que habían sido esclavas y de sus descendientes, lo que supuso un rechazo al infame caso Dred Scott, con el que la Corte había negado la ciudadanía a las personas negras.

“Los negros tenían derecho a la ciudadanía porque eran estadounidenses”, escribió Thomas. “No tenían otra patria, no debían lealtad a ninguna potencia extranjera y no estaban sujetos a ninguna otra autoridad”.

Thomas dijo que “no se podía decir lo mismo de los hijos de visitantes extranjeros temporales”, que estaban “vinculados a su país de origen”, carecían de “lazos similares con este país” y “no serían llamados en tiempo de guerra”.

Alito calificó la decisión de “un grave error” y escribió que la interpretación que hace el tribunal de la Constitución “concede la ciudadanía prácticamente a todo aquel que nazca en este país, incluidos los hijos de los ‘turistas de parto’”, personas a las que describió como “mujeres que vienen aquí con el único propósito de dar a luz a un hijo y luego regresan rápidamente a casa”.

La batalla legal sobre la ciudadanía por nacimiento comenzó el primer día del segundo mandato de Trump, cuando anunció una orden ejecutiva titulada “Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”.

En la orden, declaró que la ciudadanía ya no se concedería automáticamente a los bebés nacidos en territorio estadounidense. En concreto, los hijos de migrantes que hubieran entrado en el país de manera ilegal ya no serían ciudadanos, ni tampoco aquellos cuyos padres se encontraran en el país de forma legal pero temporal, como los que tienen visados de estudiante, de trabajo o de turista.

La orden del presidente se enfrentó de inmediato a impugnaciones legales, ya que organizaciones de derechos civiles, grupos de defensa de los inmigrantes y futuros padres presentaron demandas y consiguieron, ante los tribunales, bloquear la orden mientras se resolvían los procesos judiciales.

La orden nunca entró en vigor, y había pocos indicios de que el gobierno hubiera estado preparando la drástica reestructuración del sistema de ciudadanía que habría sido necesaria de haberse permitido su aplicación.

Además de la Constitución, los demandantes también dijeron que la orden violaba leyes federales de 1940 y 1952, cuando el Congreso codificó el texto de la cláusula de ciudadanía en la legislación.

El caso que analizó la Corte Suprema se presentó en New Hampshire en nombre de dos bebés afectados por la orden ejecutiva del presidente, sus padres y una mujer embarazada.

El gobierno de Trump había afirmado que la orden ejecutiva del presidente “restablece el significado original de la cláusula de ciudadanía”. Los abogados del gobierno también dijeron que la orden solo afectaría a los bebés nacidos después de su entrada en vigor, en un intento por calmar las preocupaciones de millones de estadounidenses que temían que la orden pudiera hacerles perder su identidad nacional.

Trump también llamó la atención sobre los bebés nacidos a través de lo que él ha denominado “turismo de maternidad”, cuando extranjeros adinerados visitan Estados Unidos con la intención de dar a luz mientras están en el país para que sus bebés sean ciudadanos.

Tras la sentencia del martes, Cecillia Wang, directora jurídica nacional de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que representaba a los demandantes, celebró la sentencia y escribió que la decisión “reafirma una promesa fundamental de Estados Unidos: si naces aquí, eres ciudadano”.

“Un presidente no puede cambiar la Constitución por decreto ejecutivo”, escribió en un comunicado enviado por correo electrónico, y añadió: “La garantía constitucional de la ciudadanía por nacimiento se mantiene firme”.

Erica L. Green, Amy Qin y Aishvarya Kavi Kavi colaboraron con la reportería.

Abbie VanSickle cubre la Corte Suprema de los Estados Unidos para el Times. Es abogada y tiene una amplia experiencia como reportera de investigación.

Erica L. Green, Amy Qin y Aishvarya Kavi Kavi colaboraron con la reportería.