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Tras meses de desgaste político por un creciente caso de corrupción en Argentina, el jefe de gabinete y vocero del gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni, anunció el sábado su renuncia.

Adorni, una de las figuras más cercanas al presidente, ocupa desde marzo el centro de la atención pública, después de que se dieran a conocer una serie de gastos no declarados que dieron lugar a una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

A pesar de que dio un paso al costado, el presidente rechazó las acusaciones que salpican a Adorni y aseguró que la decisión obedece a motivos personales del exasesor para proteger a su familia de la exposición y el escrutinio mediático.

“Sigo confiando en la inocencia de Adorni”, dijo Milei este domingo en el canal de noticias argentino LN+.

“Manuel consideró que eran inadmisibles los niveles de ataque que estaba recibiendo. Sus hijos y su mujer también fueron objeto de agresiones. Eso hizo que directamente dijera que su renuncia era indeclinable”, añadió.

Por su parte, Adorni no reconoció las acusaciones y reiteró que fue él quien solicitó la renuncia al presidente.

“Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia”, expresó Adorni en una carta dirigida al presidente y publicada en la red social X.

La renuncia se produce en medio de presiones internas dentro del propio espacio político del presidente y tras varios intentos de la oposición de citar a Adorni al Congreso.

Para la senadora Carolina Losada, una de las voces dialogantes de la oposición en el Senado, los pedidos del Congreso para retirarlo podrían haber terminado en una “verdadera carnicería” para el gobierno.

Adorni reconoció el domingo que escondió ingresos en sus declaraciones juradas por unos US$500.000 y dijo que esos fondos no declarados corresponden a ahorros personales provenientes de su trabajo en el sector privado.

El presidente Milei designó en su lugar al ministro del Interior, Diego Santilli, un dirigente de extensa trayectoria en la política que proviene del PRO, el espacio fundado por el expresidente Mauricio Macri.

Quién es Manuel Adorni

Antes de sumarse al gobierno, Manuel Adorni hizo carrera en el periodismo, donde trabajó como productor de radio en distintos medios argentinos y mantenía participaciones esporádicas en el debate político.

Tras la asunción de Javier Milei, dio el salto a la función pública al ser designado vocero presidencial.

Marcado por un tono confrontativo y reiteradas críticas a la prensa, se consolidó como una de las figuras centrales del entorno de Milei, junto al asesor presidencial Santiago Caputo.

En octubre de 2025, tras la victoria del partido de Milei en las elecciones legislativas, Adorni fue nombrado jefe de gabinete, uno de los puestos más importantes del gobierno.

Sin embargo, en marzo de este año, una publicación puso en evidencia que su esposa había viajado junto al funcionario en el avión presidencial en una misión oficial a Nueva York, sin tener ningún cargo dentro del gobierno que justificara su presencia.

Eso hizo que se le iniciara una investigación por uso indebido de bienes del Estado.

“Fue una mala decisión, una pésima decisión. Más allá de que no generó ni un dólar de gasto para el Estado, yo no advertí el error y por eso pido disculpas”, le dijo por entonces Adorni al diario La Nación.

El episodio derivó en nuevas revelaciones.

Pocos días después, un medio local publicó un informe con imágenes de un viaje de Adorni a Punta del Este, un conocido destino turístico uruguayo, en un jet privado acompañado por su familia.

La revelación abrió una nueva investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La diputada Marcela Pagano, exaliada de Milei y ahora en la oposición, afirmó que Adorni no tendría cómo justificar esos gastos como funcionario público.

Poco después se reveló que el viaje lo había subvencionado un productor televisivo amigo de Adorni.

Pero cuando el escándalo parecía mermar, aparecieron las reformas en su vivienda, ubicada en un exclusivo barrio cerrado en el oeste del conurbano bonaerense, conocido como Indio Cuá.

De acuerdo a los documentos publicados por el ente acusador encargado del caso, se investiga cómo Adorni puede justificar números que alcanzan ya los US$800.000, entre deudas y gastos.

Su sueldo oficial, de acuerdo a la Presidencia de la Nación, es de 7,1 millones de pesos argentinos, que equivalen a unos US$5.000.

En esos gastos se incluyen los que señala Matías Tabar, un contratista especializado en reformas del hogar que declaró en una investigación judicial que Adorni le había pagado, en efectivo y en dólares, cerca de US$250.000 para hacer obras en una vivienda ubicada en un conjunto residencial exclusivo en el oeste de Buenos Aires.

La reforma incluía una piscina hecha en mármol y con una cascada, que se abonó en efectivo sin que se presentara un recibo de pago.

Dentro de la causa también está la compra de un apartamento en la Ciudad de Buenos Aires por un valor cercano a los US$230.000, de los cuales Adorni pagó US$30.000 y el resto fue acordado a pagar sin intereses con las dueñas del lugar.

Frente a esto, Adorni señaló en una entrevista radial que la causa judicial “no tiene gollete (sentido alguno), donde hay un montón de mentiras y conclusiones equivocadas”.

Por qué ahora

Durante las últimas semanas, Milei se empeñó en defender a Adorni y sostenerlo en el cargo, pese a que el creciente escándalo trajo consigo una caída en la imagen del gobierno, peleas internas y una cierta parálisis en el gabinete ministerial.

Sin embargo, este sábado el asesor del presidente dio un paso al costado. ¿Por qué ahora?

Entre los factores que explican la renuncia están las presiones internas dentro de su propio partido.

La senadora oficialista, exministra de Seguridad de Milei y excandidata presidencial de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, dijo que la salida de Adorni del gobierno genera un “nuevo momento y respiración para el gobierno”.

“Ayuda mucho a que podamos retomar la agenda de la gente y no la que estaba segmentada en su figura”, sostuvo Bullrich en el canal LN+.

Dentro del gobierno, algunos críticos de Adorni consideran que su situación contribuyó al desgaste de la imagen oficial, en un contexto en el que el 63% de los argentinos desaprueba la gestión presidencial, según Atlas Intel.

La medida fue anunciada el mismo viernes en que se difundieron presuntas compras de equipamiento para videojuegos con tarjetas de crédito de dos funcionarios de su equipo.

* Esta nota fue originalmente publicada en mayo a raíz del escándalo y actualizada este 29 de junio tras la renuncia de Manuel Adorni.

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Cuba presentó hace unos días el que muchos señalan como su mayor paquete de reformas económicas en décadas.

El gobierno presidido por Miguel Díaz-Canel anunció un programa de 176 directrices que busca reactivar una economía prácticamente hundida.

Las medidas, aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 18 de junio, incluyen la ampliación del sector privado, más apertura a la inversión extranjera, la adopción de mecanismos de mercado para asignar recursos y cambios radicales en la agricultura, el sistema financiero o el comercio exterior.

De aplicarse, reducirían de forma notable el férreo control que el Estado mantiene sobre la economía en el sistema socialista cubano.

Un empresario podría abrir varias compañías, un agricultor tendría más incentivos para producir, una empresa privada importaría directamente sus insumos y los emigrados estarían llamados a jugar un papel importante en la economía nacional.

Es importante puntualizar que de momento son líneas de actuación generales y no está claro cuándo, ni con qué mecanismos concretos, se llevarán a la práctica.

Llegan, en todo caso, en un contexto de profunda crisis con apagones constantes, escasez de alimentos y combustible, desplome de la producción nacional, falta de divisas y una emigración masiva que ha diezmado la población activa del país.

A esto se une la presión de la administración estadounidense de Donald Trump, que ha estrechado tanto su cerco económico como su ofensiva política para forzar cambios en la isla.

Lejos de reconocer un cambio de rumbo ideológico, las autoridades cubanas defienden las transformaciones como una respuesta a las circunstancias actuales del país para preservar el proyecto socialista instaurado tras la Revolución que llevó al poder a Fidel Castro en 1959.

“No hay soberanía con el plato vacío. El alimento del pueblo cubano será tratado como lo que es: un asunto de seguridad nacional”, dijo el presidente Miguel Díaz-Canel en la sesión en la que se aprobaron las nuevas medidas.

Las reformas parecen apuntar a un modelo de socialismo de mercado similar al de China o Vietnam, donde la planificación estatal bajo el monopolio político del Partido Comunista se combina con amplios espacios para la empresa privada y la inversión extranjera.

El propio Díaz-Canel reconoció recientemente haber estudiado “mucho” las reformas con las que ambos países asiáticos impulsaron el desarrollo económico sin renunciar al sistema de partido único.

Tanto China desde finales de la década de 1970 como Vietnam desde mediados de los años 1980 aplicaron radicales reformas orientadas al mercado que sacaron a cientos de millones de personas de la pobreza.

La cuestión es si Cuba puede recorrer un camino similar en un contexto histórico, económico, social y político muy diferente.

También se pone en duda que el régimen quiera y pueda traducir estas propuestas en cambios concretos con normas claras, plazos definidos y una aplicación sostenida en el tiempo.

En qué consisten las medidas

Las 176 transformaciones anunciadas por el gobierno cubano buscan, en términos generales, dar más espacio a la iniciativa privada y reducir parte del control que el Estado ha ejercido tradicionalmente sobre la economía.

De aplicarse tal y como han sido presentadas, un empresario estaría autorizado a operar varias compañías en lugar de una sola, las empresas privadas podrían crecer más allá del límite de 100 trabajadores y los agricultores tendrían más margen para producir y vender sus productos.

Las entidades privadas y las cooperativas ganarían libertad para importar y exportar productos e insumos, así como acceder a financiación.

En cuanto al sector estatal, ciertas empresas públicas tendrían más autonomía para operar y algunas podrían transformarse en sociedades mercantiles con participación de otros actores económicos.

El Estado dejaría progresivamente de asignar recursos de forma centralizada para avanzar hacia un sistema en el que las compañías accedan a insumos, divisas y financiación en el mercado.

También se abriría por primera vez la puerta a la participación empresarial en actividades financieras como los microcréditos, las casas de cambio e incluso determinados servicios bancarios (si bien no se ha aclarado si esto supondrá la creación de bancos privados propiamente dichos o una apertura más limitada del sector financiero).

Además, las reformas buscan atraer capital de los cubanos residentes en el exterior para que participen en empresas, financien nuevos negocios y aporten recursos a sectores considerados estratégicos para la recuperación económica.

Para el economista cubano Pavel Vidal, las medidas clave son las relacionadas con la expansión de la actividad económica no estatal.

“Quitarle el límite de los 100 trabajadores a la empresa privada, que sea una empresa privada, no solo una mipyme; que una persona pueda participar de las propiedades de una empresa; que la empresa privada pueda dedicarse a distintas actividades y no a una sola actividad (…) para mí eso es fundamental”, explica a BBC Mundo.

Vidal considera que una de las transformaciones más relevantes podría producirse en la agricultura, donde una mayor libertad para producir, comercializar y fijar precios ayudaría a crear incentivos económicos similares a los que impulsaron las primeras reformas en China y Vietnam.

Miguel Alejandro Hayes, economista cubano radicado en Miami, señala como uno de los cambios más importantes la eliminación del límite de trabajadores.

“Están autorizando de facto la gran empresa privada”, indica en su entrevista con BBC Mundo.

Sin embargo, se muestra escéptico sobre la aplicación real de estas medidas y la idea de que representan una ruptura radical con el pasado.

Hayes sostiene que muchas de ellas responden más a una actualización del marco legal que a una transformación profunda del sistema y afirma que, si no cambia la estructura de poder económico y político existente, “todo lo demás es cosmético”.

El economista cree que parte de las transformaciones buscan formalizar dinámicas que ya existen en la práctica.

“Ellos no van a autorizar las casas de cambio privadas, sino legalizar las que ya existen”, ilustra, en referencia al mercado informal de divisas que opera desde hace años fuera de los canales oficiales.

Otro economista cubano, Emilio Morales, es aún más crítico al interpretar que las medidas responden a “una falsa voluntad de cambio, del cambio que el régimen siempre pregona hacer cuando las crisis llegan al extremo, pero que nunca puede cumplir en la práctica porque en realidad no le interesa que los cubanos prosperen”.

Aunque a primera vista las reformas se plantean como las más favorables al sector privado en Cuba desde 1959, se desconoce hasta qué punto acabarán traduciéndose en cambios reales.

Además, se desconocen aspectos esenciales: qué sectores seguirán reservados al Estado, cómo funcionará la apertura bancaria, qué límites tendrá la participación privada en las empresas estatales, o cuándo y cómo entrarán en vigor muchas de las directrices.

La inspiración de China y Vietnam

Si las nuevas medidas cubanas toman como referencia a China y Vietnam es porque ambos países abrazaron economías de mercado bajo el poder político absoluto de sus respectivos partidos comunistas.

China inició su proceso de apertura en 1978 bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, mientras Vietnam hizo lo propio en 1986 con el programa conocido como Đổi Mới o “Renovación”.

Bajo la premisa de no abandonar el socialismo sino reformarlo, tanto el Partido Comunista de China (PCCh) como el Partido Comunista de Vietnam (PCV) introdujeron cambios que otorgaron un papel mucho más importante al mercado, la iniciativa privada y la inversión extranjera.

Las empresas privadas comenzaron a desempeñar un papel creciente en la economía, los agricultores obtuvieron mayores incentivos para producir, las empresas estatales recibieron más autonomía y los dos países se abrieron progresivamente al comercio y a la inversión internacional.

Aunque sus niveles de renta siguen por debajo de los de sus vecinos Corea del Sur y Japón, así como de EE.UU., Europa y otros países desarrollados, el éxito es innegable: China se ha convertido en la segunda economía del mundo y Vietnam es una de las que más rápido crecen en el sudeste asiático.

Varias de las medidas anunciadas ahora por Cuba recuerdan a esa fórmula, como dar una mayor autonomía a las empresas estatales, ampliar las posibilidades de la empresa privada, descentralizar la asignación de recursos, liberalizar parcialmente la agricultura o tratar de atraer capital de la diáspora.

También se asemejan a los referentes asiáticos la sustitución progresiva de algunos subsidios universales por ayudas a los sectores más vulnerables o la creación de incentivos para que las empresas operen con criterios de mercado.

¿Se puede aplicar el modelo en Cuba?

Las medidas anunciadas por La Habana recuerdan en muchos aspectos a las reformas emprendidas por China y Vietnam, pero, ¿dispone hoy Cuba de las condiciones que permitieron a esos países convertir sus aperturas económicas en historias de éxito?

Aquí las diferencias son importantes, ya que Cuba se encuentra en una situación compleja con una economía paralizada, una intensificada crisis energética, un acceso limitado al capital internacional y una población envejecida.

Cuando China y Vietnam iniciaron sus reformas eran países pobres, pero contaban con una población joven, abundante mano de obra y un enorme potencial para incorporarse a la economía mundial.

Cuba, por el contrario, ha visto reducirse su población de unos 11 millones de habitantes a alrededor de 9 millones por la emigración masiva y tiene una de las sociedades más envejecidas de América Latina: el 25,7% de los cubanos supera los 60 años, según datos oficiales.

El éxodo migratorio de los últimos años también ha provocado una importante fuga de trabajadores cualificados.

A ello se suma el deterioro de infraestructuras, una profunda crisis energética y una carencia de la base industrial exportadora que impulsó el crecimiento de China y, posteriormente, de Vietnam.

“En Vietnam y China, en un inicio la agricultura fue un motor importante de crecimiento económico”, señala Pável Vidal.

En Cuba, por el contrario, “hay una población sobre todo urbana, muy envejecida, que plantea un gran desafío para todos los sectores económicos y en especial la agricultura: el déficit de personal joven”, afirma.

El economista apunta además a otro factor clave: la inserción internacional.

“Vietnam logró atraer el capital de la diáspora, el conocimiento y los contactos internacionales”, afirma.

Vidal considera que las reformas tendrán un alcance limitado si Cuba sigue aislada de la economía internacional y sin acceso normal al sistema financiero global.

Y esto no tiene fácil solución, ya que Cuba está prácticamente en bancarrota: atraviesa una grave escasez de divisas, tiene cerrado el grifo de los créditos internacionales por no pagar sus deudas y carece de liquidez.

También pesa la persistencia de las sanciones estadounidenses: aunque el embargo lleva más de seis décadas en vigor, la administración de Trump ha endurecido sus restricciones financieras y comerciales a la isla, dificultando aún más el acceso a divisas, la inversión extranjera y la financiación internacional.

Recientemente el Departamento de Estado estadounidense anunció nuevas sanciones contra Gaesa, así como contra instituciones financieras vinculadas a este conglomerado empresarial de la élite militar cubana que controla gran parte de los negocios en divisas en la isla.

Estas restricciones limitan la llegada de inversión, encarecen las operaciones financieras y dificultan aún más el acceso al crédito internacional, además de disuadir a potenciales inversores y complicar la permanencia de las pocas compañías extranjeras que quedan en el territorio cubano.

De hecho, las principales corporaciones hoteleras extranjeras que operan en el país —entre ellas las españolas Meliá e Iberostar— abandonaron a principios de junio la mayoría de los hoteles que gestionaban por la creciente inseguridad jurídica, sumada al deterioro de las condiciones operativas y la crisis energética.

De persistir estas condiciones, resulta difícil imaginar que las reformas puedan propiciar por sí solas la recuperación económica que persigue el gobierno.

BBC Mundo contactó con el gobierno cubano para este artículo, pero no obtuvo respuesta.

¿Voluntad de cambio o estrategia de supervivencia?

El ejecutivo de Díaz-Canel deposita buena parte de sus esperanzas de recuperación en la captación de inversión extranjera y capital procedente de la diáspora, lo que tampoco se plantea como una tarea fácil.

“La credibilidad es el principal problema”, afirma el economista Miguel Alejandro Hayes, tras mencionar que la falta de claridad regulatoria, la incertidumbre jurídica y la experiencia acumulada durante décadas de cambios normativos podría disuadir a potenciales inversores.

La cautela también se explica por los antecedentes: en los últimos años Cuba ha aprobado medidas como la ampliación del trabajo por cuenta propia, la entrega de tierras en usufructo, la unificación monetaria o la autorización de las mipymes privadas.

Aunque algunas produjeron avances puntuales, la mayoría no alcanzaron los objetivos previstos o fueron posteriormente limitadas por nuevas regulaciones, alimentando el escepticismo sobre la capacidad reformadora del sistema.

Algunos economistas como Emilio Morales interpretan el reciente anuncio del régimen cubano como una reacción a una situación puntual, más que el resultado de una estrategia de transformación planificada.

“El anuncio llega cuando el régimen cubano ha sentido con fuerza la presión que ha ejercido la administración Trump sobre su cuello”, afirma.

Y agrega que el anuncio de nuevas reformas “no es por voluntad propia, ni mucho menos por convicción política de que hay que hacer profundos cambios en la economía del país. En realidad, es una estrategia de urgencia de última hora para tratar de sobrevivir a la presión estadounidense”.

“Cuba lo que necesita es un cambio político que sepulte este sistema y dé paso a una democracia con separación de poderes, con libre empresa, libre mercado y libertad de pensamiento”, sentencia.

Así, quedan pendientes varias incógnitas: si las medidas se aplicarán, si sobrevivirán a las resistencias internas, si conseguirán atraer inversión extranjera y capital de la diáspora, y si tendrán un impacto real sobre la producción, el empleo y el nivel de vida de los cubanos.

Aunque las reformas dibujan un rumbo que recuerda al seguido por China y Vietnam, queda por ver si Cuba podrá recorrer ese camino en un contexto económico, demográfico y geopolítico que a priori se plantea mucho más adverso.

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