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Conocí a Jacqueline Zúñiga en la ciudad portuaria de La Guaira, justo cuando Venezuela empezaba a sumirse en una crisis económica de la que nunca ha salido.

Era 2014 y yo acababa de mudarme a Venezuela como reportero novato. Quería saber cómo reaccionaba la base del Partido Socialista en el poder ante el colapso, y leí en internet sobre el trabajo de Zúñiga.

Zúñiga, que siempre ha creído en las causas sociales, dirigía un proyecto de derechos de las mujeres en La Guaira, uno de los miles de los llamados “movimientos sociales” que servían de base a la pirámide de poder del gobierno.

Zúñiga acababa de conseguir decenas de apartamentos para su grupo en unas nuevas torres de viviendas construidas por el gobierno en el este de La Guaira, una franja estrecha y destartalada de concreto entre las montañas costeras de Venezuela y el mar Caribe.

A pesar de los crecientes problemas económicos, fue un momento de enorme orgullo y, para algunos, el mayor logro de sus vidas.

La semana pasada, volví a encontrarme con Zúñiga y regresamos a esas torres. Casi todas habían quedado reducidas a escombros. Vimos cómo los equipos de rescate sacaban bolsas con cuerpos, una tras otra, de entre las ruinas.

Esas torres estaban entre el mar de edificios que quedaron destruidos por los dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela el mes pasado. Los terremotos han causado más de 3800 víctimas mortales, la mayoría en La Guaira.

Zúñiga, que ahora tiene 52 años y algunas canas, había conocido a muchas de las víctimas del terremoto a lo largo de sus tres décadas de activismo social en un pequeño estado donde todo el mundo parece conocerse. Mientras manejábamos por la ciudad destruida, el paisaje le traía a la mente un montón de recuerdos.

Mencionó a amigos cercanos, vecinos y conocidos lejanos. Habló de gente con la que se cruzaba a menudo en panaderías, bancos y mercados. Había enemigos políticos, gente con la que había competido por los recursos cada vez más escasos de un Estado en bancarrota.

Todos estaban muertos o desaparecidos.

La destrucción física de La Guaira se produjo tras el desmoronamiento del proyecto político al que Zúñiga ha dedicado su vida. Cuando nos conocimos, Hugo Chávez había fallecido el año anterior. La revolución socialista que él proclamó tras convertirse en presidente de Venezuela en 1999 ya estaba en declive.

El modelo económico de Venezuela, basado en el control de precios y divisas e inspirado en el sistema estatal cubano, se derrumbó como un castillo de naipes cuando los precios del petróleo se desplomaron en 2014. La corrupción y la incompetencia del gobierno de Chávez se hicieron evidentes cuando terminó la bonanza petrolera.

Venezuela, que en su día fue el mayor exportador de petróleo del mundo, perdió la mayor parte de su producción económica y, a lo largo de la década siguiente, millones de venezolanos –hasta uno de cada seis– se dispersaron por todo el mundo.

La incursión estadounidense de enero, que derrocó al sucesor elegido a dedo por Chávez, Nicolás Maduro, fue el epílogo de un experimento socialista que, el año pasado, ya existía en gran medida solo en papel. El partido socialista sigue en el poder, pero está bajo el control del gobierno de Donald Trump, que se concentra en exportar los recursos venezolanos a Estados Unidos.

Durante la última década, el grupo de Zúñiga intentó mantener sus iniciativas sociales. Sus miembros crearon talleres de ebanistería y proyectos de turismo y de agricultura urbana, todos ellos con el objetivo de empoderar a las mujeres de clase trabajadora.

La mayoría de estas iniciativas fracasaron.

A medida que se agravaba la crisis económica de Venezuela, Zúñiga y su grupo se vieron envueltos en disputas cada vez más intensas con facciones rivales del partido gobernante por los beneficios cada vez más escasos del sistema clientelar del gobierno. Ella cayó en desgracia con las autoridades actuales de La Guaira.

Algunos de esos enfrentamientos políticos fueron duros, con desahucios y redadas policiales. Otros fueron tragicómicos. Una amiga de Zúñiga, Joanna Corro, contó cómo, una vez, su grupo secuestró brevemente a un funcionario de vivienda para conseguir una mayor cuota de apartamentos.

Estas eran algunas de las mismas viviendas que Zúñiga y yo visitamos en 2014, poco después de que los primeros vecinos se mudaran desde los barrios marginales cercanos. Estos edificios se conocen como OPPPE, una abreviatura que refleja la complejidad de la burocracia venezolana. Significaba Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, aunque pocos residentes lo sabían.

Muchos habían sido víctimas de los deslaves repentinos de 1999 que arrasaron sus antiguos hogares en los barrios marginales de las laderas de La Guaira, un desastre que quienes vivían ahí llaman simplemente “la tragedia”.

En total, Zúñiga calculaba que 120 de los aproximadamente 600 miembros de su grupo activista, el Movimiento de Mujeres José María España, habían recibido viviendas sociales en La Guaira. Vivían allí con sus hijos y, a veces, con otros familiares.

Para la mayoría de las familias, que habían vivido en casas que ellas mismas construyeron, los departamentos fueron su primera vivienda formal. Cuando los visité en 2014, unos dos años después de su construcción, la pintura ya se estaba descascarillando por el calor tropical, y el enlucido de las paredes o bien no existía o era de pésima calidad y solo funcionaban algunos de los ascensores.

Pero los apartamentos tenían agua corriente, inodoros con cisterna, lavadoras, conductos de basura y aire acondicionado. El gobierno los regaló; no cobraba alquiler.

La vivienda gratuita era la guinda de un extenso sistema clientelar que ha ayudado a mantener al Partido Socialista Unido de Venezuela en el poder durante casi tres décadas.

Corro enumeró las ventajas: “Autos, apartamentos, comida, televisoras, créditos, útiles escolares”.

“Todo, de todo, de todo”, añadió.

Todo gratis.

A cambio, se esperaba que los beneficiarios asistieran a los mítines del gobierno, votaran por sus candidatos y presionaran a otros para que hicieran lo mismo. Quienes apoyaban a la oposición se arriesgaban a perder las prestaciones, incluidos sus apartamentos.

La alta densidad de estas viviendas sociales es una de las razones por las que parecen representar una parte significativa del total de víctimas mortales del terremoto. También hay dudas sobre su integridad estructural.

“Mira dónde los metimos”, dijo Corro, de 43 años, sin dirigirse a nadie en concreto mientras miraba los escombros de una de las torres. “Nunca imaginamos que fuera así”.

Su hermana Isamar, de 35 años, estaba en algún lugar entre las losas de concreto que se derrumbaron como naipes; se la da por muerta.

La relación entre el partido socialista y los pobres de Venezuela era profundamente transaccional. Pero la sensación de empoderamiento político entre sus seguidores era real y ha perdurado más allá de las ayudas.

Zúñiga recordó la discriminación racial que sentía antes de que Chávez, mestizo y de familia rural pobre, llegara al poder.

“Siempre me sentía incómoda en lugares formales. ¿Debo estar aquí? ¿Puedo estar aquí?”, dijo.

“Ahora me siento orgullosa de ser negra”, dijo Zúñiga. “La gente sabe que tiene valor, que son visibles”.

Zúñiga nació en un barrio obrero de Caracas, la capital venezolana, en el seno de una familia colombiana que había huido de la guerra civil de su país.

Solía venir a La Guaira a visitar a su padre, que trabajaba allí en la construcción.

Se involucró en proyectos locales, organizando una cooperativa de transporte público y presionando para que se asfaltaran las calles. Cuando Chávez llegó a la presidencia, se apuntó a uno de sus primeros programas de lucha contra la pobreza y recibió un préstamo subvencionado. Lo utilizó para comprar un apartamento en un barrio de clase media de La Guaira.

Vivió en ese apartamento por casi 27 años, hasta que quedó destruido el mes pasado por los terremotos consecutivos. Salió ilesa, pero perdió todas sus pertenencias.

“¿Sabes cómo uno lucha por esta casita?”, me preguntó Zúñiga mientras miraba el edificio dañado, llamado La Marina. Una cortina verde se agitaba en la ventana de su apartamento, en el sexto piso. En la entrada había pintada con aerosol una “D” roja, que indicaba una orden de demolición.

“Hemos vivido tantas cosas para que venga el de allá a derrumbar la casa”, dijo, refiriéndose a Dios. “Mucha gente que conozco murió. Eso me tiene tan confundida”.

La fe de Zúñiga y sus amigos en el gobierno venezolano se desvaneció hace tiempo. Pero han mantenido su creencia en la justicia social y su desconfianza hacia el libre mercado. Sobre todo, años de activismo les han dado un sentido de comunidad, lo que les ha ayudado a capear repetidas adversidades.

Se tenían los unos a los otros, y su apoyo mutuo quedó patente durante la más reciente y, para la mayoría de ellos, la mayor tragedia.

Nos quedamos junto a montones de escombros y vimos cómo sobrevolaban helicópteros militares estadounidenses y cómo rescatistas estadounidenses, musculosos y con muchos tatuajes, vestidos con pantalones cargo, trabajaban entre los edificios destruidos.

Zúñiga dijo que desconfiaba de los estadounidenses y que tenía poca fe en el gobierno interino de Venezuela, encabezado por la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez. Dijo que, aun así, votaría por un candidato de izquierda cuando se celebren las próximas elecciones, pero no necesariamente por uno del partido de Rodríguez.

Le pregunté a Zúñiga si las décadas que había pasado haciendo campaña por las consignas antimperialistas y socialistas de Chávez habían valido la pena.

“Chávez tuvo la mejor intención del mundo, pero faltó formación”, dijo. “Tuvimos la oportunidad de hacer cosas muy bonitas. A tantas mujeres les dimos tranquilidad, oportunidad, visibilidad”.

Desde los terremotos, Jacqueline duerme en un puesto de un mercado al aire libre en el centro de La Guaira. Ha acondicionado el puesto con un colchón, unas cortinas improvisadas y un ventilador eléctrico. Por la noche, cierra con llave la puerta del mercado para estar segura.

El mercado forma parte de la iniciativa de distribución de alimentos que Zúñiga ha impulsado desde hace varios años, y que permite a los vecinos de La Guaira comprar productos frescos directamente a los agricultores de la región. Los agricultores con los que ha entablado amistad a lo largo de los años le han dado a Zúñiga un lugar donde dormir, comida y un pago modesto por ayudar a atender a clientes.

Ha convertido un comedor comunitario que fundó cerca de su casa en un centro de distribución de ayuda y en un refugio temporal para niños que han perdido sus hogares o a sus familiares en el terremoto. Dijo que está deprimida, pero que se obliga a ir porque la gente tiene hambre y necesita ayuda. “Yo lloro un ratito y me levanto”, dijo en su habitación improvisada.

Nos levantamos para visitar a unos amigos que seguían buscando a familiares entre los escombros. Al salir, la esposa de un agricultor cogió a Zúñiga del brazo y le dio un abrazo.

“Te vas a levantar como una guerrera”, dijo la mujer, “como siempre has sido”.

Anatoly Kurmanaev cubre la actualidad de Venezuela y su gobierno interino.

A meses de las elecciones, el presidente analiza nuevas acciones militares y económicas mientras crecen las dudas sobre los objetivos iniciales de la guerra.

Hace apenas dos semanas, al inaugurar la Gran Feria Estatal Estadounidense, el presidente Donald Trump declaró triunfalmente: “Por primera vez en 3000 años, vamos a tener paz en Medio Oriente”.

Era la típica fanfarronada de Trump. Pero la “paz” que celebraba –el alto al fuego con Irán que el miércoles declaró “terminado” tras menos de un mes– ya empezaba a desmoronarse. El resultado era quizás previsible para un memorando de entendimiento de 14 párrafos que eludía temas importantes y que se redactó a toda prisa para que Trump pudiera decir que había llegado a un acuerdo, cualquier acuerdo.

Ahora, Trump parece estar enfrentándose a las consecuencias de su precipitación y de su suposición –fruto de su experiencia en el sector inmobiliario– de que su adversario antepondría los beneficios económicos a la ideología revolucionaria que ha impulsado su política desde la revolución iraní de 1979. Esto lo ha dejado ante una serie de opciones poco atractivas en medio de puntos de fricción aparentemente insuperables sobre el destino del programa nuclear iraní, por no hablar de su programa de misiles, su apoyo a grupos terroristas y la represión de su propio pueblo.

En la cumbre de la OTAN celebrada el miércoles en Ankara, Turquía, después de que ambas partes hubieran intercambiado ataques, amenazó con nuevas operaciones de combate a gran escala. Entre ellas figuraban la toma de una isla clave para el procesamiento de petróleo iraní y el ataque a la infraestructura del país y a las plantas desalinizadoras, lo que, según los expertos, podría constituir un crimen de guerra (Trump dijo que no le gustaba la idea de atacar las instalaciones de desalinización).

Sin embargo, Trump ya ha lanzado amenazas de este tipo sin llevarlas a cabo, y el miércoles añadió que no preveía una vuelta a la guerra a gran escala. Una medida así cuenta con escaso apoyo interno, y algunos de los aliados republicanos de Trump temen las consecuencias económicas y políticas a menos de cuatro meses de las elecciones intermedias. Nadie es más consciente de ese calendario, ni de la reticencia de Trump a repetir la experiencia de la primavera, que los dirigentes iraníes.

En su lugar, el mandatario podría volver a imponer el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes, en un intento de cortar el sustento económico del país. Pero eso requeriría una presencia estadounidense continua e intensa en la región, y aunque Trump afirmó en abril que eso provocaría el colapso económico de Irán, su imposición del bloqueo no lo consiguió.

O bien podría optar por vivir en un mundo ni de guerra ni de paz, una era de escaramuzas esporádicas en el golfo Pérsico, con algunas negociaciones periódicas, y con el tráfico por el estrecho de Ormuz –una ruta clave para el transporte de petróleo– muy reducido respecto a la estimación de 130 barcos que pasaban a diario antes de la guerra. Lo más probable es que los mercados energéticos se adapten; en cierta medida, ya lo han hecho.

Pero para un presidente que prometió un enfrentamiento rápido y sin costos con un viejo adversario –“de cuatro a seis semanas” era la predicción de la Casa Blanca en las primeras semanas–, un conflicto prolongado equivaldría a un fracaso casi total de la misión que se propuso inicialmente. Y el precio sería astronómico: el Pentágono ya ha pedido al Congreso unos 70 millardos de dólares para cubrir las primeras operaciones en torno a Irán, y el costo aumenta cada semana.

“El problema es que todas las opciones –aguantar, intensificar el conflicto o llegar a un acuerdo– son poco atractivas, cada una a su manera”, dijo el miércoles Richard Fontaine, director ejecutivo del Center for a New American Security y antiguo asesor del senador John McCain. “El resultado más probable es una serie continua de ataques de baja intensidad y de represalias, seguidos de una diplomacia frenética por parte de los mediadores, la aparición de un nuevo y frágil alto al fuego y, después, probablemente otra ronda de ataques”.

Fontaine añadió: “Será una larga oscilación entre la guerra fría y una guerra caliente de baja intensidad”.

Muchos de los problemas a los que se enfrenta Trump se vieron agravados por el propio acuerdo de alto al fuego. Dejó sin resolver, para una negociación posterior en la que ahora Trump dice que tiene poco interés, el destino de las reservas iraníes de combustible nuclear casi apto para bombas, la razón más destacada entre las cambiantes justificaciones del gobierno estadounidense para atacar Irán el 28 de febrero.

El acuerdo parecía otorgarle a Irán al menos cierto control sobre el paso por el estrecho de Ormuz, esa “superarma” que Teherán –y, concretamente, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por su sigla en inglés)– ha sabido manipular hábilmente para hacer subir los precios del petróleo, y que ahora ha utilizado para justificar los ataques contra petroleros y buques de carga que no respetan sus nuevas normas.

“Lo que estamos viendo ahora es que Irán, y más concretamente el IRGC, intenta ejercer control sobre el estrecho y declara que ese control es su derecho soberano”, dijo Kevin Donegan, un vicealmirante retirado de la Armada que sirvió como comandante de la Armada en Medio Oriente. “Esa es la carta principal que tienen para jugar y, como resultado, podemos esperar que sigan intentando interrumpir cualquier tráfico marítimo que use rutas diferentes a las que ellos han publicado”.

El acuerdo no decía nada sobre el arsenal de misiles de Irán, el tema clave para Israel. Además, dependía de un alto al fuego en el Líbano, aunque las partes en ese conflicto, Israel y Hizbulá, no eran signatarias del acuerdo. Y fijaba un plazo poco realista, de 60 días, para abordar diplomáticamente esas y otras cuestiones que meses de combates intensos no habían logrado resolver.

Por supuesto, aún quedan muchos giros en este drama. Trump volvió a amenazar el miércoles con intentar tomar la isla de Kharg, donde los petroleros gigantes recogen el petróleo de Irán y se dirigen a los mercados mundiales. Es posible que intente hacerse con el material nuclear enriquecido al 60 por ciento que se encuentra a gran profundidad bajo tierra en Isfahán, una misión para la que las fuerzas de Operaciones Especiales se han entrenado a fondo, aunque el miércoles descartó que fuera necesario.

“Ya tenemos el material nuclear, porque está muy profundo bajo tierra”, dijo, señalando que los iraníes no tienen la maquinaria pesada necesaria para desenterrarlo.

Si Trump tiene razón en eso –y muchos expertos nucleares coinciden en que sería tremendamente difícil recuperar ese material–, surge una pregunta fundamental: si el combustible nuclear quedó enterrado con éxito tras el bombardeo estadounidense de junio de 2025 contra tres importantes instalaciones nucleares, ¿por qué entró en la guerra para empezar? Su declaración del miércoles, una repetición de los comentarios que ha hecho varias veces en los últimos meses, socava el argumento que esgrimió en los días posteriores al ataque inicial de febrero, según el cual existía una amenaza “inminente”.

Esa justificación inicial ha quedado desmentida por contradicciones posteriores. Trump ha elogiado periódicamente a los nuevos dirigentes iraníes, incluso a su nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, el hijo del ayatolá asesinado, calificándolos de más “razonables”. Dijo muchas veces que, a diferencia de sus predecesores, los nuevos dirigentes abrirían el estrecho y reducirían el arsenal nuclear porque les convendría económicamente.

El vicepresidente JD Vance se expresó exactamente en esos términos el mes pasado, cuando firmó el memorando de entendimiento en Suiza.

“Lo mejor de los avances que hemos logrado en las últimas semanas es que ves cómo gente dentro del sistema iraní, altos mandos e incluso responsables del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, dicen: ‘¿Sabes qué? Es posible que tengamos cierta animadversión, es posible que haya desconfianza, pero reconocemos que la forma en que hemos hecho negocios con Estados Unidos durante 47 años ha sido un error’”, dijo.

El miércoles, Trump tuvo otras palabras para esos líderes: “escoria”.

“Son gente enferma. Los dirigen personas enfermas, y son gente cruel y violenta”, dijo. Y luego añadió: “Por lo que a mí respecta, tratar con ellos es una pérdida de tiempo”.

Eric Schmitt colaboró con reportería.

David E. Sanger cubre el gobierno de Donald Trump y una amplia gama de temas relacionados con la seguridad nacional. Ha sido periodista del Times durante más de cuatro décadas y ha escrito cuatro libros sobre política exterior y retos de seguridad nacional.

Eric Schmitt colaboró con reportería.