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El suceso reabrió el debate sobre la soberanía y la cooperación entre dos naciones que comparten mucho más que una larga frontera.
La muerte de dos estadounidenses en un accidente automovilístico en una carretera de montaña remota en el norte de México ha suscitado preguntas urgentes sobre el alcance del involucramiento de Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico en la región. El vehículo, en el que viajaban los estadounidenses y dos agentes de seguridad mexicanos, regresaba de una redada en un gran laboratorio clandestino de drogas cuando se precipitó por el escarpado terreno de la Sierra Tarahumara.
¿Quiénes eran los estadounidenses y qué hacían allí? ¿Tenían autorización para operar en México, y en calidad de qué? Las preguntas se intensificaron luego de que The New York Times y otros medios informaran que los funcionarios estadounidenses eran agentes de la CIA, lo que agudizó el escrutinio sobre el creciente papel de la agencia en la lucha de México contra el crimen organizado.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no estaba al tanto de las actividades de los funcionarios y que investigaría si su presencia violaba las leyes de seguridad nacional. Si la indagación confirma que los oficiales participaban en una operación de seguridad de campo, dijo que su gobierno enviaría una reprimenda formal al gobierno de Estados Unidos.
Sheinbaum ha trazado una línea firme: la cooperación con Estados Unidos es esencial, pero sin soldados estadounidenses operando en suelo mexicano. Su postura refleja un sentimiento nacional más amplio, ya que la mayoría de los mexicanos se oponen a la idea de una intervención militar estadounidense para hacer frente a los cárteles.
Sin embargo, la presencia de agentes de la CIA en México no carece de precedentes. Durante décadas, los servicios de inteligencia y las fuerzas del orden estadounidenses han desempeñado un papel discreto pero trascendental en las operaciones de seguridad de México, en una asociación a menudo incómoda que ha evolucionado a medida que cambiaban las amenazas y las corrientes políticas a ambos lados de la frontera.
En el último año, la relación se ha vuelto más tensa bajo la presión del presidente Donald Trump para que México haga más contra los cárteles y frene el flujo de drogas hacia el norte. Trump ha prometido en repetidas ocasiones emprender acciones militares unilaterales en suelo mexicano, una línea que Sheinbaum ha rechazado firmemente.
Aun así, la cooperación en materia de seguridad sigue siendo estrecha y sostenida. “Tenemos una muy buena coordinación”, dijo Omar García Harfuch, el principal funcionario de seguridad de México, en una entrevista reciente con el Times. “Hay mucho intercambio de información”.
García Harfuch describió el contacto regular con el embajador estadounidense, un antiguo oficial paramilitar de la CIA, así como la comunicación directa con las agencias de seguridad estadounidenses. “Hablo con todas las agencias que no sean fuerzas armadas”, dijo, y añadió que esos lazos reducen la probabilidad de una acción unilateral estadounidense.
Ese nivel de coordinación ha suscitado elogios en Washington. El secretario de Estado Marco Rubio ha descrito los lazos de seguridad bajo Sheinbaum como de un nivel “histórico”.
Pero esa comunicación estrecha y constante, y el intercambio de inteligencia no siempre han sido fluidos o garantizados.
La evolución
En las últimas cuatro décadas, la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México ha pasado de una colaboración informal a una asociación más institucional, aunque siga envuelta en el secretismo y en fricciones periódicas, según expertos, analistas y exfuncionarios de seguridad.
Las agencias estadounidenses también han operado a través de canales más silenciosos, y han llevado a cabo labores de inteligencia extraoficiales mediante el cultivo de activos locales y la penetración en redes criminales, dijo Raúl Benítez, analista de seguridad en México. Impulsada por el creciente poder de los cárteles de la droga y el aumento de la demanda estadounidense de estupefacientes, la cooperación se ha intensificado a medida que estas organizaciones criminales se convirtieron en una prioridad compartida por ambas naciones.
Bajo la presidencia de Felipe Calderón, quien asumió el cargo en 2006, México lanzó su guerra contra el narcotráfico, y desplegó al ejército para desmantelar a los poderosos cárteles con el respaldo del presidente George W. Bush.
A través de la Iniciativa Mérida, una asociación de seguridad de 2008 respaldada por unos 1400 millones de dólares de financiamiento, Estados Unidos empezó a proporcionar equipamiento, vigilancia avanzada y formación a las fuerzas de seguridad mexicanas. También supuso una mayor presencia estadounidense sobre el terreno.
Funcionarios mexicanos lo describirían más tarde sin rodeos: “entraron hasta la cocina”.
Esos esfuerzos también vinieron acompañados de un fuerte aumento de los homicidios en México, e incrementaron seis veces las denuncias de derechos humanos contra el ejército mexicano de 2006 a 2008.
Más recientemente, algunas de las operaciones de mayor perfil contra los líderes de los cárteles se han basado, al menos en parte, en la inteligencia estadounidense. Eso incluye la recaptura en 2016 de Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo, el infame líder del Cártel de Sinaloa, por marinos mexicanos.
Más recientemente, la CIA proporcionó importante información de inteligencia sobre la localización de otro jefe de un cártel: Nemesio Oseguera Cervantes, el antiguo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como el Mencho, quien fue abatido durante una operación llevada a cabo por las fuerzas especiales mexicanas en febrero.
La operación formaba parte de una ofensiva gubernamental más amplia contra los cárteles, marcada por una oleada de detenciones, grandes incautaciones de droga, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el envío a Estados Unidos de casi 100 personas acusadas de ser operativos criminales.
Cooperación bajo tensión
La tensión entre ambos países ha tendido a profundizarse tras las crisis, especialmente las que han implicado a víctimas estadounidenses. El asesinato en 1985 del agente de la Agencia Antidroga Enrique “Kiki” Camarena fue un punto de inflexión. Su tortura y asesinato aumentó las tensiones, pero también galvanizó la guerra contra las drogas de la era de Reagan y empujó a la DEA (Administración de Control de Drogas, por su sigla en inglés) a un papel más central en México, lo que amplió la coordinación durante años.
Pero, en ocasiones, la colaboración bilateral ha estado marcada por trágicos pasos en falso.
En uno de los casos más flagrantes de fallas en la cooperación, la DEA consiguió teléfonos celulares localizables de los principales líderes del Cártel de los Zetas y los entregó a una unidad de confianza de la policía federal mexicana en 2011. La información se filtró rápidamente al cártel, lo que desató una brutal represalia que mató a decenas, posiblemente cientos, de hombres, mujeres y niños.
En algunos casos, esos riesgos se extendieron hasta lo más alto de la cúpula de seguridad de México.
Durante su mandato como máximo responsable de la seguridad en México de 2006 a 2012, Genaro García Luna fue elogiado por las autoridades estadounidenses como un aliado crucial en la guerra contra el narcotráfico. Pero su condena en 2023 en un tribunal estadounidense por aceptar millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa marcó uno de los episodios más embarazosos para la inteligencia estadounidense. Mostró que el funcionario protegía a poderosos narcotraficantes, incluido el Chapo.
Más recientemente, la relación se enfrió bajo a presidencia de Andrés Manuel López Obrador, electo en 2018. En 2020, después de que fiscales estadounidenses arrestaran al exsecretario de defensa de México, Salvador Cienfuegos, durante el primer gobierno de Trump, México redujo la cooperación con la DEA. López Obrador también desmanteló una unidad que había trabajado estrechamente con la agencia estadounidense durante más de dos décadas, con el argumento de que había sido comprometida por grupos criminales. Pero la acción, que dañó los lazos de seguridad a largo plazo, fue vista como una respuesta defensiva a la detención de Cienfuegos, que México consideró como una violación de su soberanía. (Más tarde fue exonerado).
Craig Deare, antiguo agregado militar estadounidense en la embajada de Estados Unidos en México en la década de 1990, dijo que la cooperación militar se ha ampliado significativamente en los últimos años, lo que ha ayudado a aliviar un legado de desconfianza. Estas tensiones tienen su origen en la guerra entre México y Estados Unidos, que terminó en 1848 con la derrota de México y la pérdida de casi la mitad de su territorio.
“Hay fricciones: personales, institucionales, ideológicas. Hay desconfianza, pero los responsables de la defensa de nuestros países comprenden la necesidad de seguir avanzando”, dijo Deare. “Sencillamente, hay demasiado en juego”.
En la frontera, la coordinación se amplía
En ningún lugar es más evidente la cooperación entre Estados Unidos y México que a lo largo de la frontera, donde las operaciones conjuntas y el intercambio de inteligencia son rutinarios desde hace tiempo.
En Chihuahua, el estado del norte donde murieron los agentes de la CIA, los funcionarios describieron una asociación con las fuerzas de seguridad estadounidenses centrada en el contrabando de drogas y de personas, así como en los flujos migratorios hacia Estados Unidos.
Jorge Armendáriz, vocero de la secretaría de seguridad pública del estado, afirmó que a finales de este verano hasta 18 analistas de agencias estadounidenses, entre ellas Investigaciones de Seguridad Nacional, la DEA, el FBI, Aduanas y Protección Fronteriza y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, estarían estacionados en un nuevo centro de inteligencia en Ciudad Juárez, aproximadamente a 16 kilómetros al sur de El Paso, Texas. Su función, dijo, será la vigilancia, el análisis relacionado con la frontera y el intercambio de inteligencia, no las operaciones sobre el terreno, como dictan las leyes de seguridad nacional de México.
Armendáriz dijo que la geografía de Chihuahua, sus 264 kilómetros de frontera con Nuevo México y Texas, y sus retos en materia de seguridad hacen que dicha coordinación sea esencial, y añadió que las fuerzas de seguridad locales llevan a cabo operaciones conjuntas con agentes de la CBP semanalmente y trabajan simultáneamente en sus propios lados de la frontera.
“La coordinación con agencias serán con base en una relación de enlace, reciprocidad, intercambio técnico y colaboración estratégica, siempre bajo reglas claras, respeto mutuo y pleno apego al marco legal mexicano.”, dijo Armendáriz, quien agregó que la CIA no participaría en el nuevo centro de inteligencia.
Paulina Villegas es reportera del Times radicada en Ciudad de México, cubre temas relacionados con las organizaciones criminales, el tráfico de drogas y otros asuntos que afectan a la región.
