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La semana pasada, Anthropic anunció que su modelo de inteligencia artificial más reciente, Claude Mythos Preview, no estará disponible para el público, después de que la empresa descubriera que era capaz de encontrar y explotar vulnerabilidades que han pasado desapercibidas en sistemas de software críticos durante décadas. En su lugar, Anthropic dio acceso a Mythos –y 100 millones de dólares en créditos para utilizarlo– a más de 50 de las organizaciones más grandes del mundo, entre ellas Amazon, Apple, Microsoft, Google y JPMorgan Chase, como parte de una iniciativa defensiva de ciberseguridad denominada Proyecto Glasswing.

Incluso antes del anuncio, los modelos de IA disponibles para el público ya encontraban vulnerabilidades de seguridad en software de uso común. Los investigadores de Anthropic reconocieron que a otros laboratorios les faltan entre 6 y 18 meses para construir algo comparable. Estas capacidades, y las amenazas que suponen para la ciberseguridad, proliferarán. Desde las plataformas de emisión en continuo hasta los servicios bancarios en línea, pasando por los motores de búsqueda que responden a preguntas cotidianas, amplias franjas de internet podrían quedar inutilizables.

Si no respondemos con cuidado y decisión, los millones de personas que más pueden beneficiarse del progreso de la IA como herramienta de programación serán también los más expuestos a los ataques. Dejarlos a su suerte podría erosionar internet tal y como lo conocemos.

Puede que ya estés familiarizado con el concepto de vibe coding: utilizar herramientas de IA para convertir descripciones con lenguaje llano en software funcional. El propietario de una tienda describe el sistema de inventario que necesita, y la IA lo crea. Un dentista describe un portal para pacientes, y la IA se lo proporciona. Millones de personas que nunca pensaron en sí mismas como desarrolladores de software –propietarios de pequeñas empresas, médicos, directores de organizaciones sin fines de lucro– están creando software por primera vez sin ninguna formación. Pero estas aplicaciones se escriben a menudo sin una revisión de seguridad. Los posibles fallos, cada vez más fáciles de encontrar a medida que mejora la IA, podrían permitir que alguien acceda a los datos de los clientes, se apodere de las cuentas o cierre toda la aplicación.

Durante décadas, dos tipos de escasez mantuvieron internet a salvo, o lo suficientemente a salvo. Escribir software era difícil, por lo que quienes lo hacían eran personas cualificadas, meticulosas y escasas. Encontrar errores también era difícil, por lo que los peores fallos permanecían ocultos, a veces durante décadas. No era un gran sistema. Pero la dificultad de ambas partes creó una especie de distensión que se mantuvo.

Ahora, gracias a las nuevas herramientas de IA, cualquiera puede escribir código. Pronto, agentes maliciosos podrían utilizar esas mismas herramientas para descubrir fallas en él. La distensión ha terminado.

La mayor parte de internet se construyó con software de código abierto. Por ejemplo, gran parte de los videos que ves en línea se transmite discretamente a través de FFmpeg, un programa gratuito de código abierto mantenido por voluntarios cuyo presupuesto combinado es modesto para cualquier estándar corporativo. OpenBSD, un sistema operativo que ejecuta los cortafuegos y las puertas de enlace que protegen las redes sensibles de los ataques externos, y que Anthropic califica de “uno de los sistemas operativos más reforzados en seguridad del mundo”, funciona con donaciones. A diferencia del software propietario desarrollado por las grandes empresas del Proyecto Glasswing, estos proyectos existen porque alguien decidió que el trabajo importaba más que el sueldo. Los construyen personas que han dedicado años de su vida al código que alimenta productos que la mayoría de nosotros utilizamos cada día sin saberlo.

Según Anthropic, Mythos encontró una vulnerabilidad de 27 años en OpenBSD y otra de 16 años en FFmpeg, enterradas en una línea de código que, según Anthropic, otras herramientas de seguridad automatizadas habían pasado por alto cinco millones de veces. (Ambas organizaciones afirman que han solucionado los problemas detectados). Ni siquiera Firefox, el navegador web que construye mi propia organización, se salvó: cuando Anthropic ejecutó su modelo anterior contra Firefox, fue capaz de convertir un fallo ya descubierto en arma solo dos veces de varios cientos de intentos. Cuando Anthropic ejecutó Mythos, lo consiguió casi siempre. En todos estos proyectos y en muchos más, el modelo identificó miles de vulnerabilidades en el código. Estos son los tipos de problemas que pueden permitir al ransomware cerrar hospitales. Son la forma en que los ciberataques pueden interrumpir infraestructuras críticas. Y son la manera en que los servicios de inteligencia extranjeros pueden comprometer las redes gubernamentales.

Más allá de detectar problemas en las líneas de código, Mythos encontró las costuras del contrato social informal que mantiene unido internet. Hace tiempo que el entendido es que los desarrolladores comparten su trabajo abiertamente, se ayudan unos a otros a arreglar lo que no funciona y mantienen el software del que todos dependemos, no por una remuneración, sino porque así es como ha funcionado la comunidad. El programador veterano que lleva 20 años poniendo parches en código crítico en su tiempo libre está en la misma situación que la propietaria de una tienda que codificó su primera aplicación el martes pasado. Ambos están expuestos. Ninguno tiene un equipo de seguridad. Ninguno tiene acceso actualmente a Mythos.

Hay que reconocer que Anthropic se encuentra entre las primeras grandes empresas de IA que han decidido que lo responsable era frenar. La empresa dice que va a destinar 4 millones de dólares a organizaciones de seguridad de código abierto. Es más de lo que ha hecho cualquier otra empresa del sector.

Y, sin embargo, la economía subyacente no ha cambiado: la infraestructura de software más valiosa del mundo sigue siendo mantenida por personas que trabajan gratis, mientras que las empresas que construyen fortunas con ella como base nunca han tenido que pagar por su mantenimiento. Ahora ha llegado una nueva y poderosa capacidad, y como hemos visto una y otra vez en tecnología, existe el riesgo de que las organizaciones con recursos la reciban primero y aprendan a protegerse, mientras que otras quedan vulnerables.

¿El programador que dedicó 20 años de su vida a mantener un código que se ejecuta en productos utilizados por miles de millones de personas? Aún no tiene acceso a Mythos. Debería tenerlo. Las organizaciones que gestionan la infraestructura de código abierto saben quiénes son estos mantenedores y cómo llegar a ellos, y están dispuestas a ayudar. Es una lista corta y un problema solucionable. La propietaria de la tienda es un caso diferente. No debería necesitar Mythos o una herramienta igual de potente para defenderse de un ciberataque, solo la confianza de que las herramientas que utilizó se crearon para protegerla desde el principio.

Así que cambiemos lo que viene por defecto. Toda empresa que incluya código abierto en sus productos –que es la mayor parte de la industria tecnológica– debe invertir en los trabajadores esenciales que lo mantienen. Eso significa financiación, pero también significa que las empresas de IA aporten tiempo de ingeniería, experiencia en seguridad y personal a los proyectos de los que todos dependemos. Las empresas de IA que están construyendo herramientas como Mythos, más allá de Anthropic, deberían ponerlas en manos de estos trabajadores. Y todos los que nos beneficiamos de la infraestructura de código abierto debemos tratarla como lo que siempre ha sido: tan crítica como cualquier carretera, puente o línea eléctrica.

Y para los millones de nuevos creadores que escriben software por primera vez, tenemos que facilitarles la construcción segura. Integrar la seguridad en las herramientas que ya utilizan. Asegurarnos de que la IA que escribe el código también lo protege. No como un complemento ni como una función premium, sino por defecto. Se acabó la distensión. Los fallos son visibles. Los creadores están por todas partes. La única cuestión es si los protegemos a todos, o solo a quien puede costear protegerse a sí mismo.

Raffi Krikorian es director de tecnología de Mozilla.

El presidente Trump se enfrenta a una crisis que no encaja con su mensaje de un nuevo régimen “bastante razonable” en Irán y una victoria casi segura para Estados Unidos.

El presidente Donald Trump trata de presentar su guerra contra Irán como un éxito consumado.

Pero tras años de intentar imponer su propia realidad al mundo, ahora se ha encontrado con una crisis que no se pliega a su relato.

“Es un nuevo régimen”, dijo Trump en una entrevista en Fox Business emitida el miércoles, en referencia a los nuevos dirigentes de Irán. “Para serte sincero, nos parece bastante razonable, en comparación, bastante razonable”.

Fue el ejemplo más reciente del intento de Trump de presentar un supuesto “cambio de régimen” en Irán, aunque los analistas consideran que la guerra solo ha aumentado la influencia interna del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, la fuerza militar de línea dura que desde hace tiempo desempeña un papel importante en la política y la economía iraníes. El nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jameneí, no ha aparecido en público desde que sustituyó a su padre, quien murió al comienzo de la guerra, pero su ascenso a la jefatura del Estado ha sido otro símbolo de continuidad.

“En términos más generosos, podría decirse que se ha producido un cambio de liderazgo”, dijo Behnam Ben Taleblu, director del programa sobre Irán de la Fundación para la Defensa de las Democracias, un grupo de expertos de Washington con una postura belicista respecto a Irán. “Es incorrecto que los partidarios del conflicto lo enmarquen como un cambio a mejor”.

De hecho, el comercio a través del estrecho de Ormuz dista mucho de ser normal y el gobierno de Irán no se pliega a las exigencias de Trump sobre su programa nuclear.

Pero en opinión de Trump, la victoria estadounidense en Irán ya está clara. En la entrevista de Fox Business, al retomar sus frecuentes comentarios de las dos últimas semanas, Trump afirmó que la marina, la fuerza aérea y el equipo antiaéreo de Irán habían sido aniquilados, junto con muchos altos cargos. Si Irán no descartaba las armas nucleares, dijo Trump, “conviviremos con ellos durante un tiempo, pero no sé cuánto más podrán sobrevivir”.

De hecho, según los analistas, los 40 días de bombardeos estadounidense-israelíes que terminaron con el alto al fuego de la semana pasada parecen haber aumentado el poder de los militares y de los partidarios de la línea dura en el sistema iraní. A pesar de la destrucción generalizada y de los asesinatos de funcionarios por parte de los ejércitos estadounidense e israelí, el régimen iraní actúa envalentonado, tras haber demostrado que puede causar estragos en el comercio mundial y hacer que se disparen los precios de la gasolina en Estados Unidos.

El resultado es que un presidente que ha confiado durante mucho tiempo en las amenazas y la fanfarronería como herramientas esenciales de la política exterior parece estar buscando a tientas la forma para doblegar al régimen de Irán. Los analistas afirman que el éxito del último esfuerzo del gobierno, su bloqueo de los puertos iraníes, depende de la capacidad de Estados Unidos y sus aliados para soportar la presión adicional que Irán podría imponer al comercio del golfo Pérsico como respuesta.

Mona Yacoubian, exfuncionaria del Departamento de Estado y experta en Medio Oriente, estableció un contraste entre la lucha de Trump con Irán y su éxito a la hora de exigir concesiones a los aliados de Estados Unidos al amenazarlos con aranceles.

“No es algo que controle de un plumazo”, dijo Yacoubian, quien dirige el programa de Medio Oriente en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un laboratorio de ideas de Washington. “Aquí es donde el enfoque del presidente de su propia personalidad carismática y poderosa, en mi opinión, no está a la altura de la complejidad, la opacidad, que es el caso de Irán”.

El gobierno se ha afanado en presentar como posible un acuerdo innovador con Irán. El vicepresidente JD Vance dijo el martes que Trump buscaba un “gran acuerdo” en el que Estados Unidos trataría a Irán “económicamente como a un país normal” si actuaba “como un país normal”.

“No quiere un acuerdo pequeño”, dijo Vance.

Vance puso fin la semana pasada a una extensa sesión de conversaciones con funcionarios iraníes en Pakistán sin llegar a un acuerdo. El martes, dijo que Estados Unidos seguiría negociando y que “la gente con la que estábamos sentados quería llegar a un acuerdo”.

Pero Irán parece haber tomado nota de la influencia que tiene contra Trump, dado el impacto del aumento de los precios de la gasolina y las preocupaciones republicanas de que la impopularidad de la guerra contra Irán pueda perjudicar al partido en las elecciones intermedias de noviembre. Esto significa que, aunque Irán parezca dispuesto a negociar, sus dirigentes podrían exigir sus propias condiciones en asuntos como el futuro gobierno del estrecho de Ormuz, al tiempo que mantienen una dura negociación sobre la política nuclear, la cuestión que más importa a Trump.

Nate Swanson, exfuncionario estadounidense que formó parte del equipo negociador de Trump con Irán hasta julio, dijo que el régimen de Teherán no iba a capitular ante las exigencias de Trump en las negociaciones, “igual que no lo hicieron en el campo de batalla”. Dijo que era improbable que Trump tuviera éxito “intentando forzar un cambio transformador en un sistema que se siente como si acabara de ganar una guerra”.

“Irán solo llegará a un acuerdo que considere beneficioso para sus intereses”, dijo Swanson, ahora en el Atlantic Council. “Lo más probable es que sea pequeño y transaccional”.

Swanson también advirtió que no había que dar demasiada importancia al pragmatismo percibido de negociadores iraníes individuales como Mohammad Bagher Ghalibaf, el portavoz del Parlamento a quien Trump ha presentado como parte de una nueva generación de dirigentes iraníes más moderados. Sin una base de poder consolidada, todos los funcionarios iraníes tendrán que enfatizar su postura intransigente, dijo.

“Ni a Ghalibaf ni a nadie le interesa desviarse de la línea del partido en estos momentos”, dijo Swanson.

Anton Troianovski escribe para el Times sobre política exterior y seguridad nacional estadounidense desde Washington. Anteriormente, fue corresponsal extranjero con sede en Moscú y Berlín.

El mandato de Jerome Powell como presidente de la Fed termina el 15 de mayo, pero puede permanecer como gobernador hasta 2028. Dijo que no se iría hasta que terminara una investigación criminal.

El presidente Donald Trump prometió despedir a Jerome Powell si este optaba por permanecer en la Reserva Federal tras el fin de su mandato como presidente de la misma, redoblando así la apuesta por una investigación penal sobre el banco central que amenaza con retrasar la confirmación del sucesor de Powell.

El mandato de Powell finaliza oficialmente el 15 de mayo, pero tanto la ley como los precedentes anteriores indican que puede ocupar el cargo de forma temporal hasta que el Senado confirme al candidato elegido por Trump para sustituirlo, Kevin Warsh. El mandato de Powell como gobernador de la Reserva Federal también se extiende más allá de esa fecha, lo que le permite permanecer en el banco central hasta 2028.

El proceso de confirmación de Warsh se ha visto complicado por la investigación del Departamento de Justicia sobre Powell y su gestión de las costosas renovaciones de la sede de la Reserva Federal en Washington. Trump dijo en una entrevista en Fox Business, emitida el miércoles, que la investigación no se refería solo al proyecto de 2500 millones de dólares, sino también a la “incompetencia” de Powell.

Powell ha tachado la investigación de un pretexto para presionar a la Reserva Federal a fin de que reduzca los costos de los préstamos, que durante mucho tiempo han sido el objetivo de Trump en lo que respecta a la Reserva Federal.

La decisión de Trump de entablar otra pelea con Powell en un momento en que el destino de su elección para la presidencia del banco ya está en el limbo va en contra de las recientes señales enviadas por altos funcionarios del gobierno y republicanos de alto rango.

Scott Bessent, secretario del Tesoro, dijo el martes que “queremos a Kevin Warsh lo antes posible”. El senador Tim Scott, republicano por Carolina del Sur y presidente del Comité Bancario, declaró ese mismo día a Fox Business que creía que la investigación concluiría en unas semanas, aunque reconoció que no tenía pruebas de ello.

Los fiscales federales se han enfrentado a una letanía de reveses legales en su persecución del caso. Este mes, un juez denegó la petición del departamento de reconsiderar una sentencia anterior que anulaba las citaciones enviadas al banco central. Jeanine Pirro, fiscal del Distrito de Columbia y amiga y aliada de Trump desde hace mucho tiempo, no ha recurrido oficialmente la decisión, pero tampoco ha dado muestras de renunciar a ella.

El martes, los fiscales de su oficina realizaron una visita sin previo aviso a las obras en curso, lo que provocó una reprimenda del abogado externo de la Reserva Federal, quien calificó la visita de “inapropiada” y pidió a la oficina de Pirro que “se comprometiera” a no realizar acciones similares sin la presencia de los abogados de la Reserva Federal.

Sin embargo, Pirro defendió la visita en una declaración a The New York Times el miércoles.

“Cualquier proyecto de construcción con un sobrecosto de casi el 80 por ciento respecto del presupuesto original merece una revisión seria”, dijo. “¿Y esta gente está a cargo de la política monetaria en Estados Unidos?”.

Powell ha dejado claro que no tiene “ninguna intención de abandonar el consejo hasta que la investigación haya concluido por completo, con transparencia y finalidad”. Su decisión de quedarse o irse se basaría, en última instancia, en lo que considerara “lo mejor para la institución y para las personas a las que servimos”, dijo Powell.

También afirmó su capacidad para desempeñar un cargo temporal después del 15 de mayo si Warsh no es confirmado para entonces.

“Eso es lo que exige la ley; eso es lo que hemos hecho en varias ocasiones –incluso implicándome a mí– y eso es lo que vamos a hacer en esta situación”, dijo Powell a los periodistas en marzo.

El miércoles, Trump no especificó si intentaría despedir a Powell en caso de que asumiera el papel de presidente pro tempore o no abandonara del todo la Reserva Federal una vez concluido su mandato como presidente.

La decisión de Powell depende de cómo perciba la capacidad de la Reserva Federal para operar con independencia en medio de una letanía de ataques de Trump y de esfuerzos cada vez más agresivos para arrebatar más control sobre la institución, en la apuesta del presidente por unas tasas de interés sustancialmente más bajas.

Trump dijo que solo elegiría a un presidente que apoyara tasas de interés más bajas, pero es probable que Warsh se enfrente a la oposición si persigue ese objetivo, al menos en los próximos meses, dado el impacto económico de la guerra en Irán. Las decisiones políticas las toma un comité de 12 personas formado por los siete miembros de la junta de gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y un conjunto rotatorio de cuatro presidentes de los bancos regionales.

Los funcionarios han indicado poca urgencia para bajar las tasas debido a su preocupación por los riesgos para la inflación ante una crisis energética, mientras que algunos incluso han llegado a hablar más abiertamente de la posibilidad de que el banco central tenga que subir las tasas en algún momento para domar las presiones sobre los precios.

Si Powell permaneciera como gobernador, privaría a Trump de una vacante que cubrir con alguien más afín a su perspectiva política. El presidente ha tratado de crear vacantes de otras formas, como al intentar despedir a otra funcionaria, Lisa Cook, quien fue nombrada por el gobierno de Joe Biden para formar parte de la junta de gobernadores. Trump citó acusaciones infundadas de fraude hipotecario como justificación para tener “causa” para despedirla, el umbral que debe cumplir un presidente para destituir a un funcionario de la Reserva Federal.

La Corte Suprema sopesa actualmente su caso, pero a juzgar por los alegatos orales celebrados en enero, los jueces parecen recelosos ante cualquier incursión percibida en la capacidad de la Reserva Federal para fijar las tasas de interés sin injerencias políticas.

Colby Smith cubre la Reserva Federal y la economía estadounidense para el Times.

Pocos estadounidenses –el 24 por ciento– piensan que la guerra de Irán ha valido la pena por sus costos y beneficios, según una encuesta de Ipsos y Reuters publicada el martes. Otro 22 por ciento no estaba seguro.

Incluso entre los principales partidarios del presidente hay división: el 55 por ciento de los republicanos dijo que pensaba que la guerra valía la pena por sus costos y beneficios, muy lejos de la gran mayoría de su base que apoya a Donald Trump en la mayoría de los demás asuntos. En cambio, a medida que la guerra entra en su séptima semana, el 20 por ciento de los republicanos dijo que pensaba que la guerra no había valido la pena por su costo, y otro 24 por ciento no estaba seguro.

La encuesta se realizó tras el alto el fuego y después de que Trump amenazara con que “toda una civilización morirá esta noche”.

Esta encuesta se suma a otras pruebas de que están surgiendo fisuras en torno a la guerra dentro del Partido Republicano. Una encuesta de la CNN realizada a finales de marzo reveló que los republicanos que no se identificaban como “MAGA” eran significativamente menos propensos a apoyar la guerra que los “republicanos MAGA”.

También es mucho menos probable que los jóvenes republicanos aprueben la decisión de Trump de emprender acciones militares que los republicanos mayores de 45 años.

Es la primera vez que Ipsos formula la pregunta sobre costos y beneficios. Pero la encuesta también incluía una pregunta que se ha repetido desde que empezó la guerra, y descubrió que solo el 35 por ciento de los estadounidenses aprobaba los ataques militares en Irán. Esa cifra se ha mantenido estable entre todos los estadounidenses, republicanos y demócratas por igual, durante el último mes.

El Times publicará de vez en cuando encuestas que ilustren la opinión de los estadounidenses sobre los temas del día. Las cifras proceden de encuestas de alta calidad, con un historial de precisión y métodos rigurosos.

Ruth Igielnik es editora de encuestas del Times que conduce encuestas y analiza y reporta sobre los resultados.

En un pueblo del bosque nuboso, una red de residentes, extranjeros y cuáqueros pacifistas ofreció un refugio precario pero vital a las familias expulsadas por el gobierno de Estados Unidos.

La casa no se parecía en nada al moderno salón de belleza que Vusala Yusifova tuvo en su día en Azerbaiyán.

El aroma del café recién hecho, y no el de la laca para el pelo, llenaba el aire. Yusifova trabajaba rodeada de utensilios de cocina y libros infantiles. Su hija de 9 años, Inji, la ayudaba como asistente. Su esposo levantaba a una clienta por encima del lavabo del baño para lavarle el pelo.

Y, sin embargo, a pesar de las limitaciones, era más de lo que Yusifova podría haber imaginado para sí misma hace un año, cuando el gobierno de Donald Trump la deportó a Costa Rica, junto con su familia.

Los Yusifov fueron detenidos mientras cruzaban ilegalmente de México a Estados Unidos, tras la cancelación de sus citas para solicitar asilo. Los agentes de la patrulla fronteriza los detuvieron después de que Inji se enredó en una valla de alambre de púas.

Fueron de las primeras personas en ser expulsadas en el marco de un programa de deportación masiva. Miles de migrantes que no pueden ser devueltos de forma legal o segura a sus países de origen han sido enviados, en su lugar, a lugares con los que no tienen ningún vínculo.

Hasta ahora, el gobierno de Trump ha enviado a 15.000 personas a países desconocidos, según el Instituto de Política Migratoria, entre ellos Panamá, Camerún, Sudán del Sur y otros.

Al igual que el resto de las 200 personas que llegaron a Costa Rica el año pasado, los Yusifov pasaron varios meses detenidos en un centro de retención improvisado. Pero hoy se encuentran entre el puñado de familias que han tenido un recibimiento inesperado en Monteverde, una localidad situada en la cima de una montaña al noroeste de Costa Rica.

Allí, una alianza de residentes, emigrantes y cuáqueros pacifistas recaudó fondos para apoyar a los recién llegados, les encontró lugares para alquilar, ayudó a sus hijos a ir a la escuela y, en algunos casos, les ofreció trabajo.

“Estamos en ese proceso de cómo empoderarlos paso a paso para que no dependan siempre de los demás”, dijo Danielle Hentschl, de 39 años, al referirse a los Yusifov.

Los Hentschl, una pareja cristiana de California que vive en Monteverde, le habían pedido a Yusifova que le cortara el pelo a una de sus hijas pequeñas.

“La familia que ves son mis amigos más cercanos”, dijo Yusifova, de 43 años, mientras se refería a sus anfitriones. “Los quiero mucho”.

Aún no está claro cuánto tiempo más podrá la localidad seguir recibiendo a las personas deportadas, ni si podrá acoger a más. Costa Rica firmó un acuerdo en marzo para aceptar a 25 o más deportados nuevos cada semana. El último grupo llegó el sábado pasado.

En Monteverde, donde la niebla baña los bosques y los turistas se deslizan en tirolesa por las copas de los árboles, algunas de las personas expulsadas por Estados Unidos han ido construyendo, poco a poco, un frágil sentido de hogar.

‘Me robaron’

Cuando llegaron a Costa Rica el año pasado, los 200 deportados fueron trasladados a una fábrica de lápices acondicionada para recibirlos cerca de la frontera con Panamá. Las autoridades les confiscaron los pasaportes y los hacinaron en barracones durante meses, con escaso acceso a la educación o la atención de salud, según varias personas deportadas y grupos de derechos humanos que documentaron su confinamiento.

Las condiciones eran tan terribles que al menos seis personas se fugaron.

Las autoridades se vieron obligadas a liberar a los deportados; les dieron la opción de quedarse o marcharse tras un informe incisivo del defensor del pueblo del país y demandas internacionales. Un Tribunal Constitucional también dictaminó que las detenciones eran ilegales.

La mayoría regresó a sus países de origen. Otros solicitaron asilo en Costa Rica. Varios recibieron un estatus migratorio especial que les permitió encontrar trabajo y moverse libremente.

“Si te llevo a Rusia sin documentos, sin dinero –no sabes el idioma, no conoces este país, no sabes nada– y te abro las puertas y te digo: ‘Haz lo que quieras’”, dijo German Smirnov, un deportado ruso, “¿cómo reaccionarías?”.

Smirnov, de 37 años, trabajaba como miembro de una mesa electoral en Rusia cuando grabó lo que, según él, eran irregularidades en las elecciones presidenciales de 2024. Tras ser detenido por soldados, le dieron a elegir: ir a la cárcel o ir a luchar en la guerra de Ucrania. En lugar de eso, huyó y voló a la frontera de Estados Unidos con su esposa y su hijo. En enero, se canceló su cita para solicitar asilo y se entregaron. Fueron deportados a Costa Rica.

“Me robaron”, dijo Smirnov. “Hice todo lo correcto”.

Familias como la suya, incapaces de volver a casa ni de seguir adelante, quedaron en el limbo.

Marcia Aguiluz Soto, una abogada costarricense que asesoró a varios deportados, dijo que acogió a una familia en su casa, cerca de San José, la capital, durante unos días.

“Yo les podía ofrecer una estancia y alimentación”, dijo. “Pero no les podía ofrecer comunidad”.

A través de su trabajo con el American Friends Service Committee –una organización con sede en Filadelfia fundada por los cuáqueros, un movimiento religioso pacífico–, Aguiluz Soto se dio cuenta de que comunidad era lo que un grupo de cuáqueros llevaba más de 70 años construyendo en los bosques nubosos de Costa Rica. Así que acudió a ellos.

‘Una sensación de libertad’

En 1951, un grupo de unos 40 cuáqueros estadounidenses se trasladó a Monteverde después de que cuatro de sus hombres fueran encarcelados por negarse a inscribirse en el servicio militar en tiempos de paz. Cuando un juez les dijo que buscaran otro país si no querían servir, eligieron Costa Rica, que acababa de abolir su ejército.

Criaron vacas lecheras y abrieron una fábrica de queso. Reservaron miles de hectáreas de bosque que atraen a observadores de aves y excursionistas durante todo el año. Un gran edificio de madera sirve como escuela bilingüe, centro comunitario y lugar de culto.

Con el tiempo, Monteverde se convirtió en un enclave de jubilados, biólogos, artistas y extranjeros.

El año pasado, cuando se corrió la voz de que familias enteras se encontraban atrapadas en un centro de detención sin saber adónde ir, muchos cuáqueros se sintieron en la obligación de ofrecerles refugio, tal y como en su día buscaron sus fundadores.

“Esta comunidad se mostró dispuesta a dar un paso al frente e intentar aliviar este sufrimiento lo mejor posible”, afirmó Jennifer Walker Gates, una abogada estadounidense especializada en migración que vive en Monteverde.

Recaudaron fondos suficientes para cubrir el alojamiento y la comida de seis familias.

“No lo hacíamos como una declaración política”, dijo Katy Van Dusen, de 68 años, miembro de la Reunión de Amigos en Monteverde, el grupo cuáquero. “Lo hacíamos porque se trata de personas que necesitan ayuda”.

Había caído la noche en Monteverde el pasado mes de julio cuando, uno a uno, 25 deportados, agotados y desorientados, bajaron del autobús.

Una multitud los esperaba. Una persona trajo galletas caseras. Otra tenía un carrito de golf lleno de suéteres donados.

Jennie Mollica, de 55 años, otra cuáquera, dijo que percibió entre los recién llegados una sensación de libertad. “La capacidad de, tal vez, respirar hondo”, afirmó.

De las seis familias migrantes, una se trasladó al norte, a una granja, y solicitó asilo, según los cuáqueros. Otras cruzaron de nuevo a Estados Unidos. Solo dos permanecen en Monteverde.

Un nuevo hogar

A principios de este año, Smirnov y su familia visitaron el imponente volcán Arenal de Costa Rica. El país al que él y sus seres queridos habían sido deportados, la nación que los había confinado, también tenía su belleza.

“Antes de llegar aquí, nunca había pensado en esto”, dijo Smirnov, y añadió que el viaje le inspiró a aprender más español y a viajar más allá de Monteverde.

Smirnov encontró trabajo como entrenador en un gimnasio local. Su jefa le redujo las horas porque no podía pagarle un sueldo de tiempo completo, pero le permitió traer a sus propios clientes, en su mayoría cuáqueros y extranjeros.

“Le dijo a mi esposo: ‘Voy a hacer que te veas muy sexy’”, contó Walker Gates, la abogada de migración.

Sin embargo, la brecha entre la vida antigua y la nueva de los recién llegados todavía es muy amplia. En su salón de Azerbaiyán, Yusifova se especializaba en tintes de pelo complejos: rojos vibrantes y ombrés elaborados. En Monteverde, se ha sentido limitada. Sus clientas prefieren un look natural. Algunas de ellas se dejan las canas.

“A veces me parece un poco aburrido”, dijo. “Sé que puedo hacer mucho más”.

Hay problemas más acuciantes. En marzo expiró un permiso gubernamental de un mes para recibir asistencia de salud gratuita en clínicas públicas, lo que obligó a Yusifova a saltarse las ecografías necesarias para controlar con regularidad los quistes en sus senos.

“Tengo mucho miedo de enfermarme aquí”, dijo.

El futuro de la familia parece incierto. El esposo de Yusifova, Azar, dijo que no podían volver a Azerbaiyán porque lo habían detenido después de que creara carteles de campaña para un partido de la oposición. Él todavía anhela ir a Estados Unidos.

“Algún día, Estados Unidos nos aceptará legalmente”, dijo Azar Yusifov, de 41 años.

Se prevé que el dinero recaudado por los cuáqueros se agote en unos meses. Smirnov y su esposa, Anastasiia, han extendido la ayuda económica hasta septiembre al cubrir la mitad de sus gastos.

“Encontraremos una solución”, dijo Smirnov. “Nos gustaría quedarnos”.

Lo mismo le gustaría a su hijo de 7 años, Timur.

Una noche reciente, Timur mostró algunos dibujos de la fauna de Monteverde. También dibujó una bandera de Costa Rica. ¿Qué le parecía este nuevo país tropical?

El niño sonrió tímidamente. “Es perfecto”, respondió en inglés.

David Bolaños y Nailia Balayeva colaboraron con reportería.

Emiliano Rodríguez Mega es reportero e investigador del Times con sede en Ciudad de México, y cubre México, Centroamérica y el Caribe.

David Bolaños y Nailia Balayeva colaboraron con reportería.

Cinco días después de que a Kim Dong Hee, de 4 años, le extirparan las amígdalas, empezó a vomitar sangre. Se desmayó antes de que llegara una ambulancia.

Mientras lo llevaban de prisa al hospital donde le habían hecho la amigdalectomía, cerca de Busan, la segunda ciudad más grande de Corea del Sur, los médicos les dijeron a los paramédicos que la sala de urgencias estaba llena. La sala de urgencias más cercana estaba a más de 16 km. A su madre, Kim So Hee, el viaje le pareció una eternidad. “Mi visión se volvió blanca y me quedé con la mente vacía”, dijo.

Cuando un médico vio a Dong Hee, unos 30 minutos después de la llamada inicial, sus vías respiratorias estaban obstruidas por la sangre y había sufrido graves lesiones cerebrales por falta de oxígeno. Permaneció en estado vegetativo y murió cinco meses después.

A pesar de ser uno de los países más ricos de Asia, Corea del Sur tiene un sistema de urgencias que se tambalea. Una escasez crónica de médicos de urgencias, menos protección legal para los médicos que en otras naciones ricas, y una peculiaridad del sistema de respuesta a urgencias –los paramédicos deben esperar el permiso del hospital antes de trasladar a un paciente a urgencias– han provocado retrasos que pueden ser mortales.

Estos rechazos hospitalarios –denominados “ping pong de ambulancias“, “dar largas en urgencias” o “carrusel” de urgencias por los medios de comunicación locales– se han agudizado en los últimos años, según muestran los datos del gobierno. El presidente Lee Jae Myung ha calificado los fallos de sistémicos.

“Los pacientes mueren en la calle, incapaces de encontrar una sala de urgencias durante horas y horas”, dijo en una reunión del gabinete en diciembre y ordenó a su ministerio de Salud que arreglara el sistema.

No será fácil.

El tiempo promedio que tardan los pacientes con traumatismos graves en ser aceptados por un servicio de urgencias se ha duplicado desde 2019 –año en que le extirparon las amígdalas a Dong Hee–, hasta alcanzar los 16 minutos y 30 segundos, según los datos publicados por el diputado Yang Bu-nam, quien forma parte de un comité que supervisa la Agencia Nacional de Bomberos.

El año pasado, según los datos, hubo más de mil casos en los que las ambulancias tuvieron que llamar a más de 20 hospitales antes de encontrar camas para sus pacientes.

En octubre, una mujer de unos 60 años fue atropellada en un paso de peatones por un camión de carga en la ciudad de Changwon. Una ambulancia llegó rápidamente al lugar, pero los médicos –quienes llamaron a 30 hospitales– no pudieron encontrar una sala de urgencias dispuesta a aceptarla y murió un par de horas después del accidente, según Yang.

Corea del Sur tiene asistencia universal en salud y su sistema médico se considera superior al promedio de las naciones ricas. Pero tiene menos médicos per cápita que la mayoría de las naciones desarrolladas, y muchos médicos prefieren especializarse en campos que pagan más que la atención de urgencias, como la dermatología y la cirugía plástica.

Además, los pacientes que acuden a los servicios de urgencias de los hospitales por afecciones de “baja gravedad” pueden provocar una saturación, “causando retrasos en el tratamiento de los pacientes de alto riesgo”, según Chris James, economista jefe de sanidad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

El sistema de envío de ayuda del 119 del país imita el sistema de respuesta rápida de Estados Unidos, en el que los paramédicos suelen tener autoridad para determinar cuál es el mejor hospital para las necesidades de un paciente. Pero en Corea del Sur, primero deben obtener permiso de los hospitales para llegar a ellos, y estos pueden rechazar a los pacientes por motivos como la escasez de personal o el exceso de pacientes.

Esto, según los paramédicos, los obliga a luchar por conseguir la admisión de un paciente en la carrera contra “la hora dorada”, o periodo en el que un paciente crítico debe recibir atención antes de sufrir daños permanentes o incluso la muerte.

Cuando esto ocurre, “sientes que empiezas a encogerte a medida que aumenta el estrés”, dijo Kim Sung-hyun, quien ha sido paramédico durante más de una década.

“Si dejamos esta situación como está, los pacientes seguirán muriendo”, dijo Yang en una entrevista en su despacho de Seúl.

Yang está presionando para que se introduzca una enmienda legal que otorgue a los paramédicos autoridad para designar hospitales para los pacientes de urgencias. Por otra parte, el Ministerio de Salud puso en marcha el mes pasado un programa piloto en dos provincias y una ciudad que designa hospitales específicos como destinos prioritarios para los pacientes de urgencias.

Algunos médicos de urgencias se han opuesto a estos planes. “Obligarnos a aceptar pacientes puede reducir el número de rechazos sobre el papel, pero no garantiza que reciban la atención que realmente necesitan”, dijo Kim Changyu, médico residente de urgencias de un hospital de Seúl.

A los médicos de urgencias también les preocupa la responsabilidad legal. Los médicos de Corea del Sur se enfrentan a cargos penales por negligencia médica en porcentajes significativamente más altos que en otros países ricos, según los estudios.

“El miedo a los litigios o a perder la licencia es lo que nos obliga a rechazar a los pacientes”, dijo Kim. “Nosotros también somos humanos”.

Otros médicos, como Changwoo Han, catedrático de medicina preventiva de la Universidad Nacional de Chungnam, están a favor del programa piloto porque agilizaría el traslado de pacientes urgentes y pondría a paramédicos y hospitales en la misma página.

Muchas de las preocupaciones de los médicos surgieron durante una huelga de médicos en formación que duró 18 meses y terminó en septiembre de 2025.

Aunque el núcleo de aquella disputa giraba en torno a una propuesta del gobierno de aumentar el número de estudiantes de medicina, las quejas de los médicos incluían entornos de trabajo difíciles, salarios bajos en departamentos como urgencias y falta de protección legal para los médicos que trabajan con pacientes críticos.

El gobierno de Lee ha adoptado un tono más conciliador con la comunidad médica y ha aceptado reducir los planes de admisión en las facultades de medicina.

La mayoría de los pacientes de urgencias en Corea del Sur no llaman a una ambulancia, sino que acuden por sus propios medios y sin cita previa, según cifras del gobierno. Es un testimonio de la calidad de la atención que reciben, pero a menudo se rechaza incluso a esos pacientes.

En el verano de 2024, Andrea Kwon, quien trabaja en mercadotecnia en Seúl, tuvo fiebre y dolor de garganta durante semanas. Luego, su piel se volvió amarillenta, su estómago empezó a hincharse y el mero olor de la comida le provocaba náuseas. Tras visitar varias clínicas de su vecindario, le diagnosticaron cálculos hepáticos y le aconsejaron acudir a urgencias.

Kwon, quien dijo estar en sus años 20, acudió a una de ellas solo para que le dijeran que se fuera a casa porque no había especialistas en hígado. La derivaron a otro hospital, donde le dieron noticias similares.

En ese momento, se encontraba tan mal que no podía andar bien. “Estaba aterrorizada. Me sentía completamente indefensa”, dijo. Finalmente, Kwon consiguió una cita con un especialista en un hospital, quien le diagnosticó el virus de Epstein-Barr, una infección que a veces puede afectar al hígado.

Mientras el gobierno y los médicos discuten la política pública, los pacientes y sus familias afirman que se están poniendo vidas en peligro. Algunos han recurrido a los tribunales con la esperanza de que se haga justicia a los seres queridos que creen que murieron a causa de los rechazos en los servicios de urgencias.

En diciembre de 2019, Kim, la madre de Dong Hee, presentó una denuncia penal contra los médicos y el hospital que se negaron a aceptar a su hijo.

El año pasado, un tribunal dictaminó que los médicos no eran culpables de negligencia profesional. Pero dijo que algunos eran culpables de violar la ley médica y que uno había afirmado falsamente que la sala de urgencias estaba ocupada con otro paciente.

“El veredicto es verdaderamente desastroso. Los profesionales de la medicina saben mejor que nadie que el resultado de rechazar a un paciente puede ser la muerte”, dijo Kim, que piensa apelar el veredicto. “Todo está al revés”.

Kim vive ahora con sus padres y su hijo menor en Busan. Su marido, el padre de Dong Hee, murió tras una batalla de un año contra la leucemia en 2022. “Dong Hee era un niño brillante, valiente y precioso”, dijo. “Era la esperanza que mantenía a su padre luchando por su vida”.

Jin Yu Young es reportera e investigadora del Times, y cubre Corea del Sur y las últimas noticias mundiales desde Seúl.