Ticketmaster pidió disculpas a los fans de Taylor Swift después de que su sistema se viera desbordado por la demanda de entradas para la gira Eras de la cantante.
Live Nation, el gigante del entretenimiento propietario de Ticketmaster, ha estado operando ilegalmente como monopolio y cobrando precios excesivos a los fans, según dictaminó un jurado federal.
El veredicto se produjo tras cuatro días de deliberaciones en un juicio de siete semanas en la ciudad de Nueva York, y podría tener un gran impacto en la industria musical.
Live Nation, propietario de salas de conciertos y festivales de música, podría verse obligado a desprenderse de partes de su negocio o incluso a separarse de Ticketmaster, un resultado que el exfiscal general Merrick Garland solicitó cuando presentó la demanda en mayo de 2024.
La defensa del Departamento de Justicia de EE.UU. argumentó que las prácticas de la empresa habían impedido la entrada de competidores y habían provocado precios de entradas más altos y un peor servicio para los clientes.
Live Nation es un gigante de la música en vivo y los deportes. El año pasado, organizó más de 55.000 conciertos en todo el mundo y atrajo a 159 millones de asistentes.
Las acciones de la compañía cayeron más de 6% tras el anuncio del veredicto.
La BBC se puso en contacto con Live Nation para obtener comentarios, sin respuesta hasta la publicación de esta nota.
Además de ordenar posibles medidas legales para restablecer la competencia, el juez Arun Subramanian podría imponer una sanción económica a Live Nation.
El jurado determinó que Ticketmaster había cobrado a los clientes US$1,72 de más por cada entrada vendida, cifra que se utilizaría como base para calcular la indemnización por daños y perjuicios.
Live Nation argumentó durante todo el juicio que no era un monopolio y que competía ferozmente con sus rivales en el sector del entretenimiento, incluyendo equipos deportivos, promotores de conciertos y otros operadores de recintos.
“Unirnos para proteger a nuestros consumidores”
En marzo, el Departamento de Justicia anunció que había llegado a un acuerdo con ambas compañías y se retiró del caso justo antes de su inicio.
Los estados de Arkansas, Nebraska y Dakota del Sur también se retiraron de la demanda.
Sin embargo, los fiscales de 36 estados continuaron con el juicio, incluido el fiscal general de California, Rob Bonta.
“Estamos increíblemente orgullosos del resultado de hoy, y especialmente orgullosos de nuestra coalición, integrada por estados republicanos y demócratas, que comprendieron la necesidad de unirnos para proteger a nuestros consumidores, empresas y economías estatales de la conducta ilegal de Live Nation”, declaró Bonta.
A principios de esta semana, un grupo de senadores demócratas criticó el acuerdo del Departamento de Justicia.
En una carta, los senadores afirmaron que el acuerdo “no logra restablecer la competencia ni proteger a los fans, artistas y locales independientes”.
También señalaron que el acuerdo dejaba a Live Nation y Ticketmaster controlando los precios de los eventos en vivo.
“Existe evidencia creíble de que Ticketmaster controla más del 70% de todos los principales recintos de conciertos con contratos exclusivos de venta de entradas, y Live Nation controla el 80% del mercado de los principales anfiteatros para conciertos”, decía la carta.
Las peticiones de fans y legisladores para que se investigara el dominio de Live Nation en la industria de la música en vivo se intensificaron tras la gira Eras de Taylor Swift en 2022.
El sistema de la compañía se vio desbordado por la demanda, lo que obligó a Ticketmaster a disculparse finalmente con Swift y sus fans durante una audiencia en el Senado de EE.UU.
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El director de una escuela secundaria en Oklahoma, Estados Unidos, redujo a un tirador activo, lo que quedó registrado en imágenes de las cámaras de seguridad.
El presunto autor de los disparos, Victor Hawkins, entró en la escuela secundaria Pauls Valley, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Oklahoma (centro de EE.UU.) y abrió fuego durante el incidente, ocurrido el 7 de abril.
Hawkins entró al vestíbulo de la escuela, apuntó con su arma a dos estudiantes y les gritó a todos que se tiraran al suelo.
Según NBC News, el sospechoso tenía dos armas semiautomáticas pero el ataque se vio frustrado porque una de ellas no funcionaba.
Los dos estudiantes imploraron piedad y pudieron irse, informó NBC.
Segundos después, el director de la escuela, Kirk Moore, corrió hacia el pasillo, empujó al hombre armado contra un banco y lo inmovilizó antes de que otro miembro del personal lo ayudó a desarmarlo.
Hawkins quería “llevar a cabo su propio tiroteo escolar como lo hicieron los autores de la masacre de Columbine”, recogió NBC de acuerdo a la versión de los fiscales.
En 1999, un tiroteo una escuela secundaria de Columbine, Colorado, dejó 14 víctimas y dos atacantes muertos.
Su intención era matar estudiantes, funcionarios escolares, al propio Moore y a sí mismo, de acuerdo a la declaración del indagado.
“Somos una comunidad de aproximadamente 6.200 personas. Buenos chicos, buena comunidad. Desde luego, uno no espera que este tipo de situaciones ocurran en su ciudad”, dijo el jefe de policía de Pauls Valley, Don May, según recoge la CBS, socio de noticias de la BBC en EE.UU.
Moore, educador durante 35 años, recibió un disparo en la pierna y fue trasladado en helicóptero a un hospital cercano. Ya fue dado de alta.
Nadie más resultó herido en el tiroteo.
“Se levantó como todos nosotros para ir a trabajar, ¿y quién se imaginaba que esto iba a pasar? Así que solo quiero darle las gracias”, dijo Lindel Fields, superintendente de instrucción pública de Oklahoma.
En un comunicado, Moore atribuyó a sus instintos, su entrenamiento y la intervención divina el haber neutralizado la amenaza. El hombre expresó su deseo de regresar al trabajo lo antes posible para continuar con su labor de educar a la próxima generación de líderes de Oklahoma.
Documentos judiciales identifican al sospechoso como Victor Lee Hawkins, de 20 años, que es exalumno de la preparatoria Pauls Valley.
Hawkins enfrenta múltiples cargos: dos cargos por apuntar con un arma de fuego, un cargo por disparar con intención de matar y dos cargos por porte ilegal de armas.
Se declaró inocente y permanece bajo custodia.
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No es inusual que el presidente Trump reciba críticas de líderes católicos.
Sus políticas de inmigración de línea dura —prometidas durante su campaña y aclamadas por sus partidarios— han provocado la condena de dirigentes eclesiásticos.
Durante meses, esta situación ha enfrentado a la jerarquía de la Iglesia católica en Estados Unidos con los católicos de base, de tendencia más derechista.
Sin embargo, la amplia reacción adversa surgida en las últimas 48 horas a raíz del ataque de Trump contra el papa León XIV, y después de que compartiera una imagen generada por IA en la que aparece representado como una figura semejante a Cristo, es muy diferente.
Lo llamativo es de dónde procede parte de estas críticas: aliados católicos leales y conservadores.
Estos se muestran descontentos no solo por la fricción pública de Trump con el papa León XIV sino, a un nivel mucho más profundo, por la guerra en Irán.
El revuelo provocado por el ataque de Trump en las redes sociales contra el primer papa estadounidense, a quien tildó de “demasiado liberal” y excesivamente “blando con el delito”, sumado a la imagen generada por IA ha suscitado un cambio de opinión entre muchos católicos conservadores desde que comenzó la guerra hace seis semanas.
“Rezo para que todo esto aclare a la gente que no debemos buscar la guía en un líder nacional; no debemos mirar a aquellos que poseen más dinero o más armas. Debemos mirar a Cristo”, afirmó el obispo Joseph Strickland.
Estas palabras provienen de un hombre que el año pasado participó en un acto de oración para “consagrar” la residencia del presidente en Mar-a-Lago.
En 2024 Strickland pronunció el discurso principal en la CPAC, evento en el que Donald Trump figuraba como invitado de honor; antes, en 2020, se dirigió a una marcha de partidarios de Trump que exigían la anulación de los resultados electorales.
Ha sido un firme partidario de Trump en las buenas y en las malas. De hecho, su manifiesta alineación política —así como su abierta confrontación con el difunto papa Francisco— influyeron incluso en su destitución del cargo de obispo de Tyler, Texas.
Distanciamiento por la guerra
No obstante, ante las narrativas radicalmente contrapuestas de la Casa Blanca y el Vaticano respecto a la guerra en Irán y en el conjunto de Oriente Medio, el obispo Strickland ha marcado un inusual distanciamiento respecto a la administración.
“No creo que este conflicto cumpla con los criterios de una guerra justa. Respaldo al Santo Padre y su llamado a la paz. No se trata de política; se trata de verdad moral”, declaró a la BBC, añadiendo que la magnitud de las muertes y el sufrimiento que padecen los civiles inocentes implica que esta guerra nunca podría considerarse “justa”.
Es más: ha cuestionado a la Casa Blanca por su gestión de la guerra y ha animado a otros católicos a hacer lo mismo.
“El panorama se torna muy sombrío cuando se utiliza la religión para justificar conductas inmorales… utilizar la religión para justificar, en particular, el lanzamiento de bombas, contradice la esencia misma de la fe”, afirmó el obispo Strickland.
Consultado sobre el ataque de Trump al papa León XIV y la imagen que algunos han bautizado como el “Jesús de la IA” —que Trump afirmó haber confundido con la figura de un médico en lugar de la de Jesús— el obispo Strickland respondió que sentía como un “deber” recordar al presidente estadounidense el Evangelio de Mateo.
Señaló un pasaje que enseña que el poder supremo reside en Cristo y no en ningún ser humano.
“Cuando los líderes mundiales olvidan esta verdad, todos corren peligro”, aseveró.
Trump subió esta imagen a su red social pero después la eliminó.
Este aparente cambio en la percepción que los católicos conservadores tienen del presidente de los Estados Unidos conlleva riesgos políticos, ya que Trump logró aumentar su respaldo entre dicho grupo de cara a las elecciones de 2024.
El panorama sigue siendo complejo, según el Pew Research Center. El origen racial desempeñó un papel significativo: el 62% de los católicos blancos votó por Donald Trump y el 37% por Kamala Harris, mientras que el 41% de los católicos hispanos votó por Trump y el 58% por Harris.
Esto constituyó una tendencia general hacia el Partido Republicano entre los católicos en su conjunto, si bien marcada por profundas divisiones internas.
Las críticas desde la derecha católica
Históricamente los datos sugieren que, en lo que respecta a su visión del mundo, la política tiene mayor peso que la fe para un gran número de católicos estadounidenses. En gran medida, sus posturas se alinean según las divisiones partidistas, señala Greg Smith, director asociado de investigación religiosa del Pew Research Center.
La comunidad católica de Estados Unidos se compone de diversos sectores que mantienen posturas sumamente polarizadas en torno a cuestiones como el aborto y la inmigración.
Es por ello que un acercamiento de católicos de izquierda y de derecha en torno al conflicto con Irán resulta excepcional.
Sus opiniones sobre el líder de la Iglesia corroboran este hecho: el papa Francisco gozaba de mucha más popularidad entre los demócratas católicos que entre los republicanos católicos, pero León XIV tiene un gran apoyo de ambos grupos, según el centro Pew.
A menudo se percibía al papa Francisco como un progresista espontáneo que, en ocasiones, se distanciaba de los católicos tradicionalistas, por ejemplo con sus restricciones a la misa en latín, mientras el papa León XIV ha flexibilizado estas medidas.
León XIV es visto como más moderado que Francisco entre los católicos estadounidenses.
El Papa no está exento de cierto nivel de crítica, afirma Peter Wolfgang, director ejecutivo del Family Institute of Connecticut y una voz destacada de la “derecha” católica estadounidense.
“El Papa es el Papa; le debemos cierta deferencia, pero no creo que el catolicismo busque una obediencia ciega como cadáveres. Somos personas vivas y pensantes”, sostiene.
Wolfgang ha evolucionado de ser un pragmático cauteloso respecto a Trump —centrado en lograr la anulación de las leyes sobre el aborto— a convertirse en un partidario mucho más entusiasta.
Aunque es un firme defensor de las políticas de deportación masiva y de la vertiente de nacionalismo católico representada por J.D. Vance, ahora se muestra sumamente crítico con la actitud del presidente estadounidense hacia León XIV.
“El presidente Trump no comprende el funcionamiento del catolicismo. El Papa no es un mero jefe de Estado; es el Vicario de Cristo. Los ataques dirigidos contra él se perciben como ataques contra la propia Iglesia. Cuanto más ataque al Papa, más disminuirá su respaldo entre sus votantes católicos”, declaró Wolfgang a la BBC.
Peter Wolfgang afirma que su fe lo llevó a cuestionar a los obispos católicos de Estados Unidos cuando estos criticaron las políticas migratorias del presidente Trump; no obstante, esa misma fe es la que ahora lo lleva a oponerse a esta guerra.
“Cuando el presidente Trump sale a hablar de aniquilar la civilización iraní, o cuando el secretario Hegseth pronuncia una oración de tintes sanguinarios totalmente ajena a la sensibilidad católica, resulta absolutamente natural que los católicos conservadores cierren filas en torno al papa León”, señala.
Un acercamiento inusual
Poco después de los primeros ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, recitó una oración sumamente controvertida durante un servicio religioso en el Pentágono en la que se hacía referencia a una “violencia abrumadora” y a una “justicia ejecutada con celeridad y sin remordimientos”.
En sus escritos, Peter Wolfgang suele reservar sus críticas más feroces para la “izquierda” católica; sin embargo, considera que la cuestión iraní ha logrado, hasta cierto punto, unificar a las distintas facciones, en parte gracias a la claridad del mensaje antibélico del Papa.
De manera inusual, ningún miembro de alto rango del clero católico estadounidense ha apoyado públicamente la guerra en Irán.
Incluso Robert Barron, obispo de Winona-Rochester y un aliado clave de Trump, exigió que el presidente de EE. UU. se disculpara ante León XIV por su airada diatriba, solicitud que fue rechazada.
El mensaje antibélico de León XIV ha calado en gran parte de sus seguidores.
Situado en el ala liberal de la Iglesia católica, el diácono y destacado comentarista Steven Greydanus también evalúa esta inusual convergencia de opiniones.
Considera que un factor determinante ha sido la “subversión” por parte de la Casa Blanca de los principios de la “Teoría de la Guerra Justa”, una teología que determina cuándo es lícito ir a la guerra y cómo debe llevarse a cabo dicho conflicto.
Sin embargo, afirma que esto se debe también, en parte, al contraste entre el presidente Trump y la “presencia sanadora” del Papa.
“Si bien me apena la franqueza de los ataques de Donald Trump contra el papa León, en cierto modo celebro la claridad de elección que se les presenta a los católicos”, señala Greydanus.
La posición del Vaticano
El Vaticano ha mantenido la postura de que lo que hemos presenciado en las últimas semanas no es, en absoluto, una batalla entre el León XIV y el presidente Trump, sino la actuación de un Papa que se aferra claramente a su fe para oponerse a la lógica de esta guerra.
No obstante, cuando el presidente Trump afirmó que “toda una civilización moriría” en Irán, el Papa respondió directamente, calificando dicha amenaza de “verdaderamente inaceptable”.
“Existe una diferencia importante entre desafiar a un hombre y desafiar el principio que hace posible la guerra”, afirma el reverendo Antonio Spadaro, subsecretario del Dicasterio (Ministerio) para la Cultura y la Educación del Vaticano.
El reverendo Spadaro declaró a la BBC que, si bien se estaba manteniendo un diálogo entre bastidores en los “lugares de poder”, el Papa también debía realizar pronunciamientos públicos contra el conflicto para “marcar el límite moral” de lo que resulta aceptable.
El jesuita Antonio Spadaro es subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación del Vaticano y una de las voces más influyentes en la comunicación y el pensamiento estratégico de la Santa Sede.
Entonces, ¿cuál es la perspectiva desde Ciudad del Vaticano respecto a esta aparente convergencia entre los católicos estadounidenses de izquierda y de derecha en su respaldo al mensaje antibélico de León XIV?
“Por supuesto, no logra unir a todo el mundo”, reconoce el reverendo Spadaro, “pero el papa León logra desviar el debate católico de una senda puramente partidista”.
Por otro lado, surgen interrogantes sobre por qué el presidente Trump publicó una imagen generada por inteligencia artificial que, con toda certeza, terminaría por distanciar y ofender a algunos de sus propios partidarios.
Algo inusual en él, se retractó y la eliminó.
También es una incógnita el motivo de su diatriba contra León XIV, que algunos interpretan como dirigida a debilitar la oposición del Papa a la guerra.
“Pero, al intentar deslegitimarlo, el ataque de Trump reconoce implícitamente el peso de la voz moral del Papa”, afirma el reverendo Spadaro, del Vaticano.
“Si León fuera irrelevante, no merecería ni una sola palabra. En cambio, se le invoca, se le nombra y se le contradice: una señal de que sus palabras importan”, sentencia.
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La persona más rica de Australia, Gina Rinehart, deberá desprenderse de parte de su fortuna tras la decisión de un tribunal por una disputa de gran repercusión mediática en torno a su imperio minero.
Con un patrimonio estimado en US$27.000 millones, Rinehart heredó los negocios de su padre en el sector de la minería de hierro en 1992, para luego desarrollar minas en la región de Pilbara, rica en recursos minerales, en Australia Occidental.
Dos de sus hijos, así como los herederos de los socios comerciales de su difunto padre, alegaron tener derecho a una participación significativa en las regalías y los derechos por minería.
Este miércoles, más de 13 años después del inicio de la batalla legal, un juez del Tribunal Supremo dictaminó que Rinehart debe pagar las regalías pasadas y futuras a sus herederos rivales, aunque los derechos mineros siguen siendo de su propiedad.
La disputa legal gira en torno a Hope Downs, uno de los proyectos de hierro más grandes y lucrativos de Australia.
Durante el juicio, el tribunal conoció el acuerdo que redactaron el padre de Rinehart, Lang Hancock, y su socio comercial Peter Wright, considerados pioneros del mineral de hierro en Australia Occidental, para gestionar sus intereses conjuntos bajo una empresa denominada Hanwright.
Durante el juicio de 51 días celebrado en 2023, los hijos de Wright argumentaron que Rinehart había incumplido el acuerdo y que les adeudaba derechos mineros y regalías derivados del proyecto Hope Downs.
El yacimiento es operado conjuntamente por el gigante minero mundial Río Tinto y la empresa Hancock Prospecting, que el año pasado aportó casi US$596 millones a las arcas de la compañía de Rinehart.
Río Tinto paga el 2,5% en regalías a Hancock Prospecting y la jueza Jennifer Smith dictaminó que la mitad de esa suma pertenece a la familia Wright.
“Wright Prospecting ganó la mitad de su caso y perdió la otra mitad. Y Hancock Prospecting… ha ganado y perdido, a su vez, la mitad de su caso”, declaró Smith.
Rinehart heredó los negocios de su padre en el sector de la minería de hierro en 1992.
Un litigio familiar
El litigio judicial involucró también a dos de los hijos de Rinehart —Bianca Rinehart y John Hancock—, quienes alegaron que su madre había transferido lucrativos derechos mineros desde un fideicomiso familiar hacia una rama del negocio a la que ellos no tenían acceso.
Ambos hermanos sostuvieron que su abuelo tenía la intención de compartir con ellos la riqueza generada por las minas de Hope Downs, pero que Rinehart les había negado deliberadamente el acceso a dicha fortuna.
Los abogados de Rinehart argumentaron que ella había retirado los derechos mineros del fideicomiso familiar tras empezar a desconfiar de las transacciones comerciales de su padre.
Sin embargo, sus hijos replicaron que lo hizo con el fin de impedir que el dinero llegara a manos de la segunda esposa de su padre, y antigua ama de llaves, Rose Porteous.
Si bien se desestimaron los reclamos de los hijos de Rinehart sobre los derechos mineros, se concedió parcialmente otra solicitud de regalías provenientes de Hope Downs, presentada por la familia del difunto ingeniero Don Rhodes.
Jay Newby, director ejecutivo de Hancock Prospecting, acogió con satisfacción la decisión judicial, al afirmar que la sentencia confirma la titularidad de la empresa sobre Hope Downs.
Además, señaló que “rechazaba categóricamente” los reclamos formulados tanto por la familia Wright como por los dos hijos de Rinehart.
Un portavoz de Wright Prospecting también celebró el fallo, al señalar que la empresa se sentía “satisfecha de haber obtenido, por fin, un resultado a nuestro favor”.
Rinehart, de 72 años, es conocida por ser una de las mayores donantes privadas de Australia a los deportes, las organizaciones benéficas y los partidos políticos conservadores.
Pero también por sus comentarios francos sobre todo tipo de temas, desde el cambio climático hasta las leyes de protección del patrimonio indígena.
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Una niña no merece el dolor de la mutilación de su cuerpo.
Mi hija tenía seis meses cuando mi abuela le hizo la práctica. Me enteré tarde.
La recibí con fiebre, hinchada y sangrando.
Confronté a mi abuela, quien respondió que era normal y que no podía decirle a nadie, pero mi expareja se enteró.
Cuando vio así de mal a la niña, pensó que yo había dado permiso. Me pegó.
Mi hija lloraba. Quisimos llevarla a un centro de salud, pero era lejos y llovía.
Mi mamá la intentó aliviar con unas plantas. Ella es partera, pero se opone a la ablación y también confrontó a mi abuela.
No hizo caso. Dijo que los hombres se burlan de las mujeres que tienen clítoris.
La ablación en Colombia
Carla Quiñonez* dice que su hija, hoy de cuatro años, sufre dolores e infecciones urinarias frecuentes. Son síntomas comunes de quienes sobreviven la mutilación genital femenina.
Quiñonez, con 30 años, es una indígena emberá que trabaja para erradicar la ablación en Colombia, el único país donde se ha reconocido que aún se registra esta práctica en América Latina.
La emberá viaja por territorios recónditos, imparte talleres, confronta a autoridades indígenas conservadoras, convive con amenazas por su labor.
Junto a un equipo de compañeras y congresistas, su participación está siendo clave para que una ley contra la ablación pueda ser aprobada en las próximas semanas en Colombia.
La ablación implica la resección parcial o total de los genitales externos femeninos y otras lesiones causadas a esos órganos por motivos no médicos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de 300 millones de niñas y mujeres vivas en la actualidad la han sufrido.
La mayoría de países donde se practica se encuentra en las regiones occidental, oriental y nororiental de África y en algunos países de Medio Oriente y Asia.
Una mujer en Gambia protesta contra la mutilación genital femenina en 2024.
La ablación puede causar hemorragias, problemas urinarios, menstruales y en el parto. También quistes, infecciones, mayor riesgo de mortalidad neonatal y dificultades para experimentar placer sexual.
Cómo llegó la práctica a Colombia, detectada entre comunidades indígenas emberá y afrocolombianas, es fuente de varias teorías sin respaldo confirmado.
Lo que se sabe es que sucede en comunidades humildes, marginalizadas y aisladas, cuyos asentamientos muchas veces quedan a horas a pie de hospitales, escuelas y carreteras.
Según datos facilitados por el Congreso colombiano, hasta octubre de 2025 fueron registrados 26 casos. En 2024 se reportaron 54 y en 2023, 91.
La mayor incidencia se da en el departamento de Risaralda, en el noroccidente del país, donde vive la comunidad de Quiñonez.
Autoridades, médicos y emberás en contra de la práctica aseguran que existe un subregistro de casos.
“Las niñas mueren más que los niños”
A prácticamente todas las niñas que nacen en ciertos territorios se lo hacen.
A veces no alcanza llevar a una persona enferma al hospital por el aislamiento de los resguardos.
Una niña con ablación, si se desangra, no llega. A mí siempre me extrañaba que las niñas mueren más que los niños al nacer.
No lo entendí hasta muchos años después, cuando empecé a sensibilizarme con el tema y comprender que estaba mal.
Vi morir a seis niñas sin motivo aparente.
Recuerdo una primita mía a la que mi mamá le hizo el parto. Nació bien, pero a los tres días murió.
Le pregunté a mi mamá y me dijo que había muerto del ‘jai’, un mal ancestral. No me dio más explicaciones.
Ahora creo que todas esas niñas que murieron así, del ‘jai’, en realidad fue por complicaciones de la ablación.
Ahora les queman el clítoris. Antes lo cortaban con un cuchillo. Mi abuela también se lo practicó a mi hermana. Casi muere.
Ella sigue afectada en su cuerpo, pero es muy callada. No lo cuenta.
Ya sea por normalizarlo, por vergüenza o por miedo, nos cuesta abrirnos.
Una pediatra en primera línea de la ablación
La OMS identifica cuatro tipos de mutilación genital femenina.
En el primero se remueve parcial o totalmente el glande del clítoris, que es la cara externa y sensible. También se resecciona el prepucio o capuchón; un pliegue que rodea el glande.
El segundo tipo incluye la resección de los labios menores, con o sin escisión de los mayores.
El tercero, también llamado infibulación, presenta un estrechamiento de la abertura vaginal.
El cuarto es cualquier otra lesión de los genitales femeninos.
En el hospital San Jorge de Pereira, en Risaralda, la pediatra Diana Ramos Mosquera lidia a diario con muchos más casos de los detectados.
Trabaja en el departamento que es epicentro del registro de casos oficiales, pero también de muchos otros excluidos de las cifras que define como “la punta del iceberg” del fenómeno.
No es que piense que ahora se practica más, sino que hay más especialistas que exploran a las niñas cuando acuden por otras dolencias.
“Cuando llegan mutiladas, vemos una cicatriz. A veces es difícil medir qué mutilación sufrieron”, le explica Ramos a BBC Mundo.
“Por los relatos de emberas sabemos que suele producirse tras nacer con un cuchillo caliente. Vemos quemaduras; mutilaciones de tipo 1 y 2”, añade la pediatra.
Recuerda una niña que llegó con el introito vaginal cerrado, por lo que probablemente no iba a tener por dónde menstruar o tener relaciones sexuales al madurar.
“Se le tuvo que reconstruir”, cuenta Ramos.
La pediatra Diana Ramos está investigando más sobre el fenómeno para mejorar la preparación de sus colegas sobre cómo lidiar con casos de ablación.
Desde que esta especialista descubrió un caso hace cuatro años, visibiliza el fenómeno y concientiza a sus colegas. Denuncia que a su comunidad no se les forma lo suficiente sobre cómo identificar la ablación y qué hacer después.
Considera la práctica como una forma de violencia sexual y de género, con consecuencias de por vida, que debe resolverse educando.
“Hay madres que ni siquiera saben que a sus niñas las mutilaron. No puede justificarse, pero tampoco obviarse el lado cultural del asunto porque algunos miembros creen que no hacen mal”, reflexiona.
“La cultura no mata”
Con alrededor de 300.000 miembros, la Gran Nación Emberá es una de las comunidades indígenas más numerosas de Colombia, también con presencia en Ecuador y Panamá.
Entre los grupos donde se practica la ablación, detectada entre emberás chamí, katío y dobidá, muchos miembros creen que ésta les identifica como parte de su cultura ancestral. La llaman “curación”.
Abuelas y parteras, por ejemplo, temen que del clítoris crezca un pene si no lo cortan.
Y en una sociedad patriarcal, otros piensan que una mujer con un órgano que da placer tiende a ser promiscua y mala esposa.
Es un ciclo sin fin y generacional que muchas otras mujeres quieren acabar.
Juliana Domico, consejera de la Confederación Nacional de los Pueblos de la Gran Nación Emberá de Colombia, considera que la ablación es producto del desconocimiento anatómico y el machismo, no de la cultura.
Juliana Domico niega que la ablación forme parte de la cultura ancestral embera.
Una de las teorías de cómo llegó la ablación a Colombia indica que ésta viajó con esclavos de algunos países africanos donde se practicaba y que fueron traídos al país en la época colonial.
Eso quizá explicaría su prevalencia en Risaralda, Chocó y Valle del Cauca, departamentos colindantes o coincidentes con regiones afrocolombianas.
La lideresa añade la teoría heredada de la oralidad embera.
“Se cree que hace cientos de años nació una niña intersexual –una condición que puede manifiestarse con la presencia de genitales masculinos y femeninos en un individuo– y desde entonces se originó la fobia al clítoris”.
Domico viaja para detectar casos en otros departamentos y clarificar la magnitud y el arraigo de la práctica.
Disputa que sea parte de su cultura: “somos nuestra vestimenta, artesanías, danzas y habla, no una práctica que mata. La cultura no mata”.
Amenazas y rechazos
Las víctimas de ablación reportan revictimización por parte de autoridades y médicosnen zonas urbanas del país.
Mi expareja y yo rompimos después de que me pegara al enterarse de la ablación de mi hija.
Se supone que el tema queda entre mujeres y que los hombres no saben, pero hay autoridades indígenas, masculinas, que ponen obstáculos a que se converse sobre ello.
Me han amenazado por visibilizar y concientizar de que esto debe acabar.
Con algunas mujeres, las parteras y más viejitas, también cuesta. Ha habido peleas, pero no se puede renunciar al diálogo.
Es difícil porque muchas emberas no hablan español y a veces la conversación es solo con los hombres.
Eso nos limita en la comunidad y en el contacto con los médicos.
En los últimos años, cientos de emberás desplazados por la violencia viven en refugios de Bogotá. En estos también se han reportado casos de ablación, lo cual ha aumentado el estigma y la discriminación contra nosotros.
Producto de la violencia en sus territorios, cientos de indígenas embera se han refugiado en Bogotá en años recientes.
He tenido malas experiencias en los hospitales de la capital. Cuando llevo a mi hija por complicaciones de la ablación, siento que a veces ni saben qué es. Le ha pasado a otras mujeres.
Una vez llevé a mi niña con fiebre por infección urinaria. Cuando la diagnosticaron, la enfermera me dijo que lo merecía por salvaje. Ni siquiera sabía mi historia.
Hay gente que asume que no hablamos español y desconocemos qué es un derecho.
Me amenazaron, incluso, con quitarme a la niña y llevarla con Bienestar Familiar.
Desde entonces prefiero no llevar a mi hija al hospital. La trato con plantas y medicamentos. No me despego de ella.
Una ley contra la ablación
La ablación genital en Colombia no se mediatizó hasta 2007, cuando trascendió la muerte de una bebé tras ser mutilada.
La tragedia propició un incipiente movimiento emberá y de las autoridades colombianas junto a otras agencias internacionales que buscan que la práctica se abandone.
No fue sino hasta 19 años después y varias campañas de pedagogía entre las comunidades, que un proyecto de ley para prevenir, atender y erradicar el fenómeno fue aprobado en 2025 por la Cámara de Representantes. Aún está pendiente de convertirse en ley tras pasar por el Senado.
El camino ha estado plagado de retos.
“Por concentrarse los casos en ciertas comunidades, sobre todo en Risaralda, ha costado unificar una respuesta institucional”, le explica a BBC Mundo Carolina Giraldo, congresista de ese departamento que impulsa la ley.
Carolina Giraldo llegó al Congreso con una agenda pro derechos de la mujer.
“Pero la conversación se aceleró después de reportarse mutilaciones en el Parque Nacional de Bogotá, cuando cientos de embera desplazados por la violencia acamparon allí durante meses”, añade Giraldo.
La política también responsabiliza al complejo subregistro del fenómeno.
“Por el aislamiento, ni siquiera se sabe cuántos niñas nacen, cuántas mueren y cuántas mueren por ablación. Solo se registran los casos que llegan a hospitales o instituciones”.
Por último, entre legisladores y políticos se discute si la ley debe castigar o prevenir.
Giraldo apuesta por lo segundo: “lo principal es salvar vidas. Si penalizamos a las abuelitas y parteras, es menos probable que lleven a las niñas al hospital. Morirán más”.
“Cuando le cuente la verdad a mi hija”
Cada vez más mujeres tienen ganas de cambiar las cosas, que reconocen que mutilar está mal.
Algunas de ellas, sin educación, no hablan o escriben en español, pero entienden lo importante que es.
Hablan entre ellas de que la ablación no debería existir.
Fue también bonito ver una vez a una abuela reflexionar sobre la ‘curación’ tras haberlo hecho a sus nietas. Dijo que lo hacía sin maldad, que solo buscaba que los hombres no criticaran a sus nietas.
Conversar sobre una vida distinta es difícil. Las mujeres sin clítoris no imaginan otro cuerpo. No recuerdan uno distinto.
Es duro preguntarles cómo serían sus vidas de no haber sido mutiladas. Responden, casi con indiferencia, que sus vidas seguirían siendo ‘normales’.
Igual de duro será el día que tenga que hablar con mi hija, pero es una conversación que no se puede rehuir.
Todas merecemos conocer y hablar sin vergüenza de nuestros cuerpos.
*Carla Quiñonez es un seudónimo para proteger la identidad del testimonio, quien podría estar sujeto a revictimizaciones y amenazas.
*Con ilustraciones de Daniel Arce, del Equipo de Periodismo Visual de BBC Mundo.
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Los viajeros en los aeropuertos estadounidenses de todo el país experimentaron recientemente tiempos de espera de hasta cuatro horas, los más largos en los 24 años de historia de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).
Esto se debió a un cierre parcial del gobierno, que ya lleva siete semanas y es el más largo en la historia de Estados Unidos.
El cierre dejó a los agentes de la TSA sin sueldo durante más de un mes, lo que provocó que miles de ellos se ausentaran del trabajo y que más de 500 renunciaran.
Si bien una directiva presidencial firmada el 30 de marzo que busca reducir significativamente los tiempos de espera en los aeropuertos restableció el salario de los trabajadores de la TSA, los titulares y las fotos de largas colas son el último ejemplo de una serie de obstáculos que enfrenta el sector de viajes y turismo en EE.UU.
Esta interrupción global del transporte no podría haber llegado en un peor momento. El país es coanfitrión de la Copa Mundial de la FIFA este verano, celebra el centenario de la Ruta 66 y conmemora su 250 aniversario de independencia en 2026.
En un año normal, cualquiera de estos hitos sería motivo de celebración para la industria turística estadounidense. En cambio, el país se enfrenta a una combinación de mala imagen y políticas impopulares que provocaron una caída del 5,4% en su turismo en 2025, mientras que el resto del mundo experimentó un crecimiento del 4% en su turismo internacional, según el Barómetro Mundial del Turismo.
Las visitas de canadienses a EE.UU. disminuyeron un 22% en 2025 en comparación con 2024, el mayor descenso registrado en cualquier mercado.
Presencia de ICE en los aeropuertos
La continua presencia de agentes del ICE en los aeropuertos estadounidenses tampoco contribuye a mejorar la imagen del país. Inicialmente desplegados para paliar la escasez de personal de la TSA, el Secretario de Transporte de EE.UU. declaró que los agentes permanecerán allí “el tiempo que sea necesario”.
Dado que los agentes del ICE no están capacitados en seguridad aérea, algunos viajeros se muestran recelosos.
Sandra Awodele, nacida en Nigeria pero ciudadana estadounidense naturalizada, afirmó estar en mayor alerta con la nueva presencia del ICE.
“Dado que el ICE detiene a personas que pueden o no ser ciudadanas y se disculpa después si se equivocan, he tenido que cambiar mis planes de viaje varias veces si el aeropuerto al que llego tiene una fuerte presencia del ICE”, señaló.
“Nunca he tenido ningún problema, pero ahora temo tenerlo debido a procedimientos y protocolos que desconozco. Eso me asusta”.
Un cierre parcial del gobierno ha provocado filas de varias horas en algunos aeropuertos estadounidenses.
El despliegue de agentes del ICE en los aeropuertos es solo una de las muchas políticas en constante cambio que confunden a algunos viajeros internacionales.
Una propuesta del gobierno de Trump, presentada en diciembre de 2025, exigiría a los visitantes de 42 países exentos de visado (incluidos Reino Unido y la mayor parte de Europa) presentar su historial de redes sociales de los últimos cinco años para poder entrar al país.
La propuesta aún no se ha implementado, pero algunos viajeros creen que ya está en vigor.
“La ley no ha cambiado, pero el ambiente sí”, dice Evan Oshan, abogado de derechos civiles y socio director de Oshan & Associates.
“Cuando los funcionarios federales se sienten con la potestad de extralimitarse en sus funciones, eso constituye un cambio de política, aunque no requiera una ley del Congreso”.
Largas filas y sentimiento antiestadounidense
La combinación del sentimiento antiestadounidense provocado por algunas políticas del presidente Trump, junto con las largas esperas que algunos viajeros aún experimentan en muchos aeropuertos estadounidenses, ha llevado a algunos a plantearse si este es el momento adecuado para visitar el país.
Johan Konst, director de una empresa de relaciones públicas en Ámsterdam, suele viajar a EE.UU. tres o cuatro veces al año para asistir a conferencias y reuniones. El comenta que aún planea ir, pero ahora es más selectivo con las fechas.
“La situación actual parece tratar a Europa más como un adversario que como un aliado, ya sea por los aranceles, la retórica de la OTAN o el tono general hacia los países europeos”, declaró.
“Ese cambio de dinámica es lo que hace que uno se sienta menos bienvenido, aunque ningún estadounidense me haya hecho sentir así personalmente”.
Una ola de sentimiento antiestadounidense provocada por algunas de las políticas de Trump también está perjudicando los viajes a Estados Unidos.
Konst comentó que esa sensación por sí sola ha sido suficiente para cambiar sus hábitos.
“Ahora me fijo bien qué viajes son realmente necesarios y cuáles no”, dijo. “Soy más selectivo que antes, ya que también puedo trabajar a distancia”.
Añadió que los vuelos de Ámsterdam a EE.UU. han estado notablemente más vacíos en los últimos meses. “He tenido una fila entera para mí solo varias veces seguidas”.
Anita Shreider, residente en Alemania y directora de marketing de la plataforma de alquiler de bicicletas Bikes Booking, también planea un viaje a EE.UU. este año, combinando reuniones de negocios con visitas turísticas en Chicago y una excursión para admirar las secuoyas gigantes en la costa oeste. Sin embargo, reconoce comprender por qué algunos viajeros están optando por no ir.
“Tengo conocidos que decidieron cancelar sus viajes de verano a EE.UU. porque no están de acuerdo con las acciones del país en el ámbito internacional”, comentó.
Para quienes cancelaron, “no se trataba tanto de cambios políticos específicos, sino más bien de una inquietud general. Simplemente no se sentían cómodos viajando a EE.UU. en este momento”.
Haz las cosas con tiempo
Algunos operadores turísticos estadounidenses afirman que, una vez que llegan los visitantes internacionales, se sorprenden con lo que encuentran.
“La gente llega esperando dificultades, pero en lugar de caos, se encuentran con un sistema que, si bien dista mucho de ser perfecto, es muy manejable”, declaró Paul Whitten, fundador e historiador de Nashville Adventures.
“Tramita tu documentación con anticipación y deja tiempo suficiente para viajar. La diferencia entre un viaje estresante y uno estupendo suele radicar en la preparación, no en las políticas en sí”.
Oshan coincide y recomienda a los viajeros internacionales llevar consigo documentación que acredite el propósito de su viaje y que conozcan sus derechos antes de abordar.
Si bien la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.) tiene amplia autoridad en la frontera, conservas tus derechos constitucionales una vez en territorio estadounidense”, afirmó.
“Vale la pena hacer valer esos derechos y, cuando se violan, vale la pena emprender acciones legales”.
Algunos viajeros internacionales afirman que las recientes políticas estadounidenses los hacen sentir menos bienvenidos.
Erik Hansen, jefe de relaciones gubernamentales de la Asociación de Viajes de Estados Unidos (el grupo de presión de la industria turística estadounidense), afirmó que el sector reconoce la necesidad de reducir la brecha entre los temores de los viajeros y su experiencia real.
Sin embargo, también señaló que muchos aeropuertos han implementado procesos de aduanas acelerados que han reducido las colas para los pasajeros internacionales.
Whitten coincide: “Las políticas se adaptan, pero a menudo no son indicadores de un cambio cultural masivo, al menos no de cambios radicales que afecten la experiencia diaria del viajero promedio”, declaró.
“En definitiva, EE.UU. sigue siendo uno de los destinos más accesibles y acogedores del mundo”.
Por ahora, la brecha entre la tranquilidad oficial y la inquietud de los viajeros persiste.
Los funcionarios de la TSA han advertido que se necesitan entre cuatro y seis meses para capacitar a los nuevos agentes, lo que significa que la Copa Mundial podría comenzar antes de que la plantilla se recupere por completo.
No se vislumbra como una solución al cierre del gobierno y la guerra entre EE.UU. e Israel con Irán, que alimenta la ansiedad y eleva los precios de los vuelos, no muestra señales de amainar.
Para Konst, el atractivo de EE.UU. sigue siendo fuerte, incluso a medida que las señales a su alrededor se vuelven más complejas.
“Sigo queriendo a EE.UU. y a su gente”, dijo. “Son solo las políticas las que me hacen replantearme si vuelo allí con la misma frecuencia que antes”.
La policía griega ha estado reclutando a migrantes para que expulsen violentamente a otros migrantes a través de su frontera terrestre con Turquía, según numerosas pruebas reveladas por la BBC.
Hemos tenido acceso a documentos internos de la policía en los que los agentes describen cómo el reclutamiento de los denominados “mercenarios” fue ordenado y supervisado por oficiales de alto rango.
Nuestras investigaciones revelan denuncias de brutalidad, con testigos que informan de que se ha desnudado, robado, golpeado e incluso agredido sexualmente a migrantes. Según diversas informaciones, se ha recurrido de manera extraoficial a mercenarios en la frontera, al menos, desde 2020.
El primer ministro griego declaró a la BBC que “desconocía por completo” las acusaciones sobre el uso de migrantes para las devoluciones forzosas, mientras que las autoridades del país no han respondido a nuestras solicitudes detalladas por escrito para que se pronunciaran al respecto.
Las devoluciones forzosas —la expulsión de migrantes y solicitantes de asilo al otro lado de la frontera sin el debido proceso— se consideran generalmente ilegales según el derecho internacional.
En 2022, la organización periodística Lighthouse Reports, con sede en los Países Bajos, informó que en Grecia se estaban llevando a cabo estas prácticas a cargo de hombres enmascarados extranjeros.
Nuestra propia investigación —llevada a cabo en colaboración con el Consolidated Rescue Group (CRG)— comenzó el otoño pasado, cuando nos enviaron un video inquietante en el que supuestamente se veía a migrantes siendo maltratados por mercenarios.
Nos lo facilitó un traficante, que afirmaba haberse enfadado con sus socios. No hemos podido verificar el contenido, pero coincide con los testimonios que hemos recopilado de otras fuentes independientes.
Desde entonces, hemos recopilado información de migrantes, antiguos mercenarios, fuentes policiales, documentos oficiales y transcripciones filtradas:
Un guardia fronterizo declaró en una vista disciplinaria que disponían de información, que habían comunicado a sus superiores, según la cual unos mercenarios habían estado violando a migrantes mujeres.
Dos migrantes y un exmercenario afirman haber presenciado actos de violencia extrema por parte tanto de mercenarios como de la policía griega, incluyendo casos de personas golpeadas hasta quedar inconscientes.
Una migrante cuenta que un hombre enmascarado le quitó el pañal a su hija en busca de objetos de valor.
Migrantes contra migrantes
Grecia ha recibido a más de un millón de migrantes desde 2015, principalmente a través de travesías marítimas, pero también por su frontera terrestre con Turquía.
Esta frontera se extiende a lo largo de 200km por el río Evros. Marca el límite exterior de la Unión Europea y separa la región griega de Evros del territorio turco de Tracia Oriental.
Los refugiados o migrantes ilegales que cruzan el río hacia Grecia entran en una zona restringida fuertemente militarizada, salpicada de torres de vigilancia.
Una fuente policial de la región nos contó que se ha recurrido a mercenarios para repeler a cientos de personas cada semana.
“No hay ningún soldado, agente de policía o agente de Frontex (la agencia fronteriza de la UE) destinado aquí en Evros que no sepa que se están produciendo devoluciones”, añadieron.
Hemos descubierto que los propios mercenarios son migrantes -reclutados en países como Pakistán, Siria y Afganistán- y que pueden ser recompensados con dinero en efectivo y teléfonos móviles saqueados a otros migrantes, así como con documentos que, en la práctica, les permiten el paso por Grecia.
La BBC ha tenido acceso a unas imágenes del 22 de junio de 2023 en las que se ve cómo un grupo de migrantes, que acababa de cruzar a Evros y quería solicitar asilo, fue emboscado por hombres enmascarados.
Un informe sobre este incidente elaborado por la Oficina de Derechos Fundamentales, un organismo de investigación independiente al interior de Frontex, concluyó que, según las pruebas disponibles, entre 10 y 20 “nacionales de terceros países” habían actuado siguiendo instrucciones de agentes griegos.
Según el informe, sometieron a los migrantes a abusos físicos y verbales, incluyendo “amenazas de muerte y violación, registros corporales intrusivos y sexualizados”, así como palizas, apuñalamientos, inmovilizaciones y robo de efectos personales.
El informe señala que los migrantes fueron posteriormente trasladados por la fuerza de regreso a Turquía, en violación de la legislación de la UE en materia de derechos humanos.
Las autoridades griegas han negado que se encontrara a ningún migrante de este grupo en la zona ese día.
Este es solo uno de los varios informes de la Oficina de Derechos Fundamentales que investigan las denuncias de devoluciones forzosas en las que han participado hombres extranjeros enmascarados en los últimos años.
“Nuestros hallazgos podrían constituir una violación de los derechos humanos extremadamente grave”, afirma María Gavouneli, presidenta de la Comisión Griega de Derechos Humanos (GNCHR). La propia organización ha registrado más de 100 casos de presuntas devoluciones forzosas en Evros, que se remontan a 2020.
Aunque afirma que los casos han ido disminuyendo, decenas de estos presuntos incidentes han afectado a ciudadanos de terceros países no griegos, el más reciente en octubre de 2025.
Grecia ha recibido a más de un millón de migrantes desde 2015, principalmente a través de travesías marítimas, como estas personas que llegaron a la isla de Creta.
En una breve conversación con la BBC en marzo, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, afirmó que no tenía conocimiento de las acusaciones sobre el uso de mercenarios.
Sin embargo, señaló que Grecia estaba protegiendo sus fronteras y añadió que los líderes europeos habían dejado claro que no repetirían los “errores” del pasado al permitir una “afluencia masiva” de migrantes y refugiados.
Frontex ha rechazado cualquier sugerencia de que haga la vista gorda ante las violaciones de derechos, afirmando que ayuda a garantizar que las fronteras se gestionen de forma legal, al tiempo que apoya a los países que se encuentran bajo presión.
“No podíamos respirar”
Hemos hablado con dos migrantes sirios que afirman haber sido devueltos a la fuerza a Turquía, cruzando el río Evros.
Amal (nombre ficticio) nos mostró videos y documentación de su familia en Grecia, donde habían solicitado asilo.
Según cuenta, su familia fue detenida inesperadamente por la policía en 2025 mientras caminaban por la ciudad de Orestiada, en el norte de Evros.
Fueron entregados a dos hombres enmascarados que les exigieron que entregaran sus teléfonos y documentos de identidad antes de llevarlos a la frontera en una furgoneta blanca sin ventanas.
El registro posterior en el río fue mucho peor, cuenta.
“Mi hija llevaba un pañal y se lo quitaron”, dice Amal. “Gritaba de miedo”.
A continuación, cuenta, los hombres enmascarados, que ahora eran unos siete, los condujeron a ellos y a otras veinte personas por un camino, utilizando palos para mantenerlos en fila.
Amal cuenta que las acciones de los mercenarios dejaron a su hija “gritando de miedo”.
“Mientras caminábamos, había un joven… le pegaron tanto que se desmayó”.
Cuenta que sus hijas, que presenciaron lo ocurrido, “estaban en estado de shock, aterrorizadas, llorando”.
Cuando nos reunimos con ellas en Turquía, la hija menor de Amal está visiblemente traumatizada.
Otro migrante sirio, Ahmad, nos ha contado que la policía griega le golpeó hasta dejarlo inconsciente, tras ser detenido en Evros.
Cuenta que al día siguiente se encontraba entre las docenas de migrantes que fueron subidos a un camión: “Debido al hacinamiento y al olor, la gente se asfixiaba. No podíamos respirar”.
Ahmad denuncia que la policía llevó a los migrantes al río Evros y los alineó en grupos. A continuación, fueron entregados a cinco o seis mercenarios que desnudaron a los hombres y los registraron antes de golpear con palos a cualquiera que intentara esconder dinero.
Según cuenta, subieron a los migrantes a unas lanchas neumáticas y remaron hasta la mitad del río. Afirma que los mercenarios no se atrevieron a seguir adelante por miedo a que los guardias fronterizos turcos les dispararan.
Si los migrantes no saltaban de la embarcación, afirma, los echaban por la borda: “La corriente podía arrastrar a la gente. A ellos no les importaba en absoluto”.
Tanto Amal como Ahmad emprendieron viajes peligrosos e ilegales para llegar a Grecia, pero Ahmad sostiene que él, al igual que otros, no tuvo otra opción.
“Me estaba muriendo lentamente en Siria”, dice. “La gente no abandonaba sus hogares sin motivo: habían sufrido la peor tortura, opresión e injusticia”.
“Barqueros ilegales”
Las acusaciones de que la policía griega utilizó mercenarios se plantearon en una vista disciplinaria celebrada en 2024, cuyos extractos han sido consultados por la BBC.
Cinco guardias fronterizos están a la espera de juicio por cargos de corrupción (que ellos niegan). En los extractos que hemos visto, algunos reconocieron abiertamente el uso de mercenarios, o como ellos los llamaban, “barqueros”.
Un guardia declaró en la audiencia que en 2020 se le ordenó buscar barqueros para llevar a cabo las devoluciones, ya que la COVID-19 y las tensiones con las autoridades turcas hacían que fuera más peligroso que la policía realizara esa labor por sí misma.
El guardia, procedente del norte de Evros, afirma que su superior mencionó que este sistema ya se estaba empleando en el sur de la región.
Grecia ha reforzado sus capacidades de vigilancia para hacer frente al aumento de los flujos de refugiados y migrantes procedentes de Turquía, con el apoyo de la tecnología y de la agencia fronteriza Frontex.
Según los testimonios, los guardias se comunicaban a través de la aplicación de mensajería Viber utilizando una frase en clave para indicar los planes de una devolución: “X personas a la operación del Equipo Especial”.
También afirmaron que había información de que estos “barqueros de migrantes ilegales” habían estado “llevando a los migrantes al bosque, violando a las mujeres y quitándoles el dinero”, algo que, según dicen, habían comunicado a sus superiores.
Por otra parte, la BBC se ha reunido con una abogada que afirma haber presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en nombre de una mujer afgana que alega haber sido violada por un hombre enmascarado que hablaba farsi, justo antes de una devolución en 2023.
“Forzados”
Ha habido versiones contradictorias sobre si los mercenarios de Evros son reclutados por voluntad propia o bajo coacción.
Marwan (nombre ficticio), un marroquí con el que hablamos en París, insiste en que en 2020 no tuvo más remedio que aceptar y afirma que se sentía como un prisionero.
Sacado de una celda llena de compañeros migrantes detenidos al intentar entrar en Evros, recuerda que un agente griego le preguntó: “Pareces un buen tipo y hablas algo de inglés. ¿Quieres trabajar conmigo?”.
Marwan dice que “se sintió obligado a decir que sí” porque temía que, de lo contrario, le golpearían.
Se encontró viviendo en una vieja celda con otros mercenarios, liderados por un afgano que, según él, guardaba rencor a los sirios y disfrutaba golpeándolos.
Marwan afirma que pasó unas diez semanas trabajando en la frontera. Entre sus tareas se incluían llevar a la gente de vuelta a Turquía, comprobar que las embarcaciones no tuvieran pinchazos y quemar cualquier pertenencia que quedara de los migrantes para “destruir” pruebas.
Según cuenta, su oficial de reclutamiento se pasaba por allí con regularidad para recoger teléfonos o euros. A los mercenarios se les permitía quedarse con la moneda árabe o turca.
Este oficial incluso se ofrecía a llevar a los mercenarios a visitar prostitutas, afirma Marwan.
Cree que su base estaba cerca de Soufli, un municipio en el centro de Evros: “Oí a los afganos decir Soufli muchas veces”.
Marwan dice que la forma en que se trataba a los migrantes lo dejó “completamente destrozado”. Afirma que muchos de ellos estaban sedientos, hambrientos o tenían los pies en carne viva tras llegar a Evros.
El marroquí insiste en que nunca golpeó a nadie, pero añade que fue testigo de frecuentes actos de violencia a manos tanto de los agentes griegos como de los mercenarios, siendo los peores los que tuvieron lugar junto al río Evros.
Cuando le preguntamos por su complicidad en la supuesta operación, Marwan responde: “Lo siento profundamente… Me vi amenazado”.
Otra prueba de que hay mercenarios migrantes operando en la región de Evros es una foto que nos han mostrado en la que aparece un grupo de hombres enmascarados vestidos de civil dentro de una furgoneta. La foto la compartió el traficante que nos envió el video en el que se veía cómo maltrataban a los migrantes.
No podemos afirmar con certeza que todos los hombres que aparecen en la imagen sean mercenarios, pero su forma de vestir llama la atención y la tecnología de reconocimiento facial indica una coincidencia media del 90% entre el individuo de la derecha y cuatro imágenes de un hombre sirio conocido como “Mike”.
Según varias fuentes, se trata de un antiguo mercenario de alto rango. Cinco personas han confirmado la identidad de Mike a la BBC y se le menciona en documentos internos de la policía.
Cuando nos pusimos en contacto con Mike a través de una cuenta en las redes sociales, no respondió personalmente, pero recibimos una carta de su abogado en la que nos advertía contra la publicación de su imagen y de acusaciones “sin fundamento”.
Se han cambiado los nombres para proteger la identidad de las personas.
Investigación adicional de Paul Brown, de BBC Verify, y Serene Muhammed, de BBC Arabic.
Si tienes información que compartir sobre esta noticia, puedes ponerte en contacto con Jessica Parker o Kostas Kallergis, con total confidencialidad, en kostaskallergis@pm.me
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La apertura del estrecho de Ormuz se ha vuelto crítica para la economía internacional.
China ha calificado el bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes como “irresponsable y peligroso”.
El Ministerio de Asuntos Exteriores chino afirmó que la medida “socavaría el ya frágil acuerdo de alto el fuego” y pondría en mayor peligro la seguridad de los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz, una vía marítima crítica que Irán bloqueó en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.
El bloqueo estadounidense entró en vigor el lunes, un día después de que las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán fracasaran en Pakistán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que la medida tiene como objetivo obligar a Irán a renunciar a sus ambiciones nucleares. Los analistas sostienen que el bloqueo también está diseñado para presionar a China, el mayor comprador de petróleo iraní, para que aliente a Teherán a abrir el estrecho.
El embajador de Irán ante la ONU calificado el bloqueo naval estadounidense como una “grave violación” de la soberanía de Teherán.
Hasta ahora, los buques chinos han estado entre los pocos que han logrado atravesar el estrecho. No está claro si tuvieron que pagar un peaje a Irán para hacerlo.
De hacerse efectivo, el bloqueo de Estados Unidos podría interrumpir el suministro de China y tener consecuencias de gran alcance para su economía.
Pekín pide un alto el fuego
“China cree que solo logrando un alto el fuego integral y poniendo fin a la guerra podremos crear las condiciones para aliviar la situación en el estrecho”, afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun.
“China insta a todas las partes a respetar los acuerdos de alto el fuego, centrarse en la dirección general del diálogo y las conversaciones de paz, tomar acciones prácticas para promover el alivio de la situación regional y restablecer el tráfico normal en el estrecho lo antes posible”, añadió Guo.
Guo también declaró en una rueda de prensa el martes que los reportes que indicaban que China se preparaba para entregar nuevos sistemas de defensa aérea a Irán eran “completamente inventados”.
Trump ha amenazado con imponer un arancel del 50% a los productos de China si proporciona asistencia militar a Teherán.
“Si Estados Unidos insiste en usar esto como excusa para imponer aranceles adicionales a China, China definitivamente tomará contramedidas firmes”, dijo Guo.
Esto ocurre después de que el vicepresidente de EE. UU., JD Vance, acusara a Irán de “terrorismo económico” debido a su propio bloqueo del estrecho de Ormuz, tras haber atacado y amenazado con atacar a los buques que transitaban por allí desde el mes pasado.
“Bueno, como demostró el presidente de Estados Unidos, en ese juego pueden participar dos”, dijo a Fox News. “Si los iraníes van a intentar participar en terrorismo económico, nosotros vamos a acatar el sencillo principio de que ningún barco iraní saldrá tampoco”.
Estados Unidos ha anunciado que su ejército no impedirá que los barcos utilicen el estrecho para ir y venir de puertos que no sean iraníes. En su lugar, su objetivo es bloquear los puertos del iraníes en el golfo Pérsico con el despliegue de su Armada en el golfo de Omán y el océano Índico, en lugar de arriesgar sus buques cerca de la costa iraní.
Sin embargo, los datos de navegación analizados por BBC Verify muestran que al menos cuatro barcos vinculados a Irán cruzaron el estrecho el martes. Mientras tanto, los precios del petróleo volvieron a caer por debajo de los 100 dólares por barril este martes.
Un delicado y frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán sigue vigente desde el 8 de abril. Los principales puntos de discordia entre ambas partes incluyen el estatus del estrecho de Ormuz y la inclusión de el Líbano en el acuerdo.
Israel sostiene que la tregua se aplica únicamente a Irán y ha continuado sus intensos ataques contra Hezbolá, matando a cientos de personas.
Estados Unidos albergó este martes conversaciones directas entre funcionarios libaneses e israelíes, las primeras negociaciones de este tipo en décadas.
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El gobierno de España aprobó este martes un Real Decreto que llevará a la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en el país.
Se estima que la regularización -la primera de este tipo en 20 años- beneficiará a más de 500.000 personas.
La medida exige a los aplicantes carecer de antecedentes penales y “no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos”.
Los solicitantes podrán pedir la regularización de forma telemática en la página web del Ministerio de Inclusión y Migraciones a partir del 16 de abril.
Desde el día 20 se podrá solicitar de manera presencial en oficinas de la Seguridad Social, sucursales de Correos y algunas oficinas de extranjería en determinadas provincias que se especificarán en el portal del Ministerio.
El procedimiento permitirá a quienes cumplan los requisitos obtener un permiso de residencia y trabajo en España por un año, con acceso a Seguridad Social y sanidad, y la posibilidad de integrarse después de forma progresiva y plena en el sistema.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, calificó este martes la regularización como “un acto de coherencia ética y de justicia social”.
El Real Decreto fue finalmente aprobado después de que el pasado enero se anunciara el proceso y comenzara la tramitación.
Saiz alegó entonces que era necesario “para dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles”, así como “reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país”.
La medida se originó en un acuerdo con Podemos, partido de izquierda y socio del gobierno del socialista Pedro Sánchez.
A quién beneficiará
A esta medida podrán acogerse las personas que actualmente se encuentren en España en situación irregular o sean solicitantes de asilo.
Deben acreditar haber estado en España o ser solicitantes de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y llevar más de cinco meses en el país.
Para demostrar la permanencia en España, habrá que presentar “cualquier documento público, privado o una combinación de ambos”. En este caso, podrán ser documentos como el empadronamiento, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a recursos sociales.
Pero también se podrá acreditar con los justificantes de envío de remesas, algo que es una demanda de diversas entidades sociales por las dificultades que suelen tener las personas en situación irregular para acceder al padrón o a contratos oficiales de cualquier tipo.
Otro de los requisitos será que la persona no tenga antecedentes penales “ni suponga una amenaza para el orden público”.
El plazo para presentar solicitudes arrancará a principios de abril y durará hasta fines de junio.
Sin expulsión
Una de las garantías que tendrá esta medida es que, tras presentarse la solicitud de regularización, quedarán suspendidos todos los procedimientos de retorno, así como las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que la persona solicitante pueda tener.
Cuando anunció la regularización, la ministra de Seguridad Social y Migraciones alegó que esta favorecerá una “integración plena y progresiva en el sistema”. Así, se dará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.
Se dará un margen de hasta tres meses para resolver las peticiones, aunque con la mera admisión a trámite, en un máximo de 15 días, los inmigrantes solicitantes ya podrán empezar a trabajar “desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte del país”, matizó Saiz.
“Esto beneficia al trabajador, que gana en derechos y a las empresas, que ganan en seguridad jurídica”, argumentó.
Luego, una vez realizado el trámite y si la resolución para la persona es favorable, el Estado concederá una autorización de residencia por un periodo de un año y, cuando esta finalice, será posible solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
La ministra aclaró que la medida también busca la integración familiar y que por ello se amparará a hijas e hijos de los solicitantes de esta regularización, en este caso con 5 años de permiso.
Sin pasar por el Congreso
Al ser una medida aprobada por Real Decreto, es decir, que nació del Ejecutivo, no necesitó pasar por el Congreso, donde al gobierno y a sus socios se les hace más complejo conseguir una mayoría al tener a los Partido Popular (PP, derecha) y Vox (ultraderecha) en contra.
Partió de una iniciativa legislativa popular que llegó a la cámara baja con el respaldo de más de 600.000 firmas y que superó un primer trámite con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox en abril de 2024.
Desde entonces hasta enero estuvo bloqueada por la falta de acuerdo en el Congreso.
También llegó tras el impulso de cientos de organizaciones cuya ideología ocupa un amplio espectro político y que van desde entidades religiosas, como la Conferencia Episcopal, a asociaciones anarquistas o colectivos empresariales.
Tras la aprobación del Consejo de Ministros por tramitación urgente, el documento fue a audiencia pública. Luego pasó al Consejo de Estado y, de vuelta, al Consejo de Ministros.
El Partido Popular (PP) rechazó la medida. “No entendemos las regularizaciones masivas y además vinculadas a la residencia durante 5 meses y no al empleo”, declaró la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, cuando se anunció la medida.
“Las regularizaciones masivas son ilegales (…) hay que regularizar persona a persona”, alegó.
Por su lado, Vox anunció que recurrirá el real decreto ante el Tribunal Supremo. Considera la medida como una “locura”, una “barbaridad” y, en sus palabras, un atentado a la identidad nacional además de “fomentar el efecto llamada”.
El presidente de la Conferencia Episcopal de España, Luis Argüello, destacó entonces que se trata de “una buena noticia” que aportaría al “bien común de muchos inmigrantes” y que “se reconoce así su dignidad”.
Medidas similares de gobiernos anteriores
Si bien esta es la primera regularización de inmigrantes que se hace en España durante los gobiernos de Pedro Sánchez, quien llegó al poder en 2018, no es algo nuevo en el país.
La anterior tuvo lugar en 2005, durante la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), y está considerada la que a más personas benefició, por encima de 570.000.
Bajo el gobierno de José María Aznar (PP) se hicieron tres regularizaciones, en 1996, 2000 y 2001, de las que se beneficiaron más de 520.000 personas en total.
Las primeras regularizaciones ocurrieron durante el gobierno socialista de Felipe González (1982-1996).
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Mientras Cuba enfrenta escasez y apagones, un conglomerado empresarial vinculado a sus Fuerzas Armadas maneja en la sombra miles de millones de dólares.
Gaesa (Grupo de Administración Empresarial S.A.) no tiene página web, correo electrónico institucional conocido ni canales oficiales de contacto.
No publica estados financieros ni aparece en el presupuesto estatal.
Y ni la Asamblea Nacional del Poder Popular ni la Contraloría General de la República pueden auditar sus cuentas.
Esto pese a que se embolsa prácticamente cada dólar de los negocios más rentables del régimen cubano: turismo, remesas, comercio exterior o misiones médicas en el extranjero.
El holding, perteneciente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) aunque también ajeno a su control, poseía activos en 2024 por al menos US$17.900 millones, entre ellos más de US$14.400 millones en cuentas bancarias, según documentos filtrados al diario Miami Herald.
La BBC no pudo verificar los datos de forma independiente.
Tal fortuna -superior a las reservas internacionales de países como Ecuador, Paraguay o República Dominicana- daría fe de la magnitud del imperio económico que es Gaesa.
Esto contrasta con la situación financiera de Cuba, un país prácticamente en quiebra con una caída acumulada del 15% del PIB en los últimos cinco años e insolvente ante sus múltiples acreedores internacionales.
Casi 9 de cada 10 cubanos viven en condiciones de extrema pobreza o “supervivencia”, estimó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en 2025, y este año la crisis se ha intensificado con apagones de varias horas al día y aún más escasez de alimentos, combustible y medicinas.
La miseria en las calles de La Habana contrasta con los modernos hoteles financiados por corporaciones de Gaesa, como la Torre K – Iberostar Selection La Habana (izquierda), inaugurada en 2025.
En los últimos meses, el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos ha intensificado las sanciones contra la isla con un bloqueo de facto del suministro de petróleo, lo que ha agravado los problemas de energía y abastecimiento.
El contraste entre un Estado en bancarrota y la existencia de una opaca entidad que succiona sus principales fuentes de ingresos bajo el paraguas militar plantea importantes preguntas que intentamos responder a continuación: ¿Cómo opera? ¿Quién está detrás? ¿Dónde guarda e invierte el dinero? ¿Hasta qué punto esta economía paralela es responsable de la miseria en la que está sumida Cuba?
BBC Mundo trató de contactar por varias vías con el gobierno cubano para este artículo, pero no obtuvo respuesta.
Cuál es su origen y cómo opera
“Gaesa es como un gran holding, un pulpo que se ha adueñado de la economía cubana en casi todos sus sectores rentables durante los últimos 15 años”, nos explica Emilio Morales, presidente del grupo Havana Consulting Group que estudia la economía cubana.
Pero Gaesa nació mucho antes, en la década de 1990, como un mecanismo creado dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) para administrar empresas que operaban en divisas en plena crisis económica -el llamado Período Especial- tras la caída de la Unión Soviética.
Su objetivo inicial era relativamente limitado: generar recursos para las propias Fuerzas Armadas a través de negocios vinculados al turismo, el comercio exterior y otros sectores que captaban dólares.
Con el paso del tiempo, sin embargo, esa estructura se transformó en todo un imperio económico.
Cuando el deterioro de la salud del hasta entonces líder hegemónico Fidel Castro dio lugar al ascenso al poder de su hermano Raúl -de forma interina en 2006 y formalmente en 2008- el conglomerado empezó a expandirse con rapidez y absorber empresas estatales estratégicas, entre ellas la mayor de todas: Cimex.
“Al hacerse con Cimex, Gaesa adquirió toda su red de empresas dentro y fuera de Cuba: corporaciones ubicadas en paraísos fiscales como Panamá, comercios minoristas en moneda local y en dólares, estaciones de gasolina, negocios inmobiliarios, exportación, importación, negocios mayoristas…”, indica Emilio Morales.
Sucursal de Western Union en La Habana. Durante años las remesas enviadas a Cuba desde el exterior a través de esa compañía estadounidense se canalizaron mediante Fincimex, controlada por Gaesa.
El holding fue engullendo otras empresas rentables como Gaviota y Habaguanex en el sector turístico, parte del operador de internet Etecsa o la gestión del Mariel, el mayor puerto comercial cubano.
También tomó el control del Banco Financiero Internacional (BFI) que opera las transacciones internacionales de Cuba.
En la práctica, acaparó casi todos los negocios que atraen dólares: turismo, comercio, telecomunicaciones, banca, remesas, logística o construcción.
Aunque sobre el papel Cuba funciona bajo un sistema socialista en el que la economía es monopolio del Estado, Gaesa no rinde cuentas ante la Asamblea Nacional y guarda bajo llave sus estados de cuenta.
“Sus balances son secretos, los medios cubanos no lo mencionan y trabaja en la oscuridad total. De hecho, tampoco paga impuestos y no aparece en los presupuestos del Estado, ya que tiene un presupuesto independiente”, explica a BBC Mundo el economista Pavel Vidal, uno de los mayores expertos en las finanzas de Cuba.
“Es una economía dentro de otra”, define.
El secretismo en torno a este imperio en la sombra es tal que en julio de 2024 la entonces contralora general de Cuba, Gladys Bejerano, fue cesada tras 14 años en el cargo después de admitir -en un aparente descuido durante una entrevista con la agencia EFE- que el Estado no tenía jurisdicción para auditar a Gaesa.
Tres años antes, en 2021, el entonces ministro de las Fuerzas Armadas Leopoldo Cintra Frías fue relevado poco después de que, según fuentes, tratara de impulsar una investigación interna sobre el multimillonario holding adscrito a su cartera.
En ninguno de los dos casos está claro si las destituciones estuvieron relacionadas con sus incursiones en los asuntos de Gaesa o si se trató de meras coincidencias, ambos eran septuagenarios cuando se los apartó de sus respectivos cargos.
El general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, exyerno de Raúl Castro, era considerado el cerebro e impulsor de Gaesa hasta su muerte en 2022.
El entramado empresarial estuvo durante años presidido por el general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, exyerno de Raúl Castro y considerado uno de los hombres más poderosos del país.
Fue bajo su mando cuando Gaesa fue tomando el control de las principales compañías estatales hasta convertirse en el gigante que es hoy.
Tras la muerte de Rodríguez López-Calleja en 2022, la presidencia del grupo pasó a manos de quien era su número dos, la general de brigada Ania Guillermina Lastres.
Son los dos únicos nombres conocidos de este multimillonario emporio empresarial.
Entonces, ¿quién forma la élite que controla Gaesa y sus activos?
Quiénes son sus dueños
Identificar a los propietarios y directivos de Gaesa no es tarea fácil: su estructura empresarial es extremadamente opaca, se desconoce quién copa sus órganos de decisión, carece de organigrama oficial y buena parte de sus compañías operan a través de redes societarias difíciles de rastrear.
Sin embargo, investigaciones periodísticas, filtraciones de documentos e informes de académicos que han estudiado el grupo durante años ofrecen importantes indicios sobre la élite de este poderoso entramado.
Según el investigador Emilio Morales, el poder se concentra en un reducido y selecto grupo.
“No llegan a más de 15 personas. No son nombres públicos, son muy herméticos. Estos tienen asignado a cada empresa un informático, un contador y un oficial de la contrainteligencia para supervisar toda la parte contable”, revela, citando el testimonio anónimo de un extrabajador de Gaesa.
Según Morales, el holding aprovecha el aparato militar para asegurar el control incuestionado de sus empresas y operaciones, pero quienes realmente mandan no son los generales de las Fuerzas Armadas.
“En Venezuela había muchos archipiélagos de poder: Diosdado tenía el suyo, Padrino el suyo, Maduro, Delcy, etcétera. Pero el caso de Cuba es diferente. Raúl Castro nunca quiso que los generales tuvieran poder financiero. Los generales están para el control político”, indica Morales.
En este sentido, Juan Antonio Blanco, presidente de la plataforma académica Cuba Siglo 21, explica a BBC Mundo que Raúl Castro siempre trató de “evitar que los generales se corrompieran teniendo acceso a grandes cantidades de dinero”.
“Gaesa se reservó para un grupito de élite de la familia Castro y los más allegados. Hay algún que otro general, sí, pero no porque fueran generales, sino porque eran incondicionales, cercanos históricamente a la familia de Raúl Castro”, asevera.
Así, la élite del coloso empresarial -o parte de ella- sería el entorno familiar y militar del general de 94 años oficialmente retirado pero que, según los analistas, sigue siendo el hombre más poderoso de Cuba.
Raúl Castro con su nieto y guardaespaldas Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”, a quien expertos relacionan con Gaesa.
Raúl Castro tiene cuatro hijos -Déborah, Mariela, Nilsa y Alejandro Castro Espín- además de varios yernos, nietos y parientes cercanos a los que se vincula con negocios e instituciones clave del poder, entre ellos su influyente exyerno Luis Alberto Rodríguez López-Calleja fallecido en 2022, y su nieto y guardaespaldas Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”.
Rodríguez López-Calleja, a quien ya citamos antes, fue el artífice de la gran transformación de Gaesa de una limitada red de empresas militares al gigantesco emporio que controla prácticamente todas las actividades rentables en el país.
En el caso de “El Cangrejo”, sus frecuentes viajes a Panamá en la última década -más de 20 entre 2024 y 2025 según fuentes, frecuentemente en avión privado- han hecho que muchos lo vinculen directamente a los millonarios negocios del holding.
En cuanto a la actual presidenta ejecutiva de Gaesa, Ania Guillermina Lastres, los expertos creen que su rol es principalmente operativo: lo representa y supervisa, pero no forma parte del núcleo propietario con poder de decisión y acceso a sus fondos multimillonarios.
El de Lastres es el único nombre que se ha dado a conocer en este entramado sin organigrama oficial.
La general de brigada Ania Guillermina Lastres es la actual presidenta de Gaesa, pero los expertos ponen en duda su poder real sobre el holding.
Indagar en las entrañas de Gaesa es toparse con un muro, ya que muchas de sus empresas están estructuradas en cadenas de compañías y filiales que ocultan a los verdaderos dueños de los negocios.
“Puede que los accionistas de una empresa sean otra empresa, y esa sea otra empresa: una cadena de empresas para no llegar realmente al dueño real. Y al final te encuentras con un nombre que ponen ahí como testaferro”, explica Emilio Morales.
Este tipo de estructuras, frecuentes en paraísos fiscales o jurisdicciones con baja transparencia corporativa, también dificultan seguir el rastro del dinero.
De ahí surge otra pregunta importante: ¿dónde está, y a qué se destina, el dinero de Gaesa?
Dónde está el dinero
Durante más de dos décadas el conglomerado fue ampliando su presencia en sectores clave del país sin que se pudiera medir la magnitud de su imperio económico.
Al mantener sus cuentas en secreto y operar fuera del escrutinio público, la filtración de documentos internos que publicó el año pasado el Miami Herald fue todo un haz de luz al aportar por primera vez números específicos.
Según los documentos -22 estados financieros internos correspondientes a distintas empresas del grupo- en marzo de 2024 el conglomerado controlaba activos valorados en al menos US$17.894 millones, entre ellos US$14.467 millones líquidos en cuentas bancarias.
Esas cifras excluyen a Cimex, la mayor compañía del conglomerado, por lo que se cree que la fortuna de Gaesa sería, al menos en aquel momento, aún mayor.
Los papeles también revelaron una rentabilidad sorprendente: más de US$2.100 millones en beneficios en agosto de 2024 por US$5.563 millones en ingresos, lo que supone un margen cercano al 38%.
Para poner la cifra en contexto, las grandes empresas internacionales suelen registrar márgenes de entre el 5% y el 15%, y ni siquiera en industrias muy lucrativas es frecuente que superen el 20%.
Esto responde, según expertos, a varios factores: primero, Gaesa explota todos los sectores que son rentables y generan dólares -por ejemplo, el turismo y el comercio- pero no los deficitarios -como la agricultura, la educación o la salud pública, al margen de las misiones médicas-.
En segundo lugar, como Cuba restringe la entrada de otras corporaciones en esos rubros, opera sin competencia.
También, y esto es importante, se beneficia de la dualidad de tasas de cambio y de monedas: “sus ingresos son principalmente en dólares, en divisas, y pagan salarios en pesos cubanos”, señala Pavel Vidal.
Prácticamente todas las empresas de transporte y servicios turísticos, como Transtur (dependiente de la compañía Cubasol) o Transgaviota (grupo Gaviota), pertenecen en último término a Gaesa. El negocio del alquiler de vehículos para turistas está concentrado en empresas estatales como Cubacar o Havanautos, también vinculadas al conglomerado militar Gaesa.
El académico José Antonio Blanco, por su parte, destaca en esta línea la ventaja de contar con el paraguas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
“Por ejemplo, si Gaesa va a construir un hotel, como empresa de las FAR adquiere mano de obra y materiales del Ministerio de la Construcción en pesos cubanos, pero el dinero que genera ese hotel lo ingresa en dólares”.
La diferencia entre ambas monedas es enorme: el peso cubano, que hace seis años se cambiaba a 24 unidades por dólar, se ha depreciado drásticamente y en el mercado informal ya supera ampliamente las 500, según datos de elTOQUE.
Otra gran incógnita es dónde se encuentra el patrimonio de Gaesa.
Los documentos filtrados sugieren que parte de los multimillonarios beneficios del emporio se mantienen dentro de su propio sistema financiero, lo que dificulta rastrear su destino final.
Según Pavel Vidal, el grupo maneja además recursos que en la práctica funcionan como reservas internacionales paralelas del país, aunque no estén bajo control del Banco Central de Cuba.
“Yo trabajé en el Banco Central y sé que las reservas internacionales en Cuba no las maneja directamente esa institución, sino el Banco Financiero Internacional (BFI), que es de Gaesa. Por tanto, en esos US$14.500 millones hay que entender que están esas reservas”, explica.
Y puntualiza: “Las llamo reservas internacionales por darles un nombre, pero en rigor no deberían llamarse así, porque no están bajo el control de la autoridad monetaria, que es quien debería respaldar la moneda, el sistema bancario y la deuda”.
Sobre el paradero de esas reservas, Vidal estima que “probablemente estén diversificados: una parte en el BFI, pero también en bancos internacionales -rusos, chinos…- y probablemente en paraísos fiscales”.
“No hay información precisa sobre eso pero, dado que parte de la lógica de Gaesa es esquivar sanciones, es razonable pensar que esas reservas están bastante diversificadas y que una parte está estructurada de forma que no quede expuesta a sanciones”, concluye.
Hay que matizar que los únicos reportes financieros del holding que han salido a la luz datan de 2024, por lo que se desconoce a cuánto ascienden sus activos a día de hoy.
Planteamos la última pregunta: ¿qué responsabilidad tendría Gaesa en la desastrosa situación de la economía cubana?
La influencia en la crisis cubana
El peso del conglomerado en la economía de Cuba es enorme: según cálculos de Pavel Vidal y otros expertos, sus transacciones podrían representar la desorbitada cifra del 40% del PIB total del país.
Este poder financiero le ha permitido mantener una estrategia de inversiones que, según voces críticas, está totalmente desconectada de las necesidades más urgentes de la población.
Mientras la economía cubana arrastra décadas de crisis, con sectores productivos disfuncionales e infraestructuras deterioradas, Gaesa ha concentrado gran parte de sus recursos en actividades más destinadas a captar divisas que, por ejemplo, a revitalizar la producción agrícola e industrial.
En los últimos años, el conglomerado ha impulsado una ambiciosa expansión del negocio turístico, especialmente en La Habana, donde se han levantado nuevos e imponentes hoteles que contrastan con el creciente deterioro de las calles y edificios en sus alrededores.
Todo esto pese a que cada vez menos turistas visitan Cuba: las llegadas han caído en picado desde el máximo de 4,7 millones de visitantes en 2018 a 1,8 millones el año pasado, cuando la escasez y los apagones ya apuntaban a los niveles extremos que se viven hoy.
El hotel Grand Aston La Habana, inaugurado en 2022 con unas 600 habitaciones en el céntrico barrio del Vedado, pertenece al grupo Gaviota, integrado en Gaesa.
Según Pavel Vidal, concentrar recursos en el negocio turístico implica que otras áreas estratégicas reciban menos inversión, lo que limita la capacidad del país para reactivar sectores productivos que alivien la escasez crónica de alimentos o modernizar la cada vez más disfuncional industria de generación eléctrica.
“La inversión en turismo fue muy desproporcionada y se descuidaron inversiones en la agricultura, en la red eléctrica y en el mantenimiento de las plantas de generación. Eso explica en parte lo que está ocurriendo ahora”, ilustra el economista.
Otro ejemplo del control de Gaesa sobre las principales fuentes de ingresos del país son las misiones médicas internacionales, el negocio más lucrativo de Cuba en los últimos años, incluso por encima del turismo.
Parte de estos ingresos, según los expertos consultados por BBC Mundo, se canaliza hacia compañías del entramado empresarial militar que, bajo este peculiar sistema, absorbe buena parte de las divisas que entran en el país.
A esto se suma el hecho de que Gaesa posee activos (o al menos poseía en 2024) por una cantidad que permitiría modernizar el sector agropecuario -que hoy apenas produce un 20% del consumo nacional de alimentos- y restaurar la industria de generación eléctrica del país.
Las recientes presiones del gobierno de Estados Unidos sobre una Cuba en situación límite han llevado a muchos a pensar que el régimen comunista vigente desde 1959 podría caer o protagonizar un cambio drástico y forzado.
De ser así, es difícil adivinar qué ocurriría con el opaco emporio económico de las Fuerzas Armadas edificado durante las últimas tres décadas en paralelo al Estado.
“Si hay una transición, me imagino que una de las primeras medidas será encontrar el dinero de Gaesa, porque hará mucha falta para una etapa de estabilización, de reconstrucción”, pronostica Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group.
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