This post was originally published on this site.
La salida del principal inspector de trabajo de Brasil ha puesto al gobierno del presidente Lula, político de izquierda y exdirigente sindical, en una situación incómoda.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó al poder luchando por los derechos de los trabajadores. Ahora, en un giro incómodo, su gobierno es acusado de reprimir la preocupación por los abusos laborales de un importante fabricante de automóviles chino.
La crisis se sucita después de que el gobierno de Lula destituyera a un funcionario de alto rango del Ministerio de Trabajo pocos días después de que el oficial añadió al gigante chino de automóviles eléctricos BYD a un registro nacional de empleadores acusados de someter a los trabajadores a condiciones similares a la esclavitud.
El episodio ha puesto al gobierno de Lula, exdirigente sindical que cofundó el Partido de los Trabajadores, de izquierda, en una posición incómoda. Y ha puesto de manifiesto el protagonismo cada vez mayor de los fabricantes chinos de automóviles en Brasil, donde han emprendido una campaña agresiva de inversión de miles de millones de dólares en la construcción de fábricas y la expansión de las ventas de vehículos eléctricos.
El ministro de Trabajo de Brasil, Luiz Marinho, dijo que el despido de su máximo responsable de inspección laboral, Luiz Felipe Brandão de Mello, fue un cambio de personal de rutina, pero no quiso decir si estaba relacionado con BYD.
“Los cambios son naturales, ocurren”, dijo Marinho a The New York Times en una entrevista. “Es mi responsabilidad como ministro formar un equipo”.
Pero para los grupos sindicales y los organismos de vigilancia al gobierno, el momento de la salida de De Mello generó inquietud.
Justo antes de ser destituido, De Mello había dado su visto bueno para incluir a BYD en una “lista sucia” de infractores laborales, después de que una investigación concluyó que la empresa había violado derechos humanos en una obra en el nordeste de Brasil. Allí se descubrió que los trabajadores chinos que construían una de sus plantas vivían en condiciones miserables y laboraban más de 10 horas al día, casi sin días libres.
Según la investigación, a los trabajadores se les prometían salarios más altos, y no tenían libertad para rescindir sus contratos o abandonar la obra. Las autoridades brasileñas, en una camapaña a finales de 2024, acabaron retirando a más de 160 trabajadores de lo que dijeron eran condiciones de esclavitud, las cuales BYD ha atribuido a un subcontratista.
Según la legislación brasileña, las empresas que incurran en tales prácticas laborales deben ser incluidas en el registro en el plazo de algunos meses. De Mello agregó a BYD a la lista antes de que venciera ese plazo a principios de abril.
El 8 de abril, a petición del fabricante chino de automóviles, un tribunal laboral acordó suspender la decisión a la espera de una nueva revisión judicial sobre si BYD puede ser considerada responsable de sus contratistas. El lunes, Brasil anunció el despido de De Mello en la gaceta oficial del gobierno.
La medida llegó a los titulares y generó la protesta de grupos sindicales. La Asociación Nacional de Inspectores de Trabajo de Brasil acusó al ministro de intromisión política y calificó el despido de De Mello de “grave señal de represalia institucional”.
“Estaba obedeciendo la ley y cumpliendo con su deber”, dijo Rodrigo Carvalho, coordinador nacional de la asociación. “Esto convierte una decisión técnica de política pública en una decisión política”.
Marinho rechazó las acusaciones de injerencia política e insistió en que no pretende favorecer a ninguna empresa y dijo que trabaja para garantizar que las decisiones técnicas tomadas por su equipo sean acertadas.
De Mello no respondió a una solicitud de comentarios.
BYD tampoco respondió a una solicitud de comentarios. En el pasado, ha responsabilizado de las condiciones en las instalaciones de Brasil a un subcontratista encargado de la construcción y ha dicho que ya no hace negocios con esa empresa.
Esta semana, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino evadió las preguntas sobre el historial de BYD en materia de derechos humanos en Brasil, afirmando que China “concede gran importancia a la protección de los derechos e intereses legítimos de los trabajadores” y que está colaborando con Brasil en este asunto.
Aparecer en la lista brasileña de infractores en materia de esclavitud puede acarrear graves consecuencias para las empresas, dañando su reputación, impidiéndoles acceder a determinados préstamos bancarios y haciéndolas menos atractivas para los inversores.
Brasil, un país de 213 millones de habitantes amante de los coches, es el mayor mercado de BYD fuera de China. En los últimos años, la popularidad de los vehículos eléctricos chinos ha aumentado en Brasil, el país más grande de América Latina, y actualmente representan alrededor del 80 por ciento del mercado de vehículos eléctricos.
La tormenta desatada por el despido de De Mello se suma al escrutinio que rodea a Marinho, quien ha sido aliado de Lula desde sus días como organizadores sindicales en las afueras de São Paulo.
El año pasado, Marinho intervino para impedir que se añadieran varias empresas al registro de esclavitud, entre ellas una división del gigante brasileño del envasado de carne JBS. La legalidad de sus acciones ha sido impugnada ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil.
A pocos meses de las elecciones presidenciales, el episodio más reciente amenaza con empañar la imagen de Lula como defensor de los trabajadores, una cuestión que por décadas ha constituido la columna vertebral de su reputación política.
Antiguo obrero metalúrgico que completó el quinto año de estudios, Lula saltó a la fama como dirigente sindical en las décadas de 1970 y 1980, liderando a decenas de miles de trabajadores en una serie de huelgas que desafiaban a la dictadura militar de la época.
Inspirado por su trabajo como organizador sindical, Lula cofundó el Partido de los Trabajadores en 1980. Con la promesa de representar los intereses de los trabajadores, fue elegido diputado nacional en 1986 e, impulsado por el apoyo populista, ascendió por primera vez a la presidencia en 2003.
Sin embargo, su partido ha perdido gran parte de su prestigio en las últimas décadas, y Lula se enfrenta ahora a la perspectiva de una difícil contienda electoral, ya que aspira a un cuarto mandato como presidente en unas elecciones impredecibles que se celebrarán en octubre.
Keith Bradsher contributed reporting from Beijing, and Ruoxin Zhang contributed research.
Ana Ionova es colaboradora del Times y reside en Río de Janeiro, donde cubre la actualidad de Brasil y los países vecinos.
Keith Bradsher contributed reporting from Beijing, and Ruoxin Zhang contributed research.
Leave a Reply