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Fiscales estadounidenses acusan a Rubén Rocha Moya y otros funcionarios en activo de apoyar a organizaciones criminales a cambio de dinero y votos.
Fiscales de Estados Unidos acusaron el miércoles a un gobernador mexicano y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos de participar en una amplia conspiración para ayudar a un poderoso cártel mexicano a importar drogas a Estados Unidos a cambio de sobornos y votos.
En un acta de imputación que se dio a conocer el miércoles, los fiscales estadounidenses dijeron que el gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, había aceptado sobornos y ayuda para ser elegido a cambio de proteger a la organización criminal dominante en su estado, el cártel de Sinaloa, que durante años ha aterrorizado a sus electores.
Los fiscales alegaron que otros funcionarios y exfuncionarios mexicanos –entre ellos un senador mexicano y un destacado alcalde– también habían aceptado sobornos para proteger a miembros del cártel de las detenciones y les habían facilitado información.
En un comunicado, Rocha negó las acusaciones, que calificó que “carecen de veracidad y fundamento alguno”, y dijo que eran un intento de Estados Unidos de violar la soberanía de México y atacar a su movimiento político de izquierda, dirigido por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La acusación es el paso más significativo del gobierno del presidente Donald Trump en su lucha contra la corrupción gubernamental que, según ha dicho, está en el meollo del problema de los cárteles mexicanos.
Rocha es el miembro de más alto rango de Morena, el partido político dominante en México, que ha sido imputado por Estados Unidos. La medida podría abrir una brecha entre los gobiernos estadounidense y mexicano justo cuando están intensificando su cooperación en la lucha contra los cárteles que han matado a miles de mexicanos y han amasado fortunas con el contrabando de drogas a Estados Unidos.
Rocha, de 76 años, es un aliado del partido de Sheinbaum y de su predecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. En los últimos meses, Rocha venía enfrentando acusaciones de corrupción cada vez más graves y había recibido el respaldo público de funcionarios de Morena.
Sheinbaum ha dicho que su gobierno está erradicando la corrupción y que ha detenido a algunos funcionarios electos de bajo nivel, pero el presidente Trump ha dicho que debe hacerse más.
Funcionarios mexicanos sospechaban que Estados Unidos estaba preparando acusaciones contra funcionarios del país después de que el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, pronunció la semana pasada un encendido discurso en Sinaloa sobre la corrupción en el estado, que parecía dirigido a Rocha, según dos personas familiarizadas con el asunto que hablaron de forma anónima para poder describir conversaciones privadas.
El comercio entre México y Estados Unidos “exige que nuestros gobiernos penalicen el soborno y la corrupción y apliquen códigos de conducta a los funcionarios públicos”, dijo Johnson, al hablar en la inauguración de una fábrica en Sinaloa.
“Es posible que pronto veamos acciones significativas en este frente”, añadió el embajador. “Así que permanezcan atentos”.
Tras el discurso, los funcionarios mexicanos pidieron a sus homólogos estadounidenses que les avisaran de cualquier acusación que estuvieran preparando contra funcionarios en activo, con el fin de poder gestionar las consecuencias a escala nacional y dentro de Morena, el partido de Sheinbaum, según estas personas.
El martes por la noche, funcionarios mexicanos recibieron una solicitud de extradición del gobierno estadounidense para “diversas personas”, según dijo el gobierno mexicano en un comunicado el miércoles. La solicitud “no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas” cuya extradición se solicitaba, dijo el gobierno mexicano, añadiendo que su fiscalía general estaba evaluando la solicitud.
La imputación de funcionarios de su propio partido podría poner en aprietos a Sheinbaum. Ella ha intentado mantener una buena relación con Trump al tiempo que se mantenía firme en la protección de la soberanía de México. Además, se enfrenta a la realidad política que supone dirigir su extenso partido, que cuenta con muchos dirigentes profundamente escépticos respecto a Trump y con algunos que también temen estar en el punto de mira del sistema judicial estadounidense, sea justo o no.
El acta de imputación acusaba a Rocha y a los demás de conspirar con el cártel de Sinaloa –en particular con Los Chapitos, la facción dirigida por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el capo de la droga encarcelado conocido como “El Chapo”– para introducir “cantidades masivas” de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en Estados Unidos. Lo hicieron, según la acusación, en gran parte protegiendo a los líderes del cártel para que no fueran investigados, detenidos o procesados.
A cambio, dice el documento, los funcionarios mexicanos recibieron “millones de dólares en dinero procedente del narcotráfico del cartel”.
Los fiscales estadounidenses sostienen que toda la gestión de Rocha, que comenzó en 2021, se basó en el apoyo de los cárteles. La imputación afirma que, durante las elecciones, Rocha se reunió presuntamente con dirigentes de Los Chapitos, prometiéndoles que podrían operar con impunidad en todo el estado si él ganaba. Los Chapitos habrían ayudado a elegir a Rocha secuestrando e intimidando a los candidatos de la oposición y robando urnas.
El acuerdo habría permitido que el cártel ubicara a funcionarios corruptos en el gobierno del estado de Sinaloa y en los municipios locales, según el acta de imputación. Entre los demás funcionarios imputados se encuentran el actual alcalde de la capital de Sinaloa, el fiscal general adjunto del estado y varios exaltos cargos de las fuerzas de seguridad del estado.
Jack Nicas es el jefe de la oficina del Times en Ciudad de México y dirige la cobertura de México, Centroamérica y el Caribe.
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