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El Parlamento de Israel aprobó una nueva ley que impone la pena de muerte y permite realizar juicios públicos contra aquellos que participaron en los ataques sin precedentes liderados por Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.
La legislación, promovida conjuntamente por el gobierno y políticos de la oposición, fue aprobada en la Knesset (Parlamento israelí) por 93 votos contra 0, con 27 abstenciones o ausencias de los legisladores.
“Que todos puedan ver cómo las víctimas y sus familias miran directamente a los ojos de esos asesinos, violadores y secuestradores”, expresó Yulia Malinovsky, copatrocinadora del proyecto de ley, en una rueda de prensa anterior a la votación.
El 7 de octubre de 2023 fue el día más mortífero en la historia de Israel. Combatientes comandados por Hamás se infiltraron desde Gaza hasta el sur del país, donde mataron a más de 1.200 personas, la mayoría civiles. Otras 251 fueron secuestradas y mantenidas en cautiverio en la Franja, entre ellos hombres, mujeres, niños y también personas extranjeras.
La respuesta israelí a este ataque desató la guerra más violenta y mortal hasta la fecha en Gaza, en la que han muerto al menos 72.740 personas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, según el Ministerio de Sanidad de la Franja.
¿Qué contempla la nueva ley?
En marzo, la Knesset aprobó la Ley de Pena de Muerte a Terroristas, dirigida a los palestinos condenados por ofensas terroristas, pero esta no aplica retroactivamente. Eso significó la creación de una legislación separada para lidiar con los supuestos implicados en el asalto de octubre de 2023.
La nueva ley crea un marco legal especial para enjuiciar a los acusados de estar directamente involucrados en los ataques, incluyendo los miembros de la unidad de fuerzas especiales Nukhba de las Brigadas al-Qassam, el ala militar de Hamás, que fueron capturados en Israel.
Se espera que enfrenten cargos desde terrorismo y asesinato hasta violencia sexual y genocidio, todos punibles con la pena de muerte. Serán enjuiciados frente a un tribunal militar especial en Jerusalén con reglas diferentes a las de un juicio penal.
Críticas a los procesos judiales
Aunque el tribunal militar ajustará algunas de las normas de procedimiento y presentación de pruebas, los promotores de la nueva ley arguyen que eso no afectará significativamente la imparcialidad del juicio.
Sin embargo, grupos de derechos humanos lo disputan, señalando que los procedimientos existentes están diseñados para proteger los derechos de los acusados. También critican que algunas audiencias se realizarán sin la presencia física de los acusados.
“Los miembros de la coalición de gobierno han dejado claro que esperan ejecuciones masivas como resultado de este tribunal que han montado”, expresó Sari Bashi, directora ejecutiva del Comité Público contra la Tortura en Israel.
“Sabemos que los palestinos presos bajo sospecha de participar en los crímenes de octubre 7 han sido torturados de manera amplia y sistemática. Mi preocupación es que van a ser condenados y hasta ejecutados en base a confesiones obtenidas bajo tortura”.
Bashi reconoce que los responsables de los ataques deben rendir cuentas, pero que “merecen un juicio justo, y la pena de muerte nunca debería estar sobre la mesa”.
¿Cuántos acusados hay?
En la actualidad, el Servicio de Prisiones de Israel tiene retenidos a 1.283 denominados combatientes ilegales, sin acusaciones formales en su contra. La gran mayoría son de Gaza.
También hay un pequeño número de gazatíes que se cree que están en manos del ejército israelí, y se reporta que entre 300 y 400 gazatíes acusados penalmente están presos bajo sospecha de participar en los ataques del 7 de octubre.
Muchos en Gaza todavía siguen buscando información sobre familiares que se sabe o se cree que cruzaron la frontera hacia Israel durante los ataques o que fueron detenidos después.
Unas cuantas decenas de personas protestaron contra la nueva ley de pena de muerte frente a las oficinas centrales del Comité Internacional de la Cruz Roja en la Ciudad de Gaza, el lunes.
Entre ellos se encontraba el hermano del desaparecido camarógrafo Haitham al Wahad, visto por última vez cuando cubría los eventos del 7 de octubre en le cruce de Erez entre Gaza e Israel.
“Esta ley es cruel, es una ley que trata de quitarnos la esperanza de la que hemos vivido”, expresó Hisham al Wahad. “Como familias de los prisioneros y familias de los desaparecidos hacemos un llamado a los Estados y la opinión pública, internacional, árabe e islámica, a que tomen acción para parar esta ley”, agregó.
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