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La orden fue un golpe tanto para el presidente Trump, quien había desestimado voluntariamente la demanda la semana pasada, como para el Departamento de Justicia, que utilizó la demanda para establecer un fondo que podría estar destinado a los aliados de Trump.
Una jueza federal en Miami reabrió el caso de 10 mil millones de dólares del presidente Donald Trump contra el IRS (Servicio de Impuestos Internos, por su sigla en inglés) en un giro sorprendente, y dijo que quería investigar “acusaciones graves” de que el apresurado acuerdo para resolverlo estaba “basado en el engaño”.
La decisión de la jueza, Kathleen M. Williams, el viernes de reactivar el caso poco después de cerrarlo fue un golpe significativo tanto para Trump, quien había desestimado voluntariamente la demanda la semana pasada, como para el Departamento de Justicia. Después de que el presidente retirara la demanda, funcionarios de alto rango del departamento dieron a conocer un par de acuerdos extraordinarios que resolvieron el caso mediante el establecimiento de un fondo de 1800 millones de dólares para compensar a las personas que afirmaron haber sido víctimas de la “instrumentalización” del gobierno por parte de los demócratas.
El acuerdo también confería lucrativos beneficios fiscales a Trump, su familia y sus empresas.
La decisión de Williams se produjo en respuesta a unos documentos judiciales presentados el miércoles por un grupo bipartidista de 35 exjueces federales que la instaron a revivir el caso y profundizar en los detalles del acuerdo para resolverlo.
Los exjueces dijeron que el acuerdo de conciliación de Trump planteaba serias dudas sobre su “franqueza hacia el tribunal y la manipulación del sistema judicial”.
Antes de archivar el caso, Williams, nombrada por Obama, había cuestionado de hecho si la demanda presentaba un conflicto real que ella pudiera resolver, dado que Trump estaba en ambos lados del pleito presentando demandas contra una agencia federal que él controlaba. Cuando la archivó, señaló que no había “acuerdo registrado”, pero poco después, el Departamento de Justicia hizo público su acuerdo de exclusión de la acción.
En su breve pero severa orden del viernes, Williams dijo que quería investigar las circunstancias que rodearon los esfuerzos de Trump para resolver la demanda de una manera que le beneficiara a él y a sus aliados. Si logra avanzar en sus pesquisas, podría acabar cuestionando a los dirigentes del Departamento de Justicia que firmaron los acuerdos para resolver la demanda, entre ellos Todd Blanche, fiscal general en funciones, y Stanley Woodward Jr, alto funcionario del departamento.
En su orden, Williams afirmó que estaba “facultada para investigar conductas indebidas graves” en cualquier caso ante ella, y ordenó a los abogados de Trump que le dijeran antes del 12 de junio si la demanda debía reabrirse formalmente porque “el tribunal fue víctima de un fraude”.
Williams también quería que los abogados de Trump respondieran a la pregunta de si él se había coludido con su propio gobierno para conseguir un acuerdo para el caso “para evitar el escrutinio judicial”.
La Casa Blanca no respondió inmediatamente a un mensaje en busca de comentarios.
Williams se refirió a un reportaje de The New York Times en el que se describía cómo el IRS había preparado un memorando de 25 páginas en el que se esbozaban defensas contra la demanda que el Departamento de Justicia no llevó a los tribunales.
Los abogados de los exjueces elogiaron la decisión de Williams.
“Los jueces y sus abogados aprecian enormemente la seriedad con la que el tribunal está abordando estas graves acusaciones”, dijo Norman Eisen, quien representó a los exjueces por el grupo sin fines de lucro Democracy Defenders Fund. “Estamos dispuestos a colaborar con el tribunal mientras investiga este asunto”.
Eisen estuvo acompañado por los bufetes de abogados Platkin y Susman Godfrey.
En su presentación de esta semana, los exjueces afirmaron que Trump había utilizado indebidamente su demanda contra el IRS como una forma de obtener “beneficios privados ilegales” para él y su familia, y para crear un fondo que repartiría dinero de los contribuyentes “sin autoridad constitucional o del Congreso”.
También argumentaron que el presidente había intentado proteger el acuerdo de la supervisión judicial precipitando un acuerdo y “creando un cortocircuito” en la capacidad de Williams para examinar sus términos.
El fondo, de 1800 millones de dólares, se ha enfrentado a otros obstáculos legales. Una jueza federal del Distrito Este de Virginia bloqueó temporalmente la posibilidad de que el gobierno de Trump tomara nuevas medidas para establecerlo o retirar dinero de él. Los legisladores del Capitolio, incluidos muchos republicanos, también se han mostrado críticos con el fondo, que la semana pasada trastocó los planes del Partido Republicano de aprobar un proyecto de ley para financiar la aplicación de las leyes de migración.
Trump, junto con dos de sus hijos y la empresa familiar Trump, demandó por primera vez al IRS en enero, alegando que se les debía al menos 10.000 millones de dólares porque un excontratista de la agencia había filtrado sus declaraciones de impuestos (y cientos de otras) durante el primer mandato del presidente en la Casa Blanca. Los Trump alegaron que el IRS debería haber hecho más para evitar que el contratista, Charles Littlejohn, revelara información fiscal a The New York Times y ProPublica.
La demanda de Trump, como los funcionarios del IRS expusieron en su memorando y como otros abogados han señalado, tenía claros defectos legales. Las posibles defensas contra ella incluyen que se presentó después del plazo de prescripción, y que culpaba incorrectamente al IRS por las acciones de Littlejohn, anteriormente un contratista empleado por Booz Allen Hamilton. Pero el Departamento de Justicia nunca intentó impugnar la demanda de Trump. Ningún abogado del gobierno compareció en el caso.
Esto ha alimentado las críticas de que el acuerdo alcanzado por el Departamento de Justicia con Trump no era un intento genuino de evitar una derrota del presidente en los tribunales, sino un plan para proporcionarle a él y a sus aliados políticos beneficios públicos.
En una nota a pie de página, Williams cuestionó la disposición legal que concede a Trump, su familia y sus empresas inmunidad frente al escrutinio del IRS de las declaraciones de impuestos que ya habían presentado. Escribió que la protección contra auditorías puede ir en contra de las normas del Departamento de Justicia que requieren que los acuerdos legales se relacionen directamente con las cuestiones en la demanda.
También señaló que solo Blanche firmó la disposición sobre las auditorías. Woodward y Frank Bisignano, quien ocupa el cargo de director ejecutivo del IRS, una función de nueva creación que no está sujeta a la confirmación del Senado, firmaron el acuerdo independiente de nueve páginas en el que se establecía el fondo de 1800 millones de dólares.
Alan Feuer cubre extremismo y violencia política para el Times, centrándose en los casos penales relacionados con el ataque del 6 de enero al Capitolio y contra el expresidente Donald Trump.
Andrew Duehren cubre las políticas fiscales para el Times desde Washington.
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