Un recorrido por el interminable conflicto armado en Colombia

Los agentes de policía se atrincheraron en comisarías protegidas con sacos de arena. Cuando salían en patrullas esporádicas, iban en grupos de seis, empuñando rifles, con el rostro oculto tras máscaras.

No se adentran más en la selva. Allí fuera, más adentro de esta remota zona del noreste de Colombia, caminos de tierra serpentean entre campos de coca y banderas blancas que los civiles han colgado fuera de sus casas, desesperados por evitar el fuego cruzado entre dos grupos guerrilleros que se disputan el territorio.

Jóvenes guerrilleros con caras llenas de acné, vestidos con uniformes de color verde oscuro, inspeccionaban vehículos y controlaban el acceso a partes de la región del Catatumbo, a lo largo de la frontera con Venezuela, imponiendo toques de queda, límites de velocidad y una justicia por mano propia para delitos menores.

Más adentro de las montañas, sus compañeros persiguen a sus rivales y lanzan ataques con drones, enzarzados en uno de los conflictos más mortíferos surgidos de la promesa de paz incumplida de Colombia.

“La coca es el derramamiento de sangre del Catatumbo”, dijo Jose Reyes Quintero, agricultor de 82 años, al referirse a la planta que se cosecha para fabricar cocaína. Los grupos guerrilleros, añadió, “no le tienen compasión a nadie”.

Hace 10 años, el mundo observaba cómo los líderes colombianos, vestidos de blanco, firmaban un acuerdo de paz histórico destinado a poner fin a uno de los conflictos internos más largos y sangrientos de América Latina.

Durante más de 50 años, Colombia libró una guerra brutal contra un ejército insurgente de izquierda que dejó al menos 220.000 muertos. El acuerdo de 2016 condujo al desarme de 13.000 combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el mayor grupo guerrillero del hemisferio occidental en aquel momento.

El acuerdo le valió al entonces presidente de Colombia el Premio Nobel de la Paz.

Pero la paz nunca llegó a Colombia.

Casi de inmediato, grupos armados antiguos y nuevos empezaron a repartirse las regiones empobrecidas de Colombia. Llenaron los vacíos donde el Estado no logró establecer una presencia permanente, y se pelearon por minas de oro ilegales y corredores de tráfico de drogas en el país que es el mayor productor de cocaína del mundo.

Los grupos armados ilegales ahora tienen presencia en el 47 por ciento de los municipios, frente al 18 por ciento en 2019, según los investigadores. Sus filas han crecido hasta alcanzar unos 27.000 miembros, más que los 18.000 que había antes del acuerdo de paz, gracias al reclutamiento de niños. Y los grupos rebeldes han combinado el combate tradicional en la selva con la nueva guerra de drones.

El aumento de la violencia se ha convertido en un punto álgido en la crucial segunda vuelta presidencial del domingo, que podría inclinar a Colombia hacia un candidato de derecha que promete aplastar a los grupos criminales con mano de hierro.

El actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, el primer líder de izquierda del país, apostó su legado por una política audaz –llamada Paz total– para negociar treguas que pusieran fin a los conflictos que aún persisten en Colombia.

Petro, quien culpa a su predecesor de no haber aplicado adecuadamente el acuerdo de paz de 2016, dijo que su política era la alternativa a la “guerra perpetua“.

Pero durante los cuatro años de mandato de Petro, según los críticos, los grupos se aprovecharon de los breves altos al fuego para expandir sus territorios y sus economías ilícitas, y solo salieron más fortalecidos.

“La paz total fue un fracaso total”, dijo Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, un grupo de investigación colombiano.

El ejército, según ella, no supo adaptarse a unos grupos que se mezclaban entre la población civil y ejercían su control de formas más encubiertas.

“Las fuerzas armadas siguen pensando que pelean contra las FARC y no que pelean contra grupos que no tienen campamentos, a los que no puedes bombardear, donde la gente está dispersa por todos lados, que están extorsionando a todo el mundo y que causan muchísimo daño civil”, dijo.

Para muchos colombianos, la segunda vuelta presidencial se ha convertido en un referendo sobre la violencia, con dos candidatos que proponen caminos opuestos para el futuro.

Por un lado está Iván Cepeda, un político de izquierda y negociador clave del acuerdo de paz de 2016, quien promete continuar con una versión de los difíciles diálogos de paz de Petro.

Por otro lado está Abelardo de la Espriella, un candidato favorito de derecha respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha prometido una ofensiva militar total mediante ataques aéreos y la construcción de megacárceles en zonas remotas.

Las elecciones también podrían determinar si Estados Unidos desempeña un papel más directo en la guerra contra las drogas en Colombia, ya que Trump ha convertido la lucha contra el narcotráfico en una piedra angular de su agenda regional.

La violencia, que se desarrolla principalmente fuera de las grandes ciudades de Colombia, no está tan extendida como los secuestros, los coches bomba y las masacres paramilitares de la década de 1990.

Lo que más está en juego son las regiones remotas como el Catatumbo. Desde el año pasado, una sangrienta guerra entre dos grupos guerrilleros rivales y un ejército que intenta contenerlos ha desencadenado allí una catástrofe humanitaria.

Los enfrentamientos han obligado a 100.000 residentes del Catatumbo a huir de sus hogares, casi un tercio de la población, y han provocado más de 160 homicidios, incluidos los de niños, según la agencia de derechos humanos de Colombia.

La violencia también ha avivado el deseo de cambio: De la Espriella ganó en la mayor parte del Catatumbo en la primera vuelta de las elecciones. Si sale victorioso, promete lanzar una ofensiva conjunta entre Estados Unidos y Colombia para “recuperar el control territorial del Catatumbo” en un plazo de 90 días.

Atrapado en el fuego cruzado

El Catatumbo, un vasto laberinto de selvas montañosas, ha estado aislado del resto de Colombia por la ausencia crónica de instituciones estatales y de infraestructura básica, como carreteras asfaltadas.

Durante décadas, la guerrilla y el cultivo de coca han llenado ese vacío, y la cocaína y las armas han pasado fácilmente de contrabando a través de la porosa frontera entre Colombia y Venezuela.

A finales de marzo, cinco guerrilleros ocupaban la base de una torre de transmisión que habían convertido en un búnker oculto.

Llevaban rifles, pero también un arsenal de drones: pequeños kamikazes para ataques de corto alcance y drones más grandes, de fabricación china, para lanzar explosivos caseros contra enemigos a kilómetros de distancia.

Los combatientes forman parte de una unidad disidente de las FARC que rechazó el acuerdo de paz. Conocida como Frente 33, la unidad es una de las decenas que se han rearmado y expandido.

Su enemigo ha sido el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo fundado en la década de 1960 por sacerdotes radicales e intelectuales marxistas. El ELN, que, según los expertos, cuenta con más de 6000 miembros en todo el país, es el grupo guerrillero más antiguo de América Latina.

Ambos grupos se presentan como los verdaderos protectores de los pobres y se niegan a deponer las armas.

“Las guerrillas en el Catatumbo siempre han estado”, dijo Andrey Avendaño, comandante del Frente 33, dando a entender que un ataque militar más fuerte contra ellos fracasaría.

“Se van a morir comandante guerrillero, se van a morir guerrilleros, se van a morir soldados y policías”, dijo. “Pero el problema va a persistir, porque el problema de Colombia se resuelve cuando se resuelva la necesidad y la desigualdad”.

Los grupos dicen que han sobrevivido actuando como intermediarios: cobran impuestos a los narcotraficantes que compran pasta de cocaína elaborada a partir de plantas de coca, que son el sustento económico de muchos agricultores de la zona. También imponen impuestos a la minería del carbón y a la venta de aceite de palma.

A medida que el Frente 33 se expandía, y se ganaba a la población local mediante la construcción de carreteras y puentes, el ELN veía cada vez más al grupo rival como una amenaza, dijeron los expertos.

Las conversaciones de paz del Frente 33 con Petro agravaron la tensión, ya que el ELN afirmaba que los disidentes de las FARC utilizaban las negociaciones para ganar legitimidad y desplazarlos.

“Estaba en mente aniquilar al ELN, pero no resultó así”, dijo Antonio García, el máximo comandante del ELN, en un comunicado a The New York Times.

El punto de inflexión se produjo el 15 de enero de 2025, cuando unos hombres armados mataron al dueño de una funeraria, a su esposa y a su bebé. Culparon al Frente 33 –que negó su participación– y el ELN lanzó una ofensiva sorpresa, que sumió a la región en la guerra.

Han matado a civiles y líderes comunitarios. Los ataques con drones aterrorizan a los residentes. Y miles de familias se han visto confinadas en sus casas o desplazadas.

La guerra llegó a la puerta de Diego Quintero el pasado octubre.

Su hijo de 9 años, Matias, estaba jugando fuera cuando disidentes de las FARC mataron a tiros a dos combatientes del ELN en una emboscada frente a su finca, dijo Quintero. Matías quedó traumatizado al ver los cuerpos ensangrentados.

“No quería volver a dormir aquí”, dijo Quintero. “Cuando ve a alguien uniformado, se asusta”.

Quintero, de 33 años, mandó a Matias y a su esposa a otro lugar por un tiempo. Pero Quintero no podía permitirse irse: estaba sustituyendo sus cultivos de coca por palmeras de aceite que tenía que cosechar.

“Soy consciente de cómo le hace daño a la gente”, dijo, señalando los arbustos de coca que le quedaban.

En primera línea

Por toda la campiña del Catatumbo, los guerrilleros deambulan a pie por los pastos, disparándose unos a otros en una batalla interminable.

La mayoría de las dos decenas de combatientes de las FARC con quienes se reunió el Times tenían entre 18 y 25 años. Muchos dijeron que se habían unido al grupo antes de cumplir los 18.

Con rifles AR-15 y AK-47 colgados al hombro, fumaban cigarrillos mientras cocinaban arroz en un hornillo de gasolina y se conectaban a internet mediante un Starlink móvil.

Nacidos en la pobreza, muchos dijeron que unirse a los disidentes de las FARC les había dado un propósito. A diferencia de otros grupos armados que ofrecen contratos, los combatientes de las FARC deben servir de por vida y sin paga, aunque se les da de comer y se les proporciona alojamiento.

Algunos hablaban con grandilocuencia de liberar a Colombia de una oligarquía corrupta, haciéndose eco del discurso revolucionario de las FARC desde su fundación en 1964.

Bajo el discurso ideológico se esconden trágicas historias de adolescencias truncadas.

Para Daniela Rodríguez, de 22 años, unirse a las FARC la llevó a algo peor: un encuentro fatal con su padre.

Su padre y su madre eran combatientes del ELN, dijo, pero a los 15 años se fue de casa y se unió a las FARC, atraída por su “disciplina”.

No había visto a su padre en años hasta que se topó cara a cara con su unidad del ELN el año pasado durante un tiroteo mortal.

Vio cómo sus propias fuerzas mataban a su padre.

“Pues fue doloroso porque, a pesar de todo, es mi padre”, dijo. “Pero estamos en guerra”.

Su madre, que ya no es combatiente activa del ELN, cuida del hijo de 5 años que Rodríguez tuvo con su novio, un combatiente de las FARC.

A él también lo mató el año pasado el ELN, dijo.

“Me llenó de rabia”, dijo, lo que la motivó a no abandonar nunca el frente.

Un círculo vicioso

Diez años después del acuerdo de paz, la historia del Catatumbo imita la que acecha a otras zonas de conflicto donde la paz nunca llegó.

El resurgimiento de la violencia, según los expertos, ha puesto de manifiesto la fragilidad de la paz sin resolver las causas profundas del eterno conflicto colombiano: la falta de oportunidades para los colombianos pobres empujados a las economías ilegales, y la falta de seguridad en regiones remotas explotadas por grupos armados.

Petro visitó el Catatumbo el año pasado y denunció los ataques iniciales del ELN como “crímenes de guerra”, y desplegó miles de soldados para atacar a ambos grupos.

En Tibú, la localidad más grande de la región, Jaime Botero es uno de los pocos líderes comunitarios que no han huido ni han sido asesinados.

Aunque entendía por qué muchos en el Catatumbo estaban ansiosos por una solución militar más contundente, le preocupaba que eso solo condujera a más derramamiento de sangre.

“Armar otro conflicto para tratar de terminar otro no es la solución”, dijo. “En ese cuento llevan 50 años”.

Federico Rios y Sofía Villamil contributed reporting.

Luis Ferré-Sadurní es periodista del Times en Bogotá, Colombia.

Federico Rios y Sofía Villamil contributed reporting.