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Un fallo dividido permite al gobierno estadounidense aplicar el proceso de deportación sin audiencia migratoria a inmigrantes detenidos, sin importar cuánto tiempo lleven viviendo en el territorio.
Un tribunal federal de apelaciones permitió el martes al gobierno de Donald Trump reanudar el uso de un proceso de deportación rápida en todo Estados Unidos, que normalmente se reserva para personas detenidas poco después de cruzar la frontera sur.
La decisión ha reactivado uno de los pilares de los planes de deportación masiva del presidente Trump, después de que un tribunal de primera instancia dictaminara en agosto del año pasado que intentar usar ese procedimiento para expulsar potencialmente a millones de personas sin audiencias migratorias probablemente violaban sus derechos al debido proceso y conllevaban riesgo de detenciones indebidas.
En una votación de 2 a 1, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia determinó que no violaba los derechos de los inmigrantes ampliar un proceso hasta los límites máximos permitidos por la ley. El juez Justin R. Walker, nombrado por Trump, redactó la opinión mayoritaria, a la que se sumó la jueza Neomi Rao, también nombrada por Trump. El juez Robert L. Wilkins, nombrado por Barack Obama, escribió en su opinión disidente que él habría dejado en pie el fallo del tribunal inferior.
El juez Walker señaló en la opinión mayoritaria que el Congreso había delegado en el poder ejecutivo las decisiones sobre qué migrantes designar para deportaciones aceleradas. Incluyó un breve repaso de cómo los distintos gobiernos habían ampliado y reducido la expulsión acelerada.
“Por muchos años, mientras que a algunos se les designaba, a otros no”, escribió. “Pero eso cambió en enero de 2025, cuando el ejecutivo amplió la expulsión acelerada hasta el máximo permitido por el Congreso”, escribió.
Añadió que el Departamento de Seguridad Nacional no estaba legalmente obligado a informar a los detenidos que podían evitar la deportación acelerada si podían demostrar que habían permanecido en el país de manera continua durante al menos dos años. “No es un requisito que el gobierno explique cómo podría prevalecer el individuo”, escribió.
Inmediatamente después de asumir el cargo en enero, Trump facultó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para usar el proceso, conocido como expulsión acelerada, a un grupo más amplio de inmigrantes indocumentados.
La expulsión acelerada se había utilizado de forma limitada para migrantes indocumentados detenidos cerca de la frontera sur. Permite a los funcionarios deportar a personas que llevan menos de dos años en el país sin necesidad de audiencias en los tribunales de inmigración.
La medida ampliada de Trump alentó a los agentes a detener y designar para deportación rápida a migrantes interrogados incluso en el interior del país, si no podían presentar en el acto pruebas de que habían estado en el país más allá de ese umbral de dos años.
Pero los jueces se han mostrado profundamente escépticos sobre esta política, señalando que privar a los inmigrantes de su derecho a impugnar su expulsión ante los tribunales podría dar lugar a abusos si se aplica a gran escala. Y las organizaciones de defensa de los inmigrantes argumentaron que dejaba vulnerables a la deportación a personas que quizás habían entrado al país de manera ilegal pero que habían construido una vida en Estados Unidos, incluso cuando habían buscado otras vías para permanecer de manera legal.
Durante una audiencia en diciembre del año pasado, el panel del tribunal de apelaciones se centró en cómo los agentes de inmigración habían aplicado la política en 2025 antes de que fuera bloqueada por un tribunal de menor instancia, incluida la forma en que informaban a los detenidos sobre sus derechos. Los jueces presionaron a Drew Ensign, abogado del gobierno, para que dieran detalles específicos.
Los tres jueces cuestionaron por qué el gobierno había esperado hasta octubre de 2025 para compartir con el tribunal un memorándum sobre la política que se distribuyó en el ICE el pasado febrero, en el que se explicaba cómo y cuándo debía aplicarse la expulsión acelerada.
La directriz instruía a los agentes a que, si alguien detenido por agentes migratorios afirmaba llevar más de dos años en el país, se le debía dar “una oportunidad breve pero razonable” para presentar documentación y evitar así que se le sometiera a la expulsión acelerada. El juez Walker escribió el martes en su dictamen que, siempre que se les diera a los migrantes esa “oportunidad razonable”, se habrían cumplido los requisitos de la ley.
En su disidencia, el juez Wilkins escribió que el Departamento de Seguridad Nacional no había refutado que, al aplicar la política, había deportado a varias personas que habían estado en el país más de dos años. Destacó que las directrices dadas a los agentes de inmigración no les obligaban a preguntar cuánto tiempo llevaba alguien en el país, ni a informarles de sus derechos para impugnar su expulsión.
“Un procedimiento que puede dar lugar a que se expulse a personas en virtud de la ley de expulsión acelerada sin siquiera preguntarles cuánto tiempo llevan en el país puede que cumpla con el debido proceso para las personas detenidas en la frontera, pero es lamentablemente inadecuado para personas encontradas en el interior del país”, escribió.
Un portavoz de Make the Road New York, una organización sin fines de lucro de defensa de migrantes que presentó la demanda, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Doris Meissner, directora del Instituto de Política Migratoria, una organización no partidista, y funcionaria de alto rango de inmigración en los gobiernos de Clinton y Reagan, dijo que el fallo le otorgaba al gobierno federal un “poder amplio y contundente” que podría infundir miedo entre muchos migrantes.
Meissner dijo que le preocupaba que los agentes de inmigración pudieran detener a personas que no pudieran demostrar de inmediato que llevaban más de dos años viviendo en el país. También señaló que no estaba claro qué tipo de prueba tendrían que llevar consigo en todo momento.
En un comunicado, James Percival, asesor jurídico general del Departamento de Seguridad Nacional, celebró el fallo. Escribió que el departamento llevaba mucho tiempo “limitando arbitrariamente la expulsión acelerada”, aunque la ley permite aplicarla de forma más amplia.
Dijo que el tribunal de apelación había “reivindicado” las prácticas del gobierno de Trump.
Anand Balakrishnan, un abogado que representa a Make the Road New York, argumentó durante la audiencia del año pasado que esos grupos no tenían conocimiento sobre cómo se había usado el procedimiento. Dijo que la decisión de darle a los migrantes indocumentados la oportunidad de exponer su caso, y evitar ser deportados de manera acelerada, la tomaban agentes individuales con poca supervisión.
“No tengo ni idea de cómo se supone que funciona este proceso en la práctica, especialmente cuando el único control es ese agente individual que, supuestamente, a su discreción, les concede tiempo”, dijo
Balakrishnan dijo que la expansión agresiva de la medida dejaba, en la práctica, a todas las personas sin estatus legal completo en una situación vulnerable a ser sometidas a un proceso de deportación rápida, incluso a quienes llevaban décadas viviendo en el país y tenían vínculos profundos con sus comunidades o con ciudadanos estadounidenses.
Pero Balakrishnan enfrentó un interrogatorio escéptico tanto de la jueza Rao como del juez Walker. En un momento dado, el juez Walker pareció desestimar el caso como un intento de frenar el proceso de deportación a nivel nacional, en lugar de mantener lo que durante décadas había sido un uso más limitado del proceso de expulsión acelerada.
El juez Walker señaló que todas las personas que impugnaban la política se encontraban en el país de forma ilegal.
“Así que, tanto si se les aplica la expulsión acelerada como si no, el resultado adecuado es la expulsión, ¿no?”, dijo.
“No sé si el resultado adecuado es la expulsión”, dijo Balakrishnan. “Quiero decir, el resultado adecuado serían los trámites para acceder al amparo que el Congreso les ha otorgado”.
Madeleine Ngo colaboró con la reportería.
Zach Montague es un reportero del Times que cubre las cortes federales, incluyendo las disputas legales sobre la agenda del gobierno de Trump.
Madeleine Ngo colaboró con la reportería.
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