Quiénes son los rohinyás, la “minoría más perseguida del mundo” por la que Myanmar fue condenado por genocidio

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La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó este jueves que Myanmar cometió genocidio durante la campaña militar del país contra el grupo rohinyá.

El tribunal determinó este jueves que Myanmar, antes conocido como Birmania, tuvo la “intención de destruir” una parte sustancial de la población rohinyá durante su ofensiva militar en 2017, en la que unos 10.000 rohinyás fueron “asesinados violentamente durante operaciones de limpieza” étnica.

Si bien los magistrados determinaron que Myanmar cometió genocidio y no logró prevenirlo, también concluyeron que el país no incitó al genocidio contra el grupo rohinyá de manera “directa y pública”.

Philippe Sands KC, abogado especializado en derechos humanos que formó parte del equipo legal de Gambia, país que presentó el caso ante la CIJ, calificó el fallo de “histórico”.

“Está a la altura de los grandes momentos de la justicia internacional: Núremberg, el caso Pinochet y otros”, afirmó.

Aunque el fallo representa un momento importante para la comunidad rohinyá, es en gran medida simbólico, ya que la CIJ no tiene la facultad de hacer cumplir sus sentencias.

Myanmar ha negado sistemáticamente las acusaciones de genocidio y ha sostenido que su actuación fue legítima en una respuesta a los ataques por parte del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán.

Conforme a la Convención sobre el Genocidio de 1948, firmada tras el Holocausto nazi, el tribunal debía determinar no solo si se cometieron actos atroces, sino también que existió la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo protegido.

Aunque se han vuelto más frecuentes en los últimos años, los casos de genocidio ante la CIJ siguen siendo poco comunes.

Y en los años transcurridos desde que entró en vigor la Convención, decenas de personas fueron procesadas con éxito por el crimen de genocidio, en conflictos como los de Ruanda y la antigua Yugoslavia, pero ningún Estado había sido declarado culpable por un tribunal internacional por este crimen.

Cuando Gambia presentó la demanda en 2019, fue la primera vez que un país invocó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio ante la CIJ sin tener vínculos territoriales o nacionales directos con los presuntos crímenes y las víctimas.

Para presentar la denuncia, Gambia se basó en una disposición de la Convención sobre el Genocidio que permite a cualquier Estado parte de la Convención interponer una demanda contra otro Estado miembro.

Kulsuma Begum, de 40 años, una refugiada rohinyá, llora mientras relata su historia en el campo de refugiados de Kutupalong, en Cox's Bazar, Bangladés, el 27 de octubre de 2017.

Reuters
La ONU calificó a los rohinyás como un pueblo “sin Estado” y “virtualmente sin amigos”.

¿Quiénes son los rohinyás?

Los rohinyás son una minoría étnica musulmana que reside principalmente en el estado de Rakáin, en Myanmar.

Afirman que son indígenas descendientes de comerciantes árabes, pero el Estado birmano asegura que son migrantes musulmanes que se originaron en Bangladesh y emigraron a Myanmar durante la ocupación británica.

Desde 1948, cuando se independizó el país, han sido víctimas de tortura, negligencia y represión.

Han sufrido décadas de discriminación y violencia en Myanmar —un país de mayoría budista— y, según la legislación local, se les niega la ciudadanía, entre otras restricciones.

Esto los ha convertido en uno de los grupos de personas apátridas más numerosos del mundo.

La ONU los ha descrito como “la minoría más perseguida del mundo”, un pueblo “sin Estado” y “virtualmente sin amigos” entre las otras comunidades de la nación asiática.

Durante el juicio, el presidente del CIJ, Yūji Iwasawa, identificó a los rohinyás como un grupo étnico diferenciado; señaló que poseen una lengua y un arte propios, y que cuentan con una identidad propia.

Iwasawa añadió que existen pruebas de que han sido objeto de discriminación por parte de Myanmar “durante décadas” y que, por tanto, constituyen un grupo protegido.

El éxodo rohinyá

Refugiados rohinyás desplazándose por campos de arroz tras haber huido de Myanmar hacia Palang Khali, cerca de Cox's Bazar, Bangladesh, el 2 de noviembre de 2017.

Reuters
Más de 1 millón de rohinyás exiliados se desplazaron a Bangladesh.

Un éxodo masivo de rohinyás comenzó el 25 de agosto de 2017, después de que combatientes del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán lanzaran ataques mortales contra más de 30 puestos policiales en el estado de Rakáin.

Las tropas de Myanmar, apoyadas por grupos locales de budistas, respondieron con las denominadas “operaciones de limpieza”; los refugiados relataron que aldeas enteras fueron incendiadas y que se produjeron matanzas de civiles.

Al menos 6.700 rohinyás —incluidos al menos 730 niños menores de 5 años— murieron en el mes posterior al estallido de la violencia, de acuerdo a la organización médica humanitaria Médicos Sin Fronteras.

Las diversas oleadas de persecución a lo largo de las décadas —incluida una campaña militar a gran escala en 2017— han obligado a casi dos millones de rohinyás a huir del país.

Cada año, miles de ellos siguen marchándose, a menudo realizando peligrosas travesías marítimas en embarcaciones abarrotadas.

El año pasado fue el más mortífero de los últimos tiempos para los refugiados rohinyás: cerca de 900 personas murieron o desaparecieron en el mar.

Más de un millón de rohinyás desplazados viven en campos de refugiados en Cox’s Bazar, en Bangladesh.

Los rohinyás no constituyen un grupo diferenciado, según Myanmar

Los sucesivos gobiernos de Myanmar han insistido durante mucho tiempo en que los rohinyás no constituyen un grupo étnico diferenciado y que, por tanto, deben ser considerados migrantes bengalíes procedentes de Bangladesh.

La ley de ciudadanía de 1982 reconoció a 135 grupos étnicos como ciudadanos, pero no incluyó a los rohinyás como un grupo distinto, excluyéndolos así de la ciudadanía.

Como consecuencia, han sido objeto de diversas formas de discriminación, que afectan, entre otros aspectos, a su libertad de circulación —no pueden viajar sin permiso de las autoridades—, su derecho a contraer matrimonio y su capacidad para registrar el nacimiento de sus hijos.

Tampoco tienen derecho a poseer tierra ni propiedades

Antes de la promulgación de la ley de 1982, los rohinyás habían gozado de cierto reconocimiento.

La casi totalidad de los musulmanes de Rakáin se identifican a sí mismos como rohinyás en la actualidad; lograr un reconocimiento equiparable al de otros grupos de Myanmar —como ciudadanos con los mismos derechos— ha sido una de sus principales reivindicaciones.

Políticas contra la natalidad de los rohinyás

El juez Iwasawa señaló en el juicio de la CIJ diversas formas en las que las restricciones impuestas al grupo rohinyá afectaron a sus tasas de natalidad.

Iwasawa recordó que Myanmar impuso una normativa regional que exigía “requisitos especiales de autorización para contraer matrimonio a las personas descritas como bengalíes, y limitaba el número de hijos que las parejas casadas podían tener” —concretamente, a dos hijos—.

Aunque dichas políticas no lograron reducir la tasa de natalidad de los rohinyás, Myanmar reconoce que el propósito de la medida era, precisamente, disminuir la natalidad en este grupo, explicó Iwasawa.

Refugiados rohinyás cruzan el río Naf en una balsa improvisada en Teknaf, Bangladesh, el 12 de noviembre de 2017.

Reuters
El gobierno de Myanmar ejecutó políticas para intentar disminuir la tasa de natalidad en la comunidad rohinyá, aseguró la CIJ.

“Dadas estas circunstancias, el tribunal está convencido de que la normativa constituía una medida coercitiva dirigida contra el grupo rohinyá, la cual tenía como fin —cuando menos— reducir los nacimientos en el seno de dicho grupo, incluso durante el período en que se desarrollaron las operaciones de limpieza”, añadió el juez.

Esto, junto con otras medidas, resultó “revelador” de la intención del Estado de impedir que el grupo rohinyá se reproduzca.

Asimismo, mencionó el uso de la violencia sexual durante las “operaciones de limpieza” étnica, la cual, según señaló, tenía por objeto “menoscabar, tanto física como mentalmente, la voluntad y la capacidad de la población para procrear”.

Amnistía Internacional afirmó que el ejército de Myanmar violó y maltrató a mujeres y niñas rohinyás.

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