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El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores asistieron este miércoles 22 de julio a una nueva audiencia del proceso judicial que enfrentan en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
El juez decidió que el juicio contra el exmandatario comience el 1 de junio de 2027.
Maduro está acusado de “terrorismo relacionado con el narcotráfico” por la justicia estadounidense después de que el pasado enero Washington lanzara una operación militar sobre Venezuela que se saldó en la captura del matrimonio y alrededor de 100 fallecidos, según el gobierno de Caracas.
Otro de los cargos a los que se enfrenta Maduro es el de presunto uso de su cargo para facilitar el contrabando de miles de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
Tanto él como su esposa se declaran inocentes y acusan a Estados Unidos de haberlos secuestrado.
Pero no es esta la única causa legal internacional contra Maduro y su gobierno, señalados por presuntas violaciones de derechos humanos.
La nueva causa en Estados Unidos
El pasado mayo, el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos abrió una nueva investigación criminal, la segunda en el país, contra Maduro.
En este caso, en Miami, lugar donde está detenido desde mayo Álex Saab, presunto testaferro del exmandatario y parte de su ejecutivo como ministro de Industria hasta su reciente deposición por parte de la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
La segunda investigación, según medios en Estados Unidos, está centrada en posibles delitos financieros.
Se abrió en marzo después de que fiscales federales en Miami recibieran órdenes para iniciar nuevas pesquisas criminales contra Maduro “en medio de preocupaciones de que el proceso pendiente en su contra (en Nueva York) sea débil” según publicó CBS News, socio de BBC en EE.UU.
Como explica a BBC Mundo Myriam Fernández Nevado, consultora internacional sobre derechos humanos y derechos de la infancia, frente a otros procesos que pueden ser más largos, Estados Unidos “prefiere asegurarse de que va a ser juzgado y a cumplir condena en una cárcel de máxima seguridad en su territorio antes que en otro lugar”.
Este segundo proceso lo lidera el fiscal Michael Berger, especializado en casos criminales internacionales, junto a agentes del FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) y la sección de Investigación Criminal del IRS, el fisco estadounidense.
“Lo que está pasando en Estados Unidos, sea condenado o no, queda muy corto con relación a lo que se esperaba en términos de justicia y de rendición de cuentas con lo que ha pasado en esta última década en Venezuela”, dice a BBC Mundo Marta Valiñas, jurista internacional que espera que Maduro responda por presuntos delitos de violaciones a los derechos humanos.
Consultado en mayo por CBS, un abogado de Maduro declinó hacer comentarios sobre este proceso.
La causa argentina
En Argentina hay otro caso abierto desde 2023.
“Esta causa abierta en Argentina lo es bajo el principio de jurisdicción universal. Está basada en denuncias hechas por dos organizaciones, la Fundación de George y Amal Clooney (CFJ, en inglés) y el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD)”, explica Valiñas, quien además fue hasta enero de 2026 presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela de la ONU.
Las querellas se presentaron por separado, pero luego se unieron en una sola causa.
Bajo el principio de jurisdicción universal, explica Valiñas, ni acusado ni víctimas deben tener nacionalidad argentina ni los hechos deben haberse cometido en ese país.
“Los tribunales de Argentina han aceptado la jurisdicción del caso y es en contra de varias personas, incluido Nicolás Maduro”, sostiene.
Además, la justicia de ese país solicitó a Estados Unidos la extradición del exmandatario en marzo. En concreto, un juez argentino libró un “exhorto internacional a los Estados Unidos de América a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros” para ser indagado en el marco de una investigación por crímenes de lesa humanidad bajo el principio de “jurisdicción universal”.
Ya en 2024 habían solicitado su captura internacional.
No hay un plazo establecido para que Estados Unidos responda a la extradición. Valiñas explica que “no es probable, dado el contexto actual, que se dé, pero existe la probabilidad con cambios de contexto internacional”.
En cualquier caso, señala, esta causa “contempla crímenes de lesa humanidad, que no prescriben”.
En concreto, la justicia argentina sostiene que existió un “plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil” en Venezuela desde 2014.
Cuando la justicia argentina libró la orden de captura contra Maduro en 2024, el entonces fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, criticó esa decisión calificándola de “írrita” bajo el argumento de que “violenta la jurisdicción de los Estados y las inmunidades y privilegios que gozan los presidentes y altos funcionarios”.
En este caso también se investiga al actual ministro del Interior, Diosdado Cabello.
No es la primera vez que la justicia argentina aplica este principio de jurisdicción internacional. En 2021 abrió una investigación sobre las acusaciones de crímenes por parte de militares birmanos contra la minoría musulmana y, en 2022, inició una investigación penal contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
La Corte Penal Internacional
De todos los procesos abiertos, este es el que puede llevar años, explican los expertos consultados por BBC Mundo.
Como cuenta Myram Fernández Nevado, la Corte Penal Internacional (CPI) solamente juzga determinados delitos: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión.
Entre los de lesa humanidad se contemplan actos como asesinato, esclavitud, tortura, violación, persecución a un grupo determinado de personas o desapariciones forzadas contra una población civil. Son crímenes que no prescriben.
A la vez, la CPI trabaja a través del principio de complementariedad, lo que significa que no reemplaza a los tribunales nacionales, que se espera que actúen primero.
“La CPI solo interviene cuando el Estado donde ocurren esos crímenes no tiene la voluntad o carece de la capacidad real para investigar y juzgar a los responsables”, detalla Fernández.
Rafael Uzcátegui, defensor de derechos humanos y director de Laboratorio de Paz en Venezuela, explica que en el caso venezolano se intentó agotar este principio. “Se llamó Memorandum de Entendimiento, lo firmó Maduro y el gobierno se comprometió a reestructurar el sistema de justicia, pero fueron usando recursos para ganar tiempo y simular cooperación con la CPI”, cuenta.
La actitud del gobierno de Maduro ante el proceso en la CPI fue cambiando con el tiempo. En 2021, el entonces presidente dijo que Venezuela como Estado no compartía la decisión de la CPI de seguir adelante con la investigación, pero que la respetaba.
Luego, en 2022, Venezuela solicitó postergar el proceso alegando que ya la justicia venezolana estaba investigando.
Finalmente, en 2025, la Asamblea Nacional controlada por el chavismo votó a favor de derogar la adhesión de Venezuela al Estatuto de Roma, acusando a la CPI de ser un instrumento del “imperialismo estadounidense”. Cabe destacar que EE.UU. no es parte del Estatuto de Roma ni de la CPI.
Para iniciar un caso ante la CPI primero se debe haber ratificado el Estatuto de Roma. Venezuela lo hizo en el año 2000 y sigue dentro, a pesar de que el año pasado trató de derogar esta adhesión.
Este viernes, el nuevo canciller venezolano, Félix Plasencia, anunció en un mensaje en redes sociales que, por instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, denunciaba el Estatuto de Roma, lo que significa la salida del Tribunal Penal Internacional (TPI).
Según Plasencia, “Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos”,
La corte también puede iniciar una investigación a petición de uno o varios Estados miembros, por informes del Consejo de Seguridad de la ONU o por oficio del fiscal de la CPI “basándose en información que considera creíble”.
En el caso de Venezuela, la investigación se basa, en parte, en investigaciones hechas por la Misión de la ONU sobre hechos ocurridos desde 2014 hasta ahora.
“Los informes de la Misión hablan sobre violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad que incluyen tortura, detenciones arbitrarias, muertes en protestas. Hay documentos oficiales, expedientes judiciales, testimonios de víctimas, testigos, familiares, declaraciones de miembros del gobierno, informes de ONGs”, detalla Valiñas.
A título personal, Valiñas asegura que “hay información que justifica una investigación penal por estos hechos”.
Pero, como explica Uzcátegui, “es un proceso que no es rápido, ya que la fiscalía de la CPI sigue investigando para hacer un caso sólido sobre personas concretas. Y nunca se sabe a ciencia cierta qué expediente está mejor”.
Aclara que suelen presentar un caso “cuando tienen pruebas sólidas más que suficientes y que depende de la calidad de las mismas”.
Es decir, que puede que la CPI presente un caso contra Maduro o contra persona de su gobierno, pero no hay certeza al respecto.
“Cuando lees los informes de la Misión, insisten en que Maduro sabía, daba órdenes, no hizo nada para evitar las violaciones. Aparece como el más alto en la cadena de mando. Es bastante probable que acabe siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad”, opina Uzcátegui.
El problema es que, además de ser un proceso lento, en el estado actual de las cosas sería poco probable que la CPI pudiera juzgarlo, ya que, entre otras cosas, Estados Unidos, donde ahora está detenido el mandatario venezolano, no es firmante del Estatuto de Roma y no reconoce a la CPI.
Pero, como apunta Valiñas, no se trata solo de Maduro. “Hay varias personas cercanas a él parte del régimen, de las fuerzas armadas, del gobierno, que deben responder, deben ser investigadas”.
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