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Martes 1 de septiembre. Se acercan las 6 pm en la Prisión del Estado de Florida, en la pequeña localidad de Raiford.

El condenado Harold Gene Lucas, de 74 años, ha pedido carne, papas fritas, galletas, pastel, helado y leche: su último menú antes de morir.

La de su hermana es la única visita que recibe en la celda en la que pasa sus últimas horas.

Poco antes de la hora señalada, se le conduce a la sala en la que será ejecutado por un crimen que cometió hace 50 años. Ningún preso de Estados Unidos ha pasado más tiempo en el corredor de la muerte.

Al otro lado del cristal, unas 40 personas asisten a la ejecución. Entre ellos los familiares de Jill Piper, la joven de 16 años con la que había salido varias veces y a la que mató a tiros en 1976, cuando él tenía 24.

Eleanor Piper, hoy una anciana en silla de ruedas, también está ahí para ver morir al asesino de su hija.

Con Lucas se sigue el procedimiento habitual. Le preguntan si quiere decir unas últimas palabras y responde que no.

Inmediatamente recibe la inyección letal, tres sustancias que acaban con él en solo unos minutos.

A las 6:18 pm está oficialmente muerto: “La sentencia del estado de Florida se ha cumplido”, proclama una mujer vestida con bata de laboratorio.

Afuera de la cárcel, Lester Piper, uno de los hermanos de Jill, les dice a los reporteros que su familia siente “una gran sensación de alivio”.

Tal vez también lo haya sido para el condenado.

Después de medio siglo de apelaciones y prisión en el corredor de la muerte,declinó presentar más recursos para eludir o aplazar el final.

Con la de Lucas se acaba una vida marcada por la violencia, la que infligió a su víctima y la que recibió de su padre, que lo maltrató desde niño, según el relato de Floridanos por una Alternativa a la Pena de Muerte (FADP, por sus siglas en inglés), una asociación local contraria a la pena capital.

Pero no se acaba la historia de la pena de muerte en Florida, un castigo máximo que el gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis, ha recuperado después de años de notable reducción en el número de ejecuciones.

Con Lucas, Florida ha matado legalmente a 14 condenados en lo que va de año, más que todo el resto del país.

Se suman a los 19 de 2025, el año con más ejecuciones en el estado desde que se restableció la pena capital en 1976, según los datos del Centro de Información de la Pena de Muerte, una organización que estudia su aplicación en Estados Unidos.

Qué está pasando en Florida

Estados Unidos es el único país democrático occidental donde se mantiene la pena de muerte.

Y, como otros estados del sur, Florida ha sido uno de los tradicionalmente más apegados a esta forma de castigo.

Cuando en 1972 una histórica sentencia de la Corte Suprema concluyó que la pena de muerte se aplicaba arbitrariamente en perjuicio de la población negra y llevó a la suspensión de las ejecuciones en todo el país, Florida fue el primer estado que cambió sus leyes para poder reanudarlas.

Mientras que en las últimas décadas se ha ampliado la lista de los estados que dejaron de utilizarla como forma de impartir justicia, directamente aboliéndola o mediante moratorias en las ejecuciones, Florida ha pisado en los últimos dos años el acelerador.

“En esto Florida va contracorriente”, le dice a BBC Mundo Maria DeLiberato, abogada especializada en defender a condenados a muerte en Florida y responsable del programa sobre la pena capital de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Según la encuesta más reciente de Gallup sobre el tema (octubre de 2024), el 53% de los estadounidenses apoya la pena de muerte para personas condenadas por asesinato, el menor porcentaje en 50 años. En 1994, el apoyo alcanzó un máximo del 80%.

27 estados mantienen la pena de muerte en sus leyes, pero solo 10 han realizado ejecuciones en los últimos diez años. La lista en 2026 se reduce a 6.

Y ninguno muestra el celo ejecutor de Florida.

Según el Centro para la Información de la Pena de Muerte, el segundo estado que más ejecuciones ha consumado este año ha sido Texas, con cuatro, muy lejos de las 14 que lleva Florida.

“El gobernador tiene la total discreción de disponer si hay ejecuciones y cuándo”, explica DeLiberato.

La mayoría de los condenados suelen pasar años a la espera de que se resuelvan sus apelaciones y sin una fecha de ejecución.

De los alrededor de 250 presos en el corredor de la muerte en el estado, la vida de aquellos que han agotado las apelaciones y revisiones requeridas depende de que el gobernador decida firmar su orden de ejecución y fijar el día en que morirán, algo que DeSantis viene haciendo cada vez con más frecuencia.

El gobernador no ha hecho público cuáles son los criterios que aplica para decidir quién muere primero.

“Podría estar eligiendo lanzando dardos contra una pared”, dice DeLiberato.

DeSantis es desde hace años partidario de la pena de muerte, que ve como “un castigo apropiado para los peores infractores”, y de acortar los plazos y posibilidades de apelación para acelerar las ejecuciones.

“Algunas de las familias de las víctimas han estado esperando demasiado tiempo”, dijo pocos días antes de la ejecución de Harold Gene Lucas.

Sin embargo, DeSantis solo ordenó nueve ejecuciones en los primeros cinco años de su mandato y entre 2020 y 2022 no mandó ejecutar a nadie.

Justificó el parón de las ejecuciones por el impacto de la pandemia de covid, pero sus críticos sospechan que las ha retomado por conveniencia política.

El republicano agotará en pocos meses su mandato de gobernador y no ha descartado un nuevo intento de ser el candidato de su partido a suceder en la presidencia a Donald Trump, como él un convencido de la pena de muerte que ha impulsado medidas para que se use con más frecuencia.

“No hay duda de que se trata de una cuestión absolutamente política y DeSantis cree que favorece su popularidad en círculos conservadores”, opina DeLiberato sobre el aumento de las ejecuciones en Florida.

BBC Mundo no obtuvo respuesta cuando solicitó comentarios a la oficina del gobernador.

Más vías hacia la pena de muerte

DeSantis ha impulsado otras medidas en pro de la pena capital.

Frustrado porque Nikolas Cruz, el joven de 19 años que en 2018 mató a 17 personas con un fusil de asalto en un instituto de la ciudad de Parkland, fuera condenado a cadena perpetua y no a muerte porque el jurado no alcanzó la unanimidad requerida entonces por la ley para imponer la máxima pena, DeSantis promovió un cambio legal para que basten 8 votos entre los 12 miembros que componen un jurado.

Con su aprobación, Florida se convirtió en el estado en el que se requieren menos votos para que un jurado condene a alguien a morir.

Pero tal vez uno de los cambios más polémicos impulsados por DeSantis sea el que establece que todos los extranjeros en situación irregular deban ser condenados a muerte automáticamente si se les halla culpables de alguno de los delitos capitales.

Numerosos expertos han señalado que la expansión de las vías legales para la pena de muerte en Florida son inconstitucionales y chocan con décadas de doctrina de la Corte Suprema.

La abogada DeLiberato explica que la Corte estableció que “la pena capital no puede aplicarse en delitos en los que la víctima no pierda la vida ni tampoco sin que un jurado delibere específicamente sobre cada caso y los agravantes y atenuantes de cada acusado”.

Para ella, “la condena a muerte automática a personas indocumentadas está absolutamente fuera de la norma”, por lo que que la Corte Suprema acabará anulándola, aunque puede tardar años en hacerlo.

Florida, récord de condenas erróneas

Los críticos de la pena de muerte alertan de que, mientras el estado incrementa el ritmo de las ejecuciones y rebaja los requisitos para la pena capital, es también el que condena a más inocentes.

Según el Centro de Información de la Pena de Muerte, 30 personas que fueron condenadas a muerte en Florida fueron finalmente exoneradas, más que en ningún otro estado.

La mayoría de estas personas pasaron años en la cárcel hasta que sus condenas fueron revocadas y los activistas contra la pena de muerte temen que la rebaja en los votos necesarios para que los jurados impongan la pena capital lleve a que se emitan más condenas erróneas.

Demetrius Minor, de Conservadores Preocupados, una asociación conservadora contraria a la pena de muerte, le dice a BBC Mundo que “si sabemos que tantos inocentes han sido condenados, deberíamos estar centrados en resolver los fallos del sistema antes que en insistir en seguir matando gente”.

Como conservador que es, se declara de acuerdo con muchas de las políticas de DeSantis, pero con la pena de muerte lo tiene claro.

“El Estado comete errores, con nuestros impuestos, con multas, con documentos. Cuando se equivoca y acaba con la vida de una persona, ¿cómo se repara eso?”, se pregunta.

Pastores contra la pena de muerte

Los obispos de Florida han sido de los más activos en su oposición a la pena capital.

Su portavoz, Michael Sheedy, le dice a BBC Mundo que “es posible proteger a la sociedad y castigar a los criminales violentos sin recurrir a la muerte”.

“Es un error pensar que debemos responder a estas situaciones terribles matando a otra persona”, asegura Sheedy, que subraya que “no hay evidencia de que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio sobre los criminales” y “solo sirve para perpetuar el ciclo de violencia”.

Sheedy recuerda haber enviado más de 30 cartas al gobernador en nombre de los obispos pidiendo clemencia para presos que iban a ser ejecutados. Ninguna ha tenido respuesta.

Grace Hanna, de Floridanos por una Alternativa a la Pena de Muerte, le dijo a BBC Mundo que el sistema penal de Florida está contaminado por un “largo legado de racismo” que lleva a que “los afroestadounidenses tengan mucho mayor riesgo de acabar en el corredor de la muerte”.

Hanna decidió dedicar su vida a concienciar contra la pena capital y abogar por su abolición después de que un primo suyo muriera víctima de un asalto a la tienda de la gasolinera en la que trabajaba a mediados de los 2000.

“En mi familia tuvimos muchas conversaciones sobre lo que pasó y cómo debía castigarse y llegamos a la conclusión de que la pena de muerte no es el camino”, le expuso a BBC Mundo.

Sheedy recuerda que “en muchos casos en Florida se ha ejecutado a condenados incluso con la oposición de las familias de sus víctimas” y muchas “se acaban dando cuenta de que la muerte del condenado no alivia su dolor”.

Pero entre las víctimas no todos comparten las tesis abolicionistas.

Rafael Zaldivar, por ejemplo, lleva años peleando en los tribunales por que se ejecute a Bessman Okafor, el hombre condenado por asesinar en 2012 a su hijo Alex, de 19 años.

Decidido a perseverar hasta que Okafor pague con la vida, en junio de 2024 dijo: “La mía será la última cara que vea”.

La maquinaria no se detiene

Faltan solo unas horas para la próxima ejecución prevista en Florida.

El jueves 10 de septiembre a la hora habitual de las 6 pm fue el turno de Daniel Conahan, de 72 años, condenado por el asesinato de un joven de 21 años al que ofreció dinero a cambio de tomarle fotografías desnudo en el paraje apartado en que se encontró su cuerpo.

Conahan mantuvo su inocencia hasta el final, pero los investigadores lo vinculan con otros cadáveres que aparecieron en la zona y medios locales lo han presentado como “un asesino en serie”.

Su defensa solicitó pruebas adicionales de ADN y Grace Hanna y otros activistas se involucraron en una campaña para detener la ejecución.

Los obispos probablemente enviaran su petición de clemencia a DeSantis.

La última vez que un gobernador de Florida la tuvo con un condenado a muerte fue hace 43 años.

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Al menos 20 personas murieron, entre ellas cinco niños, y decenas permanecen desaparecidas tras el derrumbe de un edificio dañado por la guerra en la Franja de Gaza.

Videos difundidos en redes sociales muestran las labores de búsqueda entre los escombros del inmueble de seis plantas, ubicado en la zona de Tal al Hawa, en la Ciudad de Gaza.

Vecinos del edificio aseguraron que unas diez familias vivían en los apartamentos pese a las advertencias sobre el riesgo que representaba la estructura, debido a la falta de refugio causada por la destrucción provocada por el conflicto.

Miembros del servicio de rescate de la Defensa Civil, controlada por Hamás, señalaron que inicialmente trabajaron con recursos limitados debido a las estrictas restricciones israelíes sobre el ingreso de equipos a Gaza.

Sin embargo, posteriormente lograron acceder a maquinaria pesada prestada por agencias de la ONU y por trabajadores humanitarios egipcios.

Aún se escuchan voces

“Seguimos escuchando voces entre los escombros, así que aún hay esperanza de encontrar gente”, dijo Raed al-Dahshan, director de Defensa Civil en la Ciudad de Gaza.

Añadió que “la escasa disponibilidad de refugios obligó a los residentes a trasladarse a este edificio, creyendo que era seguro. Sin embargo, en un momento dado se derrumbó por completo, cayendo trágicamente sobre las personas mientras dormían”.

El jefe de la oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Gaza, Alessandro Mrakic, declaró a los periodistas presentes en el lugar que se creía que entre 70 y 100 personas estaban atrapadas bajo los escombros.

“Como pueden ver, la situación es trágica porque no contamos con el equipo ni la maquinaria necesarios. De hecho, hay gente cavando con sus manos”, dijo.

Mrakic también advirtió que aproximadamente otros 400 edificios dañados por la guerra en toda Gaza corrían un riesgo inminente de derrumbe, especialmente con la llegada del invierno.

“Necesitamos apoyo, sobre todo con maquinaria, equipos, entre otras cosas. Nuestros compañeros aquí no tienen gasolina [para motores] ni repuestos para seguir trabajando”.

El coordinador de ayuda humanitaria de la ONU, Ramiz Alakbarov, también pidió a las autoridades israelíes que aprobaran la entrega de maquinaria pesada para las operaciones de rescate, así como tiendas de campaña, lonas y otros artículos no alimentarios para las personas desplazadas antes de las lluvias invernales.

Israel afirma que sus restricciones tienen como objetivo impedir que los equipos caigan en manos de grupos armados palestinos.

Refugios improvisados

Según la ONU, se estima que el 80% de todas las estructuras en Gaza han sido destruidas o dañadas durante la guerra entre Israel y Hamás.

Más de 1,9 millones de personas —alrededor del 90% de la población del territorio— han sido desplazadas, muchas de ellas en repetidas ocasiones, y 1,2 millones viven actualmente en tiendas de campaña o refugios improvisados.

La ONU ha advertido que la situación humanitaria en Gaza sigue siendo crítica a pesar del alto el fuego acordado el pasado octubre, ya que los ataques aéreos israelíes y otro tipo de ofensiva continúan afectando zonas pobladas, causando víctimas y daños materiales y provocando nuevos desplazamientos.

El martes, los ataques aéreos israelíes mataron al menos a cinco palestinos, entre ellos dos niños y un comandante de Hamás, según informaron funcionarios de salud.

El ejército de Israel anunció la muerte de un comandante de Hamás en el sur de Gaza y de otro combatiente en el norte. En ambos casos, también falleció un niño.

Por otra parte, la organización benéfica británica Medical Aid for Palestinians informó que un paciente murió a causa de un ataque con un dron israelí en un centro de salud que apoya en Jabalia, al norte de Gaza. Un portavoz del ejército declaró a la BBC que no tenían conocimiento de tal incidente.

La guerra de Gaza comenzó con el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron alrededor de 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes.

Desde entonces, más de 73.790 personas han muerto en Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio dirigido por Hamás, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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El pasado 5 de septiembre, hacia las siete de la mañana, decenas de hombres vestidos de negro subieron a la parte trasera de varios camiones en el tranquilo pueblo de Preston-next-Wingham, en el condado de Kent, situado a unos 120 kilómetros al sureste de Londres.

Los sujetos habían llegado al amparo de la oscuridad la noche anterior, dejando sus autos por todas partes: en el estacionamiento del ayuntamiento y en el campo de recreo.

En una operación con cierto grado de precisión militar, la pequeña flota de camiones partió hacia la ciudad de Dover (en las costas del Canal de la Mancha y frente a Francia) justo después del amanecer, donde los hombres escenificaron una intimidante demostración de fuerza cerca del puerto.

Formados en filas compactas y disciplinadas, llevaban pasamontañas de estilo paramilitar mientras bloqueaban las carreteras alrededor de la terminal marítima.

Llegaron al menos tres oleadas, incluidos los hombres que habían pasado la noche en Preston-next-Wingham. Mirando amenazadoramente a los automovilistas y a los policías, se mantuvieron firmes.

Los activistas antiinmigración más acérrimos estaban utilizando por primera vez sus tácticas recién desarrolladas.

No se parecía en nada a los enfrentamientos callejeros vividos en las ciudades de la región Midlands (centro de Inglaterra) en la época del surgimiento de la Liga de Defensa Inglesa (EDL, por sus siglas en ingles) de Tommy Robinson, una organización de carácter antimusulmán.

“Pensé seriamente que habíamos sido invadidos por los rusos”, dijo a la BBC Robin Burkhardt, residente de Dover.

El principal organizador, Danny Thomas, conocido por sus seguidores como Danny Tommo, dijo posteriormente en Instagram: “Esta es nuestra advertencia”.

Este estilo de protesta representa una novedad en el concurrido mundo de la ultraderecha británica. Fue visualmente impactante, y los hombres, que formaban parte de un nuevo grupo llamado Patriot Platform (Plataforma Patriota), coreaban “Cristo es Rey” y “Detengan los barcos”.

El domingo, utilizando una transmisión en directo a través de las redes sociales, Thomas logró organizar una segunda protesta, más improvisada, de unos cientos de personas en su ciudad natal de Portsmouth, en el suroeste de Inglaterra y también frente al canal de la Mancha.

Sus seguidores intentaron bloquear los autobuses que habían llegado para recoger a los migrantes, que habían desembarcado horas antes ilegalmente tras realizar el largo viaje desde Normandía, en Francia.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, se reunió recientemente con altos mandos de la policía y les instó a hacer pleno uso de sus competencias para impedir que los activistas lleven el rostro cubierto.

“Estas escenas han causado trastornos a la gente y, dado que las personas van vestidas de negro y llevan pasamontañas, se transmite a nuestros vecinos un sentimiento de miedo y una clara intención maliciosa”, afirmó.

“Esto la diferencia de otras protestas, así que debemos asegurarnos de aprender de esta experiencia”, añadió.

Algunas de las tácticas disruptivas y llamativas de Patriot Platform parecen haber sido tomadas de grupos ecologistas como Just Stop Oil (Paremos el petróleo). Pero sus líderes también obtienen ideas y financiación del creciente “nacionalismo cristiano” que se observa en Estados Unidos.

Sus organizadores afirman que están creando un “bloque de votantes” de la clase trabajadora para persuadir a los partidos políticos de derecha a que adopten su programa.

Tácticas más “inteligentes”

El sitio web de Patriot Platform se registró el 18 de mayo pasado, dos días después de una gran marcha antiinmigración llamada “Unite the Kingdom” (Uniendo al reino, en español) en Londres.

Thomas, su fundador más conocido, publicó por primera vez información sobre el grupo en YouTube el 8 de junio.

“Tenemos que ser un poco más inteligentes”, dijo, refiriéndose a las detenciones y los delitos, incluidos los ataques a agentes de policía y los disturbios violentos ocurridos durante las recientes marchas organizadas por Robinson.

“Hombres y mujeres de bien están ahora lejos de la lucha, encerrados en celdas”, se lamentó.

Thomas dijo a sus seguidores que tenía algunas ideas que serían “más eficaces que cometer actos de violencia y daños a la propiedad”.

“Es necesario un ‘modo de trabajo diferente’”, apuntó.

“Buscamos a los fuertes, a los capaces, a los que estén dispuestos a hacer las cosas de una manera un poco diferente”, agregó.

Lo que distingue a Patriot Platform es la magnitud y la coordinación de sus acciones, afirmó William Allchorn, de la Universidad Anglia Ruskin, experto en movimientos de extrema derecha.

“Nunca antes había habido un activismo masivo coordinado en el que cientos de personas se presentaron e intentaron, por así decirlo, tomar las riendas de la situación”, explicó.

Thomas pasó el verano publicando más videos sobre el grupo y organizando reuniones en el noroeste de Inglaterra, Essex, Leicester y Kent. Afirmó que estaba intentando organizar un movimiento de “resistencia masiva”.

Lo ocurrido en Dover puso de manifiesto algunas de sus nuevas formas de actuar.

Los manifestantes eran casi exclusivamente hombres. Llegaron en oleadas bien organizadas, en la parte trasera de camiones. No interactuaron con los medios de comunicación y apenas hablaron con los ciudadanos cuyos viajes y fines de semana estaban interrumpiendo.

Después de unas horas, antes de que la policía pudiera organizarse, los hombres marcharon hacia la estación de Dover Priory y se marcharon. Las estimaciones sobre cuántos eran varían, pero parece que había entre 200 y 500.

El grupo antirracista Hope Not Hate (Esperanza no odio) afirmó que Patriot Platform debería ser vista por lo que es: “Una red de hombres de extrema derecha que se complacen en intimidar y causar molestias a toda una ciudad por lo que, en realidad, fue una maniobra publicitaria”.

Nick Lowles, director ejecutivo del grupo, dijo que Thomas había sido “honesto sobre su intención de crear un ‘ejército patriótico capaz de tomar el control de Reino Unido’”.

En una protesta frente a las oficinas del diario Daily Mail en Londres a principios de septiembre, se pudo ver a Thomas dando instrucciones claras a sus seguidores sobre sus tácticas preferidas.

“No intimiden a nadie”, ordenó.

“Que nadie hable. Mantengan la distancia. A cinco metros de la policía”, agregó.

Patriot Platform se suma a un nutrido grupo de activistas que hacen campaña contra la inmigración. La figura más destacada es la de Robinson. Excolaborador cercano de Danny Thomas, Robinson (cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon) ha brindado su apoyo público a Patriot Platform.

Pero también están Britain First (Primero el Reino Unido), de Paul Golding, Turning Point UK (Punto de inflexión-Reino Unido) y la organización neonazi Patriotic Alternative (Alternativa Patriótica).

Thomas fue amigo íntimo de Ryan Bridge, fundador de un grupo llamado Raise the Colours (Izar la bandera), que ha colgado banderas inglesas en ciudades de toda Inglaterra durante el último año.

Sin embargo, ambos se han peleado públicamente, y Thomas le dijo a Bridge en un arrebato en línea: “¿Necesito apuñalarte en el ojo?”.

Thomas fue encarcelado durante dos años en 2016 después de que él y otros dos intentaran secuestrar a un hombre a punta de cuchillo en Portsmouth en una disputa por dinero relacionado con las drogas.

Lo que parece ser diferente en el enfoque de Patriot Platform ahora es que Thomas habla explícitamente de crear un “bloque de votantes” para respaldar en las próximas elecciones generales a un partido, aún por decidir, que ofrezca políticas más cercanas a sus posturas.

“En este momento no apoyo a ningún partido político”, dijo, y agregó que una vez que se estableciera el bloque, quedaría “sumamente claro” hacia dónde se inclinaría el voto del grupo.

No está claro si Reform UK obtendría su apoyo.

En un enfrentamiento público con el portavoz de asuntos internos de Reform UK, Zia Yusuf, en Portsmouth, Thomas se quejó de que el líder fundador de la formación, Nigel Farage, había calificado su protesta en Dover de “repugnante”.

“La clase trabajadora no vota. Vamos a poner de moda llevar a todos los miembros de la familia a las urnas, pero si tu líder sigue difamando a la gente, eso los empujará a pasarse a otros partidos”, advirtió. Thomas.

El nuevo partido Restore Britain (Restaurando a Reino Unido), fundado por Rupert Lowe tras su suspensión de Reform UK, espera su oportunidad. En X, el partido declaró que “apoya a los patriotas que protestan pacíficamente contra la invasión”.

No está claro cuánto apoyo tiene Thomas. Partidos como Reform y Restore son muy conscientes del potencial poder que activistas como Thomas y Robinson pueden ejercer gracias a su gran número de seguidores en las redes sociales.

En X, Robinson tiene dos millones de seguidores frente a los 2,3 millones de Farage, mientras que Thomas cuenta con casi 163.000.

El papel de la derecha cristiana

En la protesta frente al diario, Thomas se ofreció a pagar en efectivo a aquellos simpatizantes que por estar allí hubieran faltado a sus sitios de trabajo.

Este tipo de generosidad podría explicar por qué su activismo —y el de su mentor en algún momento, Robinson— tiene ahora un fuerte mensaje cristiano. La derecha cristiana en EE.UU. puede ser una buena fuente de financiación.

El cristianismo es ahora una parte importante de la imagen pública de Danny Thomas. Sus llamados a la acción están salpicados de un ocasional “Amén”, pronunciado a la manera estadounidense.

El dirigente fue fotografiado en la iglesia de St Lawrence, en el sur de Londres, en febrero y marzo.

La diócesis local declaró a BBC que, si bien acogía con beneplácito a “personas de diversas perspectivas políticas e ideológicas”, seguía “comprometida con la inclusión de todas las personas” y el centro del culto “siempre sería la persona de Cristo, que es para todos”.

“Me he arrepentido de mis pecados y, bajo la guía de Jesucristo, soy un hombre nuevo”, ha dicho Thomas públicamente sobre su nueva fe.

Thomas está intentando recaudar fondos para Patriot Platform a través de una popular plataforma estadounidense de financiación colectiva cristiana. Justo debajo de los botones “Donar” y “Compartir”, hay un botón de “Orar”.

En su página, Thomas afirma que intenta recaudar US$6.700 al mes para costear gastos como transporte, barcos y un estudio. Solo este mes ha recaudado alrededor de 12.100.

Este intento de incorporar el cristianismo a la marca es también, potencialmente, una forma de presentar a Reino Unido como un país cristiano y a los inmigrantes musulmanes como forasteros.

En cuanto al futuro de Patriot Platform tras su auge inicial de seguidores, el experto en extrema derecha Allchorn cree que el panorama es incierto.

“Muchos de estos grupos no tienen un objetivo final claro”, afirmó.

“Esto suele surgir más adelante, cuando se ven obligados a elaborar propuestas y objetivos más concretos”, indicó.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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El nombre de Alex Saab ha estado vinculado durante más de una década al chavismo en Venezuela.

Este empresario colombiano comenzó como contratista de la Gran Misión Vivienda durante el gobierno de Hugo Chávez. Luego recibiría contratos del programa de Alimentación CLAP durante la presidencia de Nicolás Maduro, en cuyo gobierno sería una pieza clave al punto de nombrarlo embajador y ministro de Industria.

Pero la buena fortuna de Saab en Venezuela empezó a agotarse en enero de este año, luego de la captura de Maduro durante una operación militar de Estados Unidos.

En febrero pasado, Saab desapareció de la vida pública y, tres meses más tarde, reapareció al ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar una investigación criminal en su contra.

Este martes, Saab se declaró culpable de lavado de dinero ante una corte federal en Florida, tras lograr un acuerdo con la Fiscalía mediante el cual se comprometió a dar información relevante sobre otras personas que están siendo investigadas en el mismo caso, así como a entregar a las autoridades estadounidenses US$189 millones procedentes de los fondos ilícitos obtenidos en Venezuela.

Saab estaba acusado en EE.UU. de haber lavado hasta US$350 millones a través del sistema de control cambiario en Venezuela. Se trata de un delito castigado con hasta 20 años de cárcel, que ahora puede ver reducidos si colabora de forma efectiva con la Fiscalía.

El proceso en su contra incluye a otras personas que ocupan u ocuparon altos cargos en Venezuela, según se desprende del documento de relación de hechos que forma parte del proceso firmado por el propio Saab.

Entre ellos se encuentran cuatro sujetos no identificados, uno de los cuales es identificado en el expediente como “Funcionario Gubernamental 1A”, de quien se dice que Saab obtuvo aprobación para llevar a cabo el esquema de corrupción que terminó desviando cientos de millones de dólares de fondos públicos venezolanos.

Pero, ¿quién es Alex Saab y cómo se hizo tan importante en Venezuela?

“El hombre del dinero”

En una comparecencia ante el Senado estadounidense, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se refirió a Alex Saab como el “hombre del dinero” o el “testaferro” de Nicolás Maduro.

Hijo de un empresario libanés radicado en Barranquilla (Colombia), Saab nació el 21 de diciembre de 1971 en esta ciudad de la costa caribeña.

Desde joven inició su actividad comercial vendiendo llaveros promocionales antes de incursionar con éxito en el sector textil, donde logró consolidar su primer negocio. Con el tiempo, expandió sus operaciones y se convirtió en un empresario con presencia en diversas industrias.

Según medios venezolanos y colombianos, Saab contrajo matrimonio en 2014 con la modelo italiana Camilla Fabri, con quien tiene dos hijas.

De acuerdo con el libro “Alex Saab: la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro”, del periodista colombiano Gerardo Reyes, el empresario conoció a Fabri en un restaurante en Francia.

Poco tiempo después iniciaron una relación sentimental.

El libro cuenta que el matrimonio de Saab con su ahora exesposa, Cinthya Certain, había comenzado a desmoronarse en 2012, mientras el empresario se hacía cada vez más rico.

Una pieza importante del gobierno de Maduro

Saab se convirtió en una pieza importante en Venezuela durante el gobierno de Maduro, al vincularse inicialmente a la construcción de viviendas.

Luego estuvo al frente de la distribución de las bolsas de alimentos “CLAP”, un mecanismo creado por las autoridades para centralizar la importación de alimentos que luego eran distribuidos a la población bajo el esquema de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción.

Su participación en ambos negocios ha sido cuestionada por supuestos actos de corrupción.

La deportación de Saab fue una muestra de los cambios que han ocurrido en Venezuela desde la detención por parte de EE.UU. de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

A partir de entonces, las riendas del Ejecutivo quedaron en manos de la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, quien se ha movido constantemente entre dos aguas: mientras declara su lealtad al depuesto gobernante y al proyecto socialista de Hugo Chávez, sella acuerdos con el gobierno de Donald Trump y accede a sus demandas.

De empresario extranjero a ministro

El portal de investigación periodística venezolano Armando.Info reveló que Saab recibió US$159 millones del gobierno venezolano para importar materiales de vivienda entre 2012 y 2013, pero supuestamente solo entregó productos por el equivalente de US$3 millones.

Por su parte, las autoridades de EE.UU. aseguran que las viviendas a cargo de Saab no se construyeron y, si lo hicieron, fue con sobrecostos.

En el caso de los alimentos, investigaciones periodísticas publicadas en 2018 revelaron que Saab y otro empresario colombiano, Álvaro Enrique Pulido Vargas, se habían beneficiado de contratos millonarios con el gobierno de Maduro en el CLAP.

Un año más tarde, el Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a Saab y a Pulido de haber lavado hasta US$350 millones por medio del sistema de control cambiario en Venezuela.

Pero el peso de Saab en el gobierno de Maduro siguió aumentando.

En junio de 2020, el empresario colombiano fue detenido en Cabo Verde, un archipiélago africano en el que el avión privado en el que viajaba hizo una escala para repostar cuando se dirigía a Caracas desde Teherán.

En ese momento, Saab estaba acusado de lavado de dinero y otros delitos en EE.UU., mientras que en varios países, incluido Colombia, era señalado como uno de los principales testaferros de distintos entramados de corrupción dentro del gobierno venezolano.

Para entonces, la importancia que había adquirido Saab se hizo evidente en los esfuerzos que realizó el gobierno de Maduro para lograr su liberación. Caracas denunció la detención como un “secuestro” y organizó una campaña de solidaridad internacional. Además, intentó darle protección diplomática nombrándolo embajador.

Esos esfuerzos no lograron evitar que fuera extraditado a EE.UU., donde pasó dos años preso hasta ser liberado en diciembre de 2023 gracias a un canje de detenidos acordado con el gobierno de Joe Biden, que incluyó la liberación de una veintena de personas, entre las que había 10 estadounidenses presos en Venezuela.

Tanto el gobierno de Maduro como el propio Saab siempre rechazaron todos los señalamientos en su contra.

A su regreso a Caracas, Saab fue nombrado nuevo ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela, cargo del que luego fue destituido por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Su declaración de culpabilidad puede traerle una condena más leve y, al mismo tiempo, marcar una ruptura definitiva con aquellos altos funcionarios aún no identificados que supuestamente participaron con él en el desvió de millones de dólares que debían estar destinados a alimentar a los venezolanos más desfavorecidos.

*Esta nota fue publicada originalmente en mayo de 2026 tras la deportación de Alex Saab a EE.UU. y fue actualizada tras su declaración de culpabilidad.

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El empresario colombiano y presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, se declaró culpable de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas este martes ante una corte federal de Miami.

Saab, quien llegó a ser ministro del gobierno de Maduro, cambió su declaración anterior de “no culpable” a “culpable”, tras lograr un acuerdo con la Fiscalía en el cual también se comprometió a colaborar aportando información relevante a las autoridades, así como a entregar US$195 millones que habría obtenido a través de operaciones ilícitas relacionadas con una trama de corrupción.

Las autoridades no revelaron los detalles del acuerdo suscrito entre Saab y la Fiscalía. Sin embargo, de acuerdo con información divulgada por la Fiscalía cuando fue imputado inicialmente, podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión.

Saab, de 54 años, fue deportado a Estados Unidos en mayo pasado, cuatro meses después de que Maduro fuera detenido en Caracas en una inusitada operación militar de EE.UU. que dejó a la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como presidenta interina del país.

Dos días más tarde, el 18 de mayo, Saab compareció ante un tribunal federal de Miami, donde fue notificado de las acusaciones en su contra por presunta conspiración para lavar dinero y ocultar el origen y control de fondos vinculados a Venezuela, según informó la agencia EFE.

El caso también incluye referencias a supuesto fraude electrónico, sobornos y desvío de fondos públicos.

Aliado clave de Maduro

Saab se convirtió en una pieza importante en Venezuela durante el gobierno de Maduro, al vincularse inicialmente a proyectos de construcción de viviendas.

Posteriormente, estuvo al frente del programa CLAP, un mecanismo creado por las autoridades para centralizar la importación de alimentos que luego eran distribuidos a la población bajo el esquema de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción.

Su participación en ambos negocios ha sido cuestionada por supuestos actos de corrupción.

El portal de investigación periodística venezolano Armando.Info reveló que Saab recibió US$159 millones del gobierno venezolano para importar materiales de vivienda entre 2012 y 2013, pero supuestamente solo entregó productos por el equivalente de US$3 millones.

Por su parte, las autoridades de EE.UU. aseguran que las viviendas a cargo de Saab no se construyeron y, si lo hicieron, fue con sobrecostos.

En el caso de los alimentos, investigaciones periodísticas publicadas en 2018 revelaron que Saab y otro empresario colombiano, Álvaro Enrique Pulido Vargas, se beneficiaron de contratos millonarios con el gobierno de Maduro en el CLAP.

Las acusaciones presentadas contra Saab en Miami se relacionan con su participación en este programa de alimentos.

En 2019, el Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a Saab y a Pulido de haber lavado hasta US$350 millones por medio del sistema de control cambiario en Venezuela.

Saab fue detenido en 2020 cuando el avión en el que viajaba hizo una escala para repostar en Cabo Verde.

El gobierno venezolano aseguró entonces que se encontraba en una misión humanitaria de alto nivel con destino a Irán.

En ese momento, Saab estaba acusado de lavado de dinero y otros delitos por EE.UU., mientras que en varios países, incluido Colombia, era señalado como uno de los principales testaferros de distintos entramados de corrupción dentro del gobierno venezolano.

El gobierno de Maduro hizo enormes esfuerzos para lograr su liberación: denunció la detención como un “secuestro”, organizó una campaña de solidaridad internacional. Además, intentó darle protección diplomática nombrándolo embajador.

Esos esfuerzos no lograron evitar que fuera extraditado a EE.UU., donde pasó dos años preso hasta ser liberado en diciembre de 2023 gracias a un canje de detenidos acordado con el gobierno de Joe Biden, que incluyó la liberación de una veintena de personas, entre los que había 10 estadounidenses presos en Venezuela.

Tanto el gobierno de Maduro como el propio Saab siempre rechazaron todos los señalamientos en su contra.

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• Quién es el empresario colombiano Alex Saab, aliado y supuesto testaferro de Nicolás Maduro al que Venezuela extraditó a EE.UU.

Estados Unidos confirmó que desplegó un arma espacial en órbita terrestre.

Es la primera vez que reconoce tales capacidades ofensivas.

El secretario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Troy Meink, afirmó que el arma “en órbita” era necesaria para proteger a las fuerzas estadounidenses contra acciones hostiles del enemigo.

En su intervención el lunes en la Conferencia sobre Aire, Espacio y Ciberseguridad, Meink dijo que Estados Unidos está preparado para las “amenazas en constante evolución”, pero no dio detalles sobre las capacidades del arma ni sobre cuándo se puso en órbita.

Altos mandos de las fuerzas armadas han declarado anteriormente que planean reforzar las capacidades militares en el espacio, citando programas rusos y chinos que desarrollan formas de atacar e interferir en los satélites estadounidenses en un hipotético conflicto.

China respondió el martes y advirtió contra una “carrera armamentística” en el espacio.

“Instamos a Estados Unidos a que deje de expandir sus capacidades militares y de prepararse para la guerra en el espacio ultraterrestre”, declaró un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, según la agencia AFP.

Qué se sabe del arma espacial

Las autoridades estadounidenses no han revelado detalles sobre el funcionamiento del arma.

Un portavoz de la Fuerza Espacial de Estados Unidos declaró: “El control espacial engloba las áreas de misión necesarias para disputar y controlar el dominio espacial, empleando medios cinéticos y no cinéticos para afectar las capacidades del adversario mediante la interrupción, la degradación e incluso la destrucción, si fuera necesario”.

Y añadió: “Estas capacidades pueden emplearse con fines ofensivos y defensivos bajo la dirección de los mandos en combate”.

Un experto en usos militares del espacio exterior señaló que se sabe “muy poco” públicamente sobre la tecnología, y le dijo a la BBC que podría existir “toda una gama de sistemas de armas diferentes”.

Entrevistado en el programa Today de BBC Radio 4, Bleddyn Bowen, del Royal United Services Institute (RUSI), un centro de análisis estratégico en Londres, dijo que estaba “puramente especulando”, pero que Estados Unidos podría haberse referido a “algún tipo de plataforma de guerra electrónica o de interferencia de radio”.

“Si le quitas los enlaces de radio, un satélite puede ser bastante inútil”, indicó el experto.

Según Bowen, ese sería el tipo de arma que ya existe en la Tierra y que podría interrumpir las comunicaciones por radio.

Una alternativa sería “un vehículo de destrucción cinética de algún tipo; es decir, un vehículo que lanzara un proyectil que impactara contra un satélite y lo destruyera”.

Pero esto es menos probable, ya que una herramienta tan físicamente destructiva sería capaz de generar muchos escombros, añadió Bowen.

“Otra posibilidad sería, tal vez, algún tipo de satélite de inspección cercana y captura”, dijo Bowen.

Según el experto, los chinos han demostrado una “capacidad de remolque espacial”, y “un vehículo puede acercarse a un satélite, engancharlo y trasladarlo a una órbita diferente”, algo que podrían haber replicado ahora los estadounidenses.

La rivalidad espacial

La administración Trump ha afirmado que las capacidades espaciales, y los misiles interceptores, son una parte crucial de su sistema de defensa Cúpula Dorada planeado para proteger a Estados Unidos de misiles y otras amenazas aéreas.

El año pasado, el presidente estadounidense emitió una orden ejecutiva que subrayaba el papel de la Fuerza Espacial de Estados Unidos no solo en la defensa de activos, sino también como fuerza de ataque.

La Fuerza Espacial de Estados Unidos, la primera rama creada en el ejército estadounidense en más de 70 años, se estableció en 2019 como una forma de proteger los activos estadounidenses en el espacio, incluidos cientos de satélites utilizados para comunicaciones y vigilancia.

Un tratado de 1967 prohibió las armas de destrucción masiva en órbita. Desde entonces, potencias clave como Estados Unidos, Rusia y China han explorado el desarrollo de otras capacidades al margen del tratado, como la de atacar los satélites de sus rivales, que son fundamentales para las comunicaciones militares, la vigilancia y la navegación.

A principios de febrero, se reveló que dos satélites rusos eran probablemente los que habían interceptado las comunicaciones de al menos una docena de satélites europeos desde la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Dichas interceptaciones podrían haber permitido a los servicios de inteligencia rusos leer los datos confidenciales que transmiten o, hipotéticamente, incluso tomar el control de los satélites.

En 2024, Estados Unidos afirmó que Rusia había lanzado un satélite que, según creía, podría ser capaz de atacar otras sondas similares. Rusia no se pronunció públicamente sobre el asunto.

La Fuerza Espacial de Estados Unidos afirma que China “desarrolla y opera capacidades espaciales y antiespaciales como parte de una estrategia de modernización militar”, mientras que Rusia “considera el espacio como un dominio de guerra y cree que la supremacía espacial será un factor decisivo en futuros conflictos”.

Si bien el arma puesta en órbita parece ser la primera de su tipo, tanto Estados Unidos como sus rivales rusos y chinos disponen desde hace tiempo de armas capaces de apuntar y disparar hacia el espacio.

De hecho, en la última década, Rusia y China han realizado numerosas maniobras espaciales conocidas como operaciones de encuentro y proximidad (RPO, por sus siglas en inglés), acercándose peligrosamente a satélites occidentales.

“Teóricamente, estos satélites de RPO pueden convertirse en satélites cazadores-destructores, ya sea colisionando físicamente con otros satélites o empujándolos fuera de su órbita”, le dice a la BBC Rod Thornton, profesor de Estudios de Defensa y Seguridad de Rusia en el King’s College de Londres.

Thornton afirma que las carencias de Rusia en materia de armamento espacial y satélites se ven compensadas por su capacidad de misiles.

“Los rusos disponen de misiles terrestres que pueden lanzarse al espacio para atacar satélites en órbita terrestre baja. También cuentan con misiles ASAT que pueden ser lanzados desde gran altura por aeronaves”, señala.

“Desde la perspectiva rusa, consideran que la OTAN posee satélites superiores y en mayor número que los que el ejército ruso tiene a su disposición; por ello, han invertido considerablemente en sistemas ASAT con el fin de ‘equilibrar el campo de batalla’ en cierta medida”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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