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“Hacemos todas estas ceremonias para ayudar a nuestra familia a buscar alivio y aceptar que él ha muerto. Pero yo no encontraré consuelo”.
Son las palabras de Kinfe Aregawi, un padre que llora la muerte de su hijo, Kibrom.
“Esto supondrá una vida entera de pesar y dolor para mí”, se lamenta.
Kibrom Kinfe Aregawi fue uno de los cinco etíopes ejecutados en junio de este año por introducir cannabis de contrabando en Arabia Saudita, uno de los países que más personas ejecuta en el mundo, solo por detrás de China e Irán.
Un entierro religioso formal es un elemento esencial de la fe de muchos cristianos ortodoxos etíopes: el cuerpo se envuelve en un sudario ceremonial y se deposita en un ataúd de madera.
Esto no pudo ocurrir durante las ceremonias dedicadas al joven de 25 años, ya que sus restos no fueron repatriados.
Familias sin respuestas
Arabia Saudita ejecutó a 116 personas en el periodo hasta el 27 de julio, según Human Rights Watch (HRW).
“La negativa a devolver un cuerpo no es una mera cuestión administrativa. Extiende el castigo a la familia de la persona ejecutada”, afirma Duaa Dhainy, investigadora principal de la Organización Saudí-Europea para los Derechos Humanos (ESOHR) y consultora de casos de Reprieve MENA (Oriente Medio y Norte de África), una organización benéfica que defiende a personas víctimas de graves abusos contra los derechos humanos.
La relatora especial de la ONU sobre la libertad de religión o de creencias, Nazila Ghanea, ha calificado la presunta práctica saudí de retener los cuerpos como “tortura y abuso”.
Los familiares señalan que no recibieron aviso previo sobre la ejecución de los cinco etíopes, llevada a cabo el 23 de junio en el centro de detención de Khamis Mushait, en la provincia de Asir, en el sur de Arabia Saudita.
Tampoco se entregaron a sus familias las pertenencias personales ni el certificado de defunción de sus seres queridos.
Kibrom Kinfe Aregawi viajó por primera vez a Arabia Saudita en 2020 —sin visado válido— junto a su padre, también llamado Kinfe.
Fueron detenidos, encarcelados durante 15 meses y posteriormente deportados.
Sin embargo, debido a la guerra civil en Etiopía, Kibrom decidió regresar a Arabia Saudita.
Cruzó el mar Rojo una embarcación abarrotada y atravesó Yemen a pie.
Kibrom fue detenido nuevamente por las autoridades saudíes mientras cruzaba la frontera en 2023 y acusado de tráfico de drogas.
Kinfe afirma que, después de tres meses en prisión, su hijo fue condenado a muerte.
Y, tras pasar tres años en la cárcel, fue ejecutado repentinamente en junio.
“Ni siquiera tuvo la oportunidad de hablar con nosotros. Me enteré de su muerte a través de las redes sociales”, declara su padre a la BBC.
Kinfe cree que su hijo era inocente y que fue condenado injustamente.
“No hay pruebas que demuestren que mi hijo haya participado en el contrabando de hachís”, asegura.
Y agrega: “Nadie me ha entregado su certificado de defunción, sus pertenencias ni su cuerpo. Simplemente lloro y sufro en silencio. ¿Qué más puedo hacer?”
Un funeral sin cuerpo
Ese mismo día y en la misma prisión, Tsigabu Gebremariam también fue ejecutado tras ser condenado por el mismo delito.
El joven, de 26 años, era el mayor de ocho hermanos y provenía de una zona rural de la región de Tigray Central, en Etiopía.
Abandonó su hogar al cumplir 18 años para escapar de la pobreza y la guerra civil, según cuenta su padre, Hagos Gebremeskel.
“No hay muchas oportunidades laborales para los jóvenes en nuestra zona. Se fue a Arabia Saudita para ayudarme”, dice Hagos.
Tsigabu fue condenado por contrabando de drogas y pasó tres años y medio en prisión.
La última vez que habló con su familia fue en febrero.
“Dijo que volvería pronto a casa y se casaría”, comenta Hagos a la BBC.
Su madre, Letechristos Gebretsadik, buscaba una novia adecuada para él, pero terminó organizando un funeral.
“Todas mis hijas son mujeres; él era el único varón. Tenían la esperanza de que su hermano regresara pronto a casa. Estaban preparando canciones de boda para él. Ahora, su dolor es aún mayor que el mío”, afirma.
Tras enterarse de la ejecución de Tsigabu a través de familiares que viven en Arabia Saudita, su familia —cristiana ortodoxa— decidió celebrar un funeral simbólico y un servicio de oración en la iglesia local.
“Quiero saber por qué su cuerpo no ha regresado a casa”, dice Letechristos, quien cumplió con el tradicional periodo de luto de 40 días.
“Esto hace aún más pesado nuestro dolor y nos rompe el corazón”, lamenta.
Los padres de Tsigabu quieren que las autoridades sauditas presenten pruebas del delito cometido por su hijo y se preguntan si otras personas se aprovecharon de él.
La pena de muerte en Arabia Saudita
Un informe de Amnistía Internacional publicado el año pasado señala que el 75% de las personas ejecutadas por delitos relacionados con las drogas eran ciudadanos extranjeros.
Dhainy sugiere que las redes criminales explotan a personas vulnerables.
“En algunos casos de ciudadanos etíopes, los detenidos relataron que habían sido persuadidos para transportar objetos a cambio de ayuda para cruzar la frontera; por otro lado, en casos relacionados con ciudadanos paquistaníes, documentamos situaciones en las que se obligó a personas a ingerir sustancias prohibidas, a veces bajo coacción o a cambio de promesas de empleo”, asegura Dhainy.
Según estimaciones de la ESOHR, el número total de ejecuciones en Arabia Saudita ha superado las 2.000 desde que el rey Salmán bin Abdulaziz Al Saud ascendió al trono en 2015. El 42% de los ejecutados fueron extranjeros.
La organización calcula que Arabia Saudita llevó a cabo 356 ejecuciones en 2025, la mayor cifra anual jamás registrada.
La legislación saudita permite a las autoridades repatriar el cuerpo por cuenta de la embajada, pero Dhainy afirma que esto nunca sucede.
“No tenemos constancia de ningún caso en el que el cuerpo de un migrante ejecutado haya sido devuelto a su familia. Lo mismo parece ocurrir en los casos de ciudadanos saudíes que hemos documentado”, señala.
En el pasado, algunas familias han emprendido campañas para reclamar la repatriación de los cuerpos de reclusos ejecutados —entre ellos, ciudadanos turcos y jordanos— pero sin éxito, añade Dhainy.
“El certificado de defunción entregado a la familia jordana era extremadamente breve. No contenía información sobre dónde fue enterrado el cuerpo ni sobre las circunstancias de la muerte”, comenta.
La postura oficial
La BBC solicitó una respuesta al gobierno saudita a través de los ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores, así como de la embajada en Londres, pero no recibió contestación.
Las autoridades de Arabia Saudita se refieren a los delitos relacionados con las drogas en términos contundentes.
Al anunciar en junio la ejecución de un ciudadano saudita también condenado por delitos relacionados con el cannabis, un comunicado del Ministerio del Interior citó versículos del Corán que hablan de castigos severos para quienes siembran la “corrupción en la Tierra”.
El comunicado afirma que el gobierno está comprometido a “proteger la seguridad de los ciudadanos y residentes frente a la lacra de las drogas, y a imponer las penas más severas previstas por la ley a los contrabandistas y traficantes, dada la pérdida de vidas inocentes y la grave corrupción que provocan las drogas”.
También se solicitó un comentario a la embajada de Etiopía en Arabia Saudita.
Arabia Saudita no revela cuántos reclusos se encuentran actualmente en el corredor de la muerte, pero los activistas de derechos humanos estiman que podrían ser cientos de personas.
“Las ejecuciones en Arabia Saudita que se llevan a cabo en secreto o sin previo aviso vulneran el derecho del recluso y de sus familiares a disponer de tiempo suficiente para prepararse para la muerte”, afirma Joey Shea, investigadora de la división de Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch (HRW).
Rezando por un milagro
El secretismo también hace que la vida de los condenados a muerte sea una agonía.
Un recluso, cuya ubicación e identidad no pueden revelarse por motivos de seguridad, relató a la BBC las condiciones de su encarcelamiento.
Fue detenido en 2023 y confesó el delito de contrabando de drogas.
Explica que fue declarado culpable y condenado, pero espera obtener un indulto.
Este año ha visto cómo ejecutaban a 15 de sus compañeros de prisión y ahora vive con el temor constante de ser ejecutado.
“Cada vez que los guardias abren las puertas, nos preguntamos a quién le tocará el turno”.
Reza por un milagro —un aplazamiento de la ejecución— pero, si ocurre lo peor, quiere que sus restos sean repatriados.
“Me preocupa que mis padres ni siquiera puedan ver mi cuerpo”, declara.
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