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Desde el estallido de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán hace dos meses, los países del Golfo han arrestado, procesado y deportado a personas acusadas de publicar contenido considerado perjudicial para la seguridad nacional. Las autoridades han emitido nuevos decretos, restringido vías de apelación judicial y aplicado leyes existentes, incluso para despojar a individuos de su ciudadanía.
Después de que Bahréin retirara la ciudadanía a 69 personas, su Ministerio del Interior anunció: “La nacionalidad bahreiní ha sido revocada a esas personas por glorificar o simpatizar con los actos hostiles iraníes, o por entablar contactos con partes externas”.
Las fuerzas de seguridad han intensificado la vigilancia de usuarios y activistas en redes sociales.
Organizaciones internacionales y locales de derechos humanos afirman que las medidas representan un golpe a la libertad de opinión y de expresión.
En Bahréin y Kuwait, los detenidos provienen de diversos ámbitos.
Entre ellos hay periodistas, influencers, activistas de derechos humanos y personas comunes.
Los países señalan que los cargos incluyen incitación al enfrentamiento sectario, difusión de noticias falsas, uso indebido de teléfonos celulares y otros actos considerados como socavar la seguridad nacional.
Varios países del Golfo advirtieron desde el inicio del conflicto contra la filmación y publicación de videos o información vinculada a ataques iraníes en su territorio.
Familiares de los detenidos en Bahréin y Kuwait dicen temer medidas arbitrarias, incluida la negación de juicios justos o la revocación de la ciudadanía de los condenados.
Esto ocurre tras la introducción de una nueva ley de nacionalidad en Kuwait y un reciente decreto real en Bahréin.
Según un activista kuwaití que habló con la BBC bajo condición de anonimato, las autoridades han introducido medidas de tiempo de guerra para vigilar la actividad en internet.
El activista afirmó que esto incluye puntos de control de seguridad en algunas carreteras, donde los agentes revisan teléfonos y consultan mensajes, fotos y notas de voz.
Kuwait absuelve al periodista Shihab‑Eldin
Tras semanas de detención preventiva por una presunta utilización indebida de redes sociales, el Tribunal de Seguridad de Kuwait dictó sentencias el 23 de abril contra 135 personas.
Diecisiete acusados fueron condenados a tres años de prisión en casos relacionados con redes sociales.
Un acusado que vive en el extranjero fue sentenciado en ausencia a un total de 10 años de cárcel.
El tribunal declinó de castigar a otros 109 acusados, pero les ordenó eliminar determinadas publicaciones, mientras que otros nueve fueron absueltos.
Todos enfrentaban cargos que incluían incitación al enfrentamiento sectario y difusión de noticias falsas.
Entre los absueltos se encontraba el periodista kuwaití‑estadounidense Ahmed Shihab‑Eldin, quien había sido arrestado a principios de marzo mientras visitaba a su familia en Kuwait.
Shihab‑Eldin es un reportero galardonado que ha colaborado con varios medios internacionales; fue acusado de difundir información falsa, dañar la seguridad nacional y hacer un uso indebido de un teléfono celular, según reportes.
En un comunicado, Cauilfion Gallagher, asesora jurídica internacional de sus hermanas Lara y Luma, que viven fuera de Kuwait, dijo: “Nos alivia que, tras 52 días de detención, Ahmed haya sido declarado inocente de todos los cargos”.
Temores de revocación de la ciudadanía
En marzo, Kuwait emitió un decreto que impone penas de prisión de entre 3 y 10 años, además de multas de entre 5.000 y 10.000 dinares kuwaitíes (US$16.250‑US$32.500), por publicar material que pueda socavar al ejército o “erosionar deliberadamente la confianza en él”.
El gobierno también anunció la creación de tribunales especiales para seguridad nacional y contraterrorismo.
Mahmoud Shalabi, de Amnistía Internacional, señaló que las medidas han provocado una amplia autocensura, lo que hace cada vez más difícil el periodismo independiente.
La BBC habló con un ciudadano kuwaití cuyo familiar fue detenido al inicio de la guerra, quien explicó que los arrestos se efectúan por lo que se publica en redes sociales, incluso por dar “me gusta” o interactuar con publicaciones —por ejemplo, manifestar expresiones de pesar por la muerte del líder supremo de Irán Alí Jamenei—.
El ciudadano kuwaití, que pidió no revelar su identidad, añadió que la mayoría de los detenidos pertenecen a la comunidad chiita, lo que, en su opinión, ha llevado a muchos a dudar antes de expresar sus opiniones en redes sociales.
Según la misma fuente, algunos detenidos fueron trasladados a la prisión central de Kuwait, incluidas mujeres embarazadas.
Además, afirmó que los detenidos no kuwaitíes fueron llevados a centros de deportación antes de ser expulsados una vez que se reanuden las operaciones aeroportuarias tras su cancelación debido a la guerra con Irán.
El ciudadano kuwaití señaló que abogados expresaron temores de que la ciudadanía de algunos detenidos pudiera ser revocada si se emiten sentencias condenatorias en su contra.
En virtud del artículo 13 de la nueva ley de nacionalidad de Kuwait, la ciudadanía puede retirarse tras la condena por delitos contra la seguridad del Estado y blasfemia contra Dios o el emir, así como por actos considerados perjudiciales para los sistemas políticos, sociales o económicos del país.
El artículo 14 permite revocar la ciudadanía si se determina que una persona ha trabajado en interés de un Estado extranjero en guerra con Kuwait, o con el que se hayan cortado relaciones políticas.
La BBC se puso en contacto reiteradamente con las autoridades kuwaitíes para que respondieran a las acusaciones sobre las condiciones y los motivos de las detenciones, pero no recibió respuesta.
Bahréin revoca la ciudadanía a 69 personas
Los arrestos en Kuwait coincidieron con detenciones similares en Bahréin.
Amnistía Internacional señala que muchos detenidos en ambos países están siendo procesados por ejercer su derecho a la libertad de expresión, incluso por cargos como difusión de “noticias falsas” o uso indebido de redes sociales.
Shalabi, investigador regional de la organización para Medio Oriente y el Norte de África, dijo a la BBC que existían “serias preocupaciones” sobre el debido proceso.
“En Bahréin, a algunos detenidos se les negó el acceso a un abogado”, aseguró, y añadió que los recientes cambios legales en Kuwait habían “eliminado de facto un nivel de apelación en el sistema judicial”.
El Ministerio del Interior de Bahréin anunció el 27 de abril que revocaba la ciudadanía de 69 personas por lo que describió como “glorificar o simpatizar con actos hostiles iraníes, o entablar contactos con partes externas”.
Los funcionarios señalaron que todos eran de origen no bahreiní.
El ministerio indicó que las revocaciones se ejecutaron de acuerdo con directrices reales emitidas por el rey Hamad bin Isa Al Jalifa y se basaron en el artículo 10 de la Ley de Nacionalidad de Bahréin.
Esta disposición permite retirar la ciudadanía en casos que impliquen “perjuicio a los intereses del Reino” o acciones consideradas contrarias al deber de lealtad al Estado.
En una publicación en X, Sayed Ahmed al Wadaei, director de incidencia del Instituto de Bahréin para los Derechos y la Democracia, describió la medida como “el comienzo de una peligrosa era de represión, con consecuencias que resonarán durante generaciones”.
Bahréin afirma que los arrestos se dieron tras actos criminales
Human Rights Watch sostuvo que Bahréin ha experimentado una escalada documentada de la represión desde que comenzó el conflicto, incluidas detenciones vinculadas a protestas pacíficas, expresiones contra la guerra o la difusión de imágenes en internet.
Un activista bahreiní dijo a la BBC que unas 300 personas han sido detenidas desde el inicio de la guerra, entre ellas mujeres, menores y extranjeros. Señaló que algunos han sido deportados, mientras que otros siguen ante los tribunales.
La BBC le pidió a Bahréin que confirmara esta cifra, pero no respondió.
Según el activista, los casos involucran el uso de redes sociales y cargos relacionados con la seguridad nacional, como comunicarse con entidades extranjeras, enviar información o coordenadas y difundir noticias consideradas falsas.
Las autoridades bahreiníes le dijeron a la BBC que los arrestos se basaron únicamente en actos criminales.
En un comunicado, un portavoz gubernamental afirmó que, como parte de los esfuerzos por mantener la seguridad y la estabilidad y hacer frente a lo que describió como una “agresión iraní flagrante”, varias personas habían sido detenidas por actos tipificados como delito en la ley bahreiní.
Estos incluían comunicarse con un Estado extranjero —Irán—, contactar a organizaciones que el portavoz describió como grupos terroristas, como el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, así como difundir información falsa o engañosa en internet, lo que “constituye apoyo a la agresión iraní y a sus células terroristas”.
Estos acontecimientos se producen en un contexto regional más amplio, en el que varios países del Golfo han anunciado el arresto de miembros presuntas células acusadas de planear ataques y socavar la seguridad interna.
Algunos han sido vinculados por las autoridades con la Guardia Revolucionaria iraní, o con Hezbolá en Líbano.
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