Francia ha vivido una de las semanas más agitadas de este 2026 debido a una oleada de protestas estudiantiles que han dejado numerosos centros educativos dañados, cientos de alumnos detenidos y decenas de policía heridos.
Hasta el momento, más de 1.000 institutos se han visto afectados por las manifestaciones, con bloqueos en 222 de ellos, según el Ministerio del Interior.
Las manifestaciones en contra del hacinamiento en las aulas y la escasez de profesores comenzaron en París la semana pasada, pero se han extendido a ciudades como Dijon, Lyon, Estrasburgo, Lille y Marsella, donde los adolescentes han bloqueado el acceso a sus escuelas durante días.
También se registraron incendios en dos institutos de Nantes, en el oeste de Francia, y en un centro educativo en la ciudad de Ruan, en el norte del país.
Los dos incendios de Nantes se propagaron después de que los manifestantes prendieran fuego a contenedores de basura. El incendio del instituto Nelson Mandela, situado en el centro de la ciudad, se extendió hasta la fachada del edificio y dañó el vestíbulo de entrada.
En la ciudad sureña de Marsella, el personal del instituto Victor Hugo fue rociado con gasolina mientra los manifestantes llenaban diversos recipientes con combustible.
Por otro lado, en el norte del país, el director del instituto Degrugillier, en la localidad de Auchel, sufrió una lesión en el oído causada por un fuego artificial que se desvió de su trayectoria.
El ministro de Educación, Édouard Geffray, afirmó que, si bien algunas de las demandas de los estudiantes son legítimas, lo que le preocupaba era la violencia.
Habló de un joven que perdió el uso de parte de la mano tras disparar un petardo. Añadió que entre los decenas de heridos desde el inicio de las protestas se encuentran tanto alumnos como personal docente.
“Violencia urbana”
El jueves, estudiantes universitarios se sumaron a las manifestaciones con reivindicaciones similares.
Según se ha informado, al menos 30 universidades también han sido bloqueadas, incluidos los campus de Rennes y París.
Solo ese día fueron detenidas 1.949 personas y 305 agentes de policía resultaron heridos, según informó el Ministerio del Interior. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, convocó una reunión de crisis para abordar la situación.
Posteriormente, el gobierno declaró que las manifestaciones estudiantiles habían derivado en “violencia urbana”.
El jueves, los servicios de transporte público de Marsella y Estrasburgo quedaron paralizados debido a actos de vandalismo, amenazas de violencia y para impedir que los manifestantes se desplazaran.
Raphael, de 17 años, participó en las protestas frente a un instituto de Estrasburgo, donde se colocaron barreras para bloquear las vías del tranvía cercanas.
En una entrevista con la agencia de noticias AFP, expresó su frustración por las instalaciones de su instituto, señalando que algunas aulas tenían goteras y que no había suficientes baños.
“El edificio se está cayendo a pedazos, la cafetería es demasiado pequeña. No hay presupuesto, no hay recursos y no hay suficientes supervisores”, afirmó Raphael.
“Mucho ruido”
Los estudiantes llevaron a cabo una protesta bloqueando un centro de enseñanza secundaria en Lille.
Ryad Rani, presidente de la USL, el sindicato de estudiantes de secundaria, acusó al gobierno francés de “represión” y a la policía de usar fuerza excesiva.
Al ser preguntado sobre la respuesta policial frente las protestas, que ha sido objeto de críticas por parte de algunos políticos, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, afirmó que se había llevado a cabo “de una manera extremadamente proporcionada”.
Sin embargo, Laëtitia Degeuse, directora de un centro juvenil en Rennes, en el noroeste de Francia, afirmó sentirse “aturdida y conmocionada por un despliegue tan masivo contra los jóvenes”.
“Simplemente intentan vivir y estudiar en condiciones dignas”, añadió.
Degeuse le dijo a Eurovision News Exchange que “con toda esta violencia, ya ni siquiera podemos escuchar sus reivindicaciones, a pesar de que son totalmente legítimas”.
La directora manifestó que en Francia no solo está sufriendo la educación, sino todos los servicios públicos. “A todos nos interesa mostrar solidaridad con un movimiento como este”, concluyó.
La asociación de estudiantes USL ha convocado una gran protesta nacional para el 6 de octubre.
Un manifestante en París declaró a la BBC que los alumnos quieren que las aulas francesas sean más seguras.
El estudiante, que se identificó como Diego, afirmó que “no es normal” que haya 40 alumnos en una clase durante dos horas. “Estamos enfadados”, añadió.
Este joven de 16 años sostuvo que hace falta “mucho ruido” para lograr un cambio y afirma que todas las escuelas francesas tendrán que manifestarse.
El alcalde del suburbio parisino de Seine-Saint-Denis ha elogiado a los manifestantes.
Cruce de acusaciones
El ministro Geffray acusó al partido de izquierda radical La France Insoumise (LFI – Francia Insumisa) de incitar a la violencia.
El alcalde del LFI, Bally Bagayoko, del suburbio parisino de Seine-Saint-Denis, quien ha elogiado a los manifestantes, ha sido criticado por sugerir que en algunos casos “la violencia puede ser legítima” cuando un adolescente se enfrenta a la policía antidisturbios que dispara las llamadas “balas de aturdimiento”.
“Cada vez que intentamos expresarnos, nos lanzan gases lacrimógenos; no intentan entendernos”, declararon a la radio France Inter los alumnos del instituto Paul-Éluard de Saint-Denis. “Cuando intentamos hablar de nuestros derechos, nos lanzan gases lacrimógenos y nos golpean”.
Durante días, los estudiantes han bloqueado el instituto de Saint-Denis y parte de la puerta de entrada ha sido derribada.
El lunes, Bagayoko fue fotografiado bailando con estudiantes que protestaban frente a la escuela y cantando La Marsellesa con ellos, lo que llevó a Valérie Pécresse, la jefa conservadora de la región de Île-de-France, a la que pertenece París, a exigirle que pagara parte de los daños.
“Sistema colapsado”
Según informes procedentes de varias ciudades, los manifestantes lanzaron proyectiles contra la policía, que respondió con gases lacrimógenos y, en ocasiones, con porras.
Un estudiante sufrió una grave lesión ocular cerca de una escuela en Tours el miércoles, en medio de informaciones no confirmadas de que había sido alcanzado por una granada aturdidora disparada por la policía.
El miércoles se produjeron más detenciones en Nancy, en el este del país, y en la región de Gironda, en el suroeste. Un profesor quedó en estado de shock el martes en la ciudad norteña de Lille, donde, según los informes, fue agredido tras intentar llamar a los bomberos para avisar de un contenedor de basura en llamas.
Una estudiante de 16 años dijo que estaban intentando transmitir un mensaje.
“No estamos aquí para destrozarlo todo sin motivo”, declaró a la agencia de noticias AFP. “Estamos aquí precisamente para decir que el sistema educativo está completamente colapsado. Somos 34 alumnos por clase, y simplemente no es viable. Los profesores están sobrecargados de trabajo”.
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Sin sorpresa, pero con consecuencias que aún están por verse dentro del panorama político español, el Congreso de los Diputados de España votó en contra de los decretos de vivienda aprobados esta semana por el gobierno de coalición de Pedro Sánchez.
Los textos no consiguieron los votos necesarios para su aprobación y promulgación.
Contaron con el respaldo del PSOE y Sumar, la coalición de partidos en el poder. Se esperaba el voto en contra del Partido Popular y de Vox, la derecha y la ultraderecha. A ellos se sumó, entre otros, Junts per Catalunya, partido independentista catalán de tendencia centroderechista.
En concreto, uno de los decretos tuvo 172 votos a favor y 178 en contra, mientras que el segundo tuvo 166 votos a favor y 184 en contra.
Desde la noche del jueves se esperaba este resultado, cuando Junts anunció su postura y pidió al gobierno la redacción de un nuevo texto basado en una propuesta presentada por este grupo parlamentario.
La redacción de estos decretos se hizo esta semana en medio de un fuerte movimiento de protestas que derivó en la instalación de una acampada en la céntrica Puerta del Sol de Madrid el pasado 26 de septiembre.
La chispa que detonó la protesta y ha expuesto la crisis de vivienda que vive el país europeo fue el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años.
Tras ser sacada de su casa, tuvo que ser ingresada en el hospital por problemas de salud, si bien luego se le permitió regresar a ella.
El primer decreto, que fue presentado por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, promueve la “ampliación de la oferta de vivienda asequible”.
Entre las medidas contempladas en la medida legislativa se incluyen limitar la subida del precio de los alquileres, la prohibición de desahucios hasta 2030, regular el alquiler de temporada, la prohibición de la compra especulativa por los llamados “fondos buitre” (sin definir qué son en el texto), así como incentivos para que los propietarios bajen el alquiler.
El segundo, presentado por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, contiene un solo artículo: la renovación automática de los contratos de alquiler.
A la vez que se desarrollaba el debate en el Congreso de los Diputados, miles de manifestantes se trasladaron hasta allí para exigir la aprobación de los decretos, convocados por el Sindicato de Inquilinas.
Mientras tanto, son diversas las voces en España que apuntan a que este episodio podría desencadenar que el presidente Sánchez convoque elecciones generales adelantadas, previstas, según el calendario ordinario, para julio o agosto del próximo año.
Más información en breve.
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Sin sorpresa, pero con consecuencias que aún están por verse dentro del panorama político español, el Congreso de los Diputados de España votó en contra de los decretos de vivienda aprobados esta semana por el gobierno de coalición de Pedro Sánchez.
Los textos no consiguieron los votos necesarios para su aprobación y promulgación.
Contaron con el respaldo del PSOE y Sumar, la coalición de partidos en el poder. Se esperaba el voto en contra del Partido Popular y de Vox, la derecha y la ultraderecha. A ellos se sumó, entre otros, Junts per Catalunya, partido independentista catalán de tendencia centroderechista.
En concreto, uno de los decretos tuvo 172 votos a favor y 178 en contra, mientras que el segundo tuvo 166 votos a favor y 184 en contra.
Desde la noche del jueves se esperaba este resultado, cuando Junts anunció su postura y pidió al gobierno la redacción de un nuevo texto basado en una propuesta presentada por este grupo parlamentario.
La redacción de estos decretos se hizo esta semana en medio de un fuerte movimiento de protestas que derivó en la instalación de una acampada en la céntrica Puerta del Sol de Madrid el pasado 26 de septiembre.
La chispa que detonó la protesta y ha expuesto la crisis de vivienda que vive el país europeo fue el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años.
Tras ser sacada de su casa, tuvo que ser ingresada en el hospital por problemas de salud, si bien luego se le permitió regresar a ella.
El primer decreto, que fue presentado por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, promueve la “ampliación de la oferta de vivienda asequible”.
Entre las medidas contempladas en la medida legislativa se incluyen limitar la subida del precio de los alquileres, la prohibición de desahucios hasta 2030, regular el alquiler de temporada, la prohibición de la compra especulativa por los llamados “fondos buitre” (sin definir qué son en el texto), así como incentivos para que los propietarios bajen el alquiler.
El segundo, presentado por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, contiene un solo artículo: la renovación automática de los contratos de alquiler.
A la vez que se desarrollaba el debate en el Congreso de los Diputados, miles de manifestantes se trasladaron hasta allí para exigir la aprobación de los decretos, convocados por el Sindicato de Inquilinas.
Mientras tanto, son diversas las voces en España que apuntan a que este episodio podría desencadenar que el presidente Sánchez convoque elecciones generales adelantadas, previstas, según el calendario ordinario, para julio o agosto del próximo año.
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Cuando el nicaragüense Kenis López abordó aquel vuelo de deportación en Dallas, Texas, el 28 de agosto, ya no tenía fuerzas.
Los últimos siete meses los había pasado bajo custodia federal, desde que en enero varios agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) lo detuvieran a las puertas de su casa en Mineápolis, en el estado norteño de Minnesota.
Cuenta que en el avión iba atado de pies y manos, y con un casco en la cabeza.
Minutos antes se había resistido a descender del autobús en el que llegó a la pista del aeropuerto y había suplicado que no lo subieran a aquel vuelo. Según relata, nadie le había dicho bien cuál era su destino y solo escuchó que iba a África.
“No me voy a bajar. Prefiero morirme aquí que en un continente tan lejano”, recuerda que le dijo al personal que lo custodiaba en el bus. También que le contestaron: “Si eso quieres, eso te va a pasar”.
Asegura que, al negarse a obedecer, un agente de ICE ordenó que le disparasen con balas de goma. Las alegaciones coinciden con la de otros dos nicaragüenses y un cubano que iban en el bus, quienes cuentan que los disparos fueron “a quemarropa”, desde un metro de distancia, y le mostraron a BBC Mundo imágenes de los hematomas que estos les habrían dejado.
En las fotografías, tomadas dos días después, se ven dos círculos morados de unos cinco centímetros de diámetro con el centro rojizo en el brazo izquierdo de uno de ellos, así como un moretón en el pecho de otro.
BBC Mundo le enseñó las imágenes a Rohini J. Haar, asesora médica de Physicians for Human Rights, que dijo que las marcas son “compatibles con impactos de proyectiles de bajo impacto letal”. Con ella coincide Neil Corney, investigador de la Omega Research Foundation, especializado en analizar el impacto de armas no letales.
Ante las preguntas de BBC Mundo sobre el trato que, según los migrantes, recibieron de los agentes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), del que depende ICE, contestó que “no se está golpeando ni abusando de ningún detenido”.
López denuncia que tras sacarlo a rastras del autobús, los subieron al avión “como cualquier animal” y que fue allí donde supo que estaban siendo deportados a República Centroafricana, uno de los países más pobres del continente.
En el vuelo de migrantes deportados a República Centroafricana el 28 de agosto viajaban tres nicaragüenses: Isaac Cruz, Luis Mendoza y Kenis López.Los expertos consultados por BBC Mundo coinciden que los hematomas en las fotografías son “compatibles con impactos de proyectiles de bajo impacto letal”.
La República Centroafricana en datos
La República Centroafricana (RCA) sufre inestabilidad prácticamente desde que se independizó de Francia en 1960.
Es rica en diamantes, oro, petróleo y uranio, pero tiene una de las poblaciones más pobres del mundo.
Se sumió en el caos en 2013 cuando rebeldes musulmanes del grupo Seleka tomaron el poder. Una banda de milicias mayoritariamente cristianas, llamada anti-Balaka, se levantó para enfrentarse a Seleka.
Seleka entregó el poder a un gobierno de transición en 2014 bajo presión internacional, pero el país sigue en crisis.
Porcentaje de población que vive con US$3 o menos al día: 71,6%
Promedio de años de escolarización: 3,9
Fuentes: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UN DESA), Banco Mundial y BBC Monitoring.
Acuerdos con “terceros países”
López, nicaragüense de 45 años, habló con BBC Mundo desde Bangui, la capital de una nación sobre la que hasta ahora no tenía ninguna referencia y a la que fue deportado en virtud de los acuerdos de EE.UU. para que otros países reciban migrantes expulsados.
“Todos estos inmigrantes ilegales fueron deportados a un tercer país seguro. Estamos aplicando la ley tal como está escrita”, le contestó el DHS a BBC Mundo por correo electrónico.
Según datos de organizaciones sin ánimo de lucro que monitorean los vuelos de deportación, López es uno de al menos 100 migrantes que fueron expulsados a finales de agosto por el gobierno de Donald Trump a ocho países africanos en el marco de esos cuestionados acuerdos de deportaciones hacia “terceros países”.
Ya había tratado de migrar a EE.UU. en 2005 pero, al cruzar la frontera de forma ilegal, fue detenido y deportado de forma expedita.
Volvió a intentarlo en 2022, y desde entonces vivía en el estado de Minnesota. Sin embargo, en enero fue detenido por agentes del ICE cuando subía a su camioneta frente a su casa en Mineápolis para ir a trabajar en construcción, afirma.
Fue uno de los cientos de arrestados en esa ciudad, donde el gobierno de Trump desplegó a principios de año más de 2.000 agentes federales como parte de su ofensiva contra la migración ilegal.
La operación desencadenó protestas en las calles, y en ese contexto de tensión murieron a manos de agentes del ICE los estadounidenses Renee Nicole Good y Alex Pretti.
Cuando lo abordaron los funcionarios, López asegura que les mostró los papeles que siempre cargaba con él.
“Les entregué mi permiso de trabajo y la documentación que probaba que una jueza de Minnesota me había concedido la retención de remoción”, cuenta. BBC Mundo pudo ver la resolución del Tribunal de Inmigración Fort Snelling de Minnesota fechada el 13 de agosto de 2024.
Kenis López llevaba cuatro años viviendo en Estados Unidos cuando fue deportado a República Centroafricana.
López se refiere a lo que también se traduce como “cancelación de deportación”, que impide al gobierno devolver a un extranjero a un país donde su vida o libertad estarían en peligro por razones de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social.
Asimismo, a López le fue concedida protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT), un tratado internacional del que EE.UU. es signatario.
Esta medida impide la devolución a un país donde sea más probable que improbable que el beneficiario sea torturado. No abre camino hacia la ciudadanía o la residencia permanente, y puede ser revocada si las condiciones del país cambian.
Hace años que organizaciones nacionales e internacionales denuncian violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Y este septiembre, un comité de derechos humanos de la ONU acusó al gobierno de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo de utilizar las desapariciones forzadas como instrumento para silenciar la disidencia y controlar a la población.
En su informe “La anatomía de la crueldad estatal”, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua también denunció al menos ocho muertes en custodia de personas detenidas por motivos políticos desde 2018, algo que el Ejecutivo rechaza.
Las violaciones de derechos humanos en Nicaragua se habrían intensificado desde 2018, cuando se consolidó la deriva autoritaria del gobierno de Ortega y Murillo.
A pesar de que López les mostró a los agentes la resolución de un tribunal de inmigración que lo protegía de ser deportado a ese contexto en Nicaragua, asegura que no lo liberaron. “Me llevaron diciendo que tenían que hacerme una verificación de datos en una oficina de ICE”, cuenta el nicaragüense.
Explica que de Minnesota fue llevado a un centro de detención en Texas, antes de ser trasladado al estado de Luisiana, donde, tras pasar por unas instalaciones en Alexandria, acabó en el correccional de Jackson. Allí permaneció durante los seis meses previos al inicio de su proceso de deportación.
Su historial en EE.UU. —que BBC Mundo ha podido revisar— incluye un delito menor de conducción sin la licencia adecuada en 2023. El DHS no respondió a la pregunta de si esto fue un factor en su deportación, pero remarcó que era un “inmigrante ilegal”. “Este gobierno no hace caso omiso del Estado de derecho”, agregó.
El gobierno de Trump ha dicho con frecuencia que está deportando a lo que describe como “migrantes ilegales criminales”.
Ahora, a miles de kilómetros de distancia y con un océano de por medio, López admite que vive entre el miedo y la angustia.
“Es cruel, es frustrante, porque aquí venimos a la deriva. No sé qué nos puede pasar”, se lamenta.
“El miedo es perder la vida aquí. Me asusta contraer cualquier enfermedad, la malaria, el cólera, la fiebre amarilla. Solo me refugio en Dios. Le pido fuerza, que me cuide, que me dé fortaleza”.
35 países y más de 20.000 deportados
Donald Trump llegó por segunda vez a la Casa Blanca con la promesa de llevar a cabo “la mayor deportación de la historia” del país.
Para lograrlo, sin embargo, el gobierno enfrentaba un desafío práctico: qué hacer con los migrantes que considera que no tienen estatus legal, pero que tampoco pueden ser enviados a sus países de origen porque un tribunal de inmigración determinó que allí podrían enfrentar persecución, tortura o muerte.
Durante años, a muchos de ellos se les permitió quedarse en EE.UU. bajo órdenes de supervisión, lo que requería que se reportaran regularmente ante ICE.
En ese contexto surgieron los llamados acuerdos de deportación a “terceros países”; esto es, a naciones distintas a las de origen.
“La expulsión a un tercer país es el único mecanismo por el cual ICE puede cumplir simultáneamente con sus dos obligaciones legales clave: la de no devolver a las personas a un país del que se les ha otorgado protección, y la obligación de hacer cumplir una orden final de deportación”, le dijo John A. Schultz, un alto funcionario del ICE, a un juez federal en marzo.
La Corte Suprema al gobierno de Trump seguir con las deportaciones expeditas a “terceros países”.
La implementación de la política ya ha enfrentado obstáculos legales. Una serie de tribunales determinaron que los afectados deben tener la oportunidad de objetar la decisión antes de que el gobierno los deporte a un país distinto al de su origen. Los fallos no prohibían dicha expulsión, pero alargaban el procedimiento.
Sin embargo, después de que el gobierno recurriera dichas decisiones, este martes la Corte Suprema permitió al gobierno de Trump que siga con las deportaciones expeditas a terceros países mientras sus jueces evalúan la legalidad de la política.
Según un informe de las organizaciones Human Rights First y Refugees International, desde enero de 2025 el gobierno de Trump habría establecido ese tipo de alianzas con más de 35 países, algunos anunciados públicamente, otros no.
“Estos acuerdos opacos no solo hacen que estos países de todo el mundo sean cómplices de la cruel campaña de deportación de la administración, sino que también los convierten en colaboradores de estas violaciones del derecho internacional de los refugiados y de los derechos humanos”, subraya el informe.
El gobierno estadounidense no ha hecho pública la cifra de deportados por medio de este mecanismo. “Por seguridad operativa y de nuestro personal, nunca revelaríamos información sobre nuestros vuelos de deportación”, contestó el DHS al ser consultado por BBC Mundo.
El reporte de Human Rights First y Refugees International apunta a que entre enero de 2025 y agosto de 2026 habrían sido deportadas más de 23.000 personas a 26 países con los que no tienen ningún vínculo legal ni familiar.
De ellas, casi 20.000 habrían sido enviadas a México; más de 2.700 a países de Latinoamérica y el Caribe, y más de 330 a países africanos como Liberia, Esuatini, la República Democrática del Congo o Guinea Ecuatorial.
“Estamos aplicando la ley”
En el caso de la República Centroafricana, ningún acuerdo ha sido anunciado públicamente entre EE.UU. y ese país, pero varias agencias de noticias y medios de comunicación han reportado su existencia, citando a altos funcionarios que lo han corroborado.
De acuerdo a Human Rights First, a este país africano, sumido en una guerra civil, han llegado desde junio tres de esos aviones con al menos 92 inmigrantes.
“En agosto se rompió el récord de vuelos de deportación”, le dijo a BBC Mundo Savi Arvey, jefa del equipo ICE Flights Monitor de esa organización.
“Y lo más preocupante es que el gobierno parece estar centrándose cada vez más en aquellos que habían obtenido protección ante la deportación en un tribunal de inmigración, y que los están enviando a un país en conflicto en el que quedan en una suerte de limbo”, agrega.
Por su parte, el DHS sostiene que “todos esos inmigrantes ilegales fueron deportados a un tercer país seguro”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, le dijo a BBC Mundo que está aplicando la ley tal como está escrita.
“Estamos aplicando la ley tal como está escrita. Todos los inmigrantes ilegales reciben el debido proceso. Si un juez determina que un inmigrante ilegal no tiene derecho a estar en este país, lo vamos a deportar. Punto”.
“La administración Trump está utilizando todas las opciones legales para llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia, tal como prometió el presidente Trump”, se lee en un mensaje enviado por correo y atribuido a un portavoz del departamento.
“Si un inmigrante ilegal decide presentar una solicitud ante un tribunal en la que se niega a volver a su país de origen, la ley nos obliga a encontrarle un país seguro al que ir. Si un inmigrante ilegal elige regresar a su país, le daremos un vuelo gratuito a casa y un cheque de US$3.000. La decisión es suya”, concluye.
Para preguntas sobre acuerdos específicos, remitió a BBC Mundo al Departamento de Estado, que respondió diciendo: “Por norma general, no comentamos sobre los detalles de nuestras conversaciones diplomáticas privadas con otros gobiernos”.
En unas declaraciones atribuidas a un portavoz, el Departamento de Estado subrayó que es su prioridad implementar la política de inmigración del gobierno de Trump, que sigue comprometido con “acabar con la inmigración ilegal y masiva y aumentar la seguridad fronteriza” y que usará “todos los medios legales” a su alcance para expulsar “a aquellos que no tienen derecho a residir” en el país.
Llegar a un país desconocido
Cuando el 30 de agosto López aterrizó en Bangui, no sabía nada de esa ciudad, tampoco del país. Pero nada más conseguir acceso a internet, comenzó a buscar información en Google.
“Es así como nos vamos dando cuenta de que en este lugar hay un conflicto armado, que hay bandas criminales, que hay tráfico de órganos, que tenemos que tener mucho cuidado”, dice.
Junto a López, en un edificio de apartamentos de la capital centroafricana también se encuentra su compatriota Luis Carlos Mendoza.
Ambos le cuentan a BBC Mundo que están vigilados “día y noche”, que no han salido desde que llegaron al país y que se sienten encerrados, como si estuvieran “en arresto domiciliario”.
“Me sacaron engañado. Nunca me dijeron que iba para África. Me sentí muy triste, angustiado. Fue horrible”, agrega Mendoza.
Luis Mendoza trabajaba de lunes a viernes en construcción y los fines de semana como bartender. Llevaba ocho años viviendo en Maryland.
El nicaragüense cuenta que ingresó de forma irregular a EE.UU. en septiembre de 2018 y que, tras un mes detenido, fue puesto en libertad bajo fianza.
Vivía en el estado de Maryland con unos familiares y entre semana se dedicaba a la construcción, mientras completaba ingresos laborando como camarero los fines de semana.
Había solicitado asilo y le fue denegado. Pero en 2023 el Tribunal de Inmigración de Hyattsville (Maryland) le otorgó protección ante la deportación, tal como pudo comprobar BBC Mundo.
Relata Mendoza que el 9 de febrero pidió permiso en su trabajo para acudir a una cita de supervisión de ICE. “Pero nada más entrar un agente me detuvo, sin ninguna explicación”.
De Maryland fue trasladado a un centro de detención en Luisiana antes de ser deportado.
Su historial -según pudo verificar BBC Mundo- incluye un delito menor por conducción sin licencia y otro por hacerlo bajo los efectos de alguna sustancia, ambos en 2021.
“Es un muchacho trabajador. Siempre ha salido adelante trabajando de sol a sol con dos trabajos”, le dice a BBC Mundo una tía materna en cuya casa vivió entre 2018 y 2019.
“Desde que lo detuvieron nuestra familia está viviendo una pesadilla que no termina”, agrega la mujer, quien pide anonimato. “Vivimos con tristeza y el temor de que no volvamos a ver a Luis”.
Condiciones precarias
“Yo vine psicológicamente muerto”, dice Isaac Cruz, otro nicaragüense deportado en el mismo vuelo a República Centroafricana. “Los golpes duelen, pero más el maltrato, porque nosotros no somos criminales”.
Desde que cruzó la frontera de forma ilegal en 2021, vivía en Evansville, Indiana, y trabajaba en una empresa de limpieza. Fue detenido en 2024, cuando acudió a una cita migratoria de rutina, y expulsado del país a pesar de que en 2025 un tribunal de migración de Chicago, Illinois, le otorgó protección ante la deportación.
De la alimentación de estos latinoamericanos deportados y su hospedaje en Bangui se hace cargo la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), aseguran. “Nos traen desayuno, almuerzo y cena”, cuenta López.
La OIM confirmó a BBC Mundo que está brindando asistencia en el país “a petición del gobierno” local.
“Nuestro papel comienza con la llegada de los individuos; no tenemos ningún rol en la decisión de un país de admitir o expulsar a alguien”, dijo la agencia.
“Además del retorno voluntario asistido, que se apoya en otro programa que la OIM implementa en todo el mundo”, la agencia agrega que, junto a las autoridades centroafricanas, ofrece asistencia para los migrantes que llegan al país o ya se encuentran allí.
La población de la República Centroafricana es una de las más pobres del mundo.
Este año EE.UU. le otorgó a la OIM US$85 millones para operaciones en la República Centroafricana.
La nación lleva años sumida en un conflicto que enfrenta a las fuerzas progubernamentales con grupos armados y es una de las más pobres del mundo. A pesar de sus enormes reservas de oro, uno de cada tres habitantes vive con menos de US$3 al día.
En ese contexto, los latinoamericanos que hablaron con BBC Mundo para este reportaje denuncian que sus condiciones son precarias. “Aquí se va la luz, el agua, el internet cada cuatro horas”, dijo Mendoza.
“He pasado como dos días mal del estómago, no sé si es el agua, no sé si es la comida”, contó por su parte López.
Lo que ambos reclaman es que se revisen sus casos y los regresen a EE.UU.
“Pido que se haga justicia, que me retornen a Estados Unidos, desde donde me sacaron a la fuerza sin mi consentimiento. Yo no firmé nada”, aseguró Mendoza.
“Quiero volver porque ahí es donde tengo más familia, mi abuela, mis tías y tíos”, agregó.
Esta es la vista que tienen los migrantes deportados desde el hospedaje donde se encuentran en Bangui, la capital de República Centroafricana.
López tampoco ha considerado otro país que no sea EE.UU, pues allí viven sus dos hijos. “Le pido al gobierno de Estados Unidos, a los congresistas, a los senadores que revisen nuestros casos. No somos criminales”.
Mientras, ven los días pasar en Bangui con angustia, sin tener claridad de qué les depara el futuro.
López, quien dedica el tiempo a leer la Biblia, dice que simplemente sigue “confiando en Dios”.
“Yo realmente estoy esperando que pase un milagro”, dice por su parte Cruz. “Que la gente en Estados Unidos se dé cuenta, que entienda lo que la gente está pasando aquí”.
*Con el apoyo de Donovan Slack, de BBC News, y Jake Horton, de BBC Verify
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Cuando el nicaragüense Kenis López abordó aquel vuelo de deportación en Dallas, Texas, el 28 de agosto, ya no tenía fuerzas.
Los últimos siete meses los había pasado bajo custodia federal, desde que en enero varios agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) lo detuvieran a las puertas de su casa en Mineápolis, en el estado norteño de Minnesota.
Cuenta que en el avión iba atado de pies y manos, y con un casco en la cabeza.
Minutos antes se había resistido a descender del autobús en el que llegó a la pista del aeropuerto y había suplicado que no lo subieran a aquel vuelo. Según relata, nadie le había dicho bien cuál era su destino y solo escuchó que iba a África.
“No me voy a bajar. Prefiero morirme aquí que en un continente tan lejano”, recuerda que le dijo al personal que lo custodiaba en el bus. También que le contestaron: “Si eso quieres, eso te va a pasar”.
Asegura que, al negarse a obedecer, un agente de ICE ordenó que le disparasen con balas de goma. Las alegaciones coinciden con la de otros dos nicaragüenses y un cubano que iban en el bus, quienes cuentan que los disparos fueron “a quemarropa”, desde un metro de distancia, y le mostraron a BBC Mundo imágenes de los hematomas que estos les habrían dejado.
En las fotografías, tomadas dos días después, se ven dos círculos morados de unos cinco centímetros de diámetro con el centro rojizo en el brazo izquierdo de uno de ellos, así como un moretón en el pecho de otro.
BBC Mundo le enseñó las imágenes a Rohini J. Haar, asesora médica de Physicians for Human Rights, que dijo que las marcas son “compatibles con impactos de proyectiles de bajo impacto letal”. Con ella coincide Neil Corney, investigador de la Omega Research Foundation, especializado en analizar el impacto de armas no letales.
Ante las preguntas de BBC Mundo sobre el trato que, según los migrantes, recibieron de los agentes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), del que depende ICE, contestó que “no se está golpeando ni abusando de ningún detenido”.
López denuncia que tras sacarlo a rastras del autobús, los subieron al avión “como cualquier animal” y que fue allí donde supo que estaban siendo deportados a República Centroafricana, uno de los países más pobres del continente.
En el vuelo de migrantes deportados a República Centroafricana el 28 de agosto viajaban tres nicaragüenses: Isaac Cruz, Luis Mendoza y Kenis López.Los expertos consultados por BBC Mundo coinciden que los hematomas en las fotografías son “compatibles con impactos de proyectiles de bajo impacto letal”.
La República Centroafricana en datos
La República Centroafricana (RCA) sufre inestabilidad prácticamente desde que se independizó de Francia en 1960.
Es rica en diamantes, oro, petróleo y uranio, pero tiene una de las poblaciones más pobres del mundo.
Se sumió en el caos en 2013 cuando rebeldes musulmanes del grupo Seleka tomaron el poder. Una banda de milicias mayoritariamente cristianas, llamada anti-Balaka, se levantó para enfrentarse a Seleka.
Seleka entregó el poder a un gobierno de transición en 2014 bajo presión internacional, pero el país sigue en crisis.
Porcentaje de población que vive con US$3 o menos al día: 71,6%
Promedio de años de escolarización: 3,9
Fuentes: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UN DESA), Banco Mundial y BBC Monitoring.
Acuerdos con “terceros países”
López, nicaragüense de 45 años, habló con BBC Mundo desde Bangui, la capital de una nación sobre la que hasta ahora no tenía ninguna referencia y a la que fue deportado en virtud de los acuerdos de EE.UU. para que otros países reciban migrantes expulsados.
“Todos estos inmigrantes ilegales fueron deportados a un tercer país seguro. Estamos aplicando la ley tal como está escrita”, le contestó el DHS a BBC Mundo por correo electrónico.
Según datos de organizaciones sin ánimo de lucro que monitorean los vuelos de deportación, López es uno de al menos 100 migrantes que fueron expulsados a finales de agosto por el gobierno de Donald Trump a ocho países africanos en el marco de esos cuestionados acuerdos de deportaciones hacia “terceros países”.
Ya había tratado de migrar a EE.UU. en 2005 pero, al cruzar la frontera de forma ilegal, fue detenido y deportado de forma expedita.
Volvió a intentarlo en 2022, y desde entonces vivía en el estado de Minnesota. Sin embargo, en enero fue detenido por agentes del ICE cuando subía a su camioneta frente a su casa en Mineápolis para ir a trabajar en construcción, afirma.
Fue uno de los cientos de arrestados en esa ciudad, donde el gobierno de Trump desplegó a principios de año más de 2.000 agentes federales como parte de su ofensiva contra la migración ilegal.
La operación desencadenó protestas en las calles, y en ese contexto de tensión murieron a manos de agentes del ICE los estadounidenses Renee Nicole Good y Alex Pretti.
Cuando lo abordaron los funcionarios, López asegura que les mostró los papeles que siempre cargaba con él.
“Les entregué mi permiso de trabajo y la documentación que probaba que una jueza de Minnesota me había concedido la retención de remoción”, cuenta. BBC Mundo pudo ver la resolución del Tribunal de Inmigración Fort Snelling de Minnesota fechada el 13 de agosto de 2024.
Kenis López llevaba cuatro años viviendo en Estados Unidos cuando fue deportado a República Centroafricana.
López se refiere a lo que también se traduce como “cancelación de deportación”, que impide al gobierno devolver a un extranjero a un país donde su vida o libertad estarían en peligro por razones de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social.
Asimismo, a López le fue concedida protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT), un tratado internacional del que EE.UU. es signatario.
Esta medida impide la devolución a un país donde sea más probable que improbable que el beneficiario sea torturado. No abre camino hacia la ciudadanía o la residencia permanente, y puede ser revocada si las condiciones del país cambian.
Hace años que organizaciones nacionales e internacionales denuncian violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Y este septiembre, un comité de derechos humanos de la ONU acusó al gobierno de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo de utilizar las desapariciones forzadas como instrumento para silenciar la disidencia y controlar a la población.
En su informe “La anatomía de la crueldad estatal”, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua también denunció al menos ocho muertes en custodia de personas detenidas por motivos políticos desde 2018, algo que el Ejecutivo rechaza.
Las violaciones de derechos humanos en Nicaragua se habrían intensificado desde 2018, cuando se consolidó la deriva autoritaria del gobierno de Ortega y Murillo.
A pesar de que López les mostró a los agentes la resolución de un tribunal de inmigración que lo protegía de ser deportado a ese contexto en Nicaragua, asegura que no lo liberaron. “Me llevaron diciendo que tenían que hacerme una verificación de datos en una oficina de ICE”, cuenta el nicaragüense.
Explica que de Minnesota fue llevado a un centro de detención en Texas, antes de ser trasladado al estado de Luisiana, donde, tras pasar por unas instalaciones en Alexandria, acabó en el correccional de Jackson. Allí permaneció durante los seis meses previos al inicio de su proceso de deportación.
Su historial en EE.UU. —que BBC Mundo ha podido revisar— incluye un delito menor de conducción sin la licencia adecuada en 2023. El DHS no respondió a la pregunta de si esto fue un factor en su deportación, pero remarcó que era un “inmigrante ilegal”. “Este gobierno no hace caso omiso del Estado de derecho”, agregó.
El gobierno de Trump ha dicho con frecuencia que está deportando a lo que describe como “migrantes ilegales criminales”.
Ahora, a miles de kilómetros de distancia y con un océano de por medio, López admite que vive entre el miedo y la angustia.
“Es cruel, es frustrante, porque aquí venimos a la deriva. No sé qué nos puede pasar”, se lamenta.
“El miedo es perder la vida aquí. Me asusta contraer cualquier enfermedad, la malaria, el cólera, la fiebre amarilla. Solo me refugio en Dios. Le pido fuerza, que me cuide, que me dé fortaleza”.
35 países y más de 20.000 deportados
Donald Trump llegó por segunda vez a la Casa Blanca con la promesa de llevar a cabo “la mayor deportación de la historia” del país.
Para lograrlo, sin embargo, el gobierno enfrentaba un desafío práctico: qué hacer con los migrantes que considera que no tienen estatus legal, pero que tampoco pueden ser enviados a sus países de origen porque un tribunal de inmigración determinó que allí podrían enfrentar persecución, tortura o muerte.
Durante años, a muchos de ellos se les permitió quedarse en EE.UU. bajo órdenes de supervisión, lo que requería que se reportaran regularmente ante ICE.
En ese contexto surgieron los llamados acuerdos de deportación a “terceros países”; esto es, a naciones distintas a las de origen.
“La expulsión a un tercer país es el único mecanismo por el cual ICE puede cumplir simultáneamente con sus dos obligaciones legales clave: la de no devolver a las personas a un país del que se les ha otorgado protección, y la obligación de hacer cumplir una orden final de deportación”, le dijo John A. Schultz, un alto funcionario del ICE, a un juez federal en marzo.
La Corte Suprema al gobierno de Trump seguir con las deportaciones expeditas a “terceros países”.
La implementación de la política ya ha enfrentado obstáculos legales. Una serie de tribunales determinaron que los afectados deben tener la oportunidad de objetar la decisión antes de que el gobierno los deporte a un país distinto al de su origen. Los fallos no prohibían dicha expulsión, pero alargaban el procedimiento.
Sin embargo, después de que el gobierno recurriera dichas decisiones, este martes la Corte Suprema permitió al gobierno de Trump que siga con las deportaciones expeditas a terceros países mientras sus jueces evalúan la legalidad de la política.
Según un informe de las organizaciones Human Rights First y Refugees International, desde enero de 2025 el gobierno de Trump habría establecido ese tipo de alianzas con más de 35 países, algunos anunciados públicamente, otros no.
“Estos acuerdos opacos no solo hacen que estos países de todo el mundo sean cómplices de la cruel campaña de deportación de la administración, sino que también los convierten en colaboradores de estas violaciones del derecho internacional de los refugiados y de los derechos humanos”, subraya el informe.
El gobierno estadounidense no ha hecho pública la cifra de deportados por medio de este mecanismo. “Por seguridad operativa y de nuestro personal, nunca revelaríamos información sobre nuestros vuelos de deportación”, contestó el DHS al ser consultado por BBC Mundo.
El reporte de Human Rights First y Refugees International apunta a que entre enero de 2025 y agosto de 2026 habrían sido deportadas más de 23.000 personas a 26 países con los que no tienen ningún vínculo legal ni familiar.
De ellas, casi 20.000 habrían sido enviadas a México; más de 2.700 a países de Latinoamérica y el Caribe, y más de 330 a países africanos como Liberia, Esuatini, la República Democrática del Congo o Guinea Ecuatorial.
“Estamos aplicando la ley”
En el caso de la República Centroafricana, ningún acuerdo ha sido anunciado públicamente entre EE.UU. y ese país, pero varias agencias de noticias y medios de comunicación han reportado su existencia, citando a altos funcionarios que lo han corroborado.
De acuerdo a Human Rights First, a este país africano, sumido en una guerra civil, han llegado desde junio tres de esos aviones con al menos 92 inmigrantes.
“En agosto se rompió el récord de vuelos de deportación”, le dijo a BBC Mundo Savi Arvey, jefa del equipo ICE Flights Monitor de esa organización.
“Y lo más preocupante es que el gobierno parece estar centrándose cada vez más en aquellos que habían obtenido protección ante la deportación en un tribunal de inmigración, y que los están enviando a un país en conflicto en el que quedan en una suerte de limbo”, agrega.
Por su parte, el DHS sostiene que “todos esos inmigrantes ilegales fueron deportados a un tercer país seguro”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, le dijo a BBC Mundo que está aplicando la ley tal como está escrita.
“Estamos aplicando la ley tal como está escrita. Todos los inmigrantes ilegales reciben el debido proceso. Si un juez determina que un inmigrante ilegal no tiene derecho a estar en este país, lo vamos a deportar. Punto”.
“La administración Trump está utilizando todas las opciones legales para llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia, tal como prometió el presidente Trump”, se lee en un mensaje enviado por correo y atribuido a un portavoz del departamento.
“Si un inmigrante ilegal decide presentar una solicitud ante un tribunal en la que se niega a volver a su país de origen, la ley nos obliga a encontrarle un país seguro al que ir. Si un inmigrante ilegal elige regresar a su país, le daremos un vuelo gratuito a casa y un cheque de US$3.000. La decisión es suya”, concluye.
Para preguntas sobre acuerdos específicos, remitió a BBC Mundo al Departamento de Estado, que respondió diciendo: “Por norma general, no comentamos sobre los detalles de nuestras conversaciones diplomáticas privadas con otros gobiernos”.
En unas declaraciones atribuidas a un portavoz, el Departamento de Estado subrayó que es su prioridad implementar la política de inmigración del gobierno de Trump, que sigue comprometido con “acabar con la inmigración ilegal y masiva y aumentar la seguridad fronteriza” y que usará “todos los medios legales” a su alcance para expulsar “a aquellos que no tienen derecho a residir” en el país.
Llegar a un país desconocido
Cuando el 30 de agosto López aterrizó en Bangui, no sabía nada de esa ciudad, tampoco del país. Pero nada más conseguir acceso a internet, comenzó a buscar información en Google.
“Es así como nos vamos dando cuenta de que en este lugar hay un conflicto armado, que hay bandas criminales, que hay tráfico de órganos, que tenemos que tener mucho cuidado”, dice.
Junto a López, en un edificio de apartamentos de la capital centroafricana también se encuentra su compatriota Luis Carlos Mendoza.
Ambos le cuentan a BBC Mundo que están vigilados “día y noche”, que no han salido desde que llegaron al país y que se sienten encerrados, como si estuvieran “en arresto domiciliario”.
“Me sacaron engañado. Nunca me dijeron que iba para África. Me sentí muy triste, angustiado. Fue horrible”, agrega Mendoza.
Luis Mendoza trabajaba de lunes a viernes en construcción y los fines de semana como bartender. Llevaba ocho años viviendo en Maryland.
El nicaragüense cuenta que ingresó de forma irregular a EE.UU. en septiembre de 2018 y que, tras un mes detenido, fue puesto en libertad bajo fianza.
Vivía en el estado de Maryland con unos familiares y entre semana se dedicaba a la construcción, mientras completaba ingresos laborando como camarero los fines de semana.
Había solicitado asilo y le fue denegado. Pero en 2023 el Tribunal de Inmigración de Hyattsville (Maryland) le otorgó protección ante la deportación, tal como pudo comprobar BBC Mundo.
Relata Mendoza que el 9 de febrero pidió permiso en su trabajo para acudir a una cita de supervisión de ICE. “Pero nada más entrar un agente me detuvo, sin ninguna explicación”.
De Maryland fue trasladado a un centro de detención en Luisiana antes de ser deportado.
Su historial -según pudo verificar BBC Mundo- incluye un delito menor por conducción sin licencia y otro por hacerlo bajo los efectos de alguna sustancia, ambos en 2021.
“Es un muchacho trabajador. Siempre ha salido adelante trabajando de sol a sol con dos trabajos”, le dice a BBC Mundo una tía materna en cuya casa vivió entre 2018 y 2019.
“Desde que lo detuvieron nuestra familia está viviendo una pesadilla que no termina”, agrega la mujer, quien pide anonimato. “Vivimos con tristeza y el temor de que no volvamos a ver a Luis”.
Condiciones precarias
“Yo vine psicológicamente muerto”, dice Isaac Cruz, otro nicaragüense deportado en el mismo vuelo a República Centroafricana. “Los golpes duelen, pero más el maltrato, porque nosotros no somos criminales”.
Desde que cruzó la frontera de forma ilegal en 2021, vivía en Evansville, Indiana, y trabajaba en una empresa de limpieza. Fue detenido en 2024, cuando acudió a una cita migratoria de rutina, y expulsado del país a pesar de que en 2025 un tribunal de migración de Chicago, Illinois, le otorgó protección ante la deportación.
De la alimentación de estos latinoamericanos deportados y su hospedaje en Bangui se hace cargo la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), aseguran. “Nos traen desayuno, almuerzo y cena”, cuenta López.
La OIM confirmó a BBC Mundo que está brindando asistencia en el país “a petición del gobierno” local.
“Nuestro papel comienza con la llegada de los individuos; no tenemos ningún rol en la decisión de un país de admitir o expulsar a alguien”, dijo la agencia.
“Además del retorno voluntario asistido, que se apoya en otro programa que la OIM implementa en todo el mundo”, la agencia agrega que, junto a las autoridades centroafricanas, ofrece asistencia para los migrantes que llegan al país o ya se encuentran allí.
La población de la República Centroafricana es una de las más pobres del mundo.
Este año EE.UU. le otorgó a la OIM US$85 millones para operaciones en la República Centroafricana.
La nación lleva años sumida en un conflicto que enfrenta a las fuerzas progubernamentales con grupos armados y es una de las más pobres del mundo. A pesar de sus enormes reservas de oro, uno de cada tres habitantes vive con menos de US$3 al día.
En ese contexto, los latinoamericanos que hablaron con BBC Mundo para este reportaje denuncian que sus condiciones son precarias. “Aquí se va la luz, el agua, el internet cada cuatro horas”, dijo Mendoza.
“He pasado como dos días mal del estómago, no sé si es el agua, no sé si es la comida”, contó por su parte López.
Lo que ambos reclaman es que se revisen sus casos y los regresen a EE.UU.
“Pido que se haga justicia, que me retornen a Estados Unidos, desde donde me sacaron a la fuerza sin mi consentimiento. Yo no firmé nada”, aseguró Mendoza.
“Quiero volver porque ahí es donde tengo más familia, mi abuela, mis tías y tíos”, agregó.
Esta es la vista que tienen los migrantes deportados desde el hospedaje donde se encuentran en Bangui, la capital de República Centroafricana.
López tampoco ha considerado otro país que no sea EE.UU, pues allí viven sus dos hijos. “Le pido al gobierno de Estados Unidos, a los congresistas, a los senadores que revisen nuestros casos. No somos criminales”.
Mientras, ven los días pasar en Bangui con angustia, sin tener claridad de qué les depara el futuro.
López, quien dedica el tiempo a leer la Biblia, dice que simplemente sigue “confiando en Dios”.
“Yo realmente estoy esperando que pase un milagro”, dice por su parte Cruz. “Que la gente en Estados Unidos se dé cuenta, que entienda lo que la gente está pasando aquí”.
*Con el apoyo de Donovan Slack, de BBC News, y Jake Horton, de BBC Verify
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Tras mantenerla 30 años en el corredor de la muerte, la justicia estadounidense decidió ejecutar este miércoles a Christa Pike por el el brutal asesinato que cometió en 1995 siendo adolescente.
Pero, Pike sobrevivió a dos dosis de la inyección letal y fue hospitalizada en Tennessee en “estado crítico”, según sus abogados.
Su caso reabre el debate sobre la pena de muerte no solo en EE.UU., sino en el mundo.
De acuerdo con un reporte de Amnistía Internacional, las ejecuciones en Estados Unidos alcanzaron en 2025 la cifra más alta (47) desde 2009.
“Por decimoséptimo año consecutivo, Estados Unidos fue el único país de la región que llevó a cabo ejecuciones”, indicó la organización no gubernamental en el informe “Condenas a muerte y ejecuciones”.
A nivel mundial, Amnistía Internacional registró 2.707 ejecuciones en 2025, lo que representó un incremento del 78% con respecto al año anterior.
La organización, que examinó el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2025, reconoce que la información disponible sobre la situación de la pena de muerte en algunos países es escasa y, en ciertos casos, nula, por lo que las cifras pueden ser mayores.
América Latina fue pionera en la abolición total de la pena de muerte: Venezuela, en 1863, fue el primer país del mundo en prohibirla.
Y, aunque a lo largo de las décadas este tipo de castigo ha ido desapareciendo de la región, en algunos países de Latinoamérica aún no se ha eliminado del todo.
Cuba: para delitos de “extrema gravedad”
La pena de prisión perpetua en Cuba fue introducida en 1999 como alternativa de la pena capital.
Una moratoria vigente desde el año 2000 solo fue interrumpida una vez: con el fusilamiento en 2003 de tres jóvenes cubanos acusados de secuestrar un barco con rehenes en La Habana con la intención de huir a Estados Unidos. Fueron condenados por “graves delitos de terrorismo”.
En 2022, la Asamblea Nacional de Cuba aprobó un nuevo Código Penal.
“Se prevén, como sanciones principales para los hechos delictivos de mayor gravedad, la privación perpetua de libertad o la privación temporal hasta 30 años, y se mantiene, con carácter excepcional, la posibilidad de aplicar la sanción de muerte en 23 tipos penales de extrema gravedad, y se suprime en cuatro delitos”, señaló, en mayo de ese año el Tribunal Supremo Popular de Cuba.
Cuando Raúl Castro era presidente de Cuba defendió en diversos foros públicos la existencia de pena de muerte en su país. (Foto de 2016)
En 2023, en un comentario a una solicitud de información sobre la “moratoria del uso de la pena de muerte” realizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el gobierno cubano pedía que el tema no se viera de forma aislada, sino que se consideraran las condiciones de cada país.
“El pueblo cubano confía en que en el futuro existan las condiciones para abolir la pena capital en el país, a partir de sus convicciones éticas y morales, y su profundo sentido de humanismo”, indica el texto publicado en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
“Sin embargo, esa decisión tendrá que estar vinculada al cese de la política de agresión practicada contra Cuba por el gobierno de los Estados Unidos, de modo que Cuba pueda, en un clima de paz, avanzar en su desarrollo económico, político y social, con plenas seguridades al respeto de su soberanía y a la existencia misma de la nación cubana”.
Asímismo, resaltó que la aplicación de esa sanción tenía un carácter “muy excepcional”.
“Vale destacar que en muchos años no se ha dictado ninguna sanción de pena de muerte por los tribunales cubanos y esta no se aplica desde el año 2003”.
A excepción de Cuba, todos los países latinoamericanos firmaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José.
Este tratado prohíbe a los Estados extender la aplicación de la pena de muerte a delitos a los cuales no se les aplicara en el momento de su adhesión. Para añadir otros se tendría que denunciar el convenio, algo que es considerado “improbable” por muchos analistas.
Guatemala: entre los “abolicionistas solo para delitos comunes”
En 2016, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala declaró la inconstitucionalidad de la pena de muerte en el caso de asesinato.
En 2017, también declaró inconstitucional la implementación de la pena de muerte para cinco delitos previstos en el Código Penal.
“Y derogó las referencias a la pena de muerte que permitían aplicarla según la Ley contra la Narcoactividad”, indicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Prácticamente ya no hay delito que contemple la pena de muerte o que la tenga vigente”, indicó en octubre de 2017 Martín Guzmán, secretario de la Corte, según la agencia de noticias AP.
Ese mismo año, Amnistía Internacional expresaba su beneplácito por la sentencia de la Corte de Constitucionalidad por considerarla un paso clave en el camino hacia la eliminación total de la pena de muerte en Guatemala.
Sin embargo, aclaraba que esa sanción aún se podía aplicar en virtud del Código Militar.
En el informe de 2025 de la organización, Guatemala aparece como uno de los países “abolicionistas solo para delitos comunes”, es decir, que tienen leyes que establecen la pena de muerte para delitos excepcionales, como los contemplados en el Código Penal Militar o los cometidos en circunstancias excepcionales.
De acuerdo con Eddy Morales, especialista en criminología y derecho penitenciario, en el caso del Código Militar la sanción está regulada en el Decreto 214 de 1878.
“En Guatemala, la pena de muerte no ha sido abolida de la Constitución”, le indica Morales a BBC Mundo desde Ciudad de Guatemala.
El artículo 18 de la Constitución de Guatemala establece los casos en los que no se podrá imponer la pena de muerte:
a) Con fundamento en presunciones;
b) A las mujeres;
c) A los mayores de sesenta años;
d) A los reos de delitos políticos y comunes conexos con los políticos;
e) A reos cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición
Pero, según indica Morales, la aplicación de la pena de muerte se encuentra jurídicamente muy restringida porque el país es signatario del Pacto de San José y está limitado por la CIDH.
“La realidad es que no se cumple ni pudiera cumplirse con todos los requisitos que están establecidos a partir del Pacto de San José”, señala el experto.
“Es una normativa jurídica vigente, pero no positiva, o sea, no aplicable: en el Código Penal guatemalteco se deja sin efecto su aplicación porque acepta lo regulado en el Pacto de San José”.
De acuerdo con el experto, hay integrantes y líderes de maras que han sido sentenciados a miles de años “en lugar de la pena de muerte precisamente porque se limita mucho su aplicación. Los tribunales ya no implementan esa sanción, sino un sinnúmero años de reclusión”.
Chile, Perú, Brasil y El Salvador: en “tiempos de guerra”
En la lista de países “abolicionistas solo para delitos comunes” del informe de Amnistía Internacional, aparecen Brasil, Chile, El Salvador y Perú.
Chile aprobó en 2001 sustituir la pena de muerte por la de presidio perpetuo efectivo de 40 años en diversos textos legales, pero su Código de Justicia Militar mantiene la condena capital para varios delitos en tiempos de guerra.
“En resumen, fue eliminada de los delitos no militares y en los militares se mantiene para casos gravísimos”, le dice a BBC Mundo desde Chile el abogado penalista Gonzalo Youseff Quirós.
En El Salvador, la Constitución recoge que “sólo podrá imponerse la pena de muerte en los casos previstos por las leyes militares durante el estado de guerra internacional”.
Los delitos contemplados en el Código de Justicia Militar son traición, espionaje y rebelión que se cometan en “tiempo de guerra internacional”.
Activistas de Amnistía Internacional participaron en marzo en Italia en una manifestación contra la pena de muerte en Irán.
La Carta Magna de Perú de 1993, por su parte, reserva su aplicación para “el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada”.
Brasil, indica Amnistía Internacional, ha abolido la pena capital para delitos comunes.
“Retiene la pena de muerte solo para delitos graves, como los cometidos en épocas de guerra”.
De acuerdo con el reporte de esa organización, entre los países de la región de América que mantienen la pena de muerte para delitos comunes están Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago.
*Con información del periodista Marcos González Díaz.
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El piloto indio del avión de Flydubai, quien fue atacado por su copiloto y abrió la puerta de la cabina para dejar entrar a otras personas, declaró que estaba decidido a evitar que los demás murieran.
Smit Machchhar relató que se encontraba en el suelo y seguía siendo agredido cuando se dio cuenta de que el avión, que transportaba a más de 170 pasajeros, estaba perdiendo altitud rápidamente y que debía hacer algo.
“Estaba tirado en el suelo, herido, pero me dije a mí mismo que debía hacer un último esfuerzo para abrir la puerta desde dentro”, comentó durante una videollamada con el primer ministro de India, Narendra Modi.
“Otras personas entraron y también desempeñaron un papel (en el control de la situación). Por supuesto, luchaba por mi propia vida, pero al mismo tiempo sabía que no iba a permitir que los demás murieran”, añadió.
El vuelo FZ1073 de Flydubai, que se dirigía a Tel Aviv desde Dubái en la madrugada del miércoles, cayó más de 17.000 pies (5.200 metros) tras dos horas y media de trayecto.
Inicialmente envió una señal de emergencia a los controladores aéreos antes de cambiar al código de transpondedor 7500, que indica un secuestro. Posteriormente volvió a cambiar a una señal de emergencia.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró a los medios luego del incidente que un piloto había apuñalado al otro antes de “intentar, aparentemente, estrellar” el avión.
Después de que otros pasajeros redujeran al atacante, dos pilotos que viajaban a bordo lograron aterrizar la aeronave de forma segura en el aeropuerto de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, a las 06:58, hora local.
Machchhar, calificado como un “verdadero héroe” por Netanyahu, fue trasladado a un hospital en la misma Tabuk antes de ser evacuado por vía aérea a Abu Dabi, donde, según informes, se encuentra en condición estable.
Netanyahu dijo a Fox News que el atacante era ciudadano de Omán y señaló que las investigaciones sugerían que había sido sometido a un “adoctrinamiento radical islamista”.
Afirmó que, una vez que el atacante fue reducido y atado por los pasajeros y la tripulación, “gritaba: ‘Mátenme, mátenme’, por lo que está claro que tenía tendencias suicidas; eso no admite dudas”.
Los Emiratos Árabes Unidos han comenzado a investigar “si el incidente estaba vinculado a alguna actividad o propósito terrorista”, según la agencia estatal de noticias del país.
Las redes sociales en India se han llenado de elogios hacia Machchhar desde que se dio a conocer su identidad.
Machchhar contó a Modi que llevaba 17 años pilotando aviones y que “puede saber qué le ocurre a la aeronave incluso con los ojos cerrados”.
El primer ministro le dijo que “su valentía, paciencia y rapidez a la hora de tomar decisiones salvaron la vida de muchas personas” y que todo el país estaba orgulloso de él.
La embajada de India en Emiratos Árabes Unidos informó el jueves que Machchhar se encontraba “en buen estado de salud y recuperándose bien”.
El embajador Deepak Mittal expresó sentirse “orgulloso del capitán Smit por su valentía” y “muy tranquilo” tras reunirse con él.
“No veo esta herida simplemente como una herida, porque eso haría que mi recuperación fuera aún más difícil”, afirmó Machchhar.
“La veo como un proceso que avanza poco a poco y que llevará tiempo, pero confío en que lograré recuperarme y volveré a estar sano y en plena forma”.
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La violencia contra las mujeres y las niñas en la Franja de Gaza, incluidos los matrimonios precoces y forzados, ha aumentado drásticamente en los últimos meses, de acuerdo con una serie de informes del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés).
Uno de los reportes, que analiza datos recopilados por 10 organizaciones, afirma que la prolongada crisis en la Gaza devastada por la guerra ha “creado condiciones en las que las mujeres y las niñas se enfrentan a riesgos cada vez mayores de violencia de género”.
Asimismo, advierte de un “aumento considerable” en el número de casos de matrimonios precoces y forzados durante el segundo trimestre de este año. Ambos son considerados por la ONU como formas de violencia de género.
Otro informe que presenta el testimonio de 230 mujeres en campamentos de desplazados sobrepoblados en la ciudad de Gaza y Jan Yunis resulta una lectura desoladora, ya que describe la violencia que han sufrido o presenciado.
Algunos lectores podrían encontrar algunos de los detalles de este reportaje inquietantes.
Una mujer desplazada que vive en una escuela convertida en refugio en Gaza revela cómo las víctimas de violación a menudo se casan con sus violadores para evitar la vergüenza y el escándalo.
“Cuando se descubren casos de violación en las escuelas, al día siguiente se celebran bodas y fiestas allí mismo”, afirma.
Otra mujer relata cómo el año pasado, durante la hambruna, “un hombre casó a su hija de 14 años a cambio de dos sacos de harina para que él y sus otros hijos pudieran comer”.
Seis mujeres de diferentes campos de desplazados compartieron historias de este tipo de intercambios, algo impensable antes del inicio del conflicto entre Israel y Hamás en 2023.
“Las tendencias son alarmantes”
Aunque la recopilación de datos para establecer cifras exactas sigue siendo complicada, el UNFPA afirma que, en el segundo trimestre de este año, el número de casos denunciados de matrimonio infantil y forzado aumentó un 123% con respecto al primer trimestre. El matrimonio infantil o precoz afectó a niñas de entre 12 y 17 años.
“Las tendencias son alarmantes”, afirma Nestor Owomuhangi, representante del UNFPA en Palestina.
El funcionario explicó que las circunstancias extremas de los últimos tres años —que han provocado la muerte de decenas de miles de personas, destrucción masiva y múltiples oleadas de desplazamientos en Gaza— han desmantelado las estructuras sociales, de modo que “todo se ha erosionado… no existe ningún sistema”.
Aunque los mercados de alimentos han reabierto, muchos no pueden costear los productos que se ofrecen; persiste la pobreza extrema y el hambre, y la población depende de la ayuda humanitaria.
Casi toda la población de Gaza, que supera los dos millones de habitantes, ha sido expulsada de sus hogares, y la mayoría vive en campamentos de tiendas de campaña en condiciones precarias o en edificios dañados. Los servicios públicos prácticamente han colapsado y los ataques aéreos israelíes han continuado a pesar del alto el fuego.
Las huérfanas, las más vulnerables
Antes de la guerra, las niñas en Gaza superaban en número y rendimiento académico a los niños en todos los niveles educativos superiores a la primaria.
Ahora, con el cierre de las escuelas, muchos alumnos han abandonado los estudios. Los niños se ven presionados a buscar trabajos informales para ayudar a mantener a sus familias, mientras que las niñas se enfrentan a mayores problemas de seguridad.
Vivir entre extraños, sin privacidad, en una sociedad conservadora, genera denuncias de acoso y abuso sexual cada vez mayores; muchas familias ven en el matrimonio de sus hijas una forma de protegerlas y preservar su pudor.
El informe del UNFPA, basado en investigaciones realizadas a finales de 2025 y principios de 2026, revela la especial vulnerabilidad de las niñas huérfanas durante la guerra.
Una mujer de un campamento en la ciudad de Gaza, entrevistada para el reportaje, afirma que asistió a la boda de dos chicas de su familia, de tan solo 14 y 15 años.
“Sus tíos las casaron muy jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque sus padres murieron como mártires y sus tíos querían librarse de la responsabilidad y los gastos”, dijo la mujer.
“¡Por Dios!, no entienden lo que es el matrimonio ni la vida”, agregó.
Además de tener lidiar con las responsabilidades de ser cabeza de muchas familias en un territorio en guerra, las mujeres en Gaza se han convertido en víctimas de violencia sexual.
El Centro de Asuntos de la Mujer en Gaza, una ONG palestina que colabora con el UNFPA, y otros grupos de apoyo han documentado casos alarmantes de niñas que, tras ser obligadas a casarse, han sufrido abusos y, a menudo, han quedado embarazadas.
Las agrupaciones alertan que las adolescentes tienen muchas más probabilidades de sufrir abortos espontáneos y de tener bebés con bajo peso al nacer que las mujeres adultas.
“Observamos un aumento desmesurado de los embarazos adolescentes debido al matrimonio infantil”, afirma Owomuhangi.
“Una niña que se encuentra en una edad en la que su cuerpo no está completamente desarrollado para sustentar a otro, que padece hambre, vive en condiciones antihigiénicas, no sabe cómo cuidar al bebé, ni siquiera sabe cómo cuidarse a sí misma, las consecuencias de ese embarazo siempre son muy, muy graves”, apunta.
La ONU y la mayoría de las organizaciones humanitarias clasifican los matrimonios de niñas menores de 18 años como matrimonios precoces. Incluso antes de la guerra, esta práctica era más común entre los palestinos de la Franja de Gaza, controlada por Hamás, que en la Cisjordania ocupada, pero estaba disminuyendo.
La ley en Gaza permite excepciones a la edad mínima para contraer matrimonio de 17 años con el consentimiento de los padres y la autorización de un juez.
Los funcionarios judiciales pueden aprobar el matrimonio de menores de tan solo 14 años y siete meses, aunque un experto local en la sharia nos comentó que se habían eliminado las “garantías legales” cuando los tribunales islámicos, que se ocupan de los asuntos familiares de los musulmanes, permanecieron cerrados durante gran parte de la guerra.
Aproximadamente 700.000 niños no han podido asistir a clases presenciales durante casi tres años.
“No había nadie que la cuidara”
La BBC ha hablado con algunas familias en las que se registraron matrimonios entre parientes que habían perdido a un ser querido.
Zuhair, de 25 años, cuenta que sus tíos lo presionaron para que se casara con una joven de 16 años, miembro de su familia extendida, después de que su padre, su único tutor legal, muriera en un ataque aéreo israelí.
Al ser cuestionado sobre por qué aceptó, dijo: “Una de las razones que me llevó a casarme con ella fue que no había nadie que la cuidara. Ese es el primer punto”.
“Si no hubiera sido por la guerra, seguiría siendo una niña mimada por su padre. Estaría yendo a la escuela”, añade Zuhair.
“Todavía tiene mentalidad infantil, no madura. Echa de menos el colegio, a su familia, a sus amigos. Incluso echa de menos simplemente estar en casa”, agrega.
Una pareja afirma que permitió que su hijo de 17 años se casara con su prima de 16 después de que su hijo mayor y padre de la joven falleciera.
La adolescente está embarazada, por lo que no podrá regresar a la escuela.
“Necesita cuidar de su hijo, su educación sería en vano”, dice su suegro.
Las agencias de ayuda afirman que los peligros para las mujeres podrían mitigarse en gran medida mejorando las condiciones humanitarias.
La violencia sexual en Gaza sigue siendo muy poco denunciada, en gran parte debido al temor al estigma y a las represalias.
Las auditorías de seguridad de la ONU han revelado riesgos particulares para las mujeres y las niñas durante la noche, lo que las lleva a evitar los baños y aseos de los campamentos.
El último informe de análisis del grupo de trabajo liderado por el UNFPA señala que los incidentes de violencia sexual, incluyendo violaciones y agresiones sexuales, “se han vuelto críticos en Gaza”.
Este tipo de casos representó el 2,7% del total de incidentes de violencia de género denunciados entre abril y junio de 2026, frente al 2,1% registrado en el trimestre anterior. En términos absolutos, el número de casos aumentó un 61%.
El alza se relaciona con los esfuerzos por sensibilizar a la población y facilitar mejores formas de realizar denuncias confidenciales. Los datos demográficos indicaron que la mayoría de los sobrevivientes eran mujeres de entre 18 y 59 años, seguidas de adolescentes (8%) y hombres adultos (5%).
Las mujeres viudas o cuyos maridos están detenidos o desaparecidos corren un mayor riesgo de sufrir abusos y explotación sexual. Se estima que casi uno de cada cuatro hogares está encabezado por una mujer, el doble que antes de la guerra.
“Una viuda buscaba una tienda de campaña, y un representante del campamento le dijo: ‘Te daré una tienda de campaña, te alojaremos en nuestro campamento y puedes venir a quedarte conmigo esta noche’”, recuerda una mujer de la ciudad de Gaza, entrevistada para el informe del UNFPA.
Las agencias de ayuda humanitaria argumentan que los peligros que enfrentan las mujeres en Gaza podrían mitigarse considerablemente mejorando las condiciones humanitarias.
En los reportes se insta a Israel a permitir la construcción de refugios de mayor calidad en el territorio, así como el suministro de equipos para mejorar las letrinas, el saneamiento y la iluminación.
Israel, por su parte, restringe el acceso a artículos que considera de posible doble uso para fines militares.
Se están realizando esfuerzos para mejorar la educación y la atención médica, y existen planes a largo plazo para campañas que combatan la violencia doméstica y el matrimonio infantil.
Si bien la vida de muchas personas en Gaza ya ha cambiado para siempre, las mujeres de la Franja esperan un futuro en el que al menos se sientan más seguras.
Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.
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Ashlee Sellars tuvo noticias de su amiga Christa Pike por última vez a principios de esta semana, cuando esta le envió un mensaje de texto desde su celda en el corredor de la muerte, donde se preparaba para ser ejecutada mediante la inyección letal en el estado de Tennessee.
Pike le decía a Sellars que no quería que ninguno de sus seres queridos estuviera presente en su ejecución.
El procedimiento estaba pautado para la mañana de este miércoles, pero fue suspendida por un tribunal de apelaciones. Horas más tarde fue autorizada por la Corte Suprema de Estados Unidos, que ya antes se había negado a suspenderla.
Ya con el camino legal allanado, la mujer de 50 años recibió dos dosis de una inyección letal a última hora del día. Y sin embargo, sobrevivió.
Pike fue entonces trasladada a un hospital para recibir “atención médica vital”, informó este jueves de tarde Randall Spivey, uno de sus abogados. Y agregó que ella se encuentra “en estado crítico”.
Por su parte, el gobernador del estado, Bill Lee, ha ordenado una investigación independiente y suspendió la última ejecución prevista para este año.
“Nadie quería que ocurriera lo que pasó anoche”, declaró Lee, del Partido Republicano, a periodistas. “Es una tragedia y me perturba profundamente que haya ocurrido en este estado. La gente se merece algo mejor y nos aseguraremos de que así sea”.
Los abogados de Pike habían presentado una petición de clemencia para que le conmutaran la sentencia, pero Lee la rechazó este lunes y por eso se llevó a cabo la fallida ejecución.
¿Pero cuál fue el crimen que desembocó en su condena a muerte en 1996?
Brutal asesinato
Pike tenía 18 cuando en 1995 ella y su novio de entonces, Tadaryl Shipp, golpearon y torturaron hasta la muerte a Colleen Slemmer, una joven de 19 años a la que conocieron en un campamento de formación laboral para adolescentes con problemas de conducta.
El asesinato provocó un gran revuelo mediático en Knoxville, Tennessee, después de que Colleen fuera hallada muerto, con un pentagrama —un símbolo de ritual satánico— grabado en el pecho.
Pike había acusado a Colleen de insultarla e intentar robarle a su pareja. Otros dos residentes del campamento testificaron posteriormente que Pike se había jactado del asesinato antes y después del mismo, y que les mostró un trozo del cráneo de Colleen.
Un año después, ella fue condenada a muerte, mientras que Shipp, quien tenía 17 años en ese momento, recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.
Tras años de apelaciones fallidas, se había fijado la fecha de ejecución de Pike para este miércoles.
De no haber sobrevivido a las inyecciones, hubiera sido la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años. Solo 18 mujeres han sido ejecutadas en Estados Unidos desde la década de 1970, en comparación con 1.663 hombres.
La madre de Colleen dijo que quería que Pike fuera ejecutada para que su hija “por fin” pudiera “descansar en paz”.
Antes de que la Corte Suprema diera la autorización definitiva, un tribunal de apelaciones había paralizado el procedimiento. En la audiencia que llevó a ese fallo, los abogados de Pike argumentaron que, durante años, el estado de Tennessee sostuvo ante los tribunales que la mujer había mentido sobre unos supuestos abusos sexuales sufridos durante la infancia.
Sin embargo, en una audiencia reciente sobre el método de ejecución, los representantes del estado declararon que no cuestionaban el hecho de que ella hubiera sufrido abusos sexuales y violación.
Con ello, el equipo legal de Pike solicitó al tribunal de apelaciones que remitiera su petición nuevamente al tribunal de distrito, argumentando que, si los tribunales federales habían basado su fallo en la afirmación de que ella mentía, entonces la revisión federal se habría visto afectada.
La estudiante Colleen Slemmer fue torturada y brutalmente asesinada en 1995.
Pike tiene un historial documentado de abuso sexual infantil, abandono y negligencia. Sus abogados creen que si el caso se juzgara hoy y fuera declarada culpable del mismo delito, al ser adolescente, no sería condenada a muerte.
En los años transcurridos desde su sentencia, su equipo legal ha descubierto detalles sobre su infancia que, según afirma, el jurado nunca tuvo la oportunidad de considerar.
“Resulta inconcebible que no presentaran ningún antecedente de abuso y violación, a pesar de que lo sabían”, afirmó Sandra Babcock, experta en género y pena de muerte de la Facultad de Derecho de Cornell, quien ha trabajado en la defensa de Pike.
“Su caso es tan singularmente conmovedor, no solo por su historial de violencia sexual realmente incomprensible, sino por la combinación de eso con su juventud y su enfermedad mental”.
Christa Pike sufrió abandono y abusos por parte de sus padres.
Abusos físicos y sexuales
En 1995, la psicóloga forense Diana McCoy fue contratada por el equipo de defensa de Pike y descubrió que había sufrido una grave negligencia por parte de ambos padres.
El informe de McCoy reveló que Pike sufrió abusos físicos y sexuales por parte de varios maridos y novios de su madre, y que fue violada en repetidas ocasiones: una vez a los 11 años y otra a los 17. Posteriormente, se descubrió que, siendo niña, fue violada repetidamente por el novio de su abuela.
McCoy afirmó que la madre de Pike no la creyó cuando le contó que estas violaciones habían ocurrido.
Pero la abogada de Pike no hizo declarar a McCoy ni llamó a muchos de los testigos que ella recomendó. Estos detalles salieron a la luz más de una década después, durante una audiencia judicial en la que se revisó su caso, cuando un nuevo equipo de abogados alegó asistencia letrada ineficaz, alegación que el juez desestimó.
En 2021, a Pike le diagnosticaron trastorno bipolar en prisión y desde entonces recibía medicación.
Posteriormente, otra psicóloga forense que trabajaba para la defensa de Pike, la doctora Bethany Brand, quien la evaluó en 2023, dijo que su caso era extremadamente raro porque fue víctima de abusos por parte de muchas personas que deberían haberla protegido.
“Su infancia estuvo plagada de abusos físicos, sexuales y emocionales. Varios hombres abusaron sexualmente de ella desde antes de que tuviera edad escolar”, afirmó.
Brand dijo que Pike sufrió episodios maníacos sin tratar debido a un trastorno bipolar y a un trastorno de estrés postraumático (TEPT) sin tratar.
“Ambas cosas influyeron decisivamente en lo amenazada que se sintió por la chica a la que acabó matando y en su falta de control emocional en esa situación”.
Babcock añadió: “Si permiten que la ejecuten, eso nos demuestra que la pena de muerte en este país es una farsa. No es para los peores criminales, sino para quienes reciben la peor representación legal y son los más vulnerables y perjudicados”.
“Cometió el crimen. Debería pagar”
La Corte Suprema de Tennessee dictaminó el año pasado que Pike no había demostrado circunstancias que justificaran la conmutación de su condena. Su proceso de apelación se había agotado y se fijó una fecha para su ejecución, que finalmente fue paralizada.
Un tribunal federal de apelaciones había dictaminado previamente que el jurado ya había escuchado sobre su difícil infancia durante los testimonios de su madre, su padre y su tía durante el juicio. Además, las nuevas pruebas de trastorno bipolar, trastorno de estrés postraumático y daño cerebral “repetían en gran medida” lo que el jurado ya había escuchado y no habrían cambiado el veredicto.
La polémica guarda ciertos paralelismos con el sonado caso de la asesina Lisa Montgomery, cuyos abogados también argumentaron que era una víctima de abuso con problemas de salud mental y merecía clemencia.
Los recursos legales presentados por Montgomery no lograron conmutar su condena y fue ejecutada mediante inyección letal en Indiana en 2021.
Pike había solicitado que el día de su ejecución fuera atendida por un equipo exclusivamente femenino. Afirmó que ser inmovilizada por un grupo de hombres agravaría su trauma.
May Martínez, la madre de Colleen, apoyaba la ejecución de Christa.
“Ella cometió el crimen. Creo que debería pagar por ello”, dijo en la cadena de televisión WBIR de Knoxville en 2021, y esta semana declaró a la BBC que aún mantiene esas declaraciones.
Martínez le dijo a la cadena que Pike debería sufrir antes de morir. “Me sentiría mejor si sintiera el mismo dolor que sintió Colleen”.
May Martínez, madre de Colleen Slemmer, y un detective retirado del departamento de policía de Knoxville, a las afueras de una sala de audiencias para una vista posterior a la condena en 2006.
“No pasa un solo día sin que piense en Colleen”
“Se me rompe el corazón cada día porque lo revivo una y otra vez, y ya no puedo más, y quiero que esto suceda antes de morir”, añadió.
“No pasa un solo día sin que piense en Colleen, en cómo murió y en lo duro que fue. Solo quiero que acaben con Christa para poder acabar con todo, aliviar a mi hija y que por fin pueda descansar”.
La Coalición por la Justicia, un grupo que defiende los derechos de las víctimas, había recaudado fondos para ayudar a Martínez a viajar a Tennessee para presenciar la ejecución.
El director ejecutivo del grupo, Robert Bracewell, dijo que esta sentencia fue determinada por un jurado compuesto por pares de Pike y que era lo que la familia de Colleen deseaba.
“Apoyamos firmemente a la familia en su postura de que la ejecución debe llevarse a cabo el 30 de septiembre”.
Ashlee Sellars se debate entre dos creencias aparentemente contradictorias: que la madre de Colleen tiene derecho a sentir que se ha hecho justicia y que todos, incluida su amiga Christa, merecen una oportunidad de redención.
“Cuando pienso en cómo conciliar la imagen que se ve en la televisión con la horrible tragedia que le ocurrió a Colleen, lo único que tiene sentido para mí gira en torno a la salud mental, el trauma y la forma en que las personas procesan las cosas en un momento en que no tienen lo que necesitan”, dijo Sellars antes de conocerse la noticia de la suspensión de la ejecución de Pike.
“Estas cosas horribles suceden en tu juventud y luego esos traumas se transmiten a través de ti, en nuestra comunidad, y causas daño a otra persona”.
Sellars conoció a Pike en prisión, donde cumplía una condena de 25 años por su participación en un robo con homicidio. Hablaban a través de las ventanillas de las puertas de sus celdas en la unidad de máxima seguridad. Actualmente, Sellars trabaja como defensora de una reforma judicial y de las víctimas de delitos.
“La gente quiere saber que la vida de todos importa, ¿verdad? Quieren saber que la vida de Colleen importaba”, dice.
“En este momento, creo que Christa está luchando mucho más para que su vida tenga sentido que para vivirla realmente”.
Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.
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Este artículo contiene información que puede resultar perturbadora.
Tras pasar tres décadas en el corredor de la muerte por un brutal asesinato, este miércoles Christa Pika iba a convertirse en la primera mujer ejecutada en el estado de Tennessee en 200 años.
Pero lo que debía ser un procedimiento con una inyección letal derivó en dos dosis y luego en un traslado de urgencia al hospital, para recibir “atención médica vital”.
Randall Spivey, uno de los abogados de Pike, declaró este jueves de tarde que ella se encuentra “en estado crítico” y agregó: “No tenemos información sobre su pronóstico ni muchas noticias sobre su estado de salud por el momento, pero sí sabemos que está viva”.
Expertos en pena de muerte en Estados Unidos han dicho que el caso de Pike no tiene precedentes.
El protocolo estatal incluso no especifica claramente qué debe suceder si un recluso permanece con vida tras una segunda dosis letal, según la agencia de noticias AP.
Desde el Departamento Correccional de Tennessee se informó que se “siguió cada paso del protocolo de ejecución legal y establecido del estado, aprobado por la Fiscalía General”.
En cambio, los abogados de Pike dijeron que las preocupaciones que tenían sobre este método de ejecución “resultaron ser ciertas”.
A Pike se le administraron dos dosis del fármaco pentobarbital. Sin embargo, su equipo legal afirmó que estas no lograron detener su ritmo cardíaco y que aún se la podía oír respirar e incluso roncar luego de recibirlas.
Ahora, la defensa de esta mujer de 50 años instó al gobernador de Tennessee, Bill Lee, quien había rechazado una solicitud de clemencia a principios de la semana, a anularle la sentencia de muerte.
“Tras haber soportado más de 20 años de confinamiento solitario y un intento completo de matarla mediante inyección letal, Christa ha sufrido un castigo mayor que cualquier otra persona en la historia de la pena de muerte estadounidense. El gobernador debe conmutarle la sentencia a Christa ahora mismo”, dijo Spivey.
Pike fue condenada a muerte en 1996, cuando tenía 18 años, por un caso que conmovió a la sociedad estadounidense: ella y su novio de entonces, Tadaryl Shipp, golpearon y torturaron hasta la muerte a Colleen Slemmer, de 19 años.
El fallo y la investigación
El presidente de EE.UU., Donald Trump, comentó este jueves que una ejecución como la de Pike no debió fallar, pues consideró “no debería ser muy difícil”.
De hecho, la inyección letal es el método de ejecución más común en Estados Unidos: de las 47 llevadas a cabo en el país en 2025, 39 se realizaron de esa forma.
No obstante, también es el método que resulta en más ejecuciones fallidas o altamente problemáticas.
El gobernador ordenó una investigación independiente y la suspensión de las ejecuciones programadas en Tennessee durante el resto del año.
“Nadie quería que ocurriera lo que pasó anoche”, dijo Lee este miércoles. “Es una tragedia y me perturba profundamente que haya ocurrido en este estado”.
Las autoridades aún no han explicado por qué la dosis administrada a Pike resultaron no ser mortales, aunque expertos médicos han planteado sus propias teorías.
La fiscalía general de Tennessee declaró en un comunicado que estaba de acuerdo con la decisión de solicitar una investigación y añadió: “Necesitamos saber qué sucedió”.
Joel Zivot, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory —quien declaró a la BBC haber sido contratado por el equipo legal de Pike como experto médico—, afirmó que probablemente el pentobarbital nunca alcanzó en sangre un nivel suficiente como para provocar apnea y fallo cardiovascular.
Y agregó: “Es muy probable que, como consecuencia del retraso en el inicio de la reanimación, sufra una lesión cerebral”.
La madre de Slemmer, May Martínez, quien se encontraba entre quienes deseaban que se llevara a cabo la ejecución y viajó a Tennessee para presenciarla, declaró a NBC News tras el intento fallido que “fue un desastre”.
Un coctel de drogas o un solo medicamento
La mayoría de los estados que aplican la pena capital por inyección letal en EE.UU. lo hacen con una mezcla hecha de tres medicamentos.
En este coctel es común el midazolam, un medicamento sedante de la familia de las benzodiazepinas que se utiliza para dejar al ejecutado inconsciente e impedir que sufra.
Se le añaden otras sustancias como bromuro de vecuronio para paralizar los músculos y cloruro de potasio para detener el corazón.
Pero en al menos 10 estados se usa una inyección letal con un solo compuesto, el pentobarbital. Fue el que se usó en el caso de Pike.
El pentobarbital es un sedante potente que ralentiza las funciones corporales, incluido el sistema nervioso. Los médicos a veces lo utilizan para tratar ciertas afecciones, pero en dosis elevadas también puede emplearse para provocar la muerte.
Tanto la mezcla de medicamentos como el uso exclusivo de pentobarbital han causado controversia.
En el caso de este último, su uso en inyecciones letales volvió a ser objeto de escrutinio el año pasado, después de que una revisión del gobierno federal de EE.UU. —realizada durante la presidencia de Joe Biden— planteara dudas sobre la posibilidad de que el fármaco causara “dolor y sufrimiento innecesarios”.
“Este intento fallido es el peor que hemos visto y no se parece a ninguna otra ejecución fallida de la era moderna”, dijo a la agencia AFP Robin Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés).
El centro tiene registro de siete reclusos cuyas ejecuciones no pudieron llevarse a cabo porque el personal médico no logró establecer vías intravenosas, pero “Pike es la primera persona en sobrevivir después de que le inyectaran dosis letales de fármacos de ejecución”, aseguró Maher.
Advertencias de la defensa
Los abogados de Pike se había opuesto previamente al uso de la inyección letal argumentando que le habría causado sufrimiento innecesario debido al tamaño reducido de sus venas y a una afección sanguínea.
“Conté al menos siete agujas utilizadas solo en su brazo izquierdo, una de las cuales parecía estar doblada cuando se la sacaron del brazo tras un intento fallido” de establecer una vía intravenosa, dijo Spivey.
El abogado Stephen Ferrell señaló que los expertos médicos habían advertido del riesgo de que las agujas se salieran de su lugar o perforaran la vena, lo que provocaría que los fármacos letales fluyeran hacia el brazo de Pike en lugar de hacia el torrente sanguíneo.
“Parece probable que eso haya ocurrido”, afirmó.
Periodistas que atestiguaron el intento de ejecución dijeron que Pike le dijo al personal en la cámara que sentía como si su brazo fuera a “reventar”.
Spivey aseguró haber visto cómo el brazo derecho de su defendida se ponía morado, especialmente después de la segunda inyección con la dosis letal.
Pike no había tenido miedo a morir, aseguró Ferrell: “Era el miedo a una muerte prolongada, dolorosa y traumática, y eso es lo que pasó, sin contar la muerte”.
Según el periódico The New York Post, Pike había solicitado ser ejecutada por un pelotón de fusilamiento compuesto exclusivamente por mujeres, ya que temía sufrir una muerte dolorosa mediante la inyección letal.
Pike fue condenada a muerte en 1996.
Un sistema con fallos
Organizaciones que se oponen a la pena de muerte han reaccionado a la noticia con firmeza.
Maya Foa, directora ejecutiva de la organización jurídica internacional Reprieve, declaró: “No podemos saber exactamente qué salió mal, ya que gran parte del proceso ocurrió tras el telón; la inyección letal depende del secretismo en todas sus etapas para ocultar la violencia con la que el Estado acaba con una vida humana”.
Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, declaró en un comunicado: “El sufrimiento prolongado —físico y mental— derivado de los múltiples intentos fallidos de ejecución es abominable y cruel”.
Y agregó que el caso Pike demostraba que EE.UU. debía abolir la pena de muerte, tal como lo han hecho la mayoría de los países del mundo.
Las autoridades de Tennessee aún no han comunicado si intentarán ejecutar a Pike nuevamente. Existen precedentes históricos de autoridades que han realizado un segundo intento de ejecución con reclusos condenados a muerte.
En 2022, más de un tercio de las ejecuciones en EE.UU. resultaron fallidas o altamente problemáticas, según el DPIC.
Se considera que una ejecución es fallida cuando se rompe o se incumple el “protocolo” establecido para un método de ajusticiamiento concreto.
Así, según el DPIC, son aquellas que “implican problemas o retrasos imprevistos causantes de una agonía innecesaria para el recluso, o que reflejan una incompetencia flagrante por parte del verdugo”.
Entre los ejemplos de tales problemas figuran, entre otros, que los reclusos se incendien durante la electrocución, que sufran estrangulamiento al ser ahorcados (en lugar de que se les rompa el cuello) o que reciban dosis incorrectas de los fármacos empleados en las inyecciones letales.
El DPIC afirma que la inyección letal presenta la tasa más alta de ejecuciones fallidas, sin distinción en sus componentes.
Por ejemplo, en mayo pasado, las autoridades penitenciarias de Tennessee desistieron de la ejecución de otro recluso llamado Tony Carruthers, tras no lograr localizar una vena adecuada.
Un incidente ocurrido en Oklahoma en 2014 cobró especial notoriedad. La ejecución de Clayton Lockett se suspendió al cabo de 20 minutos luego de que la inyección letal —compuesta por tres fármacos— no surtiera el efecto previsto al romperse una de sus venas, lo que provocó que el hombre comenzara a retorcerse y a sufrir convulsiones incontrolables.
La aplicación de inyecciones letales se da en una cámara especial en las prisiones que realizan ejecuciones.
Múltiples causas
En los últimos años, a los estados les ha resultado más difícil conseguir algunos de los fármacos necesarios para las inyecciones letales, ya que las compañías farmacéuticas se han opuesto al uso de sus productos con tales fines.
Desde diversas organizaciones de derechos humanos denuncian que, debido a que no es sencillo el acceso a los fármacos y a la falta de información sobre su origen, no es posible determinar si los medicamentos usados estaban en buen estado o no.
El Departamento Correccional de Tennessee no ha respondido específicamente al señalamiento de la defensa de Pike de que el pentobarbital utilizado estaba “degradado”. Los fármacos pueden degradarse por diversas razones, por ejemplo, si han superado su fecha de caducidad y su potencia ha disminuido.
El departamento defendió su método en términos generales y declaró: “El producto químico utilizado en el protocolo de inyección letal ha demostrado ser eficaz sistemáticamente”.
Otra de las causas por las que las ejecuciones con inyección letal fallan es por complicaciones a la hora de proceder y poner vías intravenosas.
Por ejemplo, en febrero de 2024 en Idaho, el equipo de ejecución intentó sin éxito en ocho ocasiones colocar una vía intravenosa funcional a Thomas Creech, tratando de insertar el catéter en sus “brazos, piernas, manos y pies”. Tras 58 minutos de intentos fallidos, el director de la prisión finalmente suspendió la ejecución y Creech fue devuelto a su celda.
Los abogados de la organización Idaho Federal Defender Services declararon: “Esto es lo que sucede cuando se asigna a personas desconocidas, con una formación desconocida, para llevar a cabo una ejecución”.
En esa misma línea, el DPIC ha denunciado que los estados dependen de fármacos de fuentes a menudo poco confiables y, además, “administrados por personal penitenciario con formación insuficiente, mal preparado para la tarea y que la lleva a cabo amparado en un creciente velo de secretismo”.
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