El famoso arco marino Hōlei, en el archipiélago de Hawái (EE.UU.), una estructura de roca volcánica de 27,4 metros de altura que se formó hace unos 550 años, colapsó en el océano Pacífico.
El arco aún se proyectaba hacia el agua desde un peñasco del Parque Nacional de los Volcanes el 23 de septiembre, pero desapareció el 27 de septiembre, según informó el Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés).
Se desconoce la hora exacta del derrumbe.
“La línea costera que flanquea el arco marino ha mostrado signos de inestabilidad durante años”, dijo el NPS, que advirtió en 2021 que el arco acabaría derrumbándose.
Situada al final de la carretera Chain of Craters Road en la isla de Hawái, también llamada “la isla grande”, esta formación rocosa era un destino turístico popular y muy fotografiado.
Se cree que el arco se derrumbó cuando el parque fue cerrado temporalmente durante la tormenta tropical Nolo el fin de semana pasado.
El servicio de parques nacionales informó que los terremotos ocurridos durante la erupción del volcán Kīlauea en 2018 y el posterior derrumbe de su cima dañaron los acantilados cercanos al arco.
Su derrumbe final marca “la última transformación del litoral remoto y escarpado del parque”.
Miles de turistas apreciaban cada año el famoso arco marino en Hawái.
En enero de 2020, la aparición de nuevas grietas e inestabilidad en los acantilados llevó al parque a cerrar la zona de observación del arco original, y unos meses después se abrió una nueva zona de observación a una distancia más segura, según informó el NPS.
Las olas de una tormenta tropical que se desató ese mismo año arrancaron un trozo de roca de la base del arco.
“Esta formación es hermosa, pero temporal, y tiene una vida útil limitada”, declaró el servicio de parques en 2021.
“El arco marino acabará desmoronándose en el mar. Sin embargo, otros lo reemplazarán a medida que el acantilado se desplace lentamente hacia el interior”.
Miles de personas han dado “me gusta” y comentado la publicación del NPS en las redes sociales con la noticia del derrumbe del arco, compartiendo incluso sus recuerdos de haberlo visitado y publicando fotos del mismo.
“Nada ni nadie está aquí para siempre”, comentó un usuario de Facebook. “Dentro de millones de años el sol morirá. Aprecia lo bueno, la belleza, ahora”.
Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.
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Christa Pike, la mujer cuya ejecución por inyección letal falló en el estado de Tennessee, se encontraba inconsciente, intubada y conectada a un respirador el jueves por la noche, según afirman sus abogados en documentos presentados ante el tribunal.
La mujer, de 50 años, recibió dos dosis letales de pentobarbital el miércoles por la noche, pero sobrevivió por razones hasta ahora desconocidas. Posteriormente fue trasladada al hospital en ambulancia.
Desde entonces ha seguido en estado crítico en un hospital de la capital, Nashville.
Los abogados de Pike, quien fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de una joven de 19 años, Colleen Slemmer, buscan que se le conmute la sentencia tras el fallido intento de ejecución.
La defensa presentó este viernes una moción de emergencia para preservar “todas y cada una de las pruebas” relacionadas con la fallida ejecución de Pike.
El personal del hospital está tratándola para preservar su vida y eliminar el pentobarbital de su organismo, según consta en la documentación presentada.
Ejecución fallida
Según sus abogados, durante el proceso de ejecución el miércoles, los funcionarios de la prisión intentaron realizarle una punción intravenosa (IV) a Pike utilizando al menos siete agujas.
En un momento dado, la propia Pike les ofreció orientación sobre dónde podían intentarlo.
“Una de las agujas estaba doblada en un ángulo de 90 grados cuando fue retirada”, se lee en la documentación.
Mientras recibía las dos dosis, “se la podía oír llorando, gimoteando y respirando con dificultad durante todo el procedimiento”, dijeron sus abogados.
“En un momento dado, la señora Pike dijo: ‘Siento que mi brazo está a punto de reventar’, y en otro preguntó: ‘¿Esto suele ocurrir así?’”.
Los abogados de la mujer advirtieron previamente que sus afecciones, entre las que se incluyen trombocitosis, trastorno de estrés postraumático y venas pequeñas, implicaban el riesgo de que experimentara dolor y sufrimiento “innecesarios” durante una inyección letal.
En los últimos documentos presentados, sus abogados alegan que “en ningún momento ningún miembro del equipo de ejecución se percató de que las vías intravenosas no estaban colocadas correctamente o de que las venas se habían reventado y de que el pentobarbital estaba, total o parcialmente, entrando en el cuerpo de la señora Pike”.
Por ello solicitan que se conserven todas las pruebas físicas, escritas y electrónicas pertinentes.
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A lo largo de su carrera, el periodista Michael Graczyk cubrió cerca de 500 ejecuciones en Texas. Y sigue haciéndolo incluso después de su jubilación de Associated Press en 2018.
Recuerda dos casos en los que las agujas se desprendieron y tuvieron que volver a insertarlas antes de que la ejecución pudiera completarse, pero no conoce ninguno en el que un condenado haya sobrevivido.
Eso ocurrió esta semana en Tennessee, donde Christa Pike, de 50 años, siguió respirando e incluso roncó de forma audible después de recibir dos dosis de pentobarbital, el barbitúrico empleado en el protocolo de inyección letal del estado.
Graczyk, de 76 años, dice que no le sorprendió enterarse de la anomalía y que, de hecho, había pensado en esa posibilidad durante sus décadas de carrera como periodista en Texas.
“Era solo cuestión de tiempo”, dice el periodista a BBC News.
Tennessee administró dos dosis letales para ejecutar a Christa Pike, pero la mujer sobrevivió.
Según AP, el protocolo de ejecución de Tennessee contempla un segundo par de jeringas de pentobarbital en caso de que la persona que va a ser ejecutada no muera tras usar las primeras.
Pero no especifica qué sucede si la persona sigue viva después de eso.
El gobernador Bill Lee suspendió las ejecuciones en el estado tras lo sucedido el miércoles por la noche y ordenó una investigación independiente de los procedimientos.
Las ejecuciones fallidas han sido objeto de escrutinio durante la última década, ya que la escasez de los fármacos utilizados llevó a algunos estados a cambiar la fórmula o a adquirirlos de fuentes más dudosas.
Algunos estados incluso reinstauraron el fusilamiento como alternativa.
Según el abogado de la detenida, Pike se encuentra hospitalizada y recibiendo “atención médica vital”.
Ejecuciones fallidas
No es raro que las inyecciones letales, que es la forma más frecuente de pena capital en los 27 estados de EE.UU. donde es legal, se administren de forma fallida.
El Centro de Información sobre la Pena de Muerte, un grupo de expertos que no se pronuncia ni a favor ni en contra de la pena capital, registró 64 ejecuciones fallidas desde 1982, 51 de ellas con inyecciones letales.
En al menos siete de esos casos, las ejecuciones se detuvieron porque no se pudo colocar la vía intravenosa.
Pero Graczyk nunca ha visto que falle una ejecución después de que se haya administrado la inyección.
“Eso nunca había ocurrido aquí”, dice Graczyk refiriéndose a Texas.
Graczyk, quien cubrió una amplia variedad de temas para Associated Press durante sus 46 años en la agencia, considera que asistir regularmente a las ejecuciones formaba parte fundamental de su labor como periodista.
“No existe un poder mayor que el que ejercen los gobiernos estatales o el federal cuando tienen la facultad de quitarle la vida a una persona”, dice.
Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, desde 1976, año en el que la Corte Suprema de Estados Unidos restableció la pena capital, se han llevado a cabo 1.683 ejecuciones en el país.
Texas es por un amplio margen el estado que ha llevado a cabo más ejecuciones: 602 en total. En 1982, se convirtió en el primer estado en utilizar la inyección letal para ejecutar a condenados.
“Siempre pensé que era importante que hubiera alguien sin ningún interés en el resultado del caso para presenciar cómo se aplica la ley y asegurarse de que se haga correctamente”, dice Graczyk.
“Que haya alguien allí para verlo y poder contárselo a los demás: ‘Esto es lo que vi. Esto es lo que ocurrió’”, agrega.
El recuerdo de la víctima
El periodista siente una responsabilidad especial por mantener vivo el recuerdo de las víctimas en sus reportajes. Por eso, le resulta frustrante cuando una ejecución apenas atrae atención y la noticia pasa desapercibida.
“Siento pena por las víctimas de los casos”, dice. “Son personas olvidadas. Siempre lo han sido”.
“Hoy todo el foco está puesto en la detenida de Tennessee”, dice. “Nadie llora por la víctima, más allá de su familia inmediata. Y entiendo que así funciona este negocio, pero eso no significa que sea lo correcto”.
La víctima de Pike fue Colleen Slemmer, una joven de 19 años de Florida que, según sus amigos y familiares, disfrutaba de patinar, tenía una sonrisa fácil y siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás.
Slemmer fue torturada y asesinada por Pike, quien entonces tenía 18 años, y por su novio de la época, Tadaryl Shipp. Los tres se habían conocido en un programa de capacitación laboral.
Colleen Slemmer (la foto de la izquierda) fue asesinada a los 19 años.
La madre de Slemmer, May Martinez, estuvo presente el miércoles en Tennessee durante el intento de ejecución y le dijo a NBC News que “fue un desastre”.
Graczyk explica que en Texas, donde reside y ha cubierto ejecuciones durante décadas, los testigos no tienen acceso a la cámara de ejecución durante la colocación de la vía intravenosa.
“Cuando entramos en la cámara de ejecución, el recluso ya las tiene colocadas (las vías intravenosas)”, explica Graczyk.
En una ejecución mediante inyección letal, la vía intravenosa normalmente se inserta en el pliegue del codo de la persona, explica el periodista. Pero si eso no funciona, a veces se inserta en el dorso de la mano, la pierna, el cuello u otras partes del cuerpo.
En las ejecuciones que se desarrollan según lo previsto, los reclusos pierden visiblemente el conocimiento en cuestión de segundos”, señaló Graczyk. Según explicó, la muerte suele declararse entre 20 y 40 minutos después de la administración de la dosis letal.
La escena que sigue intacta
Todavía recuerda la ejecución de Jonathan Nobles, realizada mediante inyección letal en Texas en 1998. Nobles había sido condenado por el brutal asesinato a puñaladas de dos mujeres de Austin, Kelley Fraquhar y Mitzi Johnson-Nalley, en 1986.
Sus últimas palabras fueron una interpretación de “Noche de Paz”.
“Llega a la parte de la letra que dice round yon virgin y deja de hablar”, recuerda Graczyk. “Ese es el tiempo que tardó la droga en hacer efecto. A partir de ahí, pierde el conocimiento”.
Casi tres décadas después, esa escena sigue viva en su memoria.
“Hasta el día de hoy, cuando en Navidad escucho a un coro cantar ‘Noche de Paz’ y veo a toda la congregación unirse al canto, envuelta en el espíritu festivo, pienso en aquella ejecución. Estoy seguro de que soy el único allí con un recuerdo así”, dice.
Cuando la gente descubre que Graczyk pasó gran parte de su carrera informando sobre ejecuciones, la reacción suele ser de curiosidad.
“La mayoría de la gente no tiene la oportunidad de ver morir a alguien”, comenta.
Pero cuando le preguntan por esa etapa de su carrera, suele hacer una aclaración: “No es lo único que he hecho ni a lo único que me he dedicado”.
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Los fiscales del estado de Nueva York reabrieron una investigación por la presunta violación grupal de una estudiante en la Universidad de Cornell en 2024.
La decisión se produjo después de que la mujer presentará el pasado 16 de septiembre una demanda civil contra una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, en la que alega que fue drogada y violada en una casa de una fraternidad en la universidad.
También alegó que la Universidad de Cornell no la protegió ni castigó de manera adecuada a los hombres involucrados.
Los hombres han sido apodados “los 7 de Cornell”, mientras que a la mujer se la identifica como Jane Doe en los documentos judiciales, un nombre ficticio utilizado para proteger la identidad de una persona.
Cornell ha dicho que apoya que el caso sea llevado ante un gran jurado, al tiempo que rechaza como “falsas” las afirmaciones de que no castigó a los implicados.
El estado de Nueva York ha emprendido una investigación, liderada por la fiscal general Letitia James, sobre la manera en que se manejó el caso.
Esto es lo que sabemos:
La Universidad de Cornell está ubicada en la ciudad de Ithaca, Nueva York.
Qué alega la mujer
En una demanda civil de 101 páginas, la mujer alegó que durante la noche del 19 de octubre de 2024 siete hombres de la fraternidad Chi Phi de Cornell la agredieron durante horas en un episodio en el que hubo consumo de alcohol y ketamina.
La joven era una estudiante de la universidad de 20 años en ese momento.
Jane Doe dijo en su demanda que estaba ebria durante el presunto incidente y que no se encontraba en condiciones de dar su consentimiento.
Según su relato, tras haber estado bebiendo con sus compañeras de sororidad esa noche, se separó del grupo y llegó sola y tambaleándose a la casa de la fraternidad Chi Phi en Ithaca para ver a un amigo.
La demanda incluye acusaciones de agresión sexual, agresión física, negligencia, incumplimiento de contrato y violaciones de la Ley de Derechos Humanos del estado de Nueva York.
La denuncia fue presentada contra la universidad, la fraternidad y los hombres involucrados en el presunto ataque.
La demanda incluye una imagen que sería de un chat de la fraternidad, en el que uno de los participantes alerta a otros miembros, en términos vulgares, sobre la posibilidad de mantener un encuentro sexual con Jane Doe.
Su abogado dijo que ella estaba “traumatizada, paralizada e incapaz de funcionar o aceptar el horror de lo sucedido” en los días posteriores a la agresión. Doe presentó su denuncia ante la policía de la universidad el 8 de noviembre de 2024.
La indignación aumentó en las últimas semanas cuando se supo que ella alegó en su demanda que a los hombres “se les dio la posibilidad de reducir las sanciones por su conducta escribiendo ensayos”.
El abogado de Doe ha dicho que dos de los implicados fueron expulsados y que la mujer abandonó la universidad después de lo sucedido.
El consejo editorial del periódico universitario publicó los nombres de los demandados el 21 de septiembre en un artículo titulado “Cornell no lo hará, nosotros sí”, lo que provocó una oleada de indignación en las redes sociales.
Qué decían los mensajes
Según la universidad, la policía del campus entregó a los fiscales en noviembre de 2024 una imagen del grupo de Snapchat “Chi Phi Actives”, que fue incorporada como evidencia.
Los miembros aparecen nombrados en el chat y hablan de un encuentro sexual “gratuito” con Jane Doe, utilizando lenguaje vulgar, poco antes de las 2 de la madrugada del 20 de octubre de 2024.
CBS News New York ha publicado extractos de mensajes de texto adicionales que, según informa, fueron intercambiados entre uno de los acusados y una mujer que parece ser Jane Doe.
Los mensajes habrían sido enviados dos días después de la supuesta agresión, según los informes.
En uno de los mensajes, el hombre parecía disculparse por “cómo se dieron las cosas”.
Dijo que su recuerdo de lo que había pasado era “algo confuso” y que él y otro hombre se sentían mal por haber estado demasiado ebrios como para “detenerlo y echar a la gente antes de que se fuera demasiado de las manos”.
La mujer respondió que su recuerdo de lo había pasado también estaba “muy nublado” y que todos estaban ebrios.
También escribió que “nada de lo sexual fue ilegal”, que le había gustado estar con él y con otro hombre.
Doe sugirió que volvieran a fumar juntos, pero sin “los otros 5.000 millones de hombres y la ketamina”.
Qué respondió la universidad
La mujer dijo que denunció el incidente a la policía de la Universidad de Cornell dos semanas después de que ocurriera.
Poco después, la institución emitió un comunicado público sobre las “graves y profundamente inquietantes acusaciones de abuso de drogas y violencia sexual en la casa de la fraternidad Chi Phi”.
El comunicado indicaba que el departamento de policía del campus estaba investigando y que había suspendido la sección local de la fraternidad Chi Phi y a “varios estudiantes”.
La universidad también informó que había abierto una investigación interna, así como una pesquisa de derechos civiles en virtud del Título IX, la ley que prohíbe la discriminación sexual en las instituciones educativas que reciben financiación del gobierno federal.
La universidad informó que había abierto una investigación interna.
Tras la nueva demanda, la universidad refutó la acusación de Jane Doe de que la institución educativa no investigó ni castigó adecuadamente a los presuntos culpables.
La universidad dijo en un comunicado que el caso fue remitido a un “panel de profesores y miembros del personal capacitados”, que impuso “una serie de sanciones, entre ellas expulsiones y suspensiones de Cornell”.
Cornell no negó que el castigo para algunos de los implicados incluyera la redacción de un ensayo. Pero afirmó: “A ninguno de los acusados se le ofreció la oportunidad de escribir ensayos como única consecuencia de su participación”.
En un comunicado emitido el martes, la universidad sostuvo que, tras la denuncia, se impusieron “suspensiones temporales y otras medidas restrictivas”.
También señaló que los acontecimientos que tuvieron lugar en su campus en 2024 “fueron espantosos entonces y lo siguen siendo ahora”.
“Estamos haciendo todo lo posible para fomentar una cultura donde la conducta sexual inapropiada nunca sea tolerada”, decía el comunicado.
La gobernadora de Nueva York (a la izquierda) encargó a la fiscal Letitia James llevar a cabo una investigación independiente del caso.
El miércoles, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que había llamado al presidente de la universidad, quien había accedido a permitir “una investigación independiente y externa sobre lo ocurrido”.
Cornell confirmó a la BBC que se llevará a cabo la investigación independiente.
Hochul puso a cargo de la investigación a la fiscal general del estado, Letitia James, conocida por haber demandado a Donald Trump en 2022.
En una rueda de prensa este viernes, la gobernadora expresó su consternación por la forma en que fue manejado el caso por la policía del campus y prometió llegar hasta el fondo del asunto.
James, por su parte, expresó que revisará las pruebas y emprenderá las acciones legales pertinentes.
El caso ha puesto de presente un vacío en las leyes de Nueva York, que dificulta a los fiscales presentar cargos contra quienes sostienen relaciones sexuales con una persona que voluntariamente había consumido alcohol o drogas hasta el punto de perder la capacidad para negarse.
La sección Xi de la fraternidad Chi Phi fue cerrada en 2024 y sigue teniendo prohibido el acceso al campus.
Qué ha dicho la fraternidad
La fraternidad Chi Phi es una de las partes señaladas por Doe en su demanda civil, en la que alega que sufrió daños físicos y emocionales como consecuencia de las acciones de sus miembros.
Trey Robb, director ejecutivo encargado de la fraternidad, dijo en un comunicado que la organización había expulsado a los miembros de la sede de Cornell acusados.
“Nuestros registros confirman que, apenas tres días después de que ‘Jane Doe’ presentara una denuncia ante la policía, la sede Xi votó por unanimidad para expulsar de sus filas a los miembros acusados”, dijo Robb.
Chi Phi es una de las fraternidades universitarias de varones más antiguas de EE.UU.
“La sede también recomendó que nuestra fraternidad nacional los expulsara de forma permanente, y nuestro Gran Consejo así lo hizo en una reunión posterior”.
La fraternidad “no hará comentarios sobre asuntos que estén ante los tribunales o sean objeto de una investigación”, dijo Robb.
Por qué reabrieron el caso
Matthew Van Houten, fiscal de distrito del condado de Tompkins (donde se ubica el campus de Cornell), informó el lunes que su oficina reabriría una investigación penal sobre la presunta violación.
Afirmó que una vez que se determinara qué cargos correspondían, el caso sería llevado ante un gran jurado. Y señaló haberse puesto en contacto con Doe y sus abogados para obtener más información.
En el sistema legal estadounidense, los fiscales convocan a grandes jurados para evaluar pruebas y testimonios y, finalmente, votar si estos ameritan la presentación de cargos penales.
El fiscal dijo que, en el momento de la presunta agresión, ocurrida hace dos años, su oficina concluyó que las pruebas aportadas por la declaración de la mujer a las autoridades no alcanzaban el umbral legal necesario para presentar cargos.
En su declaración, Van Houten incluyó un resumen de lo que Doe contó al Departamento de Policía de la Universidad de Cornell en 2024, después de la presunta agresión, y señaló que su relato difería de las acusaciones expuestas en la demanda.
“La declaración jurada de Jane Doe de noviembre de 2024 no alegaba que hubiera sido drogada en contra de su voluntad ni que hubiera sido violada en grupo”, dijo Van Houten en un comunicado el lunes.
“Por el contrario, la declaración de Jane Doe describía su participación en el consumo de drogas y en actos sexuales como voluntaria, consciente y consentida”.
Un portavoz de la Universidad de Cornell dijo a la BBC que su departamento de policía compartió con la Fiscalía del condado de Tompkins un “extenso informe de la investigación policial”.
La fiscal general del estado de Nueva York anunció la revisión del caso.
Nuevos informes han detallado lo que Doe declaró ante la policía de la Universidad de Cornell después del incidente.
CBS News New York obtuvo una transcripción de las entrevistas de Doe con la policía del campus, que comenzaron el 14 de noviembre, más de tres semanas después del incidente.
Al referirse al primer encuentro sexual, dijo a la policía: “Yo estaba bastante de acuerdo con todo esto”.
Pero, según el medio, al hablar de lo que ocurrió después, dijo: “Puedo decir con 100% de certeza que fui violada”.
ABC News también obtuvo un informe policial del 15 de noviembre, en el que Doe decía que, durante uno de los encuentros posteriores esa noche, “sentí que no podía tomar ninguna decisión debido a lo ebria que estaba”.
“Para mí, eso se sintió como coerción”, dijo en su declaración.
La BBC se ha puesto en contacto con la oficina de Van Houten y con el abogado de Doe.
Van Houten dijo a CBS News que nunca había visto la transcripción de la entrevista con la policía del campus.
También dijo a The New York Times que esperaba hablar con Doe “para discutir las nuevas pruebas que existen” y que no consideraba que las acusaciones presentadas en la demanda civil alcanzaran el umbral legal necesario para presentar cargos.
Van Houten señaló, no obstante, que “lo importante es que ella cree que se cometieron delitos, y queremos llegar al fondo de eso”.
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Francia ha vivido una de las semanas más agitadas de este 2026 debido a una oleada de protestas estudiantiles que han dejado numerosos centros educativos dañados, cientos de alumnos detenidos y decenas de policía heridos.
Hasta el momento, más de 1.000 institutos se han visto afectados por las manifestaciones, con bloqueos en 222 de ellos, según el Ministerio del Interior.
Las manifestaciones en contra del hacinamiento en las aulas y la escasez de profesores comenzaron en París la semana pasada, pero se han extendido a ciudades como Dijon, Lyon, Estrasburgo, Lille y Marsella, donde los adolescentes han bloqueado el acceso a sus escuelas durante días.
También se registraron incendios en dos institutos de Nantes, en el oeste de Francia, y en un centro educativo en la ciudad de Ruan, en el norte del país.
Los dos incendios de Nantes se propagaron después de que los manifestantes prendieran fuego a contenedores de basura. El incendio del instituto Nelson Mandela, situado en el centro de la ciudad, se extendió hasta la fachada del edificio y dañó el vestíbulo de entrada.
En la ciudad sureña de Marsella, el personal del instituto Victor Hugo fue rociado con gasolina mientra los manifestantes llenaban diversos recipientes con combustible.
Por otro lado, en el norte del país, el director del instituto Degrugillier, en la localidad de Auchel, sufrió una lesión en el oído causada por un fuego artificial que se desvió de su trayectoria.
El ministro de Educación, Édouard Geffray, afirmó que, si bien algunas de las demandas de los estudiantes son legítimas, lo que le preocupaba era la violencia.
Habló de un joven que perdió el uso de parte de la mano tras disparar un petardo. Añadió que entre los decenas de heridos desde el inicio de las protestas se encuentran tanto alumnos como personal docente.
“Violencia urbana”
El jueves, estudiantes universitarios se sumaron a las manifestaciones con reivindicaciones similares.
Según se ha informado, al menos 30 universidades también han sido bloqueadas, incluidos los campus de Rennes y París.
Solo ese día fueron detenidas 1.949 personas y 305 agentes de policía resultaron heridos, según informó el Ministerio del Interior. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, convocó una reunión de crisis para abordar la situación.
Posteriormente, el gobierno declaró que las manifestaciones estudiantiles habían derivado en “violencia urbana”.
El jueves, los servicios de transporte público de Marsella y Estrasburgo quedaron paralizados debido a actos de vandalismo, amenazas de violencia y para impedir que los manifestantes se desplazaran.
Raphael, de 17 años, participó en las protestas frente a un instituto de Estrasburgo, donde se colocaron barreras para bloquear las vías del tranvía cercanas.
En una entrevista con la agencia de noticias AFP, expresó su frustración por las instalaciones de su instituto, señalando que algunas aulas tenían goteras y que no había suficientes baños.
“El edificio se está cayendo a pedazos, la cafetería es demasiado pequeña. No hay presupuesto, no hay recursos y no hay suficientes supervisores”, afirmó Raphael.
“Mucho ruido”
Los estudiantes llevaron a cabo una protesta bloqueando un centro de enseñanza secundaria en Lille.
Ryad Rani, presidente de la USL, el sindicato de estudiantes de secundaria, acusó al gobierno francés de “represión” y a la policía de usar fuerza excesiva.
Al ser preguntado sobre la respuesta policial frente las protestas, que ha sido objeto de críticas por parte de algunos políticos, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, afirmó que se había llevado a cabo “de una manera extremadamente proporcionada”.
Sin embargo, Laëtitia Degeuse, directora de un centro juvenil en Rennes, en el noroeste de Francia, afirmó sentirse “aturdida y conmocionada por un despliegue tan masivo contra los jóvenes”.
“Simplemente intentan vivir y estudiar en condiciones dignas”, añadió.
Degeuse le dijo a Eurovision News Exchange que “con toda esta violencia, ya ni siquiera podemos escuchar sus reivindicaciones, a pesar de que son totalmente legítimas”.
La directora manifestó que en Francia no solo está sufriendo la educación, sino todos los servicios públicos. “A todos nos interesa mostrar solidaridad con un movimiento como este”, concluyó.
La asociación de estudiantes USL ha convocado una gran protesta nacional para el 6 de octubre.
Un manifestante en París declaró a la BBC que los alumnos quieren que las aulas francesas sean más seguras.
El estudiante, que se identificó como Diego, afirmó que “no es normal” que haya 40 alumnos en una clase durante dos horas. “Estamos enfadados”, añadió.
Este joven de 16 años sostuvo que hace falta “mucho ruido” para lograr un cambio y afirma que todas las escuelas francesas tendrán que manifestarse.
El alcalde del suburbio parisino de Seine-Saint-Denis ha elogiado a los manifestantes.
Cruce de acusaciones
El ministro Geffray acusó al partido de izquierda radical La France Insoumise (LFI – Francia Insumisa) de incitar a la violencia.
El alcalde del LFI, Bally Bagayoko, del suburbio parisino de Seine-Saint-Denis, quien ha elogiado a los manifestantes, ha sido criticado por sugerir que en algunos casos “la violencia puede ser legítima” cuando un adolescente se enfrenta a la policía antidisturbios que dispara las llamadas “balas de aturdimiento”.
“Cada vez que intentamos expresarnos, nos lanzan gases lacrimógenos; no intentan entendernos”, declararon a la radio France Inter los alumnos del instituto Paul-Éluard de Saint-Denis. “Cuando intentamos hablar de nuestros derechos, nos lanzan gases lacrimógenos y nos golpean”.
Durante días, los estudiantes han bloqueado el instituto de Saint-Denis y parte de la puerta de entrada ha sido derribada.
El lunes, Bagayoko fue fotografiado bailando con estudiantes que protestaban frente a la escuela y cantando La Marsellesa con ellos, lo que llevó a Valérie Pécresse, la jefa conservadora de la región de Île-de-France, a la que pertenece París, a exigirle que pagara parte de los daños.
“Sistema colapsado”
Según informes procedentes de varias ciudades, los manifestantes lanzaron proyectiles contra la policía, que respondió con gases lacrimógenos y, en ocasiones, con porras.
Un estudiante sufrió una grave lesión ocular cerca de una escuela en Tours el miércoles, en medio de informaciones no confirmadas de que había sido alcanzado por una granada aturdidora disparada por la policía.
El miércoles se produjeron más detenciones en Nancy, en el este del país, y en la región de Gironda, en el suroeste. Un profesor quedó en estado de shock el martes en la ciudad norteña de Lille, donde, según los informes, fue agredido tras intentar llamar a los bomberos para avisar de un contenedor de basura en llamas.
Una estudiante de 16 años dijo que estaban intentando transmitir un mensaje.
“No estamos aquí para destrozarlo todo sin motivo”, declaró a la agencia de noticias AFP. “Estamos aquí precisamente para decir que el sistema educativo está completamente colapsado. Somos 34 alumnos por clase, y simplemente no es viable. Los profesores están sobrecargados de trabajo”.
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Sin sorpresa, pero con consecuencias que aún están por verse dentro del panorama político español, el Congreso de los Diputados de España votó en contra de los decretos de vivienda aprobados esta semana por el gobierno de coalición de Pedro Sánchez.
Los textos no consiguieron los votos necesarios para su aprobación y promulgación.
Contaron con el respaldo del PSOE y Sumar, la coalición de partidos en el poder. Se esperaba el voto en contra del Partido Popular y de Vox, la derecha y la ultraderecha. A ellos se sumó, entre otros, Junts per Catalunya, partido independentista catalán de tendencia centroderechista.
En concreto, uno de los decretos tuvo 172 votos a favor y 178 en contra, mientras que el segundo tuvo 166 votos a favor y 184 en contra.
Desde la noche del jueves se esperaba este resultado, cuando Junts anunció su postura y pidió al gobierno la redacción de un nuevo texto basado en una propuesta presentada por este grupo parlamentario.
La redacción de estos decretos se hizo esta semana en medio de un fuerte movimiento de protestas que derivó en la instalación de una acampada en la céntrica Puerta del Sol de Madrid el pasado 26 de septiembre.
La chispa que detonó la protesta y ha expuesto la crisis de vivienda que vive el país europeo fue el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años.
Tras ser sacada de su casa, tuvo que ser ingresada en el hospital por problemas de salud, si bien luego se le permitió regresar a ella.
El primer decreto, que fue presentado por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, promueve la “ampliación de la oferta de vivienda asequible”.
Entre las medidas contempladas en la medida legislativa se incluyen limitar la subida del precio de los alquileres, la prohibición de desahucios hasta 2030, regular el alquiler de temporada, la prohibición de la compra especulativa por los llamados “fondos buitre” (sin definir qué son en el texto), así como incentivos para que los propietarios bajen el alquiler.
El segundo, presentado por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, contiene un solo artículo: la renovación automática de los contratos de alquiler.
A la vez que se desarrollaba el debate en el Congreso de los Diputados, miles de manifestantes se trasladaron hasta allí para exigir la aprobación de los decretos, convocados por el Sindicato de Inquilinas.
Mientras tanto, son diversas las voces en España que apuntan a que este episodio podría desencadenar que el presidente Sánchez convoque elecciones generales adelantadas, previstas, según el calendario ordinario, para julio o agosto del próximo año.
Más información en breve.
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Sin sorpresa, pero con consecuencias que aún están por verse dentro del panorama político español, el Congreso de los Diputados de España votó en contra de los decretos de vivienda aprobados esta semana por el gobierno de coalición de Pedro Sánchez.
Los textos no consiguieron los votos necesarios para su aprobación y promulgación.
Contaron con el respaldo del PSOE y Sumar, la coalición de partidos en el poder. Se esperaba el voto en contra del Partido Popular y de Vox, la derecha y la ultraderecha. A ellos se sumó, entre otros, Junts per Catalunya, partido independentista catalán de tendencia centroderechista.
En concreto, uno de los decretos tuvo 172 votos a favor y 178 en contra, mientras que el segundo tuvo 166 votos a favor y 184 en contra.
Desde la noche del jueves se esperaba este resultado, cuando Junts anunció su postura y pidió al gobierno la redacción de un nuevo texto basado en una propuesta presentada por este grupo parlamentario.
La redacción de estos decretos se hizo esta semana en medio de un fuerte movimiento de protestas que derivó en la instalación de una acampada en la céntrica Puerta del Sol de Madrid el pasado 26 de septiembre.
La chispa que detonó la protesta y ha expuesto la crisis de vivienda que vive el país europeo fue el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años.
Tras ser sacada de su casa, tuvo que ser ingresada en el hospital por problemas de salud, si bien luego se le permitió regresar a ella.
El primer decreto, que fue presentado por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, promueve la “ampliación de la oferta de vivienda asequible”.
Entre las medidas contempladas en la medida legislativa se incluyen limitar la subida del precio de los alquileres, la prohibición de desahucios hasta 2030, regular el alquiler de temporada, la prohibición de la compra especulativa por los llamados “fondos buitre” (sin definir qué son en el texto), así como incentivos para que los propietarios bajen el alquiler.
El segundo, presentado por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, contiene un solo artículo: la renovación automática de los contratos de alquiler.
A la vez que se desarrollaba el debate en el Congreso de los Diputados, miles de manifestantes se trasladaron hasta allí para exigir la aprobación de los decretos, convocados por el Sindicato de Inquilinas.
Mientras tanto, son diversas las voces en España que apuntan a que este episodio podría desencadenar que el presidente Sánchez convoque elecciones generales adelantadas, previstas, según el calendario ordinario, para julio o agosto del próximo año.
Más información en breve.
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Cuando el nicaragüense Kenis López abordó aquel vuelo de deportación en Dallas, Texas, el 28 de agosto, ya no tenía fuerzas.
Los últimos siete meses los había pasado bajo custodia federal, desde que en enero varios agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) lo detuvieran a las puertas de su casa en Mineápolis, en el estado norteño de Minnesota.
Cuenta que en el avión iba atado de pies y manos, y con un casco en la cabeza.
Minutos antes se había resistido a descender del autobús en el que llegó a la pista del aeropuerto y había suplicado que no lo subieran a aquel vuelo. Según relata, nadie le había dicho bien cuál era su destino y solo escuchó que iba a África.
“No me voy a bajar. Prefiero morirme aquí que en un continente tan lejano”, recuerda que le dijo al personal que lo custodiaba en el bus. También que le contestaron: “Si eso quieres, eso te va a pasar”.
Asegura que, al negarse a obedecer, un agente de ICE ordenó que le disparasen con balas de goma. Las alegaciones coinciden con la de otros dos nicaragüenses y un cubano que iban en el bus, quienes cuentan que los disparos fueron “a quemarropa”, desde un metro de distancia, y le mostraron a BBC Mundo imágenes de los hematomas que estos les habrían dejado.
En las fotografías, tomadas dos días después, se ven dos círculos morados de unos cinco centímetros de diámetro con el centro rojizo en el brazo izquierdo de uno de ellos, así como un moretón en el pecho de otro.
BBC Mundo le enseñó las imágenes a Rohini J. Haar, asesora médica de Physicians for Human Rights, que dijo que las marcas son “compatibles con impactos de proyectiles de bajo impacto letal”. Con ella coincide Neil Corney, investigador de la Omega Research Foundation, especializado en analizar el impacto de armas no letales.
Ante las preguntas de BBC Mundo sobre el trato que, según los migrantes, recibieron de los agentes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), del que depende ICE, contestó que “no se está golpeando ni abusando de ningún detenido”.
López denuncia que tras sacarlo a rastras del autobús, los subieron al avión “como cualquier animal” y que fue allí donde supo que estaban siendo deportados a República Centroafricana, uno de los países más pobres del continente.
En el vuelo de migrantes deportados a República Centroafricana el 28 de agosto viajaban tres nicaragüenses: Isaac Cruz, Luis Mendoza y Kenis López.Los expertos consultados por BBC Mundo coinciden que los hematomas en las fotografías son “compatibles con impactos de proyectiles de bajo impacto letal”.
La República Centroafricana en datos
La República Centroafricana (RCA) sufre inestabilidad prácticamente desde que se independizó de Francia en 1960.
Es rica en diamantes, oro, petróleo y uranio, pero tiene una de las poblaciones más pobres del mundo.
Se sumió en el caos en 2013 cuando rebeldes musulmanes del grupo Seleka tomaron el poder. Una banda de milicias mayoritariamente cristianas, llamada anti-Balaka, se levantó para enfrentarse a Seleka.
Seleka entregó el poder a un gobierno de transición en 2014 bajo presión internacional, pero el país sigue en crisis.
Porcentaje de población que vive con US$3 o menos al día: 71,6%
Promedio de años de escolarización: 3,9
Fuentes: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UN DESA), Banco Mundial y BBC Monitoring.
Acuerdos con “terceros países”
López, nicaragüense de 45 años, habló con BBC Mundo desde Bangui, la capital de una nación sobre la que hasta ahora no tenía ninguna referencia y a la que fue deportado en virtud de los acuerdos de EE.UU. para que otros países reciban migrantes expulsados.
“Todos estos inmigrantes ilegales fueron deportados a un tercer país seguro. Estamos aplicando la ley tal como está escrita”, le contestó el DHS a BBC Mundo por correo electrónico.
Según datos de organizaciones sin ánimo de lucro que monitorean los vuelos de deportación, López es uno de al menos 100 migrantes que fueron expulsados a finales de agosto por el gobierno de Donald Trump a ocho países africanos en el marco de esos cuestionados acuerdos de deportaciones hacia “terceros países”.
Ya había tratado de migrar a EE.UU. en 2005 pero, al cruzar la frontera de forma ilegal, fue detenido y deportado de forma expedita.
Volvió a intentarlo en 2022, y desde entonces vivía en el estado de Minnesota. Sin embargo, en enero fue detenido por agentes del ICE cuando subía a su camioneta frente a su casa en Mineápolis para ir a trabajar en construcción, afirma.
Fue uno de los cientos de arrestados en esa ciudad, donde el gobierno de Trump desplegó a principios de año más de 2.000 agentes federales como parte de su ofensiva contra la migración ilegal.
La operación desencadenó protestas en las calles, y en ese contexto de tensión murieron a manos de agentes del ICE los estadounidenses Renee Nicole Good y Alex Pretti.
Cuando lo abordaron los funcionarios, López asegura que les mostró los papeles que siempre cargaba con él.
“Les entregué mi permiso de trabajo y la documentación que probaba que una jueza de Minnesota me había concedido la retención de remoción”, cuenta. BBC Mundo pudo ver la resolución del Tribunal de Inmigración Fort Snelling de Minnesota fechada el 13 de agosto de 2024.
Kenis López llevaba cuatro años viviendo en Estados Unidos cuando fue deportado a República Centroafricana.
López se refiere a lo que también se traduce como “cancelación de deportación”, que impide al gobierno devolver a un extranjero a un país donde su vida o libertad estarían en peligro por razones de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social.
Asimismo, a López le fue concedida protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT), un tratado internacional del que EE.UU. es signatario.
Esta medida impide la devolución a un país donde sea más probable que improbable que el beneficiario sea torturado. No abre camino hacia la ciudadanía o la residencia permanente, y puede ser revocada si las condiciones del país cambian.
Hace años que organizaciones nacionales e internacionales denuncian violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Y este septiembre, un comité de derechos humanos de la ONU acusó al gobierno de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo de utilizar las desapariciones forzadas como instrumento para silenciar la disidencia y controlar a la población.
En su informe “La anatomía de la crueldad estatal”, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua también denunció al menos ocho muertes en custodia de personas detenidas por motivos políticos desde 2018, algo que el Ejecutivo rechaza.
Las violaciones de derechos humanos en Nicaragua se habrían intensificado desde 2018, cuando se consolidó la deriva autoritaria del gobierno de Ortega y Murillo.
A pesar de que López les mostró a los agentes la resolución de un tribunal de inmigración que lo protegía de ser deportado a ese contexto en Nicaragua, asegura que no lo liberaron. “Me llevaron diciendo que tenían que hacerme una verificación de datos en una oficina de ICE”, cuenta el nicaragüense.
Explica que de Minnesota fue llevado a un centro de detención en Texas, antes de ser trasladado al estado de Luisiana, donde, tras pasar por unas instalaciones en Alexandria, acabó en el correccional de Jackson. Allí permaneció durante los seis meses previos al inicio de su proceso de deportación.
Su historial en EE.UU. —que BBC Mundo ha podido revisar— incluye un delito menor de conducción sin la licencia adecuada en 2023. El DHS no respondió a la pregunta de si esto fue un factor en su deportación, pero remarcó que era un “inmigrante ilegal”. “Este gobierno no hace caso omiso del Estado de derecho”, agregó.
El gobierno de Trump ha dicho con frecuencia que está deportando a lo que describe como “migrantes ilegales criminales”.
Ahora, a miles de kilómetros de distancia y con un océano de por medio, López admite que vive entre el miedo y la angustia.
“Es cruel, es frustrante, porque aquí venimos a la deriva. No sé qué nos puede pasar”, se lamenta.
“El miedo es perder la vida aquí. Me asusta contraer cualquier enfermedad, la malaria, el cólera, la fiebre amarilla. Solo me refugio en Dios. Le pido fuerza, que me cuide, que me dé fortaleza”.
35 países y más de 20.000 deportados
Donald Trump llegó por segunda vez a la Casa Blanca con la promesa de llevar a cabo “la mayor deportación de la historia” del país.
Para lograrlo, sin embargo, el gobierno enfrentaba un desafío práctico: qué hacer con los migrantes que considera que no tienen estatus legal, pero que tampoco pueden ser enviados a sus países de origen porque un tribunal de inmigración determinó que allí podrían enfrentar persecución, tortura o muerte.
Durante años, a muchos de ellos se les permitió quedarse en EE.UU. bajo órdenes de supervisión, lo que requería que se reportaran regularmente ante ICE.
En ese contexto surgieron los llamados acuerdos de deportación a “terceros países”; esto es, a naciones distintas a las de origen.
“La expulsión a un tercer país es el único mecanismo por el cual ICE puede cumplir simultáneamente con sus dos obligaciones legales clave: la de no devolver a las personas a un país del que se les ha otorgado protección, y la obligación de hacer cumplir una orden final de deportación”, le dijo John A. Schultz, un alto funcionario del ICE, a un juez federal en marzo.
La Corte Suprema al gobierno de Trump seguir con las deportaciones expeditas a “terceros países”.
La implementación de la política ya ha enfrentado obstáculos legales. Una serie de tribunales determinaron que los afectados deben tener la oportunidad de objetar la decisión antes de que el gobierno los deporte a un país distinto al de su origen. Los fallos no prohibían dicha expulsión, pero alargaban el procedimiento.
Sin embargo, después de que el gobierno recurriera dichas decisiones, este martes la Corte Suprema permitió al gobierno de Trump que siga con las deportaciones expeditas a terceros países mientras sus jueces evalúan la legalidad de la política.
Según un informe de las organizaciones Human Rights First y Refugees International, desde enero de 2025 el gobierno de Trump habría establecido ese tipo de alianzas con más de 35 países, algunos anunciados públicamente, otros no.
“Estos acuerdos opacos no solo hacen que estos países de todo el mundo sean cómplices de la cruel campaña de deportación de la administración, sino que también los convierten en colaboradores de estas violaciones del derecho internacional de los refugiados y de los derechos humanos”, subraya el informe.
El gobierno estadounidense no ha hecho pública la cifra de deportados por medio de este mecanismo. “Por seguridad operativa y de nuestro personal, nunca revelaríamos información sobre nuestros vuelos de deportación”, contestó el DHS al ser consultado por BBC Mundo.
El reporte de Human Rights First y Refugees International apunta a que entre enero de 2025 y agosto de 2026 habrían sido deportadas más de 23.000 personas a 26 países con los que no tienen ningún vínculo legal ni familiar.
De ellas, casi 20.000 habrían sido enviadas a México; más de 2.700 a países de Latinoamérica y el Caribe, y más de 330 a países africanos como Liberia, Esuatini, la República Democrática del Congo o Guinea Ecuatorial.
“Estamos aplicando la ley”
En el caso de la República Centroafricana, ningún acuerdo ha sido anunciado públicamente entre EE.UU. y ese país, pero varias agencias de noticias y medios de comunicación han reportado su existencia, citando a altos funcionarios que lo han corroborado.
De acuerdo a Human Rights First, a este país africano, sumido en una guerra civil, han llegado desde junio tres de esos aviones con al menos 92 inmigrantes.
“En agosto se rompió el récord de vuelos de deportación”, le dijo a BBC Mundo Savi Arvey, jefa del equipo ICE Flights Monitor de esa organización.
“Y lo más preocupante es que el gobierno parece estar centrándose cada vez más en aquellos que habían obtenido protección ante la deportación en un tribunal de inmigración, y que los están enviando a un país en conflicto en el que quedan en una suerte de limbo”, agrega.
Por su parte, el DHS sostiene que “todos esos inmigrantes ilegales fueron deportados a un tercer país seguro”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, le dijo a BBC Mundo que está aplicando la ley tal como está escrita.
“Estamos aplicando la ley tal como está escrita. Todos los inmigrantes ilegales reciben el debido proceso. Si un juez determina que un inmigrante ilegal no tiene derecho a estar en este país, lo vamos a deportar. Punto”.
“La administración Trump está utilizando todas las opciones legales para llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia, tal como prometió el presidente Trump”, se lee en un mensaje enviado por correo y atribuido a un portavoz del departamento.
“Si un inmigrante ilegal decide presentar una solicitud ante un tribunal en la que se niega a volver a su país de origen, la ley nos obliga a encontrarle un país seguro al que ir. Si un inmigrante ilegal elige regresar a su país, le daremos un vuelo gratuito a casa y un cheque de US$3.000. La decisión es suya”, concluye.
Para preguntas sobre acuerdos específicos, remitió a BBC Mundo al Departamento de Estado, que respondió diciendo: “Por norma general, no comentamos sobre los detalles de nuestras conversaciones diplomáticas privadas con otros gobiernos”.
En unas declaraciones atribuidas a un portavoz, el Departamento de Estado subrayó que es su prioridad implementar la política de inmigración del gobierno de Trump, que sigue comprometido con “acabar con la inmigración ilegal y masiva y aumentar la seguridad fronteriza” y que usará “todos los medios legales” a su alcance para expulsar “a aquellos que no tienen derecho a residir” en el país.
Llegar a un país desconocido
Cuando el 30 de agosto López aterrizó en Bangui, no sabía nada de esa ciudad, tampoco del país. Pero nada más conseguir acceso a internet, comenzó a buscar información en Google.
“Es así como nos vamos dando cuenta de que en este lugar hay un conflicto armado, que hay bandas criminales, que hay tráfico de órganos, que tenemos que tener mucho cuidado”, dice.
Junto a López, en un edificio de apartamentos de la capital centroafricana también se encuentra su compatriota Luis Carlos Mendoza.
Ambos le cuentan a BBC Mundo que están vigilados “día y noche”, que no han salido desde que llegaron al país y que se sienten encerrados, como si estuvieran “en arresto domiciliario”.
“Me sacaron engañado. Nunca me dijeron que iba para África. Me sentí muy triste, angustiado. Fue horrible”, agrega Mendoza.
Luis Mendoza trabajaba de lunes a viernes en construcción y los fines de semana como bartender. Llevaba ocho años viviendo en Maryland.
El nicaragüense cuenta que ingresó de forma irregular a EE.UU. en septiembre de 2018 y que, tras un mes detenido, fue puesto en libertad bajo fianza.
Vivía en el estado de Maryland con unos familiares y entre semana se dedicaba a la construcción, mientras completaba ingresos laborando como camarero los fines de semana.
Había solicitado asilo y le fue denegado. Pero en 2023 el Tribunal de Inmigración de Hyattsville (Maryland) le otorgó protección ante la deportación, tal como pudo comprobar BBC Mundo.
Relata Mendoza que el 9 de febrero pidió permiso en su trabajo para acudir a una cita de supervisión de ICE. “Pero nada más entrar un agente me detuvo, sin ninguna explicación”.
De Maryland fue trasladado a un centro de detención en Luisiana antes de ser deportado.
Su historial -según pudo verificar BBC Mundo- incluye un delito menor por conducción sin licencia y otro por hacerlo bajo los efectos de alguna sustancia, ambos en 2021.
“Es un muchacho trabajador. Siempre ha salido adelante trabajando de sol a sol con dos trabajos”, le dice a BBC Mundo una tía materna en cuya casa vivió entre 2018 y 2019.
“Desde que lo detuvieron nuestra familia está viviendo una pesadilla que no termina”, agrega la mujer, quien pide anonimato. “Vivimos con tristeza y el temor de que no volvamos a ver a Luis”.
Condiciones precarias
“Yo vine psicológicamente muerto”, dice Isaac Cruz, otro nicaragüense deportado en el mismo vuelo a República Centroafricana. “Los golpes duelen, pero más el maltrato, porque nosotros no somos criminales”.
Desde que cruzó la frontera de forma ilegal en 2021, vivía en Evansville, Indiana, y trabajaba en una empresa de limpieza. Fue detenido en 2024, cuando acudió a una cita migratoria de rutina, y expulsado del país a pesar de que en 2025 un tribunal de migración de Chicago, Illinois, le otorgó protección ante la deportación.
De la alimentación de estos latinoamericanos deportados y su hospedaje en Bangui se hace cargo la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), aseguran. “Nos traen desayuno, almuerzo y cena”, cuenta López.
La OIM confirmó a BBC Mundo que está brindando asistencia en el país “a petición del gobierno” local.
“Nuestro papel comienza con la llegada de los individuos; no tenemos ningún rol en la decisión de un país de admitir o expulsar a alguien”, dijo la agencia.
“Además del retorno voluntario asistido, que se apoya en otro programa que la OIM implementa en todo el mundo”, la agencia agrega que, junto a las autoridades centroafricanas, ofrece asistencia para los migrantes que llegan al país o ya se encuentran allí.
La población de la República Centroafricana es una de las más pobres del mundo.
Este año EE.UU. le otorgó a la OIM US$85 millones para operaciones en la República Centroafricana.
La nación lleva años sumida en un conflicto que enfrenta a las fuerzas progubernamentales con grupos armados y es una de las más pobres del mundo. A pesar de sus enormes reservas de oro, uno de cada tres habitantes vive con menos de US$3 al día.
En ese contexto, los latinoamericanos que hablaron con BBC Mundo para este reportaje denuncian que sus condiciones son precarias. “Aquí se va la luz, el agua, el internet cada cuatro horas”, dijo Mendoza.
“He pasado como dos días mal del estómago, no sé si es el agua, no sé si es la comida”, contó por su parte López.
Lo que ambos reclaman es que se revisen sus casos y los regresen a EE.UU.
“Pido que se haga justicia, que me retornen a Estados Unidos, desde donde me sacaron a la fuerza sin mi consentimiento. Yo no firmé nada”, aseguró Mendoza.
“Quiero volver porque ahí es donde tengo más familia, mi abuela, mis tías y tíos”, agregó.
Esta es la vista que tienen los migrantes deportados desde el hospedaje donde se encuentran en Bangui, la capital de República Centroafricana.
López tampoco ha considerado otro país que no sea EE.UU, pues allí viven sus dos hijos. “Le pido al gobierno de Estados Unidos, a los congresistas, a los senadores que revisen nuestros casos. No somos criminales”.
Mientras, ven los días pasar en Bangui con angustia, sin tener claridad de qué les depara el futuro.
López, quien dedica el tiempo a leer la Biblia, dice que simplemente sigue “confiando en Dios”.
“Yo realmente estoy esperando que pase un milagro”, dice por su parte Cruz. “Que la gente en Estados Unidos se dé cuenta, que entienda lo que la gente está pasando aquí”.
*Con el apoyo de Donovan Slack, de BBC News, y Jake Horton, de BBC Verify
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Cuando el nicaragüense Kenis López abordó aquel vuelo de deportación en Dallas, Texas, el 28 de agosto, ya no tenía fuerzas.
Los últimos siete meses los había pasado bajo custodia federal, desde que en enero varios agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) lo detuvieran a las puertas de su casa en Mineápolis, en el estado norteño de Minnesota.
Cuenta que en el avión iba atado de pies y manos, y con un casco en la cabeza.
Minutos antes se había resistido a descender del autobús en el que llegó a la pista del aeropuerto y había suplicado que no lo subieran a aquel vuelo. Según relata, nadie le había dicho bien cuál era su destino y solo escuchó que iba a África.
“No me voy a bajar. Prefiero morirme aquí que en un continente tan lejano”, recuerda que le dijo al personal que lo custodiaba en el bus. También que le contestaron: “Si eso quieres, eso te va a pasar”.
Asegura que, al negarse a obedecer, un agente de ICE ordenó que le disparasen con balas de goma. Las alegaciones coinciden con la de otros dos nicaragüenses y un cubano que iban en el bus, quienes cuentan que los disparos fueron “a quemarropa”, desde un metro de distancia, y le mostraron a BBC Mundo imágenes de los hematomas que estos les habrían dejado.
En las fotografías, tomadas dos días después, se ven dos círculos morados de unos cinco centímetros de diámetro con el centro rojizo en el brazo izquierdo de uno de ellos, así como un moretón en el pecho de otro.
BBC Mundo le enseñó las imágenes a Rohini J. Haar, asesora médica de Physicians for Human Rights, que dijo que las marcas son “compatibles con impactos de proyectiles de bajo impacto letal”. Con ella coincide Neil Corney, investigador de la Omega Research Foundation, especializado en analizar el impacto de armas no letales.
Ante las preguntas de BBC Mundo sobre el trato que, según los migrantes, recibieron de los agentes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), del que depende ICE, contestó que “no se está golpeando ni abusando de ningún detenido”.
López denuncia que tras sacarlo a rastras del autobús, los subieron al avión “como cualquier animal” y que fue allí donde supo que estaban siendo deportados a República Centroafricana, uno de los países más pobres del continente.
En el vuelo de migrantes deportados a República Centroafricana el 28 de agosto viajaban tres nicaragüenses: Isaac Cruz, Luis Mendoza y Kenis López.Los expertos consultados por BBC Mundo coinciden que los hematomas en las fotografías son “compatibles con impactos de proyectiles de bajo impacto letal”.
La República Centroafricana en datos
La República Centroafricana (RCA) sufre inestabilidad prácticamente desde que se independizó de Francia en 1960.
Es rica en diamantes, oro, petróleo y uranio, pero tiene una de las poblaciones más pobres del mundo.
Se sumió en el caos en 2013 cuando rebeldes musulmanes del grupo Seleka tomaron el poder. Una banda de milicias mayoritariamente cristianas, llamada anti-Balaka, se levantó para enfrentarse a Seleka.
Seleka entregó el poder a un gobierno de transición en 2014 bajo presión internacional, pero el país sigue en crisis.
Porcentaje de población que vive con US$3 o menos al día: 71,6%
Promedio de años de escolarización: 3,9
Fuentes: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UN DESA), Banco Mundial y BBC Monitoring.
Acuerdos con “terceros países”
López, nicaragüense de 45 años, habló con BBC Mundo desde Bangui, la capital de una nación sobre la que hasta ahora no tenía ninguna referencia y a la que fue deportado en virtud de los acuerdos de EE.UU. para que otros países reciban migrantes expulsados.
“Todos estos inmigrantes ilegales fueron deportados a un tercer país seguro. Estamos aplicando la ley tal como está escrita”, le contestó el DHS a BBC Mundo por correo electrónico.
Según datos de organizaciones sin ánimo de lucro que monitorean los vuelos de deportación, López es uno de al menos 100 migrantes que fueron expulsados a finales de agosto por el gobierno de Donald Trump a ocho países africanos en el marco de esos cuestionados acuerdos de deportaciones hacia “terceros países”.
Ya había tratado de migrar a EE.UU. en 2005 pero, al cruzar la frontera de forma ilegal, fue detenido y deportado de forma expedita.
Volvió a intentarlo en 2022, y desde entonces vivía en el estado de Minnesota. Sin embargo, en enero fue detenido por agentes del ICE cuando subía a su camioneta frente a su casa en Mineápolis para ir a trabajar en construcción, afirma.
Fue uno de los cientos de arrestados en esa ciudad, donde el gobierno de Trump desplegó a principios de año más de 2.000 agentes federales como parte de su ofensiva contra la migración ilegal.
La operación desencadenó protestas en las calles, y en ese contexto de tensión murieron a manos de agentes del ICE los estadounidenses Renee Nicole Good y Alex Pretti.
Cuando lo abordaron los funcionarios, López asegura que les mostró los papeles que siempre cargaba con él.
“Les entregué mi permiso de trabajo y la documentación que probaba que una jueza de Minnesota me había concedido la retención de remoción”, cuenta. BBC Mundo pudo ver la resolución del Tribunal de Inmigración Fort Snelling de Minnesota fechada el 13 de agosto de 2024.
Kenis López llevaba cuatro años viviendo en Estados Unidos cuando fue deportado a República Centroafricana.
López se refiere a lo que también se traduce como “cancelación de deportación”, que impide al gobierno devolver a un extranjero a un país donde su vida o libertad estarían en peligro por razones de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social.
Asimismo, a López le fue concedida protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT), un tratado internacional del que EE.UU. es signatario.
Esta medida impide la devolución a un país donde sea más probable que improbable que el beneficiario sea torturado. No abre camino hacia la ciudadanía o la residencia permanente, y puede ser revocada si las condiciones del país cambian.
Hace años que organizaciones nacionales e internacionales denuncian violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Y este septiembre, un comité de derechos humanos de la ONU acusó al gobierno de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo de utilizar las desapariciones forzadas como instrumento para silenciar la disidencia y controlar a la población.
En su informe “La anatomía de la crueldad estatal”, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua también denunció al menos ocho muertes en custodia de personas detenidas por motivos políticos desde 2018, algo que el Ejecutivo rechaza.
Las violaciones de derechos humanos en Nicaragua se habrían intensificado desde 2018, cuando se consolidó la deriva autoritaria del gobierno de Ortega y Murillo.
A pesar de que López les mostró a los agentes la resolución de un tribunal de inmigración que lo protegía de ser deportado a ese contexto en Nicaragua, asegura que no lo liberaron. “Me llevaron diciendo que tenían que hacerme una verificación de datos en una oficina de ICE”, cuenta el nicaragüense.
Explica que de Minnesota fue llevado a un centro de detención en Texas, antes de ser trasladado al estado de Luisiana, donde, tras pasar por unas instalaciones en Alexandria, acabó en el correccional de Jackson. Allí permaneció durante los seis meses previos al inicio de su proceso de deportación.
Su historial en EE.UU. —que BBC Mundo ha podido revisar— incluye un delito menor de conducción sin la licencia adecuada en 2023. El DHS no respondió a la pregunta de si esto fue un factor en su deportación, pero remarcó que era un “inmigrante ilegal”. “Este gobierno no hace caso omiso del Estado de derecho”, agregó.
El gobierno de Trump ha dicho con frecuencia que está deportando a lo que describe como “migrantes ilegales criminales”.
Ahora, a miles de kilómetros de distancia y con un océano de por medio, López admite que vive entre el miedo y la angustia.
“Es cruel, es frustrante, porque aquí venimos a la deriva. No sé qué nos puede pasar”, se lamenta.
“El miedo es perder la vida aquí. Me asusta contraer cualquier enfermedad, la malaria, el cólera, la fiebre amarilla. Solo me refugio en Dios. Le pido fuerza, que me cuide, que me dé fortaleza”.
35 países y más de 20.000 deportados
Donald Trump llegó por segunda vez a la Casa Blanca con la promesa de llevar a cabo “la mayor deportación de la historia” del país.
Para lograrlo, sin embargo, el gobierno enfrentaba un desafío práctico: qué hacer con los migrantes que considera que no tienen estatus legal, pero que tampoco pueden ser enviados a sus países de origen porque un tribunal de inmigración determinó que allí podrían enfrentar persecución, tortura o muerte.
Durante años, a muchos de ellos se les permitió quedarse en EE.UU. bajo órdenes de supervisión, lo que requería que se reportaran regularmente ante ICE.
En ese contexto surgieron los llamados acuerdos de deportación a “terceros países”; esto es, a naciones distintas a las de origen.
“La expulsión a un tercer país es el único mecanismo por el cual ICE puede cumplir simultáneamente con sus dos obligaciones legales clave: la de no devolver a las personas a un país del que se les ha otorgado protección, y la obligación de hacer cumplir una orden final de deportación”, le dijo John A. Schultz, un alto funcionario del ICE, a un juez federal en marzo.
La Corte Suprema al gobierno de Trump seguir con las deportaciones expeditas a “terceros países”.
La implementación de la política ya ha enfrentado obstáculos legales. Una serie de tribunales determinaron que los afectados deben tener la oportunidad de objetar la decisión antes de que el gobierno los deporte a un país distinto al de su origen. Los fallos no prohibían dicha expulsión, pero alargaban el procedimiento.
Sin embargo, después de que el gobierno recurriera dichas decisiones, este martes la Corte Suprema permitió al gobierno de Trump que siga con las deportaciones expeditas a terceros países mientras sus jueces evalúan la legalidad de la política.
Según un informe de las organizaciones Human Rights First y Refugees International, desde enero de 2025 el gobierno de Trump habría establecido ese tipo de alianzas con más de 35 países, algunos anunciados públicamente, otros no.
“Estos acuerdos opacos no solo hacen que estos países de todo el mundo sean cómplices de la cruel campaña de deportación de la administración, sino que también los convierten en colaboradores de estas violaciones del derecho internacional de los refugiados y de los derechos humanos”, subraya el informe.
El gobierno estadounidense no ha hecho pública la cifra de deportados por medio de este mecanismo. “Por seguridad operativa y de nuestro personal, nunca revelaríamos información sobre nuestros vuelos de deportación”, contestó el DHS al ser consultado por BBC Mundo.
El reporte de Human Rights First y Refugees International apunta a que entre enero de 2025 y agosto de 2026 habrían sido deportadas más de 23.000 personas a 26 países con los que no tienen ningún vínculo legal ni familiar.
De ellas, casi 20.000 habrían sido enviadas a México; más de 2.700 a países de Latinoamérica y el Caribe, y más de 330 a países africanos como Liberia, Esuatini, la República Democrática del Congo o Guinea Ecuatorial.
“Estamos aplicando la ley”
En el caso de la República Centroafricana, ningún acuerdo ha sido anunciado públicamente entre EE.UU. y ese país, pero varias agencias de noticias y medios de comunicación han reportado su existencia, citando a altos funcionarios que lo han corroborado.
De acuerdo a Human Rights First, a este país africano, sumido en una guerra civil, han llegado desde junio tres de esos aviones con al menos 92 inmigrantes.
“En agosto se rompió el récord de vuelos de deportación”, le dijo a BBC Mundo Savi Arvey, jefa del equipo ICE Flights Monitor de esa organización.
“Y lo más preocupante es que el gobierno parece estar centrándose cada vez más en aquellos que habían obtenido protección ante la deportación en un tribunal de inmigración, y que los están enviando a un país en conflicto en el que quedan en una suerte de limbo”, agrega.
Por su parte, el DHS sostiene que “todos esos inmigrantes ilegales fueron deportados a un tercer país seguro”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, le dijo a BBC Mundo que está aplicando la ley tal como está escrita.
“Estamos aplicando la ley tal como está escrita. Todos los inmigrantes ilegales reciben el debido proceso. Si un juez determina que un inmigrante ilegal no tiene derecho a estar en este país, lo vamos a deportar. Punto”.
“La administración Trump está utilizando todas las opciones legales para llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia, tal como prometió el presidente Trump”, se lee en un mensaje enviado por correo y atribuido a un portavoz del departamento.
“Si un inmigrante ilegal decide presentar una solicitud ante un tribunal en la que se niega a volver a su país de origen, la ley nos obliga a encontrarle un país seguro al que ir. Si un inmigrante ilegal elige regresar a su país, le daremos un vuelo gratuito a casa y un cheque de US$3.000. La decisión es suya”, concluye.
Para preguntas sobre acuerdos específicos, remitió a BBC Mundo al Departamento de Estado, que respondió diciendo: “Por norma general, no comentamos sobre los detalles de nuestras conversaciones diplomáticas privadas con otros gobiernos”.
En unas declaraciones atribuidas a un portavoz, el Departamento de Estado subrayó que es su prioridad implementar la política de inmigración del gobierno de Trump, que sigue comprometido con “acabar con la inmigración ilegal y masiva y aumentar la seguridad fronteriza” y que usará “todos los medios legales” a su alcance para expulsar “a aquellos que no tienen derecho a residir” en el país.
Llegar a un país desconocido
Cuando el 30 de agosto López aterrizó en Bangui, no sabía nada de esa ciudad, tampoco del país. Pero nada más conseguir acceso a internet, comenzó a buscar información en Google.
“Es así como nos vamos dando cuenta de que en este lugar hay un conflicto armado, que hay bandas criminales, que hay tráfico de órganos, que tenemos que tener mucho cuidado”, dice.
Junto a López, en un edificio de apartamentos de la capital centroafricana también se encuentra su compatriota Luis Carlos Mendoza.
Ambos le cuentan a BBC Mundo que están vigilados “día y noche”, que no han salido desde que llegaron al país y que se sienten encerrados, como si estuvieran “en arresto domiciliario”.
“Me sacaron engañado. Nunca me dijeron que iba para África. Me sentí muy triste, angustiado. Fue horrible”, agrega Mendoza.
Luis Mendoza trabajaba de lunes a viernes en construcción y los fines de semana como bartender. Llevaba ocho años viviendo en Maryland.
El nicaragüense cuenta que ingresó de forma irregular a EE.UU. en septiembre de 2018 y que, tras un mes detenido, fue puesto en libertad bajo fianza.
Vivía en el estado de Maryland con unos familiares y entre semana se dedicaba a la construcción, mientras completaba ingresos laborando como camarero los fines de semana.
Había solicitado asilo y le fue denegado. Pero en 2023 el Tribunal de Inmigración de Hyattsville (Maryland) le otorgó protección ante la deportación, tal como pudo comprobar BBC Mundo.
Relata Mendoza que el 9 de febrero pidió permiso en su trabajo para acudir a una cita de supervisión de ICE. “Pero nada más entrar un agente me detuvo, sin ninguna explicación”.
De Maryland fue trasladado a un centro de detención en Luisiana antes de ser deportado.
Su historial -según pudo verificar BBC Mundo- incluye un delito menor por conducción sin licencia y otro por hacerlo bajo los efectos de alguna sustancia, ambos en 2021.
“Es un muchacho trabajador. Siempre ha salido adelante trabajando de sol a sol con dos trabajos”, le dice a BBC Mundo una tía materna en cuya casa vivió entre 2018 y 2019.
“Desde que lo detuvieron nuestra familia está viviendo una pesadilla que no termina”, agrega la mujer, quien pide anonimato. “Vivimos con tristeza y el temor de que no volvamos a ver a Luis”.
Condiciones precarias
“Yo vine psicológicamente muerto”, dice Isaac Cruz, otro nicaragüense deportado en el mismo vuelo a República Centroafricana. “Los golpes duelen, pero más el maltrato, porque nosotros no somos criminales”.
Desde que cruzó la frontera de forma ilegal en 2021, vivía en Evansville, Indiana, y trabajaba en una empresa de limpieza. Fue detenido en 2024, cuando acudió a una cita migratoria de rutina, y expulsado del país a pesar de que en 2025 un tribunal de migración de Chicago, Illinois, le otorgó protección ante la deportación.
De la alimentación de estos latinoamericanos deportados y su hospedaje en Bangui se hace cargo la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), aseguran. “Nos traen desayuno, almuerzo y cena”, cuenta López.
La OIM confirmó a BBC Mundo que está brindando asistencia en el país “a petición del gobierno” local.
“Nuestro papel comienza con la llegada de los individuos; no tenemos ningún rol en la decisión de un país de admitir o expulsar a alguien”, dijo la agencia.
“Además del retorno voluntario asistido, que se apoya en otro programa que la OIM implementa en todo el mundo”, la agencia agrega que, junto a las autoridades centroafricanas, ofrece asistencia para los migrantes que llegan al país o ya se encuentran allí.
La población de la República Centroafricana es una de las más pobres del mundo.
Este año EE.UU. le otorgó a la OIM US$85 millones para operaciones en la República Centroafricana.
La nación lleva años sumida en un conflicto que enfrenta a las fuerzas progubernamentales con grupos armados y es una de las más pobres del mundo. A pesar de sus enormes reservas de oro, uno de cada tres habitantes vive con menos de US$3 al día.
En ese contexto, los latinoamericanos que hablaron con BBC Mundo para este reportaje denuncian que sus condiciones son precarias. “Aquí se va la luz, el agua, el internet cada cuatro horas”, dijo Mendoza.
“He pasado como dos días mal del estómago, no sé si es el agua, no sé si es la comida”, contó por su parte López.
Lo que ambos reclaman es que se revisen sus casos y los regresen a EE.UU.
“Pido que se haga justicia, que me retornen a Estados Unidos, desde donde me sacaron a la fuerza sin mi consentimiento. Yo no firmé nada”, aseguró Mendoza.
“Quiero volver porque ahí es donde tengo más familia, mi abuela, mis tías y tíos”, agregó.
Esta es la vista que tienen los migrantes deportados desde el hospedaje donde se encuentran en Bangui, la capital de República Centroafricana.
López tampoco ha considerado otro país que no sea EE.UU, pues allí viven sus dos hijos. “Le pido al gobierno de Estados Unidos, a los congresistas, a los senadores que revisen nuestros casos. No somos criminales”.
Mientras, ven los días pasar en Bangui con angustia, sin tener claridad de qué les depara el futuro.
López, quien dedica el tiempo a leer la Biblia, dice que simplemente sigue “confiando en Dios”.
“Yo realmente estoy esperando que pase un milagro”, dice por su parte Cruz. “Que la gente en Estados Unidos se dé cuenta, que entienda lo que la gente está pasando aquí”.
*Con el apoyo de Donovan Slack, de BBC News, y Jake Horton, de BBC Verify
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Tras mantenerla 30 años en el corredor de la muerte, la justicia estadounidense decidió ejecutar este miércoles a Christa Pike por el el brutal asesinato que cometió en 1995 siendo adolescente.
Pero, Pike sobrevivió a dos dosis de la inyección letal y fue hospitalizada en Tennessee en “estado crítico”, según sus abogados.
Su caso reabre el debate sobre la pena de muerte no solo en EE.UU., sino en el mundo.
De acuerdo con un reporte de Amnistía Internacional, las ejecuciones en Estados Unidos alcanzaron en 2025 la cifra más alta (47) desde 2009.
“Por decimoséptimo año consecutivo, Estados Unidos fue el único país de la región que llevó a cabo ejecuciones”, indicó la organización no gubernamental en el informe “Condenas a muerte y ejecuciones”.
A nivel mundial, Amnistía Internacional registró 2.707 ejecuciones en 2025, lo que representó un incremento del 78% con respecto al año anterior.
La organización, que examinó el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2025, reconoce que la información disponible sobre la situación de la pena de muerte en algunos países es escasa y, en ciertos casos, nula, por lo que las cifras pueden ser mayores.
América Latina fue pionera en la abolición total de la pena de muerte: Venezuela, en 1863, fue el primer país del mundo en prohibirla.
Y, aunque a lo largo de las décadas este tipo de castigo ha ido desapareciendo de la región, en algunos países de Latinoamérica aún no se ha eliminado del todo.
Cuba: para delitos de “extrema gravedad”
La pena de prisión perpetua en Cuba fue introducida en 1999 como alternativa de la pena capital.
Una moratoria vigente desde el año 2000 solo fue interrumpida una vez: con el fusilamiento en 2003 de tres jóvenes cubanos acusados de secuestrar un barco con rehenes en La Habana con la intención de huir a Estados Unidos. Fueron condenados por “graves delitos de terrorismo”.
En 2022, la Asamblea Nacional de Cuba aprobó un nuevo Código Penal.
“Se prevén, como sanciones principales para los hechos delictivos de mayor gravedad, la privación perpetua de libertad o la privación temporal hasta 30 años, y se mantiene, con carácter excepcional, la posibilidad de aplicar la sanción de muerte en 23 tipos penales de extrema gravedad, y se suprime en cuatro delitos”, señaló, en mayo de ese año el Tribunal Supremo Popular de Cuba.
Cuando Raúl Castro era presidente de Cuba defendió en diversos foros públicos la existencia de pena de muerte en su país. (Foto de 2016)
En 2023, en un comentario a una solicitud de información sobre la “moratoria del uso de la pena de muerte” realizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el gobierno cubano pedía que el tema no se viera de forma aislada, sino que se consideraran las condiciones de cada país.
“El pueblo cubano confía en que en el futuro existan las condiciones para abolir la pena capital en el país, a partir de sus convicciones éticas y morales, y su profundo sentido de humanismo”, indica el texto publicado en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
“Sin embargo, esa decisión tendrá que estar vinculada al cese de la política de agresión practicada contra Cuba por el gobierno de los Estados Unidos, de modo que Cuba pueda, en un clima de paz, avanzar en su desarrollo económico, político y social, con plenas seguridades al respeto de su soberanía y a la existencia misma de la nación cubana”.
Asímismo, resaltó que la aplicación de esa sanción tenía un carácter “muy excepcional”.
“Vale destacar que en muchos años no se ha dictado ninguna sanción de pena de muerte por los tribunales cubanos y esta no se aplica desde el año 2003”.
A excepción de Cuba, todos los países latinoamericanos firmaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José.
Este tratado prohíbe a los Estados extender la aplicación de la pena de muerte a delitos a los cuales no se les aplicara en el momento de su adhesión. Para añadir otros se tendría que denunciar el convenio, algo que es considerado “improbable” por muchos analistas.
Guatemala: entre los “abolicionistas solo para delitos comunes”
En 2016, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala declaró la inconstitucionalidad de la pena de muerte en el caso de asesinato.
En 2017, también declaró inconstitucional la implementación de la pena de muerte para cinco delitos previstos en el Código Penal.
“Y derogó las referencias a la pena de muerte que permitían aplicarla según la Ley contra la Narcoactividad”, indicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Prácticamente ya no hay delito que contemple la pena de muerte o que la tenga vigente”, indicó en octubre de 2017 Martín Guzmán, secretario de la Corte, según la agencia de noticias AP.
Ese mismo año, Amnistía Internacional expresaba su beneplácito por la sentencia de la Corte de Constitucionalidad por considerarla un paso clave en el camino hacia la eliminación total de la pena de muerte en Guatemala.
Sin embargo, aclaraba que esa sanción aún se podía aplicar en virtud del Código Militar.
En el informe de 2025 de la organización, Guatemala aparece como uno de los países “abolicionistas solo para delitos comunes”, es decir, que tienen leyes que establecen la pena de muerte para delitos excepcionales, como los contemplados en el Código Penal Militar o los cometidos en circunstancias excepcionales.
De acuerdo con Eddy Morales, especialista en criminología y derecho penitenciario, en el caso del Código Militar la sanción está regulada en el Decreto 214 de 1878.
“En Guatemala, la pena de muerte no ha sido abolida de la Constitución”, le indica Morales a BBC Mundo desde Ciudad de Guatemala.
El artículo 18 de la Constitución de Guatemala establece los casos en los que no se podrá imponer la pena de muerte:
a) Con fundamento en presunciones;
b) A las mujeres;
c) A los mayores de sesenta años;
d) A los reos de delitos políticos y comunes conexos con los políticos;
e) A reos cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición
Pero, según indica Morales, la aplicación de la pena de muerte se encuentra jurídicamente muy restringida porque el país es signatario del Pacto de San José y está limitado por la CIDH.
“La realidad es que no se cumple ni pudiera cumplirse con todos los requisitos que están establecidos a partir del Pacto de San José”, señala el experto.
“Es una normativa jurídica vigente, pero no positiva, o sea, no aplicable: en el Código Penal guatemalteco se deja sin efecto su aplicación porque acepta lo regulado en el Pacto de San José”.
De acuerdo con el experto, hay integrantes y líderes de maras que han sido sentenciados a miles de años “en lugar de la pena de muerte precisamente porque se limita mucho su aplicación. Los tribunales ya no implementan esa sanción, sino un sinnúmero años de reclusión”.
Chile, Perú, Brasil y El Salvador: en “tiempos de guerra”
En la lista de países “abolicionistas solo para delitos comunes” del informe de Amnistía Internacional, aparecen Brasil, Chile, El Salvador y Perú.
Chile aprobó en 2001 sustituir la pena de muerte por la de presidio perpetuo efectivo de 40 años en diversos textos legales, pero su Código de Justicia Militar mantiene la condena capital para varios delitos en tiempos de guerra.
“En resumen, fue eliminada de los delitos no militares y en los militares se mantiene para casos gravísimos”, le dice a BBC Mundo desde Chile el abogado penalista Gonzalo Youseff Quirós.
En El Salvador, la Constitución recoge que “sólo podrá imponerse la pena de muerte en los casos previstos por las leyes militares durante el estado de guerra internacional”.
Los delitos contemplados en el Código de Justicia Militar son traición, espionaje y rebelión que se cometan en “tiempo de guerra internacional”.
Activistas de Amnistía Internacional participaron en marzo en Italia en una manifestación contra la pena de muerte en Irán.
La Carta Magna de Perú de 1993, por su parte, reserva su aplicación para “el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada”.
Brasil, indica Amnistía Internacional, ha abolido la pena capital para delitos comunes.
“Retiene la pena de muerte solo para delitos graves, como los cometidos en épocas de guerra”.
De acuerdo con el reporte de esa organización, entre los países de la región de América que mantienen la pena de muerte para delitos comunes están Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago.
*Con información del periodista Marcos González Díaz.
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