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Un lunes reciente, Sandy Guzman, trabajadora de salud comunitaria de la zona rural de Oregón, se dirigió a visitar a una paciente de unos 60 años en una pequeña ciudad llamada The Dalles.
La paciente vivía sola y “luchaba mucho contra el aislamiento social”, dijo Guzman. Después de una caída grave y una operación posterior, la mujer utilizaba una silla de ruedas. Confesó que le gustaría asistir a los servicios religiosos de una iglesia cercana, pero que no tenía forma de llegar y no quería parecer “una molestia”.
“Llamamos al pastor para ver si había alguien que pudiera recogerla” los domingos, dijo Guzman. Y sí había.
Al día siguiente, Guzman visitó a una mujer con insuficiencia cardiaca que necesitaba oxígeno constantemente. Vive en una “vivienda menos que ideal”, sin cocina y solo con un calentador enchufable para calentarse.
“Intentábamos averiguar si cumplía los requisitos para una vivienda del HUD, o una residencia asistida”, dijo Guzman refiriéndose, por su sigla en inglés, al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos. “Pasamos mucho tiempo hablando de las opciones y se nos ocurrió un plan”.
La agenda del miércoles incluía un viaje de unos 32 kilómetros hasta Hood River para ver a una mujer de 81 años cuya pareja desde hacía casi 40 luchaba contra un cáncer grave. Guzman, que le habla en español, la encontró angustiada ante la posibilidad de perderlo.
Guzman había conseguido que la mujer empezara a ver a un terapeuta para ayudarla a superar la crisis, un logro nada desdeñable. Pero en esta visita, “me limité a acercarle pañuelos de papel e intenté darle palabras de consuelo”, dijo. “La verdad, a veces sentarse y escuchar” es la mejor respuesta.
Según la Asociación Estadounidense de Salud Pública, un trabajador de salud comunitaria es un “miembro de confianza” de una comunidad local o alguien que tiene “un conocimiento inusualmente cercano” de ella, lo que le permite actuar como intermediario entre los pacientes y el sistema de salud.
Estos trabajadores llevan trabajando desde la década de 1960, sobre todo en zonas rurales y de bajos ingresos. En la actualidad, su número va en aumento. La Oficina de Estadísticas Laborales informa de la existencia de unos 65.000 de ellos, cifra que, según la Asociación Nacional de Trabajadores de Salud Comunitaria, es probable que sea una subestimación.
Esto refleja en parte la dificultad de contar a los trabajadores que reciben distintos nombres –educadores de salud comunitaria, especialistas en divulgación, promotores de salud– y que operan bajo distintas normativas estatales, a veces sin necesidad de licencia o certificación.
Lo que tienen en común es que “hablan como las personas con las que trabajan”, dijo Sam Cotton, quien dirige el plan de estudios de varios programas de este tipo en la Universidad de Louisville, en Kentucky.
Con la escasez de profesionales de la salud y el envejecimiento de la población, “hay mucho impulso para esto”, dijo.
En Oregón, por ejemplo, cinco clínicas rurales emplean a trabajadores de salud comunitaria, que obtienen la certificación estatal tras completar 90 horas de formación en línea, a través de un programa denominado Atención Conectada para Personas Mayores. Una sexta clínica que emplea a un trabajador de salud comunitaria opera en el vecino Washington.
Sus frágiles pacientes tienen dificultades. “No pueden conducir, así que no pueden ir al supermercado a comprar”, dijo Elizabeth Eckstrom, jefa de geriatría de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón, quien ayudó a supervisar el inicio del programa en 2022. “No toman sus medicamentos, ya sea por razones cognitivas o porque no pueden llegar a una farmacia”.
Pocos han redactado instrucciones anticipadas, para especificar los cuidados que quieren –o no quieren– si sufren una crisis de salud.
Los trabajadores de salud comunitaria de Atención Conectada abordan muchos de esos problemas no exactamente médicos: desde instalar rampas para sillas de ruedas hasta ayudar a los pacientes a solicitar prestaciones alimentarias y de vivienda. Se les asignan 90 días para trabajar con cada paciente, normalmente durante visitas a domicilio.
Ayudan a coordinar las citas de seguimiento. Realizan evaluaciones cognitivas y de salud mental y vigilan el consumo excesivo de medicamentos, y colocan sus observaciones en los historiales médicos electrónicos de los pacientes.
“Es como ser los ojos y los oídos de los médicos, para ver lo que ocurre fuera de los 20 minutos que pasan con los pacientes”, dijo Guzman, cuyo trabajo ha ido desde pedir un tapete de baño hasta denunciar presuntos abusos económicos.
En un estudio de los pacientes de Atención Conectada (donde la edad promedio es de 77 años), una submuestra descubrió disminuciones sustanciales de las visitas a urgencias y las hospitalizaciones entre las personas atendidos por los trabajadores de salud comunitaria.
Una investigación más amplia, que todavía no se publica, respalda este hallazgo, dijo Eckstrom.
“Las visitas a urgencias cuestan miles, y las hospitalizaciones, decenas de miles”, señaló. El costo por paciente del programa de 90 días es de 1500 dólares. Sus trabajadores ganan 25 dólares la hora, un salario bastante normal, y reciben todas las prestaciones laborales.
Manali Patel, oncóloga de la Universidad de Stanford, descubrió beneficios similares y ahorro de costos para los pacientes mayores con cáncer avanzado en un ensayo clínico del Sistema de Asistencia de Salud V. A. Palo Alto.
“Mucha gente fallecía en la unidad de cuidados intensivos”, recordó. “Si les hubiéramos preguntado, probablemente habrían querido estar en casa”. Los oncólogos, añadió, son “notoriamente malos para entablar y documentar esas conversaciones”.
Pero cuando un trabajador de salud no profesional realizó llamadas telefónicas periódicas para ayudar a los pacientes a comprender sus opciones, hablar de sus preferencias con su equipo de atención médica y redactar instrucciones anticipadas, los resultados –publicados en JAMA Oncology en 2018– fueron “muy dramáticos”, dijo Patel.
Más del 90 por ciento de los veteranos participantes tenían sus objetivos documentados en sus historiales, frente a menos del 20 por ciento del grupo de control. Los pacientes del trabajador no profesionales tuvieron un número significativamente menor de visitas a urgencias y hospitalizaciones, y era más probable que se inscribieran en cuidados paliativos.
Patel y sus coautores han seguido documentando los beneficios de los trabajadores de salud no profesionales, término que utilizaron, en la realización de otras tareas en otros entornos.
En clínicas oncológicas de Arizona y California, por ejemplo, dos trabajadores de salud no profesionales bilingües hicieron llamadas telefónicas periódicas a pacientes de cáncer mayores de 75 años para evaluar síntomas como el dolor, las náuseas, la falta de aliento y la depresión.
Avisar a los equipos de salud de los problemas de estos pacientes redujo sustancialmente su uso de los servicios de urgencias y las hospitalizaciones, y el ahorro de costos fue de una media de 12.000 dólares por paciente.
“Esta intervención de baja tecnología y llevada a cabo por personas cosechó enormes dividendos”, dijo un editorial que acompañaba a ese estudio en la revista médica JAMA.
“Los trabajadores de salud comunitaria deberían formar parte de todos los equipos de salud”, dijo Eckstrom. “Apoyan al paciente de formas que el sistema médico no puede, por mucho que lo intentemos”.
Sin embargo, un obstáculo para ampliar su uso es la inestabilidad de la financiación.
En 2024, Medicare empezó a cubrir algunos servicios de los trabajadores de salud comunitaria pero no todos. (Por ejemplo, no se reembolsan los costos de conducir unos 50 kilómetros hasta domicilios remotos). La cobertura de Medicaid es poco sistemática, pues reembolsa algunos servicios en algunos estados y en otros no.
“Muchas de las funciones de los trabajadores de salud comunitaria dependen de subvenciones a corto plazo”, dijo Neena Schultz, directora de la Asociación Nacional de Trabajadores de Salud Comunitaria. “La sostenibilidad es algo de lo que hablamos todos los días”.
La organización y otros simpatizantes están presionando para conseguir más financiación estatal y federal. El nuevo Programa Federal de Transformación de la Salud Rural, que distribuirá 10.000 millones de dólares al año, incluirá algunos fondos para programas de trabajadores de salud comunitaria, pero los recortes en los presupuestos estatales de Medicaid podrían contrarrestar con creces esas ganancias.
Sin embargo, las subvenciones que financian la Atención Conectada para personas mayores continúan. Guzman, empleada de la clínica sin fines de lucro One Community Health, sigue haciendo sus rondas.
Una victoria reciente: un paciente viudo de unos 60 años, con problemas económicos sin los ingresos de su esposa, perdió su vivienda y dormía en su camión. A través de otro paciente, Guzman se enteró de la existencia de una autocaravana en desuso cuyo propietario estaba dispuesto a donarla.
El viudo vive ahora cómodamente en un parque de casas rodantes.
Cuando estás en casa de un paciente, “hay una sensación de tranquilidad”, dijo Guzman. “Se sienten más seguros hablando de cosas. No se sienten apurados. Desarrollas una relación, y sienten que tienen a alguien que aboga por ellos”.
La nueva vejez se produce en colaboración con KFF Health News.







