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María* tiene un tic en el ojo derecho. Desde que los agentes de ICE aparecieron en las calles de Doral, ese movimiento involuntario se volvió casi constante, hasta que un día sintió que la mitad de su rostro se paralizaba.
Doral es uno de los 34 municipios del condado de Miami-Dade, en el sur de Florida, y durante siete años ha sido el hogar de María, su esposo y sus hijas.
También es la ciudad con la mayor población venezolana de Estados Unidos y una de las más custodiadas durante los últimos meses por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en medio de la promesa del gobierno del presidente Donald Trump de ejecutar el mayor operativo de deportación en la historia del país.
Con un caso de asilo pendiente, esta mujer venezolana de 52 años cambió su rutina para minimizar la posibilidad de toparse con patrullas de ICE en las esquinas de Doral, temerosa de ser detenida si las autoridades vinculan su estatus migratorio con la placa de su auto.
“Nosotros pedimos asilo afirmativo y el caso nunca cambió de estatus porque no hemos tenido ni siquiera la entrevista. Pero el caso está activo”, explica.
Asilo afirmativo significa que María solicitó voluntariamente esta protección. Las leyes vigentes establecen que ella y su familia deberían estar protegidos contra la deportación mientras esperan la decisión de un juez o de un oficial de migración sobre su caso.
Pero desde que ICE se llevó a su primo en Orlando en junio, pese a que también tenía un caso de asilo afirmativo, María siente que el riesgo de deportación es elevado.
“Es como si me faltara el aire”
En un esfuerzo por conservar su trabajo, solo sale a la calle para ir a la oficina. Dejó de caminar por el parque cercano, abandonó sus clases de baile y no volvió a asistir a reuniones sociales.
Cada vez que una madre de la escuela se ofrece a llevar a su hija a clases, María acepta agradecida. Suele ser otra mujer venezolana que dispone de ciudadanía estadounidense y busca a los niños de otras familias que también se sienten amenazadas.
“Todo este año he estado muy asustada. Mis pasos están súper restringidos, no estoy haciendo ninguna actividad extracurricular. Ya no puedo más con esto, no me estoy sintiendo bien”, cuenta en una llamada telefónica.
Antes de salir de casa, revisa portales como iceout.org o cuentas que reportan noticias de Doral para verificar si hay reportes del lugar exacto por donde transitan las patrullas de ICE.
Sentada en el puesto del copiloto mientras su esposo conduce, María siente que su corazón se acelera. En un intento por apaciguar la angustia, instaló una aplicación en los teléfonos de su esposo y sus hijas para monitorear dónde están en todo momento.
“Cada vez que la aplicación suena y dice que alguien llegó a la casa, yo respiro. Desde que tengo esta ansiedad, aguanto la respiración. Es como si me faltara el aire, como si estuviera bajo el agua”.
La sensación se parece a lo que María experimentaba antes de emigrar de Venezuela.
“Siento que esto es como un secuestro. Me siento como en Caracas cuando estaban los secuestros exprés”, dice en referencia a la época en la que los delincuentes retenían a sus víctimas para vaciar el dinero de sus cuentas a través de cajeros automáticos o robar pertenencias en sus casas.
“Nos quedamos aquí y punto”
Fue justamente un secuestro lo que empujó a María a quedarse en Estados Unidos.
La familia llegó a Miami en 2019, después de que unos hombres armados obligaran a su esposo, bioanalista en un laboratorio privado en Caracas, a prestarles servicio en medio de un apagón nacional que afectó durante días a casi todos los estados de Venezuela.
“Entraron al laboratorio pidiendo que les hicieran unos exámenes y mi esposo les dijo que la planta eléctrica era para la terapia intensiva y la emergencia de la clínica. Pero ellos sacaron las armas y lo amenazaron para que les hiciera los tests”, recuerda María.
“Él tuvo que hacerles todos los exámenes y procesarlos. Le dijeron que si no lo hacía, lo iban a matar”.
En los días siguientes, el esposo de María vio a aquellos hombres a bordo de motocicletas en semáforos cercanos a la clínica donde trabajaba. Se movían a cara descubierta.
Aunque nunca pudo confirmarlo, la pareja sospechaba que eran “colectivos”, como se conoce en Venezuela a los miembros de grupos paramilitares afines al chavismo.
“Vinimos de vacaciones a Estados Unidos para desconectarnos y descansar. Y cuando estábamos aquí, al hermano de mi esposo lo secuestraron. También preguntaron por mi esposo, lo estaban buscando”, cuenta sobre aquellos días.
“¿Sabes cómo es la cosa?”, recuerda María haberle dicho a su marido… “No vamos a regresar a ningún lugar. No me voy y no me voy. Nos quedamos aquí y punto. Fue así como pedimos asilo”, dice al reconstruir la decisión de instalarse en Doral apenas llegaron.
Aquel vecindario limpio y tranquilo que tanto les había gustado, habitado por numerosas familias venezolanas, también albergaba una de las propiedades más importantes de Trump en Florida: el Trump National Doral Golf Club, un hotel con un campo de golf donde se celebran torneos internacionales.
María transita casi todos los días por esa zona para ir y volver de su trabajo.
“De un plumazo se voló esto”
Dos años después, en 2021, María y su familia se sumaron a los 268.000 venezolanos que recibieron el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) durante el gobierno del expresidente Joe Biden.
Esta figura no solo reconocía que las condiciones en Venezuela impedían el regreso seguro de sus beneficiarios, como lo establece la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, sino que además les concedía tres beneficios: autorización de empleo, permiso de viaje y la garantía de que no serían deportados.
En 2023, con la renovación del TPS para los venezolanos, 350.000 personas más se sumaron a este beneficio.
Pero en febrero de 2025, una vez que Trump asumió la presidencia por segunda vez, una de las primeras medidas de su gobierno en materia migratoria fue eliminar el TPS para los venezolanos, mientras otras 16 nacionalidades todavía gozaban de ese beneficio.
“Cuando pasó todo esto, yo dije: ‘Guau, cómo este señor de un plumazo se voló esto”, señala María. “Pero aún así yo tenía mucha confianza en el sistema judicial”.
La decisión de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señalaba que en Venezuela había “mejoras notables en varias áreas, como la economía, la salud pública y la delincuencia”, por lo cual los venezolanos podían regresar “de forma segura a su país de origen”.
Sin embargo, ocho meses antes la oposición venezolana había presentado pruebas de un fraude electoral que deslegitimaba el triunfo del entonces presidente Nicolás Maduro, en medio de una ola represiva que llevó a miles de detenciones y denuncias de violaciones de derechos humanos en todo el país.
En marzo de 2025, la revocatoria del TPS para los venezolanos fue suspendida por el juez federal Edward Chen.
“Generalizar la criminalidad a toda la población venezolana acogida bajo el TPS carece de fundamento y huele a racismo basado en estereotipos falsos y generalizados”, escribió.
Aunque su criterio fue respaldo por una corte federal de apelaciones en agosto, dos meses después la Corte Suprema de Esatdos Unidos autorizó al gobierno de Trump a poner fin a este programa de protección que beneficiaba a más de 600.000 venezolanos.
Un acuerdo polémico
Dos meses después de la decisión de Noem, en abril de 2025, el Consejo Municipal de Doral aprobó por unanimidad el acuerdo 287(g), un polémico instrumento que autoriza la colaboración entre la policía local y ICE para detener a migrantes.
Frente a la denuncia de comerciantes y empresarios venezolanos que atribuyen la caída de hasta 70% de sus ventas a la presencia de ICE en la ciudad, la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, ha señalado que las autoridades locales no pueden intervenir en los operativos.
Sin embargo, otras alcaldías de Florida, como la del sur de Miami, se negaron en su momento a suscribir este acuerdo.
El martes 22 de septiembre, el alcalde de esa ciudad, Javier Fernández, acudió a las puertas de la alcaldía de Doral junto con exlegisladores del estado para exigir a sus autoridades que revoquen el acuerdo con ICE.
“Derogar la resolución 287(g) no cambia las leyes federales de inmigración ni las políticas federales de cumplimiento migratorio”, respondió Fraga horas más tarde en un comunicado.
“La aplicación de las leyes de inmigración es una responsabilidad federal, y las operaciones federales no terminan en los límites municipales de Doral”, señaló.
“El dolor y la incertidumbre que sienten los habitantes del sur de Florida no deben utilizarse para obtener ventajas políticas ni para convertir a Doral en el rostro de una crisis migratoria nacional que esta ciudad no creó y no tiene autoridad para resolver”, dijo Fraga.
Un agente en el café
Hace un mes, cuando María vio entrar a un agente uniformado de ICE en la cafetería en la que realizaba una entrevista de trabajo en una mesa del local, decidió que buscaría la forma de quedarse en casa hasta que pudiera marcharse de Estados Unidos.
Aunque su marido revalidó su carrera para intentar otro mecanismo de legalización, las detenciones en Doral le hacen sentir que ya no tienen tiempo para buscar alternativas de permanencia en el país.
“Me da muchísimo dolor dejar la vida que he construido acá, pero esto no es vida. Mi esposo tiene un hermano que vive en Canadá y estamos viendo cómo podríamos movilizarnos hasta allá”, asegura María.
Primero se ocuparán de cerrar el caso de asilo para “seguir las leyes y hacer las cosas correctamente”. Están conscientes de que cuando se vayan, correrán el riesgo de ser detenidos en el aeropuerto, aunque ya tengan pasajes para abandonar Estados Unidos.
“Hay una incertidumbre total”.
Por ahora, María asistirá a otra diligencia que la obligará a salir a la calle: una cita para hacerse “un estudio de los nervios de la parte superior del cuerpo” y una resonancia magnética del cerebro.
Antes de marcharse de Doral, le gustaría saber si el tic nervioso en el ojo derecho y la tensión en los músculos de su cara acabarán convirtiéndose en los síntomas de una nueva preocupación.
* El nombre fue cambiado a petición de la entrevistada para proteger su identidad.
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