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Hablando frente a un grupo de empresarios cristianos reunidos en un pequeño auditorio, el ministro de Hacienda de Chile, Jaime Quiroz, les pidió evitar el pesimismo, utilizando citas bíblicas y, también, algunas cifras.
El mensaje estaba dirigido a quienes lo conocen desde hace muchos años, porque Quiroz desarrolló toda su carrera profesional en el sector privado como empresario.
“No pierdan la calma ni se desesperen”, les dijo a comienzos de octubre en Santiago, tras hacerse públicos una serie de malos indicadores sobre la economía chilena.
La inversión productiva, tanto privada como pública, tuvo un nulo crecimiento en el segundo trimestre de este año, principalmente por la caída en la construcción.
El desempleo escaló a un récord de 9,6%, el mayor nivel en más de cinco años, y la demanda interna tuvo un crecimiento prácticamente nulo.
El costo de la vida subió en julio a un 4,1% interanual, impulsado, en gran parte, por un fuerte aumento en el precio de los combustibles en un país que importa casi todo el crudo que consume.
La minería, en el mayor exportador de cobre del mundo, sufrió una drástica caída.
Todo esto ocurre en el contexto de un plan de austeridad fiscal implementado por el gobierno de José Antonio Kast, el presidente de derecha radical que llegó al poder en marzo con la promesa de reactivar la inversión y el empleo, y que ahora enfrenta un nivel de desaprobación superior al 60%, según las encuestadoras locales.
El frenazo económico quedó en evidencia con caídas del PIB del 0,5%, en el primer trimestre del año y del 0,2%, en el segundo, respecto a los mismos períodos del año anterior.
Se trata de la mayor contracción desde la pandemia.
El impacto del precio de los combustibles
Pocos días después de que comenzara la guerra en Irán, Kast aterrizó en la Moneda con su propia motosierra para recortar el gasto fiscal y sacar adelante un plan de austeridad económica que debía impulsar el crecimiento económico.
El precio del barril de petróleo se disparó por el conflicto armado y, mientras la mayoría de los países buscaba la manera de mitigar la situación, su gobierno tomó la decisión de no intervenir, dejando que el costo de los combustibles subiera de acuerdo al mercado, un episodio conocido como el “bencinazo”, que causó manifestaciones callejeras y la indignación de muchos ciudadanos.
Traspasado el shock petrolero a los consumidores, el precio de los combustibles no solo afectó el bolsillo de los hogares más vulnerables y de las pequeñas empresas, sino que amplificó su efecto en cadena y se transmitió hacia el resto de la economía, empujando hacia arriba la inflación.
Recién inaugurado, el gobierno tomó esa decisión al considerar que “el costo fiscal de compensar el alza de precios era excesivo y amenazaba con socavar sus esfuerzos por reducir el déficit fiscal”, le explica a BBC Mundo Nicolás Saldías, economista principal para las Américas del centro de análisis Economist Intelligence Unit.
“El costo político para el gobierno fue muy elevado, ya que la popularidad de Kast cayó rápidamente y no se ha recuperado”, apunta el experto.
Se trató de una decisión que “afectó la confianza de los consumidores”, según Joan Domene, economista jefe para América Latina de Oxford Economics.
El precio que pagan los consumidores por la gasolina (bencina en Chile) en los surtidores, calculado como un promedio en la Región Metropolitana -la más poblada del país-, subió alrededor de un 30% desde los días previos al inicio de la guerra hasta mediados de octubre, mientras que el diésel escaló más de un 40%.
Expertos coinciden en que el próximo año podría haber una leve desaceleración de los precios energéticos globales, aunque marginal.
La proyección va actualizándose constantemente, pero si ese escenario se mantiene y no surgen nuevos contratiempos, es posible que se vea “una tendencia a la recuperación de la economía tan pronto como en el primer trimestre del año que viene”, comenta Domene.
La caída en la producción minera
La minería, especialmente el cobre, es el principal producto de exportación chileno y uno de los sectores más importantes para el crecimiento económico del país.
Por eso fue tan negativo el desplome de la actividad minera en agosto, cuando cayó un 17,4% en términos anuales.
Esa caída llevó a la actividad minera a su nivel más bajo en tres décadas.
Si bien agosto marcó un punto de inflexión, la baja producción de cobre venía marcando una tendencia negativa este año, a lo que se sumaron interrupciones operativas en los yacimientos y condiciones climáticas muy adversas en julio y agosto.
Por ahora, las proyecciones apuntan a que la producción minera debería aumentar el próximo año, contribuyendo a una reactivación económica del país.
Sin embargo, una de las preocupaciones del sector es que la concentración de cobre en la roca ha disminuido, lo que eleva los costos de la producción y genera incertidumbre.
La drástica caída de la actividad minera en agosto llevó al Banco Central chileno a ajustar a la baja las proyecciones de crecimiento económico para este año a un rango entre 0.25% y 0.75%, mientras que el Fondo Monetario Internacional también rebajó su estimación a 0,6%.
Si se cumplen las estimaciones, Chile será uno de los países con el crecimiento más débil de América Latina (el único país con peor pronóstico de la región es Bolivia).
La austeridad fiscal
Parte del debate en Chile se centra en si el frenazo económico es algo transitorio o si se prolongará en el tiempo.
Desde que asumió el poder Kast, uno de sus principales focos en materia económica ha sido la austeridad fiscal a través de medidas como un recorte del presupuesto del 3% para todos los ministerios, una controvertida reducción o cierre de programas considerados por el gobierno como “ineficientes” y una caída de la inversión pública directa.
En ese sentido, según Nicolás Saldías, las políticas fiscales del gobierno “también están frenando el crecimiento económico”. El gobierno ha logrado una disminución del déficit, en parte gracias a un menor gasto público, lo cual reduce la demanda en la economía, señala el economista.
Con la bandera del ajuste fiscal en una mano, el gobierno levantó con la otra la llamada “megarreforma”, un paquete de medidas propuestas al Congreso presentadas como un estímulo al crecimiento económico y la inversión.
En su corazón, tiene una reforma tributaria que, entre otras cosas, reduce el impuesto a las empresas desde un 27% a un 23% de manera progresiva y asegura una invariabilidad tributaria a largo plazo para las grandes inversiones.
Fue aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Kast a comienzos de octubre tras un arduo debate sobre si el recorte de impuestos corporativos y otros incentivos a la inversión producirán suficiente crecimiento y empleo para compensar la menor recaudación fiscal.
Mientras comienza a implementarse, y a la luz de los indicadores que existen en este momento, Joan Domene plantea que el próximo año espera ver “una reversión de muchos de los factores que han causado incertidumbre”.
Así también lo anticipa Felipe Hernández, economista para América Latina de Bloomberg Intelligence. En la medida que se implementen las reformas y efectivamente éstas cumplan con lo que el gobierno prevé y las empresas están esperando, “podríamos empezar a ver un efecto positivo en la economía el próximo año”.
Dificultades para la población
Ahora se está discutiendo en el Congreso la Ley de Presupuesto para el 2027, la cual contempla un crecimiento real del gasto público de apenas 1,5%, considerado austero en relación a los gobiernos anteriores.
El proyecto ha sido duramente cuestionado por la oposición, que denuncia que afecta a decenas de programas sociales que benefician a personas vulnerables, pero que el gobierno considera que no cumplen sus objetivos.
En medio de esta situación, gran parte de la población está frustrada con el desempeño económico del país, según las encuestas.
Con una inflación alta y un desempleo en máximos históricos, muchos ciudadanos tienen dificultades para resolver su vida diaria. El consumo general de los hogares apenas está creciendo, mientras el Índice de Ventas de Supermercados cayó un 1,2% interanual en agosto, según el Instituto Nacional de Estadísticas.
Hace unas semanas, el gobierno anunció un plan de empleo de unos US$1.300 millones con el objetivo de crear más de 100.000 puestos de trabajo entre 2026 y 2027, acelerando obras públicas y entregando subsidios a las empresas para incentivar la contratación.
Este tipo de planes no formaban parte de la política de austeridad con la que el gobierno tomó las riendas del país en marzo, pero dadas las circunstancias, si se cumple el anuncio, podría darle oxígeno a la economía.
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