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Los fiscales federales afirman que el sargento Gannon Ken Van Dyke, quien participó en la operación para capturar a Nicolás Maduro, usó la información para hacer apuestas en un mercado de predicciones.

Un soldado de las fuerzas especiales del ejército estadounidense que participó en la operación para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela ha sido acusado de utilizar información clasificada para apostar sobre la misión en Polymarket, un mercado de predicciones, según dijeron las autoridades federales el jueves por la noche.

El soldado, el sargento mayor Gannon Ken Van Dyke, destinado en Fort Bragg, Carolina del Norte, ganó más de 400.000 dólares al apostar sobre distintos resultados relacionados con Venezuela después de enterarse de la operación, dijeron los fiscales federales y el FBI.

A continuación, Van Dyke trató de ocultar su uso ilícito de información gubernamental clasificada e intentó ocultar el origen de sus ganancias ilícitas y disimular su conexión con las cuentas vinculadas a las transacciones ilícitas relacionadas con la captura, según un acta de acusación presentada ante un tribunal federal de Manhattan.

Jay Clayton, fiscal federal del distrito sur de Nueva York, dijo que el sargento Van Dyke utilizó información clasificada para “hacer apuestas sobre el momento y el resultado de esa misma operación, todo ello para obtener una ganancia”.

La acusación representa uno de los episodios de mayor perfil de un empleado del gobierno estadounidense que usa información clasificada para ganar dinero en los mercados de predicción, una amenaza para la seguridad nacional que ha llevado a la Casa Blanca a advertir a su personal que evite este tipo de operaciones con información privilegiada. La advertencia se produjo en medio de una oleada de operaciones sospechosas vinculadas a la guerra con Irán.

Las empresas que gestionan mercados de predicción han sido objeto de un mayor escrutinio en los últimos meses El Senado y Cámara de Representantes están estudiando leyes para limitar el uso que hacen los funcionarios del gobierno de un sitio muy popular, Kalshi, y los estados también están considerando la posibilidad de establecer normas más estrictas.

El fiscal general en funciones, Todd Blanche, dijo: “A nuestros hombres y mujeres de uniforme se les confía información clasificada para que cumplan su misión de la forma más segura y eficaz posible, y tienen prohibido utilizar esta información altamente sensible para obtener beneficios económicos personales”.

Cuando se le preguntó por la preocupación de que los empleados federales puedan estar realizando operaciones en los mercados de predicción con información privilegiada, el presidente Donald Trump dijo el jueves que “desafortunadamente, el mundo entero se ha convertido en una especie de casino”.

Y añadió: “Nunca he estado muy a favor de ello. No me gusta conceptualmente. Es lo que es. No me gusta nada de eso”.

Polymarket dijo el jueves en un comunicado que el mes pasado había publicado nuevas normas para monitorear mejor el uso de la información privilegiada. Añadió que cuando identificó a un usuario que comerciaba con información gubernamental clasificada, remitió el asunto al Departamento de Justicia y cooperó con su investigación.

En las horas previas a que las tropas estadounidenses capturaran a Maduro el 3 de enero, se informó que un usuario de Polymarket hizo una apuesta de 32.000 dólares a que Maduro abandonaría el poder a finales de enero, y obtuvo una ganancia de más de 400.000 dólares. La declaración de Polymarket y las cantidades especificadas en el acta de acusación sugieren que los cargos anunciados el jueves estaban relacionados con esa apuesta.

El acta de acusación imputa a Van Dyke, de 38 años, cinco cargos: uso ilegal de información gubernamental confidencial en beneficio propio; robo de información gubernamental no pública; fraude con productos básicos; fraude electrónico; y participación en una transacción monetaria de bienes derivados de una actividad ilegal especificada.

Van Dyke ha sido soldado en servicio activo desde aproximadamente 2008, decía el acta de acusación, y añadía que desde 2023 era sargento mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos. A los diez años de servicio, se le concedió acceso especial a información clasificada, y firmó un acuerdo formal en el que prometió no divulgar nunca el contenido de dicha información. El año pasado, firmó un acuerdo similar relacionado con operaciones militares en el hemisferio occidental.

La cuestión de cómo regular los mercados de predicción se ha vuelto más acuciante para los funcionarios estatales en los últimos meses, debido al repentino auge de su uso. Los mercados están regulados por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos, y quienes apuestan a menudo pueden eludir las restricciones estatales sobre los juegos de azar más tradicionales debido a la forma en que se clasifican legalmente las apuestas.

Chris Cameron colaboró con reportería.

Benjamin Weiser es periodista del Times y cubre los tribunales federales y la fiscalía de Manhattan, así como el sistema judicial en general.

Jonah E. Bromwich cubre temas de justicia penal en la región de Nueva York para el Times. Su trabajo se centra en la influencia política y su impacto en el Estado de derecho en los tribunales federales y estatales del área.

Chris Cameron colaboró con reportería.

MI PADRE ME TRATABA MÁS COMO A UNA ESPOSA QUE COMO A UNA HIJA. TARDÉ DÉCADAS EN AFRONTAR LA VERDAD DE LO OCURRIDO.

Hace dos años, empaqueté varios cuadros expresionistas abstractos de mi padre y los dejé con un puñado de artistas plásticos para que pintaran sobre ellos. Esta fue mi solución a un problema que me había acechado toda la vida.

Nací en Manhattan en 1976. Antes de cumplir los 2 años, mi madre nos abandonó a mi padre y a mí para ser mánager de giras de una popular banda de folk, y nunca volvió como madre de tiempo completo. En su ausencia, me crio mi padre, un artista con un acento de Brooklyn tan marcado como su barba.

Vivíamos en su estudio de pintura de Carroll Gardens con un espíritu de “todo se vale”. Patinábamos sobre los tablones desiguales del suelo mientras una bola de discoteca proyectaba su magia sobre las paredes del desván. Mis hermanastros del primer matrimonio de mi padre a veces se colaban con nosotros cuando empezaban su vida adulta, pero la mayoría de las veces éramos solo mi padre y yo. Las risas y el alcohol eran abundantes. Pero mezclada con la música, los frecuentes invitados y todas las figuras de Star Wars que pudiera desear, estaba la presencia secreta de la mano de mi padre entre mis piernas.

Aunque murió en 2011 a los 76 años, he tardado décadas en aceptar las cosas menos artísticas que ocurrieron en aquella casa. Durante la mayor parte de mi vida adulta, había elegido vivir como si, por la noche en su cama, no me hubiera tratado como trataría a una esposa, mucho antes de pasar por la pubertad o de comprender que algo de eso estaba mal. Cuando empecé a admitir la verdad, me asaltó una repulsión tan fuerte que amenazaba con derribar los muros de mi vida de fantasía cuidadosamente construida.

Hace unos años, a finales de mis cuarenta, decidí que no podía seguir viviendo mi vida como si nada de esto hubiera ocurrido. Cuando investigué los síntomas comunes de un sobreviviente de incesto –neurosis traumática crónica, desequilibrios en las relaciones interpersonales y mayor riesgo intergeneracional de sufrir abusos– me di cuenta de por qué no quería aceptar que esa era yo.

Fingir que los abusos no habían ocurrido era una vía más fácil. El incesto era demasiado tabú, demasiado estigmatizante. Incluso de niña, era consciente de esta vergüenza. Mi padre se refería a nuestro vínculo como algo tan precioso y privado que nadie lo entendería jamás.

Cuando pasaba tiempo con mi madre, ella ignoraba de algún modo mis señales evidentes de angustia: pesadillas, ansiedad, sangre en la ropa interior. Todos los que me rodeaban actuaban como si esto no estuviera ocurriendo, así que yo también lo hice: me esforcé por llevar una vida normal, me gradué como la mejor alumna de mi clase, obtuve mi maestría en Bellas Artes cinematográficas y me convertí en una académica como mi padre antes de cumplir los 25 años.

Al mismo tiempo, intenté formar una familia con alguien cuyo origen era opuesto al mío: un hombre de una gran familia religiosa de los suburbios. Esperaba que me mostrara el camino hacia una vida sana. Sin embargo, incluso después de tener tres hijos juntos, nos mantuvimos distantes y desapegados, y nos divorciamos cuando nuestro hijo menor tenía 2 años. Después tuve dos relaciones importantes, pero ninguna duró.

Mis constantes luchas en el amor me obligaron a enfrentarme a mi soledad e incapacidad para sentirme cercana a una pareja romántica. Me di cuenta de que tenía que intentar curarme de este trauma si quería experimentar el amor de verdad.

El primer paso: vivir mi vida como si mis recuerdos fueran verdaderos. Dejar de promover el mito de mi infancia feliz. Eliminar el recuerdo constante de mi padre en forma de sus cuadros era un punto de partida obvio, pero me parecía tan duro como arrancarle su mantita favorita a un bebé dormido.

Nunca había conocido una época en la que el arte de mi padre no me hubiera rodeado con sus líneas irregulares y sus formas geométricas superpuestas. Su estilo de abstracción, un vestigio de los años cincuenta, se había disipado en los setenta.

Incluso cuando hacía las maletas para ir a la universidad, elegí cinco de sus cuadros para colgarlos en mi residencia como prueba de mi educación creativa y bohemia. Cuando conocía a gente nueva, me enorgullecía en cierta medida de mi narrativa infantil preferida: me las había arreglado sin una madre constante y cariñosa porque había tenido a mi padre chiflado y artístico. A mi padre le encantaba señalar que dedicó su vida a mí y a su trabajo, en ese orden, y a mí me encantaba repetirlo.

Nuestra vida estaba llena de otros artistas, algunos de los cuales se convirtieron en mentores para toda la vida. Yo creía en su talento con la fe ciega de un niño. Cuando me convertí en cineasta experimental, esperaba ser como él, rodeada de gente inspiradora mientras creaba y enseñaba para ganarme la vida.

Esta narrativa me tranquilizaba. Sin embargo, una vez que admití los abusos, las decenas de obras de arte que había llevado conmigo durante años se convirtieron en algo nuevo: la prueba evidente de la negación. No podía soportar seguir mirándolas. Pero, ¿qué debía hacer? ¿Quemarlas? ¿Pintarlas de negro?

El primer cuadro que quité, un lienzo del tamaño de una ventana con marcas pastosas que difuminaban tonos rosas, grises y verdes, había estado en mi dormitorio. No me gustaban todas las obras de arte de mi padre, pero esta era una de las favoritas que había colgado en un lugar destacado dondequiera que viviera. Sus remolinos apagados aparecen en el fondo de innumerables fotos de comidas que organicé en mis veinte. Incluso animan la foto de mi marido de entonces mientras sostiene a nuestro primer hijo tras volver del hospital.

Se la dejé a una amiga artista y le dije “adiós” al entregársela. Le pedí que me la devolviera como una nueva obra de arte. Su estudio era exuberante y vibrante, lo opuesto al escaso desván de mi padre, lo cual me pareció bien. Aceptó con satisfacción el encargo.

No todos los artistas se mostraron tan entusiastas. Curiosamente, todos los que expresaron su malestar eran hombres preocupados por cómo se sentirían si alguien pintara sobre su arte. Intenté que no me molestara su aparente empatía por mi padre; su arte lo era todo para ellos, y les dolía imaginarse a sus bebés dañados.

Para que quede claro, no se trataba de pintar sobre un Rauschenberg. Mi padre había sido un artista en activo toda su vida, pero no uno de éxito. Su obra no se exponía mucho ni se vendía en galerías; todo su archivo pertenecía a varios miembros de mi familia.

Aunque en un principio se resistieron, cuando les expliqué que yo era la dueña de esos objetos y libre de hacer lo que quisiera con ellos, la mayoría aceptó. Si no los quería en mis paredes, ¿tenía que pagar el almacenamiento de estos lienzos para siempre?

Mientras los artistas trabajaban en los cuadros, yo trabajaba en mí misma, y comencé una terapia con un especialista en traumas, escribí un diario, hice trabajo somático y meditación guiada. Probé todos los tratamientos y terapias alternativas que pude encontrar para sobrevivientes de incesto. El esfuerzo me resultó más duro y agotador que cualquiera de mis tres embarazos. Sentía náuseas, no podía comer, me atormentaba la vergüenza y el miedo de haber abierto una terrible línea de investigación sobre el pasado de la que nadie quería oír hablar.

Sin embargo, poco a poco empecé a recobrar el equilibrio, a tiempo para recibir el arte que ha ido volviendo a mi casa, a menudo irreconocible y siempre para mejor. Estaba nerviosa por la expectativa, temerosa de haber creado una ilusión imposible. Al recoger un lienzo de mi amigo Chris Nau, descubrí que lo que antes era un rectángulo minimalista de pintura negra con una línea azul se había transformado en un estallido de color en forma de óvalo.

Chris no lo había conseguido pintando sobre la obra de mi padre; la había desenterrado picando las capas de pintura, doblando y arrugando el lienzo para revelar brillantes naranjas y amarillos. Luego puso el lienzo en un bastidor redondo, sin bordes, y lo tituló “Niña valiente”. El proceso me recordó al arte japonés del “kintsugi”, en el que a menudo se repara la cerámica rota para resaltar el daño.

Dos años después, mis paredes y armarios rebosan de estas nuevas obras de arte. Cuando empecé este proceso, me preocupaba estar destruyendo lo que, en mi opinión, era el único legado de mi padre que valía la pena. Ahora, tras repetir mi historia en decenas de estudios de artistas, por fin puedo afirmar la verdad sobre mi pasado mientras vivo en el presente, aunque incómoda la mayor parte del tiempo.

Quería hacer añicos las mentiras sobre mi infancia y dar la bienvenida a una nueva historia, una en la que dos cosas pudieran ser ciertas: quizá mi padre me ayudó a convertirme en la artista que llegué a ser, pero ya no necesito que su arte me lo recuerde. Necesito un arte nuevo, hecho con amor, que me muestre lo que es posible.

El gobierno de Trump está asignando casos de desnaturalización a fiscales ordinarios, lo que podría provocar una oleada de personas que serían despojadas de la ciudadanía estadounidense.

El Departamento de Justicia (DOJ, por su sigla en inglés) ha identificado a 384 estadounidenses nacidos en el extranjero cuya ciudadanía quiere revocar, como parte de una iniciativa para aumentar el ritmo de las desnaturalizaciones asignándoles los casos a fiscales de decenas de fiscalías de todo el país.

Altos funcionarios del Departamento de Justicia en Washington comunicaron a sus colegas durante una reunión celebrada la semana pasada que pronto se asignaría a abogados especializados en litigios civiles de 39 oficinas regionales la tarea de presentar demandas de privación de la nacionalidad contra esas personas, según un funcionario informado del anuncio que no estaba autorizado para hablar oficialmente al respecto. Dos personas que conocen los planes confirmaron la iniciativa general de intensificar las desnaturalizaciones. No quedó claro qué llevó al departamento a centrarse en esas 384 personas.

Según la legislación federal, el gobierno puede pedirle a un tribunal que despoje de la ciudadanía a quien la haya obtenido de manera fraudulenta, por ejemplo, contrayendo un matrimonio simulado u ocultando información sobre su pasado que le habría hecho inelegible. También se puede desnaturalizar a quien cometa delitos. El gobierno debe presentar pruebas ante un juez federal mediante un procedimiento civil o penal, lo que hace que el proceso sea difícil y lleve mucho tiempo.

Tradicionalmente, los expertos de la oficina de litigios de inmigración del departamento se han ocupado de los casos de desnaturalización. Pero el esfuerzo por reclutar a fiscales regulares para que se ocupen de estos casos podría provocar un aumento de las desnaturalizaciones, que han sido inusuales en las últimas décadas. También se produce pocos meses después de que funcionarios del gobierno de Donald Trump ordenaran a los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional que remitieran al DOJ más de 200 casos de desnaturalización al mes.

Matthew Tragesser, portavoz del Departamento de Justicia, dijo que los funcionarios estaban “persiguiendo el mayor volumen de remisiones de desnaturalización de la historia” desde el Departamento de Seguridad Nacional.

“El Departamento de Justicia está completamente enfocado en erradicar a los extranjeros delincuentes que defraudan el proceso de naturalización”, añadió.

“El fraude de ciudadanía es un delito grave; quien haya infringido la ley y obtenido la ciudadanía mediante fraude y engaño tendrá que rendir cuentas”, dijo Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca.

La medida indica que el gobierno de Trump pretende cumplir su plan de aumentar el ritmo de las desnaturalizaciones como parte de su ofensiva contra la migración. Es probable que la medida asuste a muchos migrantes naturalizados, ya que el gobierno de Trump ha intentado reducir la migración en general y ha hablado con desdén de los migrantes de determinados países.

“El mensaje que envía es que los ciudadanos naturalizados no tienen los mismos derechos ni la misma estabilidad que los ciudadanos nacidos en el país”, dijo Amanda Frost, profesora de derecho de la Universidad de Virginia. “El gobierno ha utilizado este poder en el pasado para perseguir a personas que considera oponentes políticos”.

Entre 2017 y finales del año pasado, el gobierno intentó despojar de su ciudadanía a poco más de 120 estadounidenses naturalizados. Estos casos eran mucho menos frecuentes antes de la elección del presidente Trump, dijo Frost, quien ha escrito sobre la historia de la desnaturalización. Entre 1990 y 2017, el gobierno presentó 305 casos de desnaturalización, una media de 11 al año.

Las personas que se convierten en ciudadanos estadounidenses son sometidas a una exhaustiva investigación. Los solicitantes deben proporcionar datos biométricos y responder a preguntas muy variadas sobre su historial de viajes, sus problemas con la ley y sus vínculos con el Partido Comunista. Algunos reúnen los requisitos mediante el matrimonio con ciudadanos estadounidenses al cabo de tres años. Otros reúnen los requisitos tras haber sido titulares de tarjetas verdes durante al menos cinco años. Los pasos finales del proceso de naturalización incluyen la superación de exámenes de educación cívica e inglés.

Ha habido casos de fraude. En 2017, el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional dijo en un informe que una iniciativa para digitalizar las huellas dactilares recogidas en papel en antiguos casos migratorios reveló que más de 800 migrantes obtuvieron la ciudadanía estadounidense a pesar de haber sido deportados previamente con otro nombre.

En 2024, más de 818.000 migrantes se convirtieron en ciudadanos estadounidenses, según datos federales.

Los ciudadanos naturalizados disfrutan de casi todos los derechos y responsabilidades de los ciudadanos nacidos en el país (una excepción notable es que los ciudadanos nacidos en el extranjero no pueden postularse a las elecciones presidenciales). Como tal, el listón para despojar a alguien de la ciudadanía es alto.

“Para la revocación civil de la naturalización, la carga de la prueba exige evidencia clara, convincente e inequívoca que no deje lugar a dudas sobre el asunto”, declaró el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos en su sitio web.

Durante la reunión de la semana pasada, Francey Hakes, directora de la Oficina Ejecutiva de Fiscales de Estados Unidos, describió a las 384 personas identificadas para la desnaturalización como “la primera oleada de casos” que el gobierno tenía la intención de perseguir. Hakes reconoció que varias divisiones civiles de las fiscalías estadounidenses carecen de personal suficiente y tienen dificultades para hacer frente a una avalancha de demandas presentadas por migrantes que impugnan la legalidad de sus detenciones.

“Espero que estos casos no representen una carga adicional”, dijo Hakes a sus colegas, y añadió que impulsar los casos de desnaturalización era una “iniciativa de la Casa Blanca”.

Jackson, la portavoz de la Casa Blanca, dijo que “no es una iniciativa de la Casa Blanca: es una ley federal”.

Hacer de los casos de desnaturalización una parte esencial del trabajo de las divisiones civiles de las fiscalías estadounidenses implica desviar recursos del tipo de casos que sus litigantes han priorizado históricamente. Entre ellos están el fraude sanitario, el fraude en la contratación pública, la aplicación de las leyes de derechos civiles y los casos de confiscación de bienes.

Un aumento de las desnaturalizaciones también puede enviar un mensaje escalofriante, dijo Frost, el profesor de derecho, remontándose a una época del siglo XX en la que el gobierno desnaturalizaba a activistas políticos que despreciaba. El presidente Trump dijo en una entrevista en enero que los estadounidenses de ascendencia somalí podrían ser uno de los objetivos de la campaña de desnaturalización.

Durante los años en los que el gobierno persiguió los casos de desnaturalización con poca frecuencia, tendía a perseguir a personas que habían cometido crímenes de guerra en el extranjero antes de convertirse en estadounidenses.

“Este tipo de campaña de desnaturalización masiva se basará en una distorsión de la ley y es otro esfuerzo claro para desestabilizar principios de ciudadanía estadounidense establecidos desde hace mucho tiempo”, dijo Lucas Guttentag, exfuncionario del Departamento de Justicia en el gobierno de Joe Biden y profesor de la Facultad de Derecho de Stanford. “El fraude genuino, cuando realmente se produce, siempre se ha perseguido agresivamente”.

En los últimos meses, el gobierno de Trump ha presentado casos de desnaturalización contra una amplia gama de migrantes. Entre ellos, un marino de Ghana que fue juzgado en consejo de guerra por un delito sexual, un argentino acusado de haber obtenido la nacionalidad afirmando falsamente ser cubano y un nigeriano condenado por dirigir una trama de fraude fiscal.

Ernesto Londoño es reportero del Times en Minnesota y cubre noticias del Medio Oeste estadounidense, así como el consumo de drogas y las políticas antidroga. Acepta información y se le puede localizar en elondono.81 en Signal.

Hamed Aleaziz cubre el Departamento de Seguridad Nacional y las políticas migratorias.

El suceso reabrió el debate sobre la soberanía y la cooperación entre dos naciones que comparten mucho más que una larga frontera.

La muerte de dos estadounidenses en un accidente automovilístico en una carretera de montaña remota en el norte de México ha suscitado preguntas urgentes sobre el alcance del involucramiento de Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico en la región. El vehículo, en el que viajaban los estadounidenses y dos agentes de seguridad mexicanos, regresaba de una redada en un gran laboratorio clandestino de drogas cuando se precipitó por el escarpado terreno de la Sierra Tarahumara.

¿Quiénes eran los estadounidenses y qué hacían allí? ¿Tenían autorización para operar en México, y en calidad de qué? Las preguntas se intensificaron luego de que The New York Times y otros medios informaran que los funcionarios estadounidenses eran agentes de la CIA, lo que agudizó el escrutinio sobre el creciente papel de la agencia en la lucha de México contra el crimen organizado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no estaba al tanto de las actividades de los funcionarios y que investigaría si su presencia violaba las leyes de seguridad nacional. Si la indagación confirma que los oficiales participaban en una operación de seguridad de campo, dijo que su gobierno enviaría una reprimenda formal al gobierno de Estados Unidos.

Sheinbaum ha trazado una línea firme: la cooperación con Estados Unidos es esencial, pero sin soldados estadounidenses operando en suelo mexicano. Su postura refleja un sentimiento nacional más amplio, ya que la mayoría de los mexicanos se oponen a la idea de una intervención militar estadounidense para hacer frente a los cárteles.

Sin embargo, la presencia de agentes de la CIA en México no carece de precedentes. Durante décadas, los servicios de inteligencia y las fuerzas del orden estadounidenses han desempeñado un papel discreto pero trascendental en las operaciones de seguridad de México, en una asociación a menudo incómoda que ha evolucionado a medida que cambiaban las amenazas y las corrientes políticas a ambos lados de la frontera.

En el último año, la relación se ha vuelto más tensa bajo la presión del presidente Donald Trump para que México haga más contra los cárteles y frene el flujo de drogas hacia el norte. Trump ha prometido en repetidas ocasiones emprender acciones militares unilaterales en suelo mexicano, una línea que Sheinbaum ha rechazado firmemente.

Aun así, la cooperación en materia de seguridad sigue siendo estrecha y sostenida. “Tenemos una muy buena coordinación”, dijo Omar García Harfuch, el principal funcionario de seguridad de México, en una entrevista reciente con el Times. “Hay mucho intercambio de información”.

García Harfuch describió el contacto regular con el embajador estadounidense, un antiguo oficial paramilitar de la CIA, así como la comunicación directa con las agencias de seguridad estadounidenses. “Hablo con todas las agencias que no sean fuerzas armadas”, dijo, y añadió que esos lazos reducen la probabilidad de una acción unilateral estadounidense.

Ese nivel de coordinación ha suscitado elogios en Washington. El secretario de Estado Marco Rubio ha descrito los lazos de seguridad bajo Sheinbaum como de un nivel “histórico”.

Pero esa comunicación estrecha y constante, y el intercambio de inteligencia no siempre han sido fluidos o garantizados.

La evolución

En las últimas cuatro décadas, la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México ha pasado de una colaboración informal a una asociación más institucional, aunque siga envuelta en el secretismo y en fricciones periódicas, según expertos, analistas y exfuncionarios de seguridad.

Las agencias estadounidenses también han operado a través de canales más silenciosos, y han llevado a cabo labores de inteligencia extraoficiales mediante el cultivo de activos locales y la penetración en redes criminales, dijo Raúl Benítez, analista de seguridad en México. Impulsada por el creciente poder de los cárteles de la droga y el aumento de la demanda estadounidense de estupefacientes, la cooperación se ha intensificado a medida que estas organizaciones criminales se convirtieron en una prioridad compartida por ambas naciones.

Bajo la presidencia de Felipe Calderón, quien asumió el cargo en 2006, México lanzó su guerra contra el narcotráfico, y desplegó al ejército para desmantelar a los poderosos cárteles con el respaldo del presidente George W. Bush.

A través de la Iniciativa Mérida, una asociación de seguridad de 2008 respaldada por unos 1400 millones de dólares de financiamiento, Estados Unidos empezó a proporcionar equipamiento, vigilancia avanzada y formación a las fuerzas de seguridad mexicanas. También supuso una mayor presencia estadounidense sobre el terreno.

Funcionarios mexicanos lo describirían más tarde sin rodeos: “entraron hasta la cocina”.

Esos esfuerzos también vinieron acompañados de un fuerte aumento de los homicidios en México, e incrementaron seis veces las denuncias de derechos humanos contra el ejército mexicano de 2006 a 2008.

Más recientemente, algunas de las operaciones de mayor perfil contra los líderes de los cárteles se han basado, al menos en parte, en la inteligencia estadounidense. Eso incluye la recaptura en 2016 de Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo, el infame líder del Cártel de Sinaloa, por marinos mexicanos.

Más recientemente, la CIA proporcionó importante información de inteligencia sobre la localización de otro jefe de un cártel: Nemesio Oseguera Cervantes, el antiguo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como el Mencho, quien fue abatido durante una operación llevada a cabo por las fuerzas especiales mexicanas en febrero.

La operación formaba parte de una ofensiva gubernamental más amplia contra los cárteles, marcada por una oleada de detenciones, grandes incautaciones de droga, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el envío a Estados Unidos de casi 100 personas acusadas de ser operativos criminales.

Cooperación bajo tensión

La tensión entre ambos países ha tendido a profundizarse tras las crisis, especialmente las que han implicado a víctimas estadounidenses. El asesinato en 1985 del agente de la Agencia Antidroga Enrique “Kiki” Camarena fue un punto de inflexión. Su tortura y asesinato aumentó las tensiones, pero también galvanizó la guerra contra las drogas de la era de Reagan y empujó a la DEA (Administración de Control de Drogas, por su sigla en inglés) a un papel más central en México, lo que amplió la coordinación durante años.

Pero, en ocasiones, la colaboración bilateral ha estado marcada por trágicos pasos en falso.

En uno de los casos más flagrantes de fallas en la cooperación, la DEA consiguió teléfonos celulares localizables de los principales líderes del Cártel de los Zetas y los entregó a una unidad de confianza de la policía federal mexicana en 2011. La información se filtró rápidamente al cártel, lo que desató una brutal represalia que mató a decenas, posiblemente cientos, de hombres, mujeres y niños.

En algunos casos, esos riesgos se extendieron hasta lo más alto de la cúpula de seguridad de México.

Durante su mandato como máximo responsable de la seguridad en México de 2006 a 2012, Genaro García Luna fue elogiado por las autoridades estadounidenses como un aliado crucial en la guerra contra el narcotráfico. Pero su condena en 2023 en un tribunal estadounidense por aceptar millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa marcó uno de los episodios más embarazosos para la inteligencia estadounidense. Mostró que el funcionario protegía a poderosos narcotraficantes, incluido el Chapo.

Más recientemente, la relación se enfrió bajo a presidencia de Andrés Manuel López Obrador, electo en 2018. En 2020, después de que fiscales estadounidenses arrestaran al exsecretario de defensa de México, Salvador Cienfuegos, durante el primer gobierno de Trump, México redujo la cooperación con la DEA. López Obrador también desmanteló una unidad que había trabajado estrechamente con la agencia estadounidense durante más de dos décadas, con el argumento de que había sido comprometida por grupos criminales. Pero la acción, que dañó los lazos de seguridad a largo plazo, fue vista como una respuesta defensiva a la detención de Cienfuegos, que México consideró como una violación de su soberanía. (Más tarde fue exonerado).

Craig Deare, antiguo agregado militar estadounidense en la embajada de Estados Unidos en México en la década de 1990, dijo que la cooperación militar se ha ampliado significativamente en los últimos años, lo que ha ayudado a aliviar un legado de desconfianza. Estas tensiones tienen su origen en la guerra entre México y Estados Unidos, que terminó en 1848 con la derrota de México y la pérdida de casi la mitad de su territorio.

“Hay fricciones: personales, institucionales, ideológicas. Hay desconfianza, pero los responsables de la defensa de nuestros países comprenden la necesidad de seguir avanzando”, dijo Deare. “Sencillamente, hay demasiado en juego”.

En la frontera, la coordinación se amplía

En ningún lugar es más evidente la cooperación entre Estados Unidos y México que a lo largo de la frontera, donde las operaciones conjuntas y el intercambio de inteligencia son rutinarios desde hace tiempo.

En Chihuahua, el estado del norte donde murieron los agentes de la CIA, los funcionarios describieron una asociación con las fuerzas de seguridad estadounidenses centrada en el contrabando de drogas y de personas, así como en los flujos migratorios hacia Estados Unidos.

Jorge Armendáriz, vocero de la secretaría de seguridad pública del estado, afirmó que a finales de este verano hasta 18 analistas de agencias estadounidenses, entre ellas Investigaciones de Seguridad Nacional, la DEA, el FBI, Aduanas y Protección Fronteriza y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, estarían estacionados en un nuevo centro de inteligencia en Ciudad Juárez, aproximadamente a 16 kilómetros al sur de El Paso, Texas. Su función, dijo, será la vigilancia, el análisis relacionado con la frontera y el intercambio de inteligencia, no las operaciones sobre el terreno, como dictan las leyes de seguridad nacional de México.

Armendáriz dijo que la geografía de Chihuahua, sus 264 kilómetros de frontera con Nuevo México y Texas, y sus retos en materia de seguridad hacen que dicha coordinación sea esencial, y añadió que las fuerzas de seguridad locales llevan a cabo operaciones conjuntas con agentes de la CBP semanalmente y trabajan simultáneamente en sus propios lados de la frontera.

“La coordinación con agencias serán con base en una relación de enlace, reciprocidad, intercambio técnico y colaboración estratégica, siempre bajo reglas claras, respeto mutuo y pleno apego al marco legal mexicano.”, dijo Armendáriz, quien agregó que la CIA no participaría en el nuevo centro de inteligencia.

Paulina Villegas es reportera del Times radicada en Ciudad de México, cubre temas relacionados con las organizaciones criminales, el tráfico de drogas y otros asuntos que afectan a la región.