This post was originally published on this site.
Soñé durante dos años con el día en que volvería a aterrizar en Maiquetía, donde está el principal aeropuerto internacional de Venezuela. Pasé esos años prácticamente en el exilio. Como muchos otros venezolanos que viven en el extranjero, dejé de visitar mi país cuando el presidente Nicolás Maduro intensificó su represión contra los críticos y los defensores de los derechos humanos como yo, después de que llegara a la presidencia de manera fraudulenta en las elecciones de 2024.
Hace poco pusieron en libertad a varios de esos defensores de los derechos humanos, así que sentí que podía arriesgarme a volver a casa y ver a mi familia. Esperaba una visita tranquila.
Los dos terremotos se registraron apenas unos días después de mi llegada. Sostuve la mano de mi madre durante lo que me pareció una eternidad mientras el suelo temblaba violentamente bajo nuestros pies. Cuando salimos, nos encontramos con un mundo transformado, uno de edificios derrumbados, líneas telefónicas cortadas y seres queridos desaparecidos. Es difícil asimilar la magnitud de la tragedia que estamos viviendo.
Pero en los días que han pasado desde entonces, una cosa ha quedado clara: los terremotos han revelado el precio que se ha pagado por años de corrupción, desmantelamiento institucional y abandono de los ciudadanos venezolanos por parte de su Estado. Esta crisis es tanto la tragedia de un régimen autoritario como una tragedia de la naturaleza. El desastre natural de Venezuela era inevitable, pero la devastación que ha dejado a su paso no lo era.
Estos terremotos, los más mortíferos que han azotado Venezuela en décadas, han causado la muerte de al menos 1943 personas, han dejado miles de heridos y han sumado una nueva ola de devastación a un país que ya se tambaleaba bajo una prolongada crisis económica y humanitaria. Para finales de 2025, las Naciones Unidas y organizaciones independientes de la sociedad civil estimaban que más de 7,9 millones de personas se enfrentaban a una escasez crítica de alimentos, agua y atención de salud.
Casi ocho millones de venezolanos, entre ellos médicos, enfermeros y otros trabajadores esenciales, han salido del país en los últimos años. El prolongado colapso de los servicios públicos –agua corriente esporádica, apagones periódicos y hospitales en ruinas y mal abastecidos, por nombrar algunos– dejó a los venezolanos totalmente desprotegidos cuando se produjeron los terremotos. Lo mismo ocurrió con los años de ataques del gobierno contra la sociedad civil, que acabaron con las organizaciones sin fines de lucro y las redes de rescate civiles que podrían haber ayudado en la respuesta.
Mi primer instinto, cuando terminaron las sacudidas, fue buscar información, algo que no es nada fácil en Venezuela, donde el Estado lleva mucho tiempo restringiendo el acceso a diversos medios de comunicación independientes, tanto venezolanos como internacionales. Pero ahora que el gobierno ha permitido temporalmente el acceso a X, los venezolanos se han movilizado para documentar lo que está pasando y compartir la realidad de la crisis desde los estados más afectados.
Lo que estas publicaciones han revelado es que, en los preciosos minutos y horas tras los terremotos, el Estado ha vuelto a estar ausente. Aunque el gobierno venezolano insiste en que está haciendo todo lo posible, ha compartido muy poca información y ha desplegado a las fuerzas armadas de una manera que, a menudo, ha resultado caótica, insuficiente y, en algunos casos, un obstáculo para otras labores de ayuda. Las organizaciones locales de derechos humanos han advertido del riesgo de que se produzcan abusos contra los derechos humanos si la respuesta se deja en manos de los militares. Ciudadanos de a pie y valientes periodistas locales y extranjeros están grabando a voluntarios que buscan desesperadamente sobrevivientes entre los escombros, a equipos de rescate que trabajan sin el equipo adecuado y a familiares que intentan salvar a sus seres queridos con sus propias manos.
La respuesta de Washington ante la catástrofe también evidencia los límites del compromiso del gobierno de Donald Trump con lo que el presidente ha sugerido que podría ser “el estado número 51 de Estados Unidos”. Esta semana se cumplen seis meses desde la captura estadounidense de Maduro el 3 de enero y la posterior toma de posesión de la presidenta Delcy Rodríguez. Pero el llamado “plan de estabilización” del gobierno de Trump para Venezuela, que trazaba la recuperación económica y política del país tras años de dictadura, ya parecía poco probable que se materializara por completo incluso antes de los terremotos.
Aunque la producción petrolera de Venezuela ha aumentado tras la destitución de Maduro, el gobierno de Trump ha creado una cuenta de custodia muy inusual para controlar los ingresos, que primero pasaban por una cuenta en Catar y ahora por el Tesoro de Estados Unidos. Venezuela exportó casi 100 millones de barriles de petróleo, por un valor estimado de 8 millardos de dólares, en los primeros cuatro meses del año, pero no está claro cuánto de ese dinero ha llegado al pueblo venezolano.
Tras los terremotos, el gobierno estadounidense ha prometido unos 300 millones de dólares para las labores de socorro y ha enviado un equipo de respuesta ante desastres y dos equipos de búsqueda y rescate. Esto dista mucho de los 632,2 millones de dólares que las Naciones Unidas estimaron que Venezuela necesitaba en ayuda humanitaria para 2026 incluso antes del desastre, de los cuales 470 millones de dólares aún no se han cubierto. Ahora las necesidades del país serán mucho mayores.
Ante todas estas carencias y disfunciones, el pueblo de Venezuela ha demostrado una solidaridad y una resiliencia enormes.
Pero el apoyo mutuo de los venezolanos –por impresionante que sea– no basta para reconstruir el país.
Venezuela necesita ahora reabastecer a los equipos médicos y de rescate de emergencia, conseguir más maquinaria para retirar los escombros, encontrar comida y refugio para las decenas de miles de personas que podrían haber perdido sus hogares o han resultado desplazadas, crear sistemas de protección para los niños no acompañados que han sobrevivido a los terremotos y elaborar un plan de reconstrucción.
Esta crisis ha puesto de manifiesto algo más que la fragilidad de la infraestructura del país, tan descuidada. ¿Cómo puede Venezuela trazar un camino a la recuperación cuando la confianza de la gente en el gobierno es tan baja? ¿Cómo pueden los venezolanos sentirse protegidos por un gobierno de Estados Unidos que no responde a las preguntas sobre dónde ha ido a parar su dinero? ¿Cómo pueden los venezolanos esperar ayuda de un régimen que los ha reprimido y abandonado? Esas preguntas exigen respuestas, y los venezolanos se las merecen ahora, no mañana.
Carolina Jiménez Sandoval es defensora de los derechos humanos y presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.
