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Es una de las herramientas más antiguas de la gestión pública. Busca garantizar servicios de luz, agua u orden público. Y en México se le conoce como una “anomalía fiscal”.
Se trata del crucial y universal impuesto predial, un gravamen que cobra el gobierno a los propietarios de un terreno, un apartamento o un local para financiar servicios locales.
Los mexicanos pagan un valor casi simbólico: su recaudación total equivale al 0,2% de Producto Interno Bruto (PIB), según cifras oficiales, cuando el promedio de la región es 0,8%.
El valor catastral de un inmueble en México suele equivaler a entre el 30 y el 40% del valor comercial, según estudios especializados.
Pero el predial no es el único ejemplo de que los mexicanos pagan menos impuestos que sus pares latinoamericanos: el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por ejemplo, es del 16%, dos puntos menos que el promedio regional.
Además, cerca de 70 municipios fronterizos pagan la mitad de eso para proteger su competitividad frente a los vecinos del norte, Estados Unidos, y el sur, Guatemala.
Incluso hay productos básicos —como el agua, insumos agropecuarios y algunas medicinas y alimentos— que no pagan IVA; que, en jerga contable, tienen “tasa 0%”.
Las anomalías fiscales de México tienen muchas y complejas causas y consecuencias, pero hay un dato que permite resumirlas: con un recaudo de 15% del PIB en 2025, este es el país que menos impuestos cobra de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo promedio es de 34%.
En la región, con un promedio de 21%, solo países como Paraguay y Perú recaudan tan poco. Argentina, Brasil, Colombia o Chile están muy por encima.
Pese a esto, uno de los pilares de la popularidad de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, es la creciente consolidación de un Estado de bienestar basado en asistencias sociales y pensiones universales.
En estos días la mandataria propuso armonizar los catastros para aumentar la recaudación. La oposición lo tildó de “predialazo encubierto”.
Sheinbaum, sin embargo, mantiene su promesa, heredada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de no elevar ni crear impuestos.
¿Por qué México, en general, recauda tan poco, y por qué apenas ahora esto se puede convertir en un problema?
Un “círculo vicioso”
Para las expertas consultadas, no es que los mexicanos paguen poco, sino que la informalidad, la evasión, las exenciones y la falta de confianza se traducen en un recaudo bajo.
“Los trabajadores no pagan pocos impuestos”, dice Vanessa Romero Rocha, una abogada y analista. “El problema es que no todos contribuimos de la misma manera; gravamos de forma más sencilla a los trabajadores que a la riqueza; es más sencillo cobrarle impuestos a alguien que está cautivo en la nómina que a alguien que tiene su patrimonio en propiedades e inversiones”.
Mariana Campos, directora de México Evalúa (ME), un centro de estudios, añade: “Tenemos un círculo vicioso que promueve la evasión: la informalidad, los servicios precarios, la corrupción y la criminalidad son percibidas como ausencia del Estado y eso ha lastimado mucho la confianza y hace difícil la recaudación”.
“Sin confianza, y si le sumas el crimen y la informalidad, los dos grandes cánceres de América Latina, la fiscalidad es verdaderamente difícil”, asegura.
Informalidad, evasión y condonaciones
Aunque los trabajadores sin contrato pagan impuestos a través del IVA, poco más de la mitad de la economía mexicana, según el propio ME, es informal, y eso reduce drásticamente la capacidad de recaudar vía rentas y salarios.
Un promedio del 60% de los latinoamericanos usa medios electrónicos como forma de pago. Eso formaliza y permite cobrar impuestos. En México esa cifra es del 40%, según ME.
Las grandes empresas, de hecho, cargan con buena parte del peso tributario: sus impuestos generan 3,9% del PIB, igual que el promedio de la OCDE, de 3,8%, pese a que México tiene una tasa corporativa alta frente a sus socios comerciales, explica Campos.
El problema, dice, está en que “tenemos muchísimas empresas chiquitas” que pagan poco o nada y en las personas naturales, donde el impuesto sobre la renta representa un 3,7% del PIB frente a 8,2% en la OCDE.
De las empresas y sus empleados viene la mayor parte de la recaudación. El hueco, más bien, ha estado históricamente en la evasión y las exenciones.
Durante años, la venta y compra de facturas falsas por empresas fantasma, por ejemplo, permitió simular gastos en busca de deducir la tasa de impuestos a la nómina o el pago del IVA. Muchos también registraban sus trabajadores con salario mínimo en busca de pagar menos seguridad social.
Los gobiernos de AMLO y Sheinbaum enfocaron su política tributaria en esto: modernizar sistemas, promover facturas, cobrar condonaciones y resolver grandes deudas.
Por ejemplo, el conglomerado de Ricardo Salinas Pliego, uno de los más poderosos del país, debió liquidar cerca de US$1.800 millones que estaban en disputa con el Estado por créditos fiscales. Él lo considera “injusto y extorsivo”, y dice que acudirá a instancia internacionales.
Con las sistematizaciones y condonaciones, la recaudación fiscal pasó de representar un 13% del PIB en 2018 a ubicarse en 15% en 2025, una cifra considerable que, no obstante, para los expertos no es suficiente para pagar las obligaciones del Estado.
Aunque el gasto público —27% del PIB— no es más alto que el promedio de la región e incluso es 10 puntos menor que el promedio de la OCDE, es un motor clave del mercado interno y la contención principal de la pobreza ante la alta informalidad.
El gobierno de Sheinbaum -y previamente el de AMLO- impulsa un Estado de bienestar que busca transformar los apoyos sociales en derechos constitucionales, como la pensión para adultos mayores, las becas estudiantiles y la atención médica gratuita.
Pero lo impulsan bajo la promesa de no aumentar impuestos ni quitar subsidios como el de la gasolina, que busca evitar saltos en los precios.
El fin de “la gallina de los huevos de oro”
La venta de petróleo, la principal fuente de recursos del Estado mexicano por décadas, sufrió recientemente una transformación estratégica, técnica y financiera que, si bien redujo la vulnerabilidad frente a un bien cuyo precio fluctúa, comprometió las finanzas del Estado.
Antes de 2019 Pemex pagaba hasta el 65% de sus ingresos en impuestos. Hoy esa cifra es menos de 30%, con una producción mucho menor y con la petrolera en crisis y endeudada.
La llamada “gallina de los huevos de oro” del Estado mexicano se quedó estéril.
Los ingresos petroleros pasaron de 3,8% del PIB en 2019 a 2,7% en 2025, lo que pone a México en la situación inédita de necesitar nuevas fuentes de financiamiento.
“Los recursos del petróleo fueron una razón para no hacer esfuerzos fiscales distintos, y ahora que se quiso bajarle la carga fiscal a Pemex para que opere mejor y las finanzas públicas no dependan de eso, no se logró que Pemex funcione mejor pero sí se complicaron las finanzas públicas”, dice Valeria Moy, una economista.
Para la directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, un centro de investigación, la economía mexicana se enfrenta entonces a una situación “grave en medio de relajo tributario que es producto de decisiones políticas”.
La sensibilidad de esta situación inédita
Aunque no ha habido sobresaltos macroeconómicos y en el último trimestre la economía creció levemente, México lleva 5 años sin crecer por encima del 2% al año, una tendencia que, para Moy, puede seguir si no hay cambios en el modelo productivo y energético.
El tímido crecimiento dificulta aumentar el recaudo si no es con una reforma tributaria estructural que, por ejemplo, homogenice el IVA, penalice la informalidad, grave el patrimonio o desvincule la seguridad social del empleo.
“Históricamente ha habido poca disposición de la política y del electorado para hacer una reforma fiscal de fondo, pero si el Estado recauda poco, solo puede ofrecer servicios deficientes”, dice Romero. “Es ridículo pensar que primero te va a empezar a proporcionar buenos servicios para luego pedirte más impuestos”.
El plan de la presidenta, al menos por ahora, no incluye aumentar ni crear tasas impositivas, según el presupuesto 2027 a punto de aprobarse en el Congreso: Sheinbaum espera financiar el gasto con la misma estrategia de cobrar condonaciones y sistematizar procesos de recaudo.
Su incipiente Plan México para fomentar las industrias nacionales y los aumentos al salario mínimo pueden, asimismo, generar nuevas y estables fuentes de ingreso.
Y se espera, también, que el gasto se cubra con endeudamiento interno y externo, que ya representa un 55% del PIB.
México, en este momento, no está en emergencia: la economía no decrece, la deuda es menor que en otros países similares y la moneda se ha mantenido estable a pesar de los altibajos externos.
Pero si la tensión fiscal se mantiene, las expertas temen que el país pierda su grado de inversión según las agencias crediticias internacionales.
“Eso no solo generaría una fuerte devaluación e inflación y una peor caída de la inversión y el crecimiento, sino que daría con una descomposición de las finanzas públicas de muy difícil resolución”, dice Moy.
Mientras los detalles del llamado “predialazo” se siguen discutiendo —por ejemplo, si su recaudo se queda en los municipios o si lo estructura una agencia de digitalización estatal—, los mexicanos están convocados a unas elecciones de gobernadores y diputados el próximo año que reducen el margen de la presidenta, quien mantiene una aprobación de entre 65 y 70%.
El Estado mexicano logró navegar por años el recaudo reducido gracias al ingreso petrolero, pero ahora —con menos petróleo, incertidumbre internacional y leve crecimiento—, se enfrenta a una situación sin precedentes.
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