Un hombre que pasó 41 años en el corredor de la muerte en Estados Unidos tras ser condenado por el asesinato de una mujer fue puesto en libertad bajo fianza después de que los fiscales afirmaran que las nuevas pruebas de ADN analizadas no lo vinculaban con el crimen.
Douglas Stewart Carter, quien ahora tiene 71 años, fue encarcelado por el asesinato de Eva Olesen en Provo, Utah, en febrero de 1985.
Fue condenado a muerte, pero siempre dijo ser inocente y sostuvo que su confesión firmada había sido obtenida bajo coacción.
El Tribunal Supremo de Utah ordenó el año pasado un nuevo juicio alegando mala conducta por parte de los investigadores, y un juez concedió la libertad bajo fianza a Carter el lunes, a pesar de las objeciones de la familia de la víctima.
Mientras esté en libertad bajo fianza, deberá llevar una tobillera electrónica.
Olesen, tía de un jefe de policía local, fue apuñalada varias veces y luego recibió un disparo en la nuca en su casa.
Carter vivía con su madre en Utah en el momento del asesinato.
Los documentos judiciales indican que la policía sospechaba que había matado a Olesen durante un robo.
Creyendo que era sospechoso en otro caso judicial, Carter huyó de Utah; fue encontrado en Nashville, Tennessee.
Allí firmó una confesión que, según su versión, fue obtenida bajo coacción durante un interrogatorio.
Cambio en los testimonios
A pesar de no existir pruebas físicas que vincularan a Carter con la escena del crimen, fue hallado culpable por un jurado que se basó en la confesión y en la declaración de dos testigos que aseguraron que se había jactado del asesinato.
Sin embargo, los testigos declararon posteriormente que les habían ordenado mentir en la corte, que la policía les dio dinero en efectivo y regalos, y que fueron amenazados con la deportación si no testificaban contra Carter.
Más de una década después de conocerse el cambio en las declaraciones de los testigos, el Tribunal Supremo de Utah ordenó el año pasado la celebración de un nuevo juicio.
Carter siempre ha mantenido su inocencia.
Los abogados que representan a Carter dijeron que los testigos habían visto a un hombre blanco huyendo del lugar del asesinato. Carter es negro.
Añadieron que un investigador había ocultado pruebas que señalaban al marido de la víctima.
La defensa de Carter alega que los fiscales estuvieron a punto de presentar cargos contra él, pero que un agente de policía les pidió que no lo hicieran para poder continuar con la investigación.
El esposo de Olesen, quien falleció en 2009, declaró a la policía que había encontrado a su esposa muerta en su casa.
Las puñaladas que sufrió la víctima fueron presuntamente realizadas con un cuchillo de la cocina que fue hallado cerca de su cuerpo.
La pistola no fue encontrada en el lugar de los hechos.
El ADN no coincide
Este mes, los fiscales declararon que los resultados de un análisis de ADN descartaban a Carter como posible coincidencia con la sangre encontrada en el pomo de una puerta y el material genético recuperado del mango del cuchillo.
La liberación de Carter se produce en contra de los deseos de la familia de Olesen.
Theresa Olesen, nuera de Eva Olesen, declaró en la audiencia de fianza del lunes que su familia tenía “serias preocupaciones” sobre la liberación de Carter.
Afirmó que el recluso debería permanecer en prisión preventiva a la espera de un nuevo juicio.
“¡Vaya, esperábamos una coincidencia definitiva!”, dijo Olesen refiriéndose al análisis de ADN. “Eso no significa que no estuviera allí”.
Pero el abogado defensor de Carter, Neal Hamilton, pidió que se desestimara el caso.
“Si el estado de Utah se hubiera salido con la suya, lo habrían ejecutado hace 15 o 20 años, antes de que descubriéramos la conducta indebida”, declaró a Associated Press.
Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.
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“Tenía mi cita en la corte para el próximo año, pero me la adelantaron”, explica Sandra (nombre ficticio, ya que no quiere ser identificada) a BBC Mundo a las puertas del Tribunal de Inmigración de Miami.
Esta colombiana de 31 años cuenta que llegó en 2022 a Estados Unidos tras huir de las amenazas de grupos armados en su aldea del departamento de Cundinamarca.
Desde entonces trabaja en un restaurante de Miami con el correspondiente permiso de empleo, a la espera de una respuesta a su solicitud de asilo.
Tras una primera comparecencia el 10 de septiembre, le adelantaron su audiencia final —fijada en un principio para 2027— al 17 de septiembre, lo que apenas le dejaba una semana para prepararla.
El juez falló en su contra, dejándola a un paso de la deportación.
El Tribunal de Inmigración de Miami, en el céntrico barrio de Downtown, presenta estos días una imagen inusual, con largas filas de espera que se prolongan centenares de metros desde el control de seguridad de la entrada hasta las calles aledañas.
Dentro, varios juzgados y salas de espera atienden simultáneamente decenas de casos.
Abogados y activistas atribuyen esta situación a las audiencias masivas, también llamadas “mega audiencias”: comparecencias migratorias multitudinarias que pueden reunir más de 100 casos ante un mismo juez.
Miami es una de las ciudades de EE.UU. donde es más visible la masificación de este tipo de audiencias, con centenares de personas haciendo fila a la intemperie a la espera de comparecer ante el juez.
Un análisis de la plataforma de datos migratorios BKLG la situó en julio como la tercera urbe con más “mega audiencias” del país, por detrás de Chicago y Nueva York.
En los tribunales de inmigración se deciden solicitudes de asilo y otros procedimientos migratorios que pueden desembocar en órdenes de deportación.
La proliferación de estas audiencias masivas coincide con un fuerte incremento de las órdenes judiciales de deportación y de las expulsiones, en el marco de las políticas de endurecimiento migratorio impulsadas por el presidente Donald Trump.
En agosto de 2026, los jueces de inmigración dictaron 77.234 órdenes de deportación, un 65,5% más que en el mismo mes de 2025.
En cuanto a las expulsiones ejecutadas, ICE deportó a 122.153 personas entre abril y julio de 2026, frente a las 93.782 en el mismo periodo del año anterior, un aumento de alrededor del 30%.
Cómo funcionan las “mega audiencias”
En nuestras dos visitas al Tribunal de Inmigración de Miami observamos a cientos de personas de diversas nacionalidades que esperaban su turno. Sus rostros delataban preocupación y pocos querían hablar con la prensa.
Las largas filas bajo el inclemente sol de Florida son solo el primer obstáculo: una vez dentro del edificio, los migrantes se distribuyen entre varios juzgados y salas de espera donde más de 30 jueces tramitan decenas de casos en una misma misma sesión.
El tribunal atiende a personas inmersas en procesos migratorios, incluidos casos de deportación.
La mayoría acude a audiencias preliminares en las que se revisan cuestiones administrativas, el tipo de protección que solicitan y si cuentan con abogado o necesitan asistencia legal.
“Están programando estas audiencias preliminares colectivas con un número mucho mayor de personas al mismo tiempo”, indica a BBC Mundo Billy Bosch, representante del American Friends Service Committee, una organización de defensa de los derechos de los migrantes.
Según Bosch, algunos jueces, que meses atrás tramitaban como mucho unas decenas de casos al día, ahora atienden a hasta 160 personas.
Los pasillos de los tribunales están repletos estos días.
Cindy Blandón, la abogada de Sandra, asegura que algunos clientes reciben la notificación de la audiencia con solo 10 o 15 días de antelación y que las comparecencias por videollamada prácticamente han desaparecido.
Abogados y solicitantes de asilo nos confirman que algunas audiencias previstas para 2028 o 2029 han sido adelantadas varios años.
Y no es un fenómeno exclusivo de Miami: en junio se celebraron más de 1.300 audiencias masivas en todo el país, casi el triple que un año antes, según datos de la organización Mobile Pathways.
Órdenes de deportación in absentia
Una audiencia adelantada significa, en muchos casos, que el solicitante de asilo apenas tiene tiempo para encontrar un abogado o conseguir, desde Estados Unidos, las pruebas que avalen su caso.
“Tienen que preparar un caso desde cero”, explica a BBC Mundo la abogada especialista en migración Joanna Soler Betancourt.
Añade que, una vez fuera del país de origen, puede ser difícil conseguir pruebas de las persecuciones sufridas o de los riesgos que afrontarían al regresar.
“Eso pone a los inmigrantes en una situación de desprotección muy grande”, afirma.
A las comparecencias preliminares masivas se suma, según abogados y activistas, el adelanto de las audiencias finales, en las que se examinan las solicitudes de protección.
Los plazos más cortos coinciden, además, con una mayor exigencia de pruebas: “Los jueces están siendo extremadamente rigurosos a la hora de analizar los casos de asilo”, señala Soler Betancourt.
“Es un proceso que se está apresurando, en el que no se le está dando tiempo a ese cliente a obtener la evidencia, en el que no se le está dando tiempo para preparar el caso”, concluye.
La abogada Cindy Blandón describe otra dificultad: clientes que afrontan un proceso de deportación mientras esperan que USCIS, la agencia que tramita beneficios migratorios, resuelva su solicitud de residencia.
“Los jueces les están diciendo que sin la residencia en mano no les pueden sacar del proceso de deportación”, afirma.
Las audiencias masivas desembocan, en muchos casos, en órdenes de deportación.
Blandón cree que esta especie de callejón sin salida es una táctica deliberada del gobierno “para que las personas que quieran venir físicamente no se presenten, porque creen que en la corte de inmigración de Miami los van a arrestar”.
Según la abogada, este es uno de los factores que explican el reciente aumento de las órdenes de deportación in absentia (en ausencia), es decir, las dictadas a personas que no se presentan a las comparecencias en la corte.
Para dictar una orden en ausencia, el juez debe comprobar que se cumplieron los requisitos legales de notificación y que el Departamento de Seguridad Nacional ha demostrado que procede la expulsión.
En junio se contabilizaron 56.523 órdenes de deportación in absentia, un 62,8% más que en mayo y un 92,5% más que un año antes, según los datos de BKLG.
Aunque la cifra corresponde al conjunto de los tribunales en EE.UU. y no puede atribuirse íntegramente a las “mega audiencias”, la abogada considera que estos procesos rápidos y masivos están multiplicando las incomparecencias.
A los solicitantes que no acuden al tribunal por miedo se suman personas que desconocen que su audiencia ha cambiado de fecha, no reciben la notificación, no se enteran a tiempo o acceden tarde a la sala debido a las largas filas.
La masificación y el adelanto de las audiencias se producen en unos tribunales saturados que, a finales de agosto, acumulaban cerca de 3,1 millones de casos todavía sin resolver, según TRAC, una organización que recopila y analiza datos del gobierno estadounidense.
De ellos, 132.387 correspondían a residentes de Miami-Dade, el condado con más procedimientos migratorios pendientes de Estados Unidos.
El tribunal de Miami es uno de los más saturados de Estados Unidos por las audiencias masivas.
Consultada por BBC Mundo, la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, el organismo del Departamento de Justicia que administra los tribunales) defendió los ajustes de calendario para evitar que los expedientes queden paralizados.
“Las demoras innecesarias perjudican tanto a los extranjeros con solicitudes fundadas como al público estadounidense, que desea que aquellos cuyas solicitudes carecen de fundamento sean expulsados lo antes posible”, respondió un portavoz.
La entidad gubernamental aseguró que tramita todos los casos “de manera oportuna y conforme a la ley”.
El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) alegó, por su parte, en una respuesta enviada a BBC Mundo, que “todos los extranjeros en situación irregular con una orden final de expulsión han recibido todas las garantías del debido proceso”.
Una orden de deportación no significa, en todo caso, que la persona sea expulsada de inmediato: es una decisión judicial cuya ejecución corresponde a la agencia de control migratorio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, más conocido como ICE.
El caso de Sandra
“A día de hoy temo por mi vida”, asegura Sandra cuando volvemos a hablar con ella después de su audiencia.
En nuestro primer encuentro, frente al tribunal, nos había contado que su familia sufrió desplazamiento forzado y que grupos armados se llevaron a uno de sus tíos, del que no ha vuelto a saber nada.
Viajó sola a través de México y, según nos explicó, pasó unos días detenida antes de instalarse en Miami, donde encontró trabajo en el restaurante.
Cuando le preguntamos qué esperaba, respondió: “Que me otorguen el asilo, que me den la oportunidad”.
Sin embargo, no tuvo suerte.
En la vista preliminar del 10 de septiembre la citaron para una audiencia final siete días después, en la que el juez le dictó una orden de deportación.
“No considero que el juicio haya sido justo, ya que el juez no tomó en cuenta mi testimonio y en ningún momento me permitió como persona dar mi libre expresión de los hechos”, nos explicó.
Su abogada sostiene que el adelanto de la audiencia impidió disponer del tiempo necesario para completar las pruebas.
“En este caso la fiscalía le dijo al juez que ella no cumplía con el estándar y que le denegara su caso de asilo y le diera la orden de deportación”, explica.
El manual de los tribunales establece, como regla general para las personas no detenidas, que los documentos adicionales se presenten al menos 30 días antes de la audiencia individual, aunque permite al juez modificar esos plazos, como ocurrió con Sandra.
“Esto es lo que está pasando no solo en el caso de ella, sino en todos los casos”, asegura.
Para Cindy Blandón, que ha apelado el fallo para su clienta, se trata de un ejemplo claro de las consecuencias de las “mega audiencias”.
La letrada cree que las autoridades compactan y aceleran los procedimientos como una estrategia para “emitir el mayor número de órdenes de deportación rápido” y empujar a los afectados a marcharse o facilitar su posterior expulsión.
En su respuesta a BBC Mundo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió las garantías de asistencia legal de los solicitantes.
“El ICE (que pertenece al DHS) entrega a todos los extranjeros indocumentados detenidos una lista, aprobada por el tribunal, de abogados que ofrecen sus servicios de forma gratuita o a bajo costo”, contestó el organismo.
Sandra teme ser arrestada por el ICE, aunque mantiene la fe en su apelación: “Mi intención es tener la oportunidad de que mi caso sea evaluado de una manera justa y completa”.
El DHS cerró su respuesta a BBC Mundo con una invitación al retorno voluntario: “Los extranjeros en situación irregular que no deseen permanecer detenidos pueden obtener su libertad en cualquier momento solicitando un vuelo gratuito de regreso y un incentivo de salida de US$3.000”.
Mientras, frente al tribunal de Miami cientos de personas siguen haciendo fila cada día entre el temor a ser deportadas y la incertidumbre sobre si tendrán tiempo suficiente para defender sus casos.
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En medio del ajetreo de la Asamblea General de Naciones Unidas la semana pasada, ocurrió un anuncio que pudo pasar inadvertido para algunos países, pero no para los dos involucrados, Argentina y Estados Unidos: la firma de un acuerdo de inversión cercano a los US$7.000 millones.
El convenio, llamado Corredor Andes-Atlántico, fue presentado por el canciller argentino, Pablo Quirno, y el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, en Washington.
Y servirá principalmente para mejorar la infraestructura vial, marítima y ferroviaria con el fin de optimizar la exportación de minerales, petróleo y gas del país sudamericano, según los detalles que otorgaron tanto Washington como los voceros del gobierno de Javier Milei.
Así, el ambicioso corredor buscará “facilitar la inversión pública y privada en transporte, energía e infraestructura digital” para consolidar a EE.UU. como “un socio fundamental en infraestructura e inversión para Argentina”, tal como señala el comunicado conjunto que siguió a la firma del acuerdo.
El anuncio , según analistas y expertos, no solo es un apoyo al presidente Javier Milei -en pleno año electoral-, sino también una forma de pelear por espacios productivos con China.
El comunicado añade: “Las exportaciones de minerales, petróleo y gas aumentarán a través de inversiones estadounidenses e inversiones respaldadas por los EE.UU. en ferrocarriles, vías navegables, puertos, oleoductos e infraestructura de generación y transmisión de energía, construidas sobre una base de tecnología confiable que busca garantizar una eficiencia óptima y máxima ciberseguridad”.
De acuerdo con distintos medios locales, la financiación estará a cargo del Banco de Importaciones y Exportaciones de EE.UU. (EXIM, por sus siglas en inglés), lo que significa que los fondos se destinarán especialmente a la compra de bienes y servicios estadounidenses, comenzando en 2027.
Y serán invertidos en un principio en mejorar la infraestructura terrestre que conecte a los yacimientos petroleros de Vaca Muerta, en el oeste del país, con los puertos comerciales argentinos.
“Es claro que, ante la inestabilidad que vemos en muchas zonas del mundo, EE.UU. está buscando una ruta segura para garantizar la oferta de este tipo de recursos naturales”, le explica a BBC Mundo Esteban Actis, investigador económico de la Universidad Nacional de Rosario.
Por otro lado, los analistas consideran que el acuerdo es un resguardo de cara a potenciales inversionistas interesados en el país del sur.
“Debido a los problemas de pago de Argentina en el pasado, lo que también se busca con este acuerdo es que, más allá de la inversión de dinero, haya una garantía de que el gobierno de EE.UU. respalda lo que pasa en Argentina en temas de energías y minerales”, añade Actis.
Pero tal vez el punto más llamativo de todo el acuerdo sea la mención a los yacimientos de litio y cobre en el norte del país, especialmente en la provincia de Jujuy.
“Es evidente que esta inversión tiene que ver con la idea de ir desplazando las inversiones chinas que ya están establecidas en el país respecto al litio y otros minerales”, señaló Actis.
Gas y petróleo, el primer objetivo
Durante la presentación del acuerdo Andes-Atlántico, tanto Quirno como Landau señalaron los principales puntos que entrarían en vigor en 2027.
El primero quedó claro: conectar el yacimiento de Vaca Muerta, ubicado en la región occidental de Mendoza y Neuquén y propiedad de la petrolera estatal YPF, con una salida al mundo y los mercados internacionales. Actualmente hay un proyecto, conocido como Argentina LNG, que pretende apoyar la extracción de cerca de 12 millones de toneladas de gas licuado cada año.
A este proyecto se habían unido inversiones italianas y de Emiratos Árabes Unidos cercanas a los US$21.000 millones, que se habían orientado a la construcción de infraestructura de extracción y unidades de licuefacción del gas.
Con el apoyo de Estados Unidos lo que se busca – de acuerdo a lo señalado no solo por ambos gobiernos sino por medios argentino como La Nación y Clarín- es acceder a suministros estadounidenses para mejorar la salida del producto a los mercados globales.
Citando al presidente de YPF, Horacio Marín, Quirno dijo que este proyecto podría generar hasta US$200.000 millones en exportaciones en los próximos 20 años, con un potencial de inversión de hasta US$100.000 millones.
“La idea principal es lograr que todo el potencial que tiene Vaca Muerta pueda ser aprovechado, pero sobre todo sin problemas de inversión o de financiamientos largos que pueden siempre detener este tipo de proyectos”, señala Actis.
Esto va en sintonía con varios informes que señalan que, de no existir una inversión adecuada en la infraestructura, se podría producir una situación catalogado como de “cuello de botella”: mucha producción sin los canales adecuados para alcanzar los mercados internacionales.
De acuerdo con un estudio de BBVA Research de agosto de este año, se necesitan unos US$20.000 millones para poner a punto la infraestructura necesaria para la salida de hidrocarburos de esta zona del país.
Eso incluye la construcción de gasoductos, centros de procesamiento y los puntos que fueron señalados en el acuerdo del corredor Andes-Atlántico entre EE.UU. y Argentina.
Minerales críticos
El comunicado señala también que una parte de las inversiones están dirigidas hacia un sector específico: los minerales críticos. Especialmente, el litio y el cobre.
“Se intentará buscar oportunidades en el marco del Acuerdo Marco de Minerales Críticos EE.UU. -Argentina para respaldar la minería y el procesamiento de minerales críticos, avanzando en los compromisos para asegurar las cadenas de suministro y promover la diversificación de las cadenas de suministro globales”, señala el comunicado conjunto.
Argentina es el tercer país con mayores reservas de litio en el mundo, materia prima de las baterías para la industria automovilística de carros eléctricos, entre otros usos.
Actualmente el país tiene varios contratos con empresas chinas para la explotación de este mineral. De hecho, al canciller Quirno le preguntaron sobre el tema, especialmente si había alguna cláusula al respecto con los inversionistas chinos.
“No, no hay ninguna condicionalidad. La alianza estratégica con Washington no va en detrimento de la relación comercial de Argentina con China”, señaló Quirno ante la pregunta del canal de noticias TN.
Sin embargo, para los analistas es imposible esconder las intenciones de EE.UU. en la región.
Los yacimientos de litio, uno de los más grandes del mundo, están en el noroeste de Argentina.
“Desde hace meses se escucha la respuesta que hacen muchos socios de EE.UU. cuando éste les reclama que dejen de recibir financiamiento e inversiones de China. ‘Ok y ¿qué ofrece Washington?’ Bueno, estos programas, estos corredores vienen a intentar cubrir ese vacío y que Estados Unidos comience a disputar con China en el mismo terreno”, señala Actis.
Mejoramiento digital
Otro punto que llama la atención en el documento firmado en Nueva York es el de las “aduanas digitales”.
Según establece, “se apoyará el uso de tecnología confiable y colaborar en la seguridad de plataformas y equipos de inspección aduanera”.
También explica que aunque la intención es poder ampliar la infraestructura y los proyectos de explotación minera de acuerdo a los estándares que se requieren, también es necesario aumentar las redes de asistencia eléctrica y tecnológica.
En este campo, el analista Enrique Carrier, experto en temas de tecnología y telecomunicaciones, señala que la intención es mejorar la red de fibra óptica que actualmente existe en Argentina.
Actualmente China ya tiene varias inversiones en Argentina, especialmente en el tema de los minerales.
“Aunque es claro el beneficio que esta iniciativa tiene para los EE.UU., tanto en materia de acceso a recursos energéticos como mineros, Argentina también se beneficia, porque le permite abordar, aunque sea parcialmente, su déficit crónico de infraestructura en este tema”, explica Carrier en su newsletter de esta semana.
“Es una win-win situation que se da en el marco de las ‘relaciones carnales 2.0’ y que conviene capitalizar mientras duren los tiempos políticos favorables”, añade el experto en tecnología, en relación con los vínculos de su país con Estados Unidos.
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En 2019, Jarvs Tasker se vio obligada a abandonar su carrera como profesora debido a una enfermedad crónica cuando tenía apenas 28 años.
Siete años después, gana el doble de lo que percibía entonces al año, dirigiendo Jarvs Indie Insights, una empresa que ofrece servicios de comunicación y marketing dentro de la industria de los videojuegos.
“Puedo decir con toda tranquilidad que probablemente me habría llevado unos 20 años en la enseñanza ganar lo que gano ahora”, le contó a la BBC.
Cuando dejó la docencia, comenzó haciendo trabajo voluntario para el canal de YouTube de PlayStation, le pareció que existían muchas similitudes entre ambas industrias.
“Gestionar una comunidad es muy parecido a gestionar una clase llena de niños, así que hay muchas habilidades transferibles. Pero además, los videojuegos son una de esas industrias a las que mucha gente llega más tarde en la vida”, dijo.
Tasker, que vive en Exeter, cree que los jóvenes quizá desconocen las “muchas vías de acceso” que existen para trabajar en este sector.
“La comunidad de los videojuegos es muy fuerte y apoya a las personas que aman lo que hacen, pero también percibe cuándo alguien está en esto únicamente por el dinero”, continuó.
“La pasión es lo más importante”, señaló.
Cambio de vida
Preguntada por el impacto de la inteligencia artificial, Tasker opinó que cree que la industria está haciendo un “gran trabajo” al rechazarla, porque a los jugadores no les gusta.
“Creo que, como industria, deberíamos sentirnos muy orgullosos de seguir defendiendo la creatividad humana y de que el público también respalde esa postura”, agregó.
Mark Backler, de Game Anglia, dice que la organización trabaja para dar a conocer las oportunidades profesionales en la industria de los videojuegos.
Tasker hizo parte de un evento organizado por Game Anglia para mostrar el crecimiento de la industria independiente de los videojuegos en el este de Inglaterra.
Backler señaló que la industria es actualmente una de las más importantes de Reino Unido y que, aunque es un sector competitivo, “es más posible que nunca desarrollar y publicar tus propios videojuegos independientes”.
El desarrollador Sam Read-Graves dice que el sector está creciendo en varias zonas de Inglaterra.
“Es como ser creador de contenidos: es difícil destacar entre la multitud, pero se puede lograr”, dijo.
Añadió que resulta complicado prever cómo cambiará la inteligencia artificial el sector, aunque muchos jugadores se muestran contrarios a su uso.
Durante el evento explicó que el sector de los videojuegos ha “crecido enormemente en los últimos diez años”.
“Gracias a iniciativas como Game Anglia en el este de Inglaterra existen ecosistemas muy sólidos con muchos estudiantes y desarrolladores. Me gusta pensar que esto ha empezado a atraer estudios capaces de crear grandes videojuegos”, apuntó.
“Cuando hablamos de títulos como Call of Duty o FIFA, esos juegos no van a surgir por ahora en el este de Inglaterra porque no contamos con grandes estudios”, anotó.
Abbygale Dunn estudió diseño y programación de videojuegos en la universidad.
“Pero en el caso de los desarrolladores independientes, no hay ninguna razón por la que esos juegos no puedan alcanzar el mismo éxito económico”.
Espacio para las mujeres
Abbygale Dunn estudió diseño y programación de videojuegos en la universidad.
Dunn, de 22 años, es fundadora y directora de Astral Forge, una empresa independiente de desarrollo de videojuegos con sede en Essex.
Según ella, hoy existe “muchísimo espacio para las mujeres” dentro de la industria.
“Da respeto, por supuesto. Cuando estudiaba, solo había unas tres mujeres en mi curso”, recordó.
“Todo el mundo es muy amable; en realidad no es tan malo como parece, especialmente hoy en día”, explicó.
El cazatalentos de videojuegos Omar Khalil considera que puede resultar difícil crear el próximo gran juego.
“Yo misma soy programadora, un ámbito en el que sigue siendo menos habitual encontrar mujeres, y nunca me he sentido fuera de lugar”, señaló.
Omar Khalil, buscador de talentos (game scout) en Entity, considera que puede ser difícil crear el próximo gran éxito de la industria.
Khalil señaló que en Reino Unido “no falta talento”, aunque reconoció que desarrollar el próximo gran videojuego supone un desafío.
“Ahora mismo hay muchísimos videojuegos en el mercado. No es que falten juegos buenos; la cuestión es cómo conseguir que esos juegos obtengan visibilidad”, explicó.
“Creo que ese es el mayor desafío”, concluyó.
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La historia de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años con problemas de movilidad que se convirtió en un símbolo de la crisis de vivienda en España tras ser desalojada del inmueble donde había vivido durante 70 años, tuvo un nuevo giro este martes, después de que su abogada anunciara que podrá regresar a su hogar.
Tras el desalojo, que ocurrió el 23 de septiembre, tuvo que ser ingresada en un hospital.
Durante días se acusó a la empresa Urbagestión, propietaria del inmueble donde residía Maricarmen, de no permitir ningún tipo de negociación para que pudiera quedarse allí.
Sin embargo, la abogada de Abascal, Beatriz Duro, declaró en una rueda de prensa que había existido “buena voluntad por ambas partes” y que su clienta pagará una cantidad similar de alquiler bajo un nuevo contrato, lo que evitará una importante subida del precio.
Por ahora, Maricarmen no se ha pronunciado públicamente sobre el acuerdo.
El caso provocó una fuerte reacción e indignación en toda España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió medidas de alivio en materia de vivienda cuando su gabinete se reúna este martes.
Además, miles de personas se movilizaron hasta la Puerta del Sol, en Madrid, e instalaron un campamento para exigir no solo el regreso de Maricarmen a su hogar, sino también una nueva regulación en materia de vivienda.
Un largo litigio
Es el nuevo capítulo en una larga historia. El padre de Maricarmen alquiló por primera vez la vivienda en 1956 y ella continuó como inquilina tras la muerte de sus progenitores, durante una época en la que existía un límite legal a los alquileres.
Maricarmen fue desalojada y tuvo que ser llevada a un hospital.
La firma de inversión Urbagestión, que compró el inmueble en 2018, aumentó el alquiler de unos US$572 mensuales a US$3.020.
Posteriormente, la empresa ofreció reducirlo a US$1.700, pero aun así Abascal no podía permitírselo, pues recibe una pensión mensual cercana a los US$1.400. .
Tres intentos previos de desalojarla habían sido bloqueados por los tribunales.
Su caso desencadenó protestas en todo el país y llevó a decenas de miles de personas a manifestarse por las calles de la capital española el sábado para rechazar el desalojo y exigir una mayor protección para los inquilinos frente a la escasez de vivienda y el encarecimiento de los alquileres.
Duro afirmó que el acuerdo, que todavía no ha sido firmado, es el “resultado de la movilización social”.
Añadió que Abascal, que está siendo tratada por agotamiento, firmará el acuerdo cuando se encuentre mejor.
Los partidarios de la anciana calificaron el desenlace como una victoria, pero prometieron continuar su lucha para evitar desalojos similares y presionar por una vivienda más asequible.
El Banco de España estima que al país le faltan 700.000 viviendas, tomando como referencia la diferencia entre la demanda existente y el ritmo de construcción de nuevas viviendas.
El Partido Socialista del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, que no cuenta con mayoría parlamentaria, espera aprobar una ley destinada a responder al malestar social generado por esta situación.
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“Este es el primer dron”, dijo el soldado que nos acompañaba en el suroeste de Yemen. “Normalmente le sigue un ataque”.
El zumbido sobre nuestras cabezas se intensificó mientras nos refugiábamos bajo unos arbustos, antes de volver a subir al vehículo y alejarnos.
En cuestión de unos 10 minutos, se sucedieron los fuertes estruendos de los impactos, uno tras otro, aunque no estaba claro dónde caían.
Resulta difícil determinar dónde comienza la línea del frente en las montañas al suroeste de la ciudad de Taiz.
Las fuerzas progubernamentales respaldadas por Arabia Saudita luchan por hacer retroceder a los combatientes hutíes, quienes a principios de este mes avanzaron rápidamente por la costa del mar Rojo, tomaron el control de un punto estratégico para la navegación y agravaron la guerra civil en Yemen.
Viajamos con las fuerzas gubernamentales desde Taiz, pasando por varios puestos de control, hasta la línea donde termina su dominio y comienza la “tierra de nadie”, con el fin de presenciar los combates de cerca.
Las casas se encuentran dispersas por las laderas, pero muchas permanecen abandonadas después de que las familias huyeran para escapar de los combates.
Reina un silencio inquietante; no se oye el ruido de los coches ni de las motocicletas que circulan constantemente a toda velocidad por la ciudad. Lo único que se percibe es el balido del ganado y el sonido de los disparos entrantes y salientes.
“Aquí, en mi propiedad, cayeron dos proyectiles de mortero”, dijo Ali, sentado frente a su casa junto a un rebaño de cabras, a aproximadamente un kilómetro de la línea del frente.
“Estoy aterrado”
Me contó que había enviado a sus hijos a un campamento de desplazados porque ya no podían soportar los bombardeos y los disparos. Él se había quedado con su esposa y sus hermanas para cuidar de sus animales.
“Estoy aterrado”, dijo, “pero no tengo otra opción; sin nuestros animales pasaremos hambre y moriremos de todos modos”.
Solo facilitó su nombre de pila, temiendo represalias si los hutíes tomaban el control de la zona en los próximos días. Contactos del bando hutí nos han informado de que están reagrupando tropas y preparándose para una gran ofensiva. Al consultar a las fuerzas gubernamentales al respecto, afirmaron estar al tanto de la situación y preparándose también.
En el puesto de control más cercano al frente, nos encontramos con unos combatientes que acababan de regresar de posiciones en lo alto de la montaña, a unos pocos cientos de metros del avance hutí. Uno de ellos relató que los cuerpos de 18 soldados gubernamentales yacían en una zona que su unidad podía cubrir con fuego, pero a la que no podía acceder.
“Disparamos por encima de ellos, pero no podemos recuperarlos”, dijo.
Los combates en los alrededores de Taiz se han intensificado desde que los hutíes tomaron el estratégico puerto de Mokha, en el mar Rojo —situado a 85 km al oeste de la ciudad—, el 10 de septiembre, tras romperse un alto el fuego que se había mantenido en gran medida durante cuatro años.
El grupo se hizo con el control de una franja de territorio que domina el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, un corredor marítimo crucial que conecta Europa y Asia. Este hecho contribuyó a un aumento de los precios del petróleo ante el temor a nuevas interrupciones en el suministro procedente de la región.
Niños soldado
Taiz es la tercera ciudad más grande de Yemen y su capital cultural, y alberga a cerca de un millón de personas. Se encuentra en un cruce estratégico entre las zonas controladas por los hutíes en el norte de Yemen y las que están en manos del gobierno en el sur, y está rodeada por líneas de frente en varias direcciones.
Las fuerzas gubernamentales controlan el centro de Taiz, mientras que las posiciones hutíes se sitúan al norte y al este. Los combates más intensos de los últimos tiempos se han librado en los accesos occidentales, donde ambos bandos se disputan las zonas elevadas que dominan la ruta de la ciudad hacia el sur. Si los hutíes logran asegurarse estas áreas, a las fuerzas gubernamentales les resultaría mucho más difícil recuperar Mokha.
Viajamos a Taiz desde Adén, en el sur, donde tienen su sede el Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen —reconocido internacionalmente— y el gobierno.
Unos 30 puestos de control a lo largo del trayecto marcaban los tramos de carretera dominados por distintos comandantes, una clara señal de la fragmentación de las fuerzas que combaten del lado gubernamental.
Al acercarnos a la ciudad, empezamos a cruzarnos con ambulancias. Contamos al menos cinco en media hora, todas ellas en dirección al hospital principal de Taiz. Era evidente que nos adentrábamos en una ciudad que era escenario de una batalla brutal.
Llegamos ya de noche. Las tiendas estaban iluminadas, los restaurantes rebosaban de gente y los niños jugaban en las calles. Sin embargo, de vez en cuando, otros sonidos irrumpían en el ambiente: el estruendo de los bombardeos y el crepitar de los disparos provenientes de las montañas que rodean la ciudad.
Ghana, de 12 años, resultó gravemente herida por un proyectil de mortero mientras pastoreaba cabras.
Taiz ha sido un escenario clave de la devastadora guerra civil del país. Tras expulsar al gobierno de Saná en 2015, los hutíes intentaron tomar también el control de Taiz, pero fueron desalojados de la mayor parte de la ciudad por milicias locales.
Ahora, en su ofensiva más reciente, los hutíes están utilizando drones de manera masiva, además de otras armas.
Su principal proveedor externo es Irán, que ha suministrado armas, financiación y asesoramiento militar, según Arabia Saudita, los países occidentales y expertos de la ONU. Sin embargo, Irán ha negado anteriormente haber suministrado armas a los hutíes y afirma que solo les presta apoyo político.
Desde hace años existen informes constantes sobre el reclutamiento de niños soldados por parte de los hutíes, y un soldado gubernamental nos contó que se había enfrentado a ellos en el frente.
“Es difícil mirar a un niño yemení y dispararle. Pero cuando te apuntan con un arma, tienes que defenderte”, dijo.
Los hutíes firmaron un “plan de acción” con la ONU en 2022 comprometiéndose a poner fin a esta práctica. La BBC también ha hablado con adolescentes que sirven en las filas de las fuerzas gubernamentales.
Por otro lado, una coalición liderada por Arabia Saudita respalda al gobierno yemení y le suministra armas. El ejército saudí ha llevado a cabo cientos de ataques aéreos contra posiciones hutíes en la costa del mar Rojo, mientras que los hutíes han lanzado drones y misiles contra ciudades e infraestructuras del suroeste de Arabia Saudita.
La ONU afirma que 130.000 personas han sido desplazadas por los combates en Yemen en lo que va de mes.
“Nunca volverá a ser la misma”
Al caer la tarde, en el hospital Al-Thawra de Taiz, llegaban heridos del frente a la unidad de cuidados intensivos, donde todas las camas que vimos estaban ocupadas.
Algunos pacientes eran combatientes; otros, civiles. Ghana Nabeel, de 12 años, pastoreaba cabras cuando una esquirla le impactó en la cabeza. Su familia relató que un proyectil de mortero hutí había caído cerca de donde ella se encontraba.
Yacía inconsciente, con la cabeza vendada y el rostro hinchado y amoratado. Sus familiares aguardaban junto a su cama, a la espera de saber cómo sería su vida si llegaba a despertar.
Un médico me informó que la lesión había dañado su cerebro. “Nunca volverá a ser la misma”, afirmó.
Fatma Mohammed Saleh, que no puede caminar, cuenta que se arrastró durante dos días antes de que un motociclista la llevara.
A unos 20 km al sur de Taiz, en el campamento de desplazados de Al-Monig, llegaban familias que habían huido de Mokha y de aldeas afectadas por los combates, instalándose entre cientos de tiendas de campaña.
Nos informaron que habían llegado 200 familias en los últimos 10 días.
Maryam Saleh —nombre ficticio— había llegado una semana antes desde Mokha con su esposo y sus cinco hijos; el menor tiene 7 años. Maryam estaba sentada tejiendo un sombrero para venderlo y así poder comprar comida para el día.
“Caminamos descalzos y no llevábamos nada con nosotros, solo a nuestros hijos”, me contó.
Relató que su sobrino murió a causa de la metralla de un proyectil de mortero mientras huían; él caminaba detrás de ella. Describió enfrentamientos y disparos de francotiradores tanto delante como detrás de la familia, y dijo que luego vio hombres armados en la montaña.
“Pensamos que estábamos acabados”, dijo. Los niños gritaban y lloraban, pero la familia siguió caminando, añadió.
Soldados gubernamentales se han visto envueltos en intensos combates cerca de Taiz tras los recientes avances de los hutíes.
“No tengo nada”
Fatma Mohammed Saleh estaba tumbada sobre un saco de arroz vacío, fuera de la tienda de otra familia. Padece una discapacidad que le impide caminar y me contó que no tenía un lugar propio donde dormir: “No tengo nada… ni refugio, ni colchón, ni familia. Nada”.
Fatma relató que se encontraba con sus dos hijos y los hijos de estos cuando los combates llegaron a su aldea. Como ella los retrasaba, les dijo que se llevaran a los niños y huyeran.
Pasó los dos días siguientes desplazándose a gatas, según contó.
“Avanzaba a gatas mientras las balas venían de un lado y los proyectiles caían por el otro. Había balas y proyectiles por todas partes. Sobre mí, el ruido era como el de los truenos. Rezaba a Dios”.
Entonces, un hombre en motocicleta la vio y la llevó al campamento. Desde entonces, no ha vuelto a ver a su familia.
El 22 de septiembre, la agencia de la ONU para los refugiados informó que más de 130.000 personas habían sido desplazadas en Yemen en lo que iba de mes, sumándose a los 5,2 millones de desplazados ya existentes a causa de la guerra civil.
Advirtió que otras 100.000 personas podrían verse obligadas a abandonar sus hogares —al igual que Fatma— en los próximos tres meses.
Información adicional de Jasmin Dyer
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Una niña prodigio británica se ha convertido en la jugadora de ajedrez más joven de la historia en obtener el título de gran maestra femenina (WGM, por sus siglas en inglés).
Bodhana Sivanandan, de 11 años y originaria del noroeste de Londres, consiguió su tercera y última norma de WGM —una actuación certificada del nivel exigido para el título— mientras representaba a Inglaterra en la 46ª Olimpiada de Ajedrez en Samarcanda (Uzbekistán), confirmó la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).
En declaraciones a la FIDE, Sivanandan expresó su alegría por el logro y afirmó que quiere “seguir haciendo historia”.
Este es el último hito en la extraordinaria trayectoria de la joven ajedrecista, que ya es la campeona femenina de ajedrez más joven de Gran Bretaña y la persona más joven en representar a Inglaterra a nivel internacional en cualquier deporte.
“Quiero seguir haciendo historia”
Sivanandan, nacida en Harrow (norte de Londres), disputó las 11 rondas en el primer tablero de Inglaterra —posición asignada a la mejor jugadora del equipo— y terminó el torneo con ocho puntos.
Ya había superado el umbral de 2.300 puntos de Elo requerido para el título de gran maestra femenina antes de conseguir su tercera y última norma.
“Me alegra haberlo conseguido, pero quiero seguir adelante y seguir haciendo historia en lugar de detenerme aquí”, dijo el domingo en una entrevista concedida a la FIDE.
Kateryna Lagno, que ha representado tanto a Rusia como a Ucrania, ostentaba anteriormente el récord de la más joven en lograr el título de WGM, en su caso a los 12 años.
La china Hou Yifan también obtuvo el título a los 12 años y sigue siendo la mujer más joven en conseguir el título superior de gran maestra (GM) de categoría absoluta o abierta, logro que alcanzó a los 14 años.
El título de gran maestra femenina es el máximo galardón exclusivo para mujeres al que puede aspirar una jugadora y lo mantiene de por vida.
El éxito de Sivanandan en Samarcanda también le valió su segunda norma de maestro internacional (MI) y la acercó un paso más a este título superior.
Por lo general, los jugadores necesitan tres normas clasificatorias y un Elo de al menos 2.400 puntos para convertirse en maestros internacionales.
Sivanandan ya cuenta con dos normas de MI.
Bodhana Sivanandan asiste a la escuela a tiempo completo mientras juega ajedrez internacional.
El título de maestro internacional, abierto a ambos sexos, tiene un rango superior al de los títulos que ya posee Sivanandan: gran maestra femenina y maestra internacional femenina.
Al hablar con la FIDE sobre su pasión por el juego, añadió: “Me gusta viajar y, como también asisto a la escuela a tiempo completo, el ajedrez se relaciona con muchas asignaturas escolares, por lo que también resulta muy útil en ese aspecto”.
Su padre, Siva, había comentado anteriormente a la BBC que no sabía de dónde provenía el talento de su hija, ya que ni él ni su esposa —ambos ingenieros de formación— son buenos jugadores de ajedrez.
La niña prodigio del ajedrez
El ascenso de Sivanandan en el mundo del ajedrez ha sido meteórico: tras aprender a jugar por su cuenta durante el confinamiento por el coronavirus, participó en su primer torneo en el Club de Ajedrez de Harrow en julio de 2021.
Un año después, a los 7 años, ganó las 24 partidas que disputó en el Campeonato Europeo Escolar.
En 2023 se convirtió en la persona más joven en evitar la derrota frente a un gran maestro en una partida oficial durante el Campeonato de Europa de Ajedrez Rápido y Blitz, celebrado en Croacia.
Con solo 11 años, Bodhana Sivanandan ha roto varios récords.
Al año siguiente, con 9 años, fue seleccionada para representar a Inglaterra en la Olimpiada de Ajedrez de Budapest.
La Federación Inglesa de Ajedrez señaló que aquella convocatoria, cuando tenía 9 años, la convirtió en la persona más joven en representar a Inglaterra a nivel internacional en cualquier deporte.
El año pasado, a los 10 años, Sivanandan se convirtió en la jugadora más joven en derrotar a un gran maestro al vencer a Peter Wells en el Campeonato Británico de Ajedrez.
En julio de este año, obtuvo su primera norma de MI en el Abierto de Dole, en Francia, y se convirtió en la niña más joven en lograrlo, con 11 años y cuatro meses de edad.
También derrotó al gran maestro Marc’Andria Maurizzi y se convirtió, hasta donde se sabe, en la mujer más joven en vencer a un jugador con un Elo superior a 2.600 en una partida clásica.
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Un ejecutivo del diario estadounidense The New York Times fue asesinado a tiros en California, presuntamente por los padres de su esposa, quienes han sido arrestados bajo sospecha del homicidio.
Jonathan McKinsey, de 40 años, director de un área sobre videojuegos del periódico, fue encontrado el sábado con múltiples heridas de bala en un estacionamiento de Dublin, 56 kilómetros al oeste de San Francisco, informó la policía.
Shouyong Zhang y Shili Chen, sus suegros, ambos de 77 años, fueron detenidos por el caso y se enfrentan a múltiples cargos, incluido el de homicidio en primer grado.
Están citados a comparecer en una audiencia de un tribunal el miércoles para responder formalmente a los cargos.
The New York Times confirmó la muerte de McKinsey.
Su cuerpo fue hallado a las 15:00 (23:00 GMT) del sábado en las inmediaciones de un recinto deportivo de Dublin.
Testigos declararon a la cadena KGO-TV de San Francisco que oyeron una ráfaga de disparos antes de encontrar a la víctima.
“Vi al hombre caer al suelo: con la cabeza y el pecho ensangrentados”, le dijo Assad Razawi a la emisora local.
Su hija añadió que su padre vio a la pareja “caminando juntos y luego alejándose tranquilamente del lugar del tiroteo”.
Shouyong Zhang y Shili Chen fueron arrestados minutos después por un policía que pasaba por el lugar. Según otro testigo, la pareja permaneció en la zona tras el ataque.
McKinsey fue declarado muerto en el lugar de los hechos. La policía no ha revelado ningún móvil para su asesinato.
La pareja de ancianos ahora se encuentra detenida en la cárcel de Santa Rita, California.
También se enfrentan a cargos de conspiración para cometer delitos graves, disparo intencional de arma de fuego por negligencia grave y poner en peligro a un menor.
Los registros judiciales del condado de Alameda, informó The New York Times, muestran que la esposa de McKinsey, Candice Jang, presentó una solicitud de orden de restricción temporal alegando violencia doméstica en octubre de 2025.
También solicitó una orden de protección contra él para sus tres hijos y su madre.
A su vez, en diciembre pasado, McKinsey solicitó una orden de alejamiento temporal contra su esposa, alegando violencia doméstica. También había solicitado el divorcio.
Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.
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Los fiscales del estado de Nueva York informaron este lunes que reabrirán una investigación penal sobre la presunta violación de una mujer hace dos años en la Universidad de Cornell.
La mujer, cuya identidad fue protegida, presentó una demanda civil el 16 de septiembre en la que alega que fue drogada y violada por varias personas en la sede de una fraternidad de la universidad.
“Una vez que determinemos los cargos apropiados, el caso se procesará de la manera más objetiva e imparcial posible” a través de un gran jurado, declaró el lunes el fiscal de distrito del condado de Tompkins, Matthew Van Houten.
La Universidad de Cornell dijo que, si bien apoya que el caso se presente ante un gran jurado, “cualquier sugerencia de que la universidad no impuso sanciones contundentes a los involucrados es falsa”.
La acusación
La mujer, con el alias Jane Doe, dice en la demanda que, en la noche del 19 de octubre de 2024, siete hombres de la fraternidad estudiantil Chi Phi de Cornell presuntamente la agredieron en un incidente en el que estuvieron involucrados el alcohol y la droga ketamina.
Jane Doe asegura que se encontraba intoxicada cuando se dio la presunta violación y que en ese momento era incapaz de dar su consentimiento a tener relaciones sexuales.
Denunció el incidente ante la Policía de la Universidad de Cornell el 8 de noviembre de 2024.
La demanda también incluye una imagen que supuestamente proviene de un chat grupal de la fraternidad en Snapchat, en el que un participante les dijo a otros miembros, en términos vulgares, que habría la posibilidad de tener un encuentro sexual con Jane Doe.
El fiscal Van Houten declaró este lunes que, en el momento de la agresión, su oficina concluyó que las pruebas aportadas en la declaración de la demandante ante las autoridades no alcanzaban el umbral legal necesario para presentar cargos.
Afirmó que se puso en contacto con Jane Doe y sus abogados para obtener más información mientras se preparaba para presentar el caso ante un gran jurado.
En el sistema legal de EE.UU., los fiscales convocan a grandes jurados para que evalúen las pruebas y los testimonios y, finalmente, voten si estos justifican la presentación de cargos.
Defiende su relato
En su declaración, Van Houten incluyó un resumen de lo que Jane Doe le contó al Departamento de Policía de la Universidad de Cornell en 2024, después de la presunta agresión. Señaló que la declaración difería de las acusaciones expuestas en la demanda.
“La declaración jurada de Jane Doe en noviembre de 2024 no alegaba que la hubieran drogado contra su voluntad ni que hubiera sido víctima de una violación en grupo”, dijo el fiscal en un comunicado el lunes.
“Por el contrario, la declaración de Jane Doe describió su participación en el consumo de drogas y en las relaciones sexuales como voluntaria, consciente y consensuada”.
Van Houten agregó que los abogados de Jane Doe nunca se habían puesto en contacto con él para indicarle que su declaración original era inexacta ni para pedirle que reconsiderara su decisión de no presentar cargos.
Posteriormente reconoció “la realidad de que las víctimas de agresiones sexuales pueden necesitar años de terapia y sanación para procesar y comprender plenamente lo que les sucedió”.
La BBC buscó declaraciones del abogado de Jane Doe, Thomas Giuffra.
En una nota enviada este lunes a la cadena CBS, socia de noticias de la BBC en EE.UU., argumentó: “En los días posteriores a la agresión, [Jane Doe] estaba traumatizada, aturdida e incapaz de funcionar o de aceptar el horror de lo que había sucedido. Se encontraba en modo de supervivencia”.
El caso de Jane Doe ha llamado la atención en muchas partes de EE.UU.
Giuffra dijo que Jane Doe nunca habló con nadie más que con el agente que tomó su denuncia inicial, y agregó: “Hubiera esperado, como mínimo, que la hubieran entrevistado varias veces, que las autoridades hubieran recabado pruebas y que se hubiera elaborado un expediente. Esa es la secuencia normal en las investigaciones de delitos graves”.
Y añadió: “La postura defensiva que he percibido en las declaraciones de la fiscalía me lleva a creer que reconocen que hubo fallas y que están tratando de justificarlas”.
Jane Doe también alegó en su demanda civil que Cornell no la protegió ni sancionó adecuadamente a los hombres involucrados, alegando que a ellos “se les concedió la oportunidad de mitigar su conducta mediante la presentación de ensayos”.
Jane Doe sufrió “grave angustia emocional y psicológica, así como lesiones físicas personales” debido al incidente y a la gestión de la universidad, afirma la demanda, y agrega que el caso se difundió rápidamente por toda la universidad.
¿Qué dice la universidad?
En noviembre de 2024, la Universidad de Cornell emitió un comunicado público sobre las “acusaciones graves y profundamente inquietantes de abuso de drogas y violencia sexual en la residencia de la fraternidad Chi Phi”, en el que indicaba que su departamento de policía del campus estaba investigando y que había suspendido a la sección local de la fraternidad Chi Phi, así como a “varios estudiantes”.
Cornell también indicó que había iniciado una investigación interna, así como una investigación de derechos civiles en virtud de la ley del Título IX, que prohíbe la discriminación por motivos de género en las instituciones educativas que reciben financiamiento del gobierno federal, incluida la mayoría de las universidades.
Las autoridades de la universidad rechazan que los estudiantes involucrados hayan elaborado ensayos como único castigo.
El lunes, la universidad refutó la acusación de Jane Doe de que no había investigado ni sancionado adecuadamente a los presuntos responsables.
La universidad declaró en un comunicado que el asunto se remitió a un “panel de profesores y personal capacitado” que dictó “una serie de sanciones, entre las que se incluían expulsiones y suspensiones de Cornell”.
“A ninguna de las personas acusadas se le ofreció la oportunidad de escribir ensayos como única consecuencia de su participación”, afirmó Cornell.
Jeremy Saland, abogado de uno de los hombres nombrados en la demanda, negó las acusaciones.
Saland reconoció que su cliente “respondió e hizo un comentario inmaduro en Snapchat”, pero “no hizo nada más”. Negó que su cliente “hubiera participado en ninguna actividad sexual, ni que hubiera tocado a la demandante de ninguna manera, ni que hubiera consumido ketamina”.
El caso ha recibido atención a nivel nacional tras la demanda de la mujer y el anuncio de que el caso sería reabierto. Varias celebridades, entre ellas la actriz Florence Pugh, se han pronunciado al respecto
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Ashlee Sellars tuvo noticias de su amiga Christa Pike por última vez a principios de esta semana, cuando esta le envió un mensaje de texto desde su celda en el corredor de la muerte, donde se prepara para ser ejecutada mediante inyección letal en el estado de Tennessee.
Pike le dijo a Sellars que no quería que ninguno de sus seres queridos estuviera presente el miércoles, cuando debe ser ejecutada.
“Ella no quiere que pasemos por eso”, dice Sellars.
A Sellars le resulta difícil reconocer en esta mujer que considera amable y protectora, a la persona que cometió un crimen atroz hace 31 años.
Pike, quien ahora tiene 50 años, tenía 18 cuando ella y su novio de entonces, Tadaryl Shipp, golpearon y torturaron hasta la muerte a Colleen Slemmer, una joven de 19 años a la que conocieron en un campamento de formación laboral para adolescentes con problemas.
El asesinato provocó un gran revuelo mediático en Knoxville, Tennessee, en 1995, cuando encontraron a Colleen con un pentagrama —un símbolo de ritual satánico— grabado en el pecho.
Pike había acusado a Colleen de insultarla e intentar robarle a su novio. Otros dos residentes del campo testificaron posteriormente que Pike se había jactado del asesinato antes y después del mismo, y les mostró un trozo del cráneo de Colleen.
Un año después, ella fue condenada a muerte, mientras que Shipp, quien tenía 17 años en ese momento, recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.
Ahora, tras años de apelaciones fallidas, se ha fijado la fecha de ejecución de Pike. De llevarse a cabo, será la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años. Solo 18 mujeres han sido ejecutadas en Estados Unidos desde la década de 1970, en comparación con 1.663 hombres.
La madre de Colleen ha dicho que quiere que se ejecute a Pike para que su hija “por fin pueda descansar en paz”.
Pero los abogados de Pike, que presentaron una petición de clemencia de 226 páginas, aún esperan una medida de última hora que permita salvar su vida, mientras que los expertos en derechos humanos de la ONU también han pedido que se detenga la ejecución.
Pike tiene un historial documentado de abuso sexual infantil, abandono y negligencia. Sus abogados creen que si fuera declarada culpable del mismo delito hoy en día, siendo adolescente no recibiría la pena de muerte.
En los años transcurridos desde su sentencia, su equipo de defensa ha descubierto detalles sobre su infancia que, según afirman, el jurado nunca tuvo la oportunidad de considerar.
“Resulta inconcebible que no presentaran ningún antecedente de abuso y violación, a pesar de que lo sabían”, afirma Sandra Babcock, experta en género y pena de muerte de la Facultad de Derecho de Cornell, que ha trabajado en la defensa de Pike.
“Su caso es tan singularmente conmovedor, no solo por su historial de violencia sexual realmente incomprensible, sino por la combinación de eso con su juventud y su enfermedad mental”.
Christa Pike sufrió abandono y abusos por parte de sus padres.
Abusos físicos y sexuales
En 1995, la psicóloga forense Diana McCoy fue contratada por el equipo de defensa de Pike y descubrió que había sufrido una grave negligencia por parte de ambos padres.
El informe de McCoy reveló que Pike sufrió abusos físicos y sexuales por parte de varios maridos y novios de su madre, y que fue violada en repetidas ocasiones: una vez a los 11 años y otra a los 17. Posteriormente, se descubrió que, siendo niña, fue violada repetidamente por el novio de su abuela.
McCoy afirmó que la madre de Pike no la creyó cuando le contó que estas violaciones habían ocurrido.
Pero la abogada de Pike no hizo declarar a McCoy ni llamó a muchos de los testigos que ella recomendó. Estos detalles salieron a la luz más de una década después, durante una audiencia judicial en la que se revisó su caso, cuando un nuevo equipo de abogados alegó asistencia letrada ineficaz, alegación que el juez desestimó.
En 2021, a Pike le diagnosticaron trastorno bipolar en prisión y desde entonces recibe medicación.
Posteriormente, otra psicóloga forense que trabajaba para la defensa de Pike, la doctora Bethany Brand, quien la evaluó en 2023, dijo que su caso era extremadamente raro porque fue víctima de abusos por parte de muchas personas que deberían haberla protegido.
“Su infancia estuvo plagada de abusos físicos, sexuales y emocionales. Varios hombres abusaron sexualmente de ella desde antes de que tuviera edad escolar”, afirma.
Brand dice que Pike sufrió episodios maníacos sin tratar debido a un trastorno bipolar y a un trastorno de estrés postraumático (TEPT) sin tratar.
“Ambas cosas influyeron decisivamente en lo amenazada que se sintió por la chica a la que acabó matando y en su falta de control emocional en esa situación”.
Babcock añade: “Si permiten que la ejecuten, eso nos demuestra que la pena de muerte en este país es una farsa. No es para los peores criminales, sino para quienes reciben la peor representación legal y son los más vulnerables y perjudicados”.
Según documentos judiciales, Pike (en la imagen cuando era adolescente) asesinó a Slemmer en enero de 1995 tras decirle a una amiga que “ese día se sentía mal”.
La madre de su víctima quiere que pague
La Corte Suprema de Tennessee dictaminó el año pasado que Pike no había demostrado circunstancias que justificaran la conmutación de su condena. Su proceso de apelación se había agotado y se fijó una fecha para su ejecución.
Un tribunal federal de apelaciones había dictaminado previamente que el jurado ya había escuchado sobre su difícil infancia durante los testimonios de su madre, su padre y su tía durante el juicio. Además, las nuevas pruebas de trastorno bipolar, trastorno de estrés postraumático y daño cerebral “repetían en gran medida” lo que el jurado ya había escuchado y no habrían cambiado el veredicto.
La polémica guarda ciertos paralelismos con el sonado caso de la asesina Lisa Montgomery, cuyos abogados también argumentaron que era una víctima de abuso con problemas de salud mental y merecía clemencia.
Los recursos legales presentados por Montgomery no lograron conmutar su condena y fue ejecutada mediante inyección letal en Indiana en 2021.
A menos que el gobernador de Tennessee, Bill Lee, le conceda el indulto, Pike será ejecutada el 30 de septiembre. Es improbable que esa decisión se tome hasta el último momento, y Lee nunca antes ha concedido el indulto en un caso de pena de muerte.
Esta semana, el Tribunal Supremo de Tennessee denegó la solicitud de Pike para detener la ejecución. Sus abogados afirman que han estado analizando los pasos a seguir.
Pike ha solicitado que el día de su ejecución sea atendida por un equipo exclusivamente femenino. Afirma que ser inmovilizada por un grupo de hombres agravará su trauma. El estado de Tennessee ha declarado que su intención es que sean guardias mujeres quienes la trasladen a la prisión donde será ejecutada, pero no lo ha garantizado.
May Martínez, la madre de Colleen, apoya la ejecución de Christa.
“Ella cometió el crimen. Creo que debería pagar por ello”, dijo en la cadena de televisión WBIR de Knoxville en 2021, y esta semana declaró a la BBC que aún mantiene esas declaraciones.
Martínez le dijo a la cadena que Pike debería sufrir antes de morir. “Me sentiría mejor si sintiera el mismo dolor que sintió Colleen”.
May Martínez, madre de Colleen Slemmer, y un detective retirado del departamento de policía de Knoxville, a las afueras de una sala de audiencias para una vista posterior a la condena en 2006.
“No pasa un solo día sin que piense en Colleen”
“Se me rompe el corazón cada día porque lo revivo una y otra vez, y ya no puedo más, y quiero que esto suceda antes de morir”, añadió.
“No pasa un solo día sin que piense en Colleen, en cómo murió y en lo duro que fue. Solo quiero que acaben con Christa para poder acabar con todo, aliviar a mi hija y que por fin pueda descansar”.
La Coalición por la Justicia, un grupo que defiende los derechos de las víctimas, ha recaudado fondos para ayudar a Martínez a viajar a Tennessee para presenciar la ejecución.
El director ejecutivo del grupo, Robert Bracewell, dijo que esta sentencia fue determinada por un jurado compuesto por pares de Pike y que era lo que la familia de Colleen deseaba.
“Apoyamos firmemente a la familia en su postura de que la ejecución debe llevarse a cabo el 30 de septiembre”.
Ashlee Sellars se debate entre dos creencias aparentemente contradictorias: que la madre de Colleen tiene derecho a sentir que se ha hecho justicia y que todos, incluida su amiga Christa, merecen una oportunidad de redención.
“Cuando pienso en cómo conciliar la imagen que se ve en la televisión con la horrible tragedia que le ocurrió a Colleen, lo único que tiene sentido para mí gira en torno a la salud mental, el trauma y la forma en que las personas procesan las cosas en un momento en que no tienen lo que necesitan”, dice Sellars.
“Estas cosas horribles suceden en tu juventud y luego esos traumas se transmiten a través de ti, en nuestra comunidad, y causas daño a otra persona”.
Sellars conoció a Pike en prisión, donde cumplía una condena de 25 años por su participación en un robo con homicidio. Hablaban a través de las ventanillas de las puertas de sus celdas en la unidad de máxima seguridad. Actualmente, Sellars trabaja como defensora de una reforma judicial y de las víctimas de delitos.
“La gente quiere saber que la vida de todos importa, ¿verdad? Quieren saber que la vida de Colleen importaba”, dice.
“En este momento, creo que Christa está luchando mucho más para que su vida tenga sentido que para vivirla realmente”.
Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.
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