Opinión: La hipocresía de la Corte Suprema

Durante casi un siglo, la Corte Suprema ha puesto trabas a que un presidente desafíe el texto claro de una ley aprobada por el Congreso. La corte impidió que Franklin Roosevelt despidiera a un responsable de la Comisión Federal de Comercio en 1935. Detuvo al gobierno de Ronald Reagan cuando intentó desafiar una investigación sobre contaminación en 1988. Ayudó a bloquear el intento de Barack Obama de ampliar las protecciones migratorias en 2016.

Su decisión del lunes, que permite al presidente Donald Trump destituir a los comisionados de la FTC, representa una ruptura con esa historia. El fallo descarta un precedente de larga data y, en la práctica, desecha una ley de 112 años que establecía que el presidente solo podía despedir a los comisionados por “ineficiencia, negligencia en el deber o mala conducta en el cargo”. Trump ahora puede despedir a comisionados de agencias reguladoras simplemente porque así lo desea.

La opinión mayoritaria del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, sostiene que exigir a los presidentes que tengan una causa justificada para destituir a los responsables de las agencias entra en conflicto con la separación de poderes establecida en la Constitución. Dado que la Comisión Federal de Comercio ejerce el poder ejecutivo, “debe, por lo tanto, estar bajo el control del jefe del Ejecutivo”, escribió Roberts. La mayoría ha decidido que el Congreso se equivocó al intentar aislar a la Comisión Federal de Comercio y a un par de decenas de otras agencias de la política partidista, estableciendo que sus líderes fueran semiindependientes. El fallo, casualmente, se ajusta perfectamente a la visión de Trump, quien ha dicho que el Artículo II de la Constitución le otorga “el derecho a hacer lo que yo quiera como presidente”.

Quizá la señal más clara de la debilidad de este fallo es que los seis jueces de la mayoría –los seis nombrados por presidentes republicanos– ni siquiera tienen el valor de sus propias convicciones equivocadas. En otro fallo el lunes, la corte rechazó el intento de Trump de despedir a Lisa Cook de la Junta de la Reserva Federal. En este caso, el presidente de la Corte Suprema negó la petición de Trump de destituir a Cook con apenas un pretexto endeble de causa justificada y sin previo aviso ni audiencia. Permitir el despido, escribió Roberts, requeriría un “salto interpretativo que se aparta del estatuto promulgado por el Congreso y de la tradición de nuestra nación de una banca central protegida de la interferencia política”. La votación fue de 5 a 4, con el presidente de la corte sumándose a los tres jueces liberales del tribunal y al juez Brett Kavanaugh. El fallo devolvió el caso a los tribunales inferiores. Cook debe recibir el debido proceso para impugnar los cargos en su contra, y luego un tribunal inferior evaluará la causa alegada por Trump, dictaminó la corte.

Es un buen resultado. Aunque el caso seguirá adelante, el tribunal está desestimando de hecho el intento de Trump de acabar con la independencia de la Reserva Federal. Pero ¿por qué merece respetarse el estatuto que el Congreso promulgó para proteger a la Reserva Federal de la interferencia política, pero no la ley que creó la Comisión Federal de Comercio? La jueza Amy Coney Barrett, en su voto particular en el caso Cook, señaló que las dos sentencias están en “grave contradicción” entre sí. “¿Cómo puede la historia respaldar tanto una norma categórica como una excepción?”, preguntó. No hay respuesta.

La verdad es que la principal diferencia es que a muchos republicanos les importa más que la Reserva Federal funcione bien que cualquier otra agencia. Otras agencias suelen regular a las empresas y a los particulares de formas a las que se oponen los conservadores defensores del libre mercado. La Reserva Federal también tiene poderes regulatorios –lo que hace que la excepción sea aún más cuestionable–, pero además fija la política monetaria y, por lo tanto, afecta la salud de los mercados financieros. La decisión, en la práctica, limita la capacidad del presidente para agitar esos mercados, mientras le otorga un amplio margen para despedir a los reguladores que vigilan los excesos corporativos.

Las falacias lógicas en ambos dictámenes siguen una tendencia preocupante en la actual Corte Suprema. Los seis jueces nombrados por los republicanos se enfrentan de vez en cuando a los abusos de poder de Trump, incluido su intento de imponer aranceles unilaterales (otra política que, por cierto, no contaba con el apoyo de las grandes empresas estadounidenses). Pero son inconsistentes en su defensa de la Constitución. Le otorgan a Trump un margen más amplio del que le dieron al presidente Joe Biden o a Obama.

Lo más preocupante es que la Corte Suprema está otorgando nuevos poderes a un presidente que a menudo se comporta como un aspirante a autócrata, desafiando la tradición bipartidista e incluso la ley en su afán por conseguir autoridad personal.

La decisión en el caso de la Comisión Federal de Comercio se basa en una idea conservadora conocida como la teoría del ejecutivo unitario. Esta teoría sostiene que casi todo el poder del poder ejecutivo proviene, en última instancia, del presidente. Los votantes solo han elegido al presidente, junto con el vicepresidente, para dirigir el poder ejecutivo. Y la Constitución establece tres poderes separados del Estado, lo que significa que, según este punto de vista, el Congreso no debería poder aprobar leyes que restrinjan la capacidad del presidente para despedir o contratar a funcionarios que trabajan en organismos reguladores como la Comisión Federal de Comercio.

Los defensores de la teoría del ejecutivo unitario creen que el poder ejecutivo se ha expandido hasta convertirse en una vasta burocracia sin rendición de cuentas, en la que incluso un presidente puede tener dificultades para implementar sus políticas. Esta preocupación es, en parte, razonable. Presidentes de ambos partidos la han compartido, cada uno a su manera. Crear un poder ejecutivo más ágil y receptivo sería un proyecto valioso.

Sin embargo, la teoría del ejecutivo unitario acaba siendo más radical y más disruptiva para la concepción tradicional de la separación de poderes de lo que sus defensores suelen reconocer. No hay duda de que el Congreso tiene cierta autoridad sobre las agencias reguladoras. La Constitución otorga al Senado, por ejemplo, la facultad de confirmar los altos cargos. El presidente de la Corte Suprema, Roberts, afirma que esto solo le da al Senado el poder de confirmar o rechazar a los candidatos que el presidente prefiera. Pero esta visión descarta casi un siglo de práctica que el Congreso estableció porque consideraba que la composición bipartidista era una fortaleza para las agencias.

La ley de 1914 que creó la Comisión Federal de Comercio, por ejemplo, estipula que no más de tres de los cinco comisionados de la agencia pueden provenir del mismo partido político, y que el presidente solo puede despedir a un comisionado por ciertas razones. Cuando la Corte Suprema bloqueó por unanimidad el intento de Roosevelt de despedir a un comisionado conservador de la Comisión Federal de Comercio en 1935, citó precisamente este texto. Ese precedente ha regido la actuación de todos los presidentes desde entonces.

La corte actual, en cambio, examinó la misma ley y decidió que constituía una infracción inaceptable a la autoridad presidencial. La decisión resulta especialmente chocante viniendo de jueces conservadores que insisten en que se rigen por el texto de las leyes y por el poder constitucional del Congreso. En este caso, los jueces dictaminaron que ambos eran irrelevantes.

“Pocas veces, si alguna, esta Corte le ha hecho a un poder igualitario un cambio de reglas tan profundo”, escribió la jueza Sonia Sotomayor en su voto particular discrepante. “Durante más de 90 años, el Congreso creyó, con la aprobación expresa de esta corte, que se le permitía crear un gobierno viable, incluso otorgando a ciertas agencias encargadas de determinadas responsabilidades cierta independencia del control presidencial”.

Con el nuevo fallo, la Corte está creando una presidencia superempoderada, fuera de la Reserva Federal, claro está. Ahora, un presidente podrá despedir a funcionarios de diversas agencias que antes gozaban de cierta protección frente a la política. Muchos de estos funcionarios son expertos en sus campos. La lista de dichas agencias incluye la Junta Nacional de Relaciones Laborales, la Comisión de Valores y Bolsa y la Comisión Federal de Comunicaciones.

Un elemento clave del éxito del experimento estadounidense a lo largo de casi 250 años ha sido el equilibrio de poderes entre los tres poderes del Estado. Juntos, Trump y la Corte Suprema están alterando ese equilibrio. Se están desviando de una tradición que dura ya más de un siglo, en la que partes del gobierno funcionan con un liderazgo bipartidista alejado de la política partidista cotidiana, tal y como pretendía el Congreso. El resultado es dejar de lado al Congreso, al que los autores de la Constitución consideraban el poder principal entre iguales. La Corte Suprema creó el lunes un gobierno dirigido por un número muy reducido de personas que trabajan, o bien en la Corte Suprema, o bien en la Casa Blanca.

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