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Mientras el presidente Donald Trump busca países dispuestos a aceptar a miles de migrantes deportados de Estados Unidos, está descubriendo que algunos de los líderes más receptivos son autoritarios, autócratas y violadores de los derechos humanos.
Los diplomáticos estadounidenses están tan presionados por la Casa Blanca para lograr acuerdos que, según los registros, lo han puesto casi todo sobre la mesa de negociaciones: Estados Unidos pagará a las fuerzas de seguridad extranjeras, suavizará las restricciones de visados o los aranceles, financiará servicios de sanidad pública e incluso reconsiderará la inclusión de un país en las listas de vigilancia estadounidenses.
La oficina del secretario de Estado Marco Rubio, en un cable de febrero visto por The New York Times, instruía a los diplomáticos sobre cómo obtener ofertas iniciales.
“Si están dispuestos a acoger a más personas, entonces podremos prestarles más ayuda”, fue una de las sugerencias. “Sin hacer promesas, ¿qué tienen en mente?”, era otra.
El cable no ponía restricciones sobre con quién podría negociar Estados Unidos. En relación con una lista de “Países Preocupantes” no especificados, se dijo a los diplomáticos estadounidenses que aceptar migrantes “puede ayudar a un país a mejorar su relación con Estados Unidos”.
Las negociaciones muestran cómo Trump ha convertido la deportación masiva, una de sus iniciativas nacionales emblemáticas, en una parte central de la política exterior estadounidense.
El gobierno de Trump ha deportado a miles de personas a una decena de países, a menudo a lugares donde no tienen ningún vínculo. A medida que la detención masiva en Estados Unidos se vuelve políticamente complicada, el gobierno está ansioso por establecer más acuerdos para deportar a los migrantes.
Esos acuerdos están tomando forma sobre todo en África, donde Trump ha introducido un nuevo estilo de diplomacia que da prioridad a la negociación de acuerdos sobre el cumplimiento de los derechos humanos y la promoción de la democracia. La política se denomina “Estados Unidos primero en África”.
El gobierno de Trump está en conversaciones, según consta en los registros, para enviar migrantes a la República Centroafricana y a la República Democrática del Congo, dos países donde los sistemas judiciales son disfuncionales y las fuerzas gubernamentales han sido vinculadas a torturas y desapariciones forzadas.
Estados Unidos ya ha llegado a acuerdos con los líderes de Camerún y Ruanda. Los migrantes están detenidos en virtud de un acuerdo con Guinea Ecuatorial, una autocracia donde la tortura es sistémica. Otros están retenidos en Esuatini, una monarquía con un historial de abusos contra los derechos humanos, y en Sudán del Sur, que se tambalea al borde de la guerra civil.
Muchos de estos migrantes habían estado viviendo en Estados Unidos bajo protecciones legales que les impedían ser enviados a sus países de origen debido a la amenaza de persecución política, religiosa o étnica.
“La expulsión a terceros países es el único mecanismo mediante el cual ICE puede cumplir simultáneamente sus dos obligaciones legales fundamentales: la obligación de no devolver a las personas a un país del que se les ha concedido protección y la obligación de ejecutar una orden definitiva de expulsión”, declaró el mes pasado John A. Schultz, alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), ante un juez federal.
El Departamento de Estado declinó hacer comentarios sobre su comunicación con otros países. El Times reconstruyó los detalles de los acuerdos a través de cables diplomáticos, registros de financiación, correspondencia gubernamental y otros documentos, así como mediante entrevistas con funcionarios estadounidenses y migrantes. Algunos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar del programa.
Todavía se están perfilando los contornos del programa, pero el Departamento de Estado está sometido a presiones para que acelere el ritmo.
A medida que el gobierno reduce sus operaciones de deportación militarizadas y de gran visibilidad en las principales ciudades estadounidenses, Stephen Miller, jefe adjunto de personal de la Casa Blanca, ha expresado su frustración por la velocidad y el alcance de los acuerdos con terceros países en llamadas con el Departamento de Estado, según dos funcionarios estadounidenses con conocimiento de las conversaciones.
El mensaje de la Casa Blanca es claro: más acuerdos, más rápidamente para más inmigrantes.
¿A quién deportan con este programa?
Desde hace años, el gobierno estadounidense ha enfrentado un dilema en materia de inmigración: ¿qué ocurre con los extranjeros a quienes no se permite legalmente permanecer en Estados Unidos, pero que no pueden regresar a sus países por miedo a la persecución o a la muerte?
En la última década, en medio del mayor aumento de la inmigración en la historia de Estados Unidos, miles de migrantes dijeron que entraban en esa categoría. Sin una solución clara, los funcionarios estadounidenses permitieron que muchos se quedaran por defecto, sin capacidad legal.
El año pasado, el gobierno de Trump encontró una nueva opción: dejar que otro país lo resuelva.
El gobierno no ha revelado cuántas personas han sido enviadas a terceros países. Sin embargo, el grupo más numeroso con diferencia es el de casi 14.000 personas que fueron enviadas a América Latina y el Caribe, según Human Rights First, un grupo sin fines de lucro que hace un seguimiento de las expulsiones.
Los funcionarios han dicho que se están centrando en deportar a personas con delitos penales.
“Estamos trabajando con otros países para decirles: ‘Queremos enviarles a algunos de los seres humanos más despreciables a sus países, ¿lo harían como un favor para nosotros?”, dijo Rubio el año pasado.
Algunos de los deportados a terceros países tienen antecedentes penales, y sus condenas han hecho que, en ocasiones, sus países de origen no estén dispuestos a aceptar su regreso.
Pero muchos no tienen antecedentes. Después de que en marzo de 2025 el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, difundiera un llamativo video de cientos de venezolanos que llegaban a una prisión de máxima seguridad, se descubrió que muchos no eran delincuentes.
Y los documentos judiciales muestran que muchos de los que están siendo objeto de deportación tampoco tienen antecedentes.
Unos 560 migrantes estaban bajo custodia de inmigración a principios de marzo, a la espera de ser enviados a un país distinto del suyo, según dijeron funcionarios estadounidenses a un juez federal. De ellos, 139 tenían condenas. El gobierno dijo que los delitos incluían asesinato, violación y agresión.
El gobierno está estudiando la deportación de otros 7600 migrantes que no están detenidos. Aproximadamente uno de cada seis tiene antecedentes penales, dijo.
“Vine a Estados Unidos en busca de protección”, dijo una mujer en una entrevista desde un centro de detención en Camerún. Dijo que había sido detenida cuando intentaba entrar en Estados Unidos y que se le habían concedido protecciones legales que le impedían ser devuelta a su país.
Habló con la condición de que no se identificara su nombre ni su país de origen porque temía represalias, como que la enviaran a casa contra su voluntad.
“No sé qué hago en este país”, dijo. “No sé cómo llegué a este país”.
¿Por qué se encarcela a personas en el extranjero?
En sus esfuerzos por deportar al mayor número posible de personas, el gobierno de Trump está buscando dos caminos.
En primer lugar, Estados Unidos está enviando a personas al extranjero y les permite solicitar asilo en esos países. Eso está ocurriendo en Uganda, por ejemplo, donde ocho migrantes llegaron esta semana.
Pero los documentos oficiales muestran que el gobierno le está dando prioridad a una segunda vía, en la que las personas son deportadas a países que no prometen permitir que se queden.
Estos países aceptan acoger temporalmente a los migrantes, y luego vuelven a deportarlos. Esto ha hecho que las personas sean detenidas con poca o ninguna ayuda para navegar por los sistemas de inmigración y justicia penal, que a menudo están rotos.
En Camerún, los migrantes son retenidos en un complejo gubernamental de Yaundé, la capital. Un abogado dijo que al menos dos deportados habían contraído malaria, que está muy extendida en la región. Las ventanas permanecen abiertas, y las instalaciones no suelen tener electricidad ni agua caliente, dijo el abogado. Recientemente, se ha permitido salir a la gente entre las 9:00 a. m. y las 6:00 p. m.
En Sudán del Sur, los migrantes están retenidos en una casa cerrada de tres plantas a las afueras de Juba, la capital. Un hombre laosiano dijo a su abogado que él y los demás estaban retenidos bajo un calor intenso y con mosquitos implacables.
Los abogados de algunos migrantes llevan meses sin saber nada de sus clientes.
Esuatini retiene a las personas en una prisión de máxima seguridad. Otro hombre laosiano dijo a su abogado que se sentía “como un animal enjaulado sin final a la vista”.
Un informe del Departamento de Estado decía que las prisiones de Esuatini, antes conocida como Suazilandia, estaban superpobladas y deterioradas.
“Se trata de personas que no deberían estar en ningún centro penitenciario, y mucho menos en uno de máxima seguridad”, dijo Mzwandile Masuku, abogado de Esuatini que ha impugnado el acuerdo de deportación.
Guinea Ecuatorial retiene a personas en un remoto hotel propiedad de un miembro de la familia gobernante del país. Fuera patrullan guardias armados. “Aquí somos como prisioneros”, dijo un migrante en una entrevista, y añadió que algunos habían contraído la fiebre tifoidea.
Algunos migrantes en Ghana fueron encarcelados en un campo de entrenamiento militar, según un nigeriano que intenta recurrir a los tribunales estadounidenses para impugnar su detención.
“No ha habido electricidad, internet ni agua corriente fiables. Ghana no es segura para ninguno de nosotros”, escribió el hombre, identificado como DA, en documentos judiciales en septiembre. “Pero tengo aún más miedo de volver a Nigeria”.
¿Qué obtienen los países a cambio?
Cada acuerdo parece ser diferente. En algunos casos, el acuerdo nunca se revela y los beneficios solo pueden deducirse.
Por ejemplo, después de que El Salvador aceptara acoger emigrantes, Estados Unidos pagó al país millones de dólares y el Departamento de Estado mejoró su advertencia de viaje. Los diplomáticos citaron el descenso de la tasa de criminalidad del país, pero El Salvador tiene ahora la calificación más segura para viajar, por delante de Francia o España, cuyas tasas son iguales o inferiores.
“Acabo de recibir la estrella dorada de los viajes del Departamento de Estado de Estados Unidos”, anunció el presidente de El Salvador.
Semanas antes de que Guinea Ecuatorial anunciara su acuerdo, el gobierno de Trump levantó temporalmente las sanciones impuestas a su vicepresidente, Teodoro Nguema Obiang Mangue, para que pudiera acudir a Estados Unidos a la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estados Unidos también giró al país 7,5 millones de dólares, según datos federales.
Poco después de que Ghana anunciara su acuerdo de aceptar a los africanos occidentales deportados, Estados Unidos levantó las restricciones de visado impuestas al país.
Otros acuerdos se detallan en los registros del gobierno en Washington y en el extranjero.
Estados Unidos pagó a Esuatini 5,1 millones de dólares. Su Parlamento está investigando cómo se gasta ese dinero.
Se está preparando un acuerdo con Sierra Leona, y Estados Unidos enviará 1,5 millones de dólares al gobierno, según muestran los registros estadounidenses.
La República Centroafricana aceptó acoger a migrantes tras una aportación de 85 millones de dólares estadounidenses a una organización internacional de migración. No se ha anunciado ningún acuerdo, pero los registros muestran que el dinero se utilizará para abordar el ya abrumador problema de migrantes y refugiados del país. Parte también se utilizará para construir centros que alberguen a las personas deportadas de Estados Unidos.
Los registros de gastos federales muestran que una agencia de la ONU recibió 50 millones de dólares para concertar “acuerdos nacionales con terceros países” en la República Democrática del Congo.
Burundi se resistió a llegar a un acuerdo sin que Estados Unidos prometiera 8 millones de dólares a la agencia de migración de la ONU para abordar sus propios problemas de migración, según muestran los registros.
¿Es legal?
Una de las cuestiones más polémicas es si las autoridades estadounidenses están utilizando a gobiernos extranjeros para hacer lo que ellas mismas tienen prohibido hacer: enviar a los migrantes a sus países de origen a pesar de las órdenes de protección.
En septiembre, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos describió estos acuerdos como una “externalización de las responsabilidades migratorias” por parte de Estados Unidos.
El gobierno de Trump ha dicho explícitamente a los gobiernos que no se debe obligar a los migrantes a regresar a sus países de origen ni enviarlos a ningún lugar donde vayan a ser perseguidos, según los registros.
Sin embargo, eso está ocurriendo en algunos casos.
Algunos migrantes enviados a Guinea Ecuatorial fueron devueltos a sus países de origen a pesar de sus objeciones, según entrevistas con migrantes y sus abogados.
“El gobierno sabe muy bien que se trata de países donde el Estado de derecho es muy débil o inexistente”, dijo Tutu Alicante, abogado de Guinea Ecuatorial que trabaja con algunos de los deportados. “Saben que estos gobiernos van a devolver inmediatamente a la gente a sus países de origen”.
En Camerún, las autoridades dijeron a los migrantes que los enviarían a sus países, según un video visto por el Times. Tres ya han sido trasladados, según dijo su abogado.
Ni Guinea Ecuatorial ni Camerún respondieron a las solicitudes de comentarios.
El Departamento de Justicia ha dicho que, una vez que las personas llegan a otro país, ni la administración ni los jueces pueden decir a los gobiernos extranjeros lo que tienen que hacer.
Tanya S. Chutkan, jueza federal de distrito en Washington, se mostró de acuerdo a regañadientes.
“Lo que esto parece ser es una forma de eludir las obligaciones de Estados Unidos”, dijo ante el tribunal. No obstante, dictaminó que sus manos estaban atadas.
Sin embargo, continúan varios desafíos legales.
Annie Correal colaboró con reportería desde Ciudad de México, y Zolan Kanno-Youngs desde Washington.
Eileen Sullivan es una reportera del Times que cubre los cambios en la fuerza laboral federal bajo el gobierno de Trump.
Hamed Aleaziz cubre el Departamento de Seguridad Nacional y las políticas migratorias.
Megha Rajagopalan es reportera de investigación internacional afincada en Londres.
Pranav Baskar es reportero de la sección Internacional y miembro de la generación 2025-26 del Times Fellowship, un programa para periodistas al principio de su carrera.
Annie Correal colaboró con reportería desde Ciudad de México, y Zolan Kanno-Youngs desde Washington.
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